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Los “expertos” ante la Comisión de la Verdad

El País del domingo 2 de septiembre de 2018 presentaba un pequeño reportaje de Ignacio Zafra, que recogía la opinión de cuatro historiadores acerca de la iniciativa de Pedro Sánchez de crear una Comisión de la Verdad sobre el franquismo. Paul Preston decía que ya es tarde para crear esa Comisión, porque los verdugos ya no pueden pedir perdón a las víctimas; Santos Juliá decía que eso tiene sentido “cuando los testigos de los sucedido están vivos” y que aquí ya se conoce casi todo; Moradiellos decía que “no va a sentar una verdad oficial”; y José Álvarez Junco añadía que está en contra de esa verdad oficial.

Otro historiador, Julián Casanova, replicaba en su muro de Facebook el día 3 de septiembre una entrevista que le hizo Infolibre y tampoco se mostraba partidario de una Comisión de la Verdad, en este caso por extemporánea. Reconocía, sin embargo, lo siguiente: “Hay que sacar toda la verdad histórica, toda la información, pero no soy partidario de una comisión ad hoc”.

Nos faltaba Antonio Elorza, que pontificó finalmente el día 5 de septiembre, también en El País. Decía que la “verdad histórica” ya está establecida en cuanto a las responsabilidades. Faltaría una nimiedad: el resarcimiento de las víctimas. Y terminaba manifestando sus dudas sobre si los líderes políticos herederos de las ideologías presentes en la Guerra asumirían los crímenes. Citaba, incluso, tres de esos crímenes, sólo tres: García Oliver y su amparo de la FAI; los comunistas en Paracuellos; y el PNV con Santoña.

Finalmente, Álvaro Soto, el día 6, escribía otro artículo en el que no veía con agrado una Comisión de la Verdad, después de tanto tiempo y porque “ya tenemos ‘verdades’ históricas rigurosas y reconocidas”. Pero su artículo se titulaba “Contra el olvido”. ¿En qué quedamos?

Vaya por delante mi desprecio sin paliativos a estas opiniones por una primera razón: casi ninguna demuestra saber lo que es una Comisión de la Verdad y todas desconocen el papel y el significado de las víctimas. Además, confunden una Comisión de la Verdad con una tesis doctoral. Y, en el fondo, lo que se manifiesta es la preocupación por que una Comisión de la Verdad ponga sobre la mesa su papel historiográfico, su autoridad en tanto que historiadores “oficiales”. Estos historiadores pueden ser “expertos” en historia, pero no lo son en comisiones de la verdad . Su palabra, por lo tanto, no vale más que la de cualquier otra persona; y el valor de esa palabra dependerá de la sabiduría que demuestren. En este caso, poca.

Las asociaciones de víctimas del franquismo, sin embargo, y las asociaciones de defensa de los derechos humanos llevan varios años reclamando la creación de una Comisión de la Verdad. ¿Qué quieren estas asociaciones? Desde luego, no quieren otro libro de historia, ni siquiera otro libro para combatir a negacionistas y revisionistas, cosa que siempre hace falta.

Quieren conocer todos los nombres de las víctimas, las circunstancias de su muerte, los autores de la misma, quién dio la orden, quién la ejecutó, si fue el gobierno, si el ejército, si unos paramilitares, si cuadrillas de bandoleros, si se ajustaba al derecho nacional e internacional vigente.

Quieren localizar todas y cada una de las fosas (las del campo republicano y las del campo franquista; eso sí, sin mezclarlas, cada una en su departamento), sacar los huesos, identificarlos, entregarlos a los familiares o a las asociaciones de defensa de los derechos humanos. Y esto en público, no como mero “honor de los muertos” en la privacidad familiar.

Quieren conocer si, además de matarlos, los torturaron, si les robaron sus bienes, si les obligaron a trabajar como esclavos; quién los contrataba para esos trabajos; quién se adueñó de sus bienes.

Quieren saber si esos crímenes han conocido ya alguna reparación.

Quieren conocer la verdad, que lleva oculta más de ochenta años. Una comisión “contra el olvido” precisamente.

Y cuando conozcan la verdad, reclamarán justicia y reparación, claro. Pondrán en manos de los jueces la información. Y si los jueces no hacen nada, como ahora, pedirán reparación al gobierno. Pedirán una ley que dignifique a las víctimas, que las diferencie de los asesinos, que las honre. Una ley que condene la apología del crimen y que expulse de la sociedad a los apologetas, que limpie los escenarios de contertulios solidarios con los asesinos, lo sean por mala fe o por ignorancia.

No necesitamos un nuevo libro de historia, por eso no necesitamos una comisión de historiadores. Por cierto, el Pacto de Santoña podrá merecer el juicio político que se desee, pero no es responsable de ningún tipo de crímenes contra la humanidad, por lo que no forma parte de los objetivos de estudio de una Comisión de la Verdad.

