El alcalde de Baralla (Lugo) ha formulado en un pleno del Ayuntamiento el día 26 de julio de 2013 el siguiente pensamiento: “Los que fueron condenados a muerte será porque lo merecían”. Se refería a los crímenes del franquismo. Lo dijo en el contexto de una condena de la violencia política practicada por Resistencia Galega, cuando los socialistas le pidieron la misma sensibilidad para condenar la violencia política de la dictadura franquista. Si alguien condena la violencia política de los que no piensan como él, pero no condena la violencia política de los que piensan como él, nos hallamos ante un hipócrita. Sólo por eso, en la vida política debería ser una persona despreciable y debería ser relegada de toda participación en la política democrática. Pero este caso es mucho más que una hipocresía.

El día 30 de noviembre de 2008, Gabriel Jackson escribió esta opinión en El País: : “Lo que ocurre en España, una parte importante del problema, es que la sociedad española en su conjunto no ha juzgado la dictadura de Franco como régimen criminal, en el mismo sentido en que Alemania condenó el régimen nazi, Suráfrica condenó el apartheid y Estados Unidos condenó la esclavitud y el siglo de segregación que siguió al fin de la esclavitud”. Baralla, en Lugo, es una prueba de la certeza de ese pensamiento. Y es mucho más, porque desde 2008 ha continuado ampliándose la verdad sobre los crímenes del franquismo y ahora sabemos no sólo que fueron muchísimos y gravísimos, sino que han recibido en sede judicial el calificativo de crímenes contra la humanidad. Así lo formuló el auto del juez Garzón de 16 de octubre de 2008 y así lo corroboró la sentencia 102/2012 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que absolvía a dicho juez de prevaricación, donde, en el razonamiento QUINTO escribe: “Los hechos anteriormente descritos, desde la perspectiva de las denuncias formuladas, son de acuerdo a las normas actualmente vigentes, delitos contra la humanidad en la medida en que las personas fallecidas y desaparecidas lo fueron a consecuencia de una acción sistemática dirigida a su eliminación como enemigo político”. Esta es la razón, además, por la que la justicia internacional ha abierto una causa contra alguno de esos crímenes en Argentina.

Por eso, lo que acaba de decir el alcalde Baralla un año después de aquella sentencia no sólo es un desprecio a las víctimas, es mucho más. Nos hallamos ante el intento de encubrimiento, si no fuese una apología de un crimen contra la humanidad. Y no estamos hablando de opiniones que necesiten consenso, como pretende el gobierno a propósito de sus despropósitos con el Valle de los Caídos, ni siquiera de opiniones fundamentadas científicamente por la historiografía, estamos hablando de una verdad establecida en la jurisprudencia.

Pero el alcalde de Baralla tiene 8 concejales, de los 11 que forman el Ayuntamiento. Y son esos votantes de Baralla a los que señala Jackson por no haber “juzgado la dictadura de Franco como régimen criminal”. Tienen a su favor no sólo que hay mucha más gente como ellos en España, sino que el mismísimo gobierno está anclado en esa tesis, como acaba de entreverse en el enésimo conflicto habido estos mismos días con el Valle de los Caídos. Al mismo tiempo que no da un duro para abrir fosas ya localizadas de personas desaparecidas, el gobierno gasta 286.845 euros en arreglar el Valle de los Caídos y se mofa de no cumplir la Ley de Memoria Histórica con el indecente argumento de “no reabrir heridas innecesarias”.

El problema es que esa reclamación de olvido ha servido como argumento hasta ayer, pero hoy ya no vale, porque hemos descubierto que existen las víctimas y hemos decidido mantener su recuerdo, para que no desaparezca el crimen con la impunidad de los asesinos. Hemos vuelto a leer a Walter Benjamin y hemos cargado sobre nuestras conciencias el deber para con las víctimas olvidadas. Lo que la gente suele llamar memoria histórica, o sea, la rememoración de las víctimas ha llegado para quedarse. Por eso, pronto o tarde, el alcalde de Baralla tendrá que irse de la vida política democrática, acompañado de todos sus partidarios. Se van acumulando argumentos que prueban la ilegitimidad del Partido Popular, pero la falta de condena del crimen contra la humanidad que fue el franquismo supera todo razonamiento imaginable. El Valle de los Caídos y el alcalde de Baralla representan mucho más que una indecencia. Son el peligro de la humanidad.

Marcelino Flórez