Tampoco necesitamos recuperar la Segunda República o, como dicen algunos, la “memoria democrática”, por eso tampoco necesitamos una comisión de republicanos. A este respecto, sí queremos conocer la responsabilidad de García Oliver, pero no en abstracto, sino ante asesinatos concretos, con todas sus circunstancias; como también queremos saber el papel de Carrillo en Paracuellos, que éste ocultó hasta en sus memorias póstumas, pero no se busca un análisis e interpretación del anarquismo y del comunismo durante la República. De eso sí van hablando los historiadores y tendrán que hacerlo, quizá, los “herederos políticos”, pero no es tarea de ninguna Comisión de la Verdad.

Sólo necesitamos conocer la verdad oculta: los nombres de las víctimas, los de sus asesinos, el lugar del ocultamiento del cadáver, todo lo que se ocultó hace cuarenta años, a pesar de la Constitución. Para eso necesitamos una Comisión de la Verdad.

Después vendrán otras cosas por añadidura: nuevos libros de historia, que interpelarán a los “expertos”; nueva imagen de la política republicana, que redefinirá los rostros de unos y de otros; nueva imagen del franquismo, que hará posible culminar la Transición, ahora ya sin espadones y sin los otros poderes fácticos con sus diversos aliados, que nos subyugaron desde 1975 hasta aquí.

Marcelino Flórez

Primavera Europea

 

Inicialmente se daba por descontada la coalición de Equo con Compromìs, aunque su concreción fue muy laboriosa y no poco polémica al interior de Equo. Se contaba también con la incorporación de la Chunta Aragonesista y así tuvo lugar, llegado el momento. Además, se fueron incorporando pequeños partidos: Por un Mundo Más Justo; Partido Castellano; Democracia Participativa; Socialistas Independientes de Extremadura; Caballas. Y, poco a poco, ha ido recibiendo el apoyo de algunas agrupaciones: Los Verdes de Villena; Socialistas por Tenerife y otros. El programa fue elaborado en las plataformas participativas de Equo a lo largo de un proceso abierto, que duró varios meses.

La plasmación de todo esto se llama Primavera Europea y es la representación en España del Partido Verde Europeo, a cuyo grupo parlamentario se incorporarán las personas elegidas. Nadie más en España hará esto, aunque lleven el calificativo verde añadido a su denominación principal, sino que formarán parte de otros grupos parlamentarios europeos.

Primavera Europea encarna, por lo tanto, a la ecología política en tanto que ideología articuladora del pensamiento y del programa. Eso es lo que diferencia a esta coalición del resto de grupos y de personas que se presentan a las elecciones europeas bajo el amplio abanico de lo que hemos convenido en llamar izquierda.

La primacía de la ecología política significa que la Naturaleza es la atención prioritaria, junto al resto de los Derechos Humanos, de los que forma parte. Y hoy sabemos que esos Derechos constituyen un conjunto indisociable, de manera que si se conculca uno, quedan afectados todos los demás. (Mientras escribo esto, comparto en Facebook una fotografía de la policía brasileña aplastando a la tribu Kayopó en el Mato Grosso amazónico, a causa de la protesta por la construcción de la represa hidroeléctrica de Belo Monte. Los indígenas protestan porque con la Naturaleza destruyen su forma de vida y su vida misma). El programa político que se deriva de esos principios da la vuelta a la práctica política ahora existente en Europa.

El gran cambio se halla, sin duda, en el Green New Deal, que hace de la energía renovable el nuevo motor de la economía, y de la sostenibilidad el criterio imprescindible para cualquier actividad económica. Un verdadero cambio de modelo productivo. A su lado se sitúa el otro principio básico, la regeneración de la democracia, que coloca a las personas en el centro de la acción y combate a los lobbies y otros instrumentos corporativos que ahora tienen secuestrada la participación democrática y la soberanía popular.

Tiene a su favor Primavera Europea que las personas que la representan en las listas son creíbles, no sólo por no recurrir al préstamo bancario y no sólo por su juventud e ilusión, sino porque acompañan con la práctica lo que dicen en los programas: cultivan huertos urbanos, viajan en bicicleta y en trasportes públicos,  han sido sido elegidas en listas abiertas o forman parte de los embriones locales de la economía solidaria y alternativa. Revalida esa coherencia el hecho de hacer propuestas asertivas y no insultar ni combatir al resto de la izquierda, cuyas diferencias respeta. Esta práctica ha de ser contemplada como el camino para construir unidad en el futuro, aunque eso dependerá en gran parte del aval que esta coalición consiga en las urnas.

Debe ser por todo esto por lo que la prensa española, de forma casi unánime en este caso, oculta al público la existencia misma de la Primavera Europea. Por eso hago este artículo en mi blog, para añadir una gota a la información y al cambio, con la esperanza de que lleguemos a formar un río de libertad.

Marcelino Flórez.