Creo haber leído que Feijóo, en una de las reuniones privadas que mantuvo con Tamames antes de la moción de censura, le dijo que, si fuera su hijo, no le consentiría presentarse como candidato a la presidencia del gobierno. Si yo fuese su hijo, tampoco se lo habría consentido. Dejar constancia pública de su senilidad, de su narcisismo mórbido, de su negacionismo generalizado, que es prueba de una severa ignorancia, no es cosa que pueda agradar a ningún hijo. Tampoco me agrada a mí, a pesar de haber perdido toda confianza en el personaje, igual que López Rey, cuando Tamames con su voto tránsfuga desbancó al alcalde Barranco.  Aún así, mi consejo habría sido que desistiese de la tentación que le brindaron aquella noche de vinos y risas.

Pero Tamames, aunque patético, es culpable de todo lo que ha ocurrido en la moción de censura, no es inocente. Las argumentaciones se adecúan perfectamente a la ideología de la extrema derecha europea y americana: negacionismo del cambio climático, negacionismo de la ciencia médica, negacionismo de la democracia, negacionismo histórico.

Prestemos atención al negacionismo histórico. Comienza Tamames acusando al Gobierno de dictar “la historia de toda una nación” con la Ley de Memoria Democrática. Es una acusación absurda, pues la ley no es ningún libro de historia, sino una serie de reconocimientos para las víctimas del franquismo, así como la eliminación de los restos de exaltación de la dictadura franquista que aún persisten. Es un asunto de memoria, no de historia. La afirmación de Tamames, más que ignorancia de la historia, que es notoria por otra parte, manifiesta la desazón que ha producido en los simpatizantes del franquismo la aparición de las víctimas, saliendo de las fosas comunes, y la magnitud del crimen contra la humanidad sobre el que se fundamentó la dictadura. Ni más, ni menos.

La segunda tesis que formula Tamames es la tesis de la equidistancia: “se cometieron atrocidades en los dos bandos. Tratando de limitarlas ahora a sólo uno, es faltar a la verdad”. Lo primero, hay que marcar la mentira que formula cuando dice “limitarlas a sólo uno”. No conozco a nadie, ni desde perspectiva histórica, ni desde perspectiva memorialista, que haya dicho que sólo hubo crímenes en un bando. Eso es una invención de Tamames para reforzar su relato, pero sigue siendo un “hecho alternativo”, o sea, una falsedad. Lo segundo es la premisa de la equidistancia. Ya dijo Primo Levi que esa premisa representa un mal moral, porque equipara a víctimas y verdugos, garantizando de esa manera la impunidad de los verdugos. En este caso, es evidente: trata de exculpar los crímenes franquistas con el argumento de que también los republicanos cometieron crímenes. ¿Y qué?, habría que responder. No es necesario añadir una palabra más para que quede claro que lo que pretende Tamames con su relato es exculpar los crímenes franquistas. Por cierto, los únicos que no han sido ni clarificados, ni juzgados. Para estos no ha habido nunca una “Causa General”.

La tercera tesis es la recuperación de la afirmación franquista de que la causa de la guerra fue el mal gobierno republicano, causante de una imparable violencia, reflejada principalmente en la “revolución de octubre de 1934”. En el texto escrito no consta, pero en el discurso pronunciado Tamames añadió ahí que fue la causa de la guerra, citando sin ninguna precisión a Raymond Carr. Nunca he visto esa argumentación en este autor. Quizá Tamames, en su pretensión de mostrar erudición historiográfica, estaba pensando en Stanley Paine o en cualquier otro revisionista, pero erró el tiro. Esta es la principal tesis de los revisionistas, que niegan la realidad histórica, amparándose en los esfuerzos jurídicos que hicieron los franquistas para justificar el golpe de Estado, la guerra subsiguiente y el crimen contra la humanidad sobre los que fundamentaron su poder. La “justicia al revés”, como dijo en su día Serrano Suñer, el “cuñadísimo”.

La atribución de ilegitimidad a la República tiene su origen en una decisión de Franco en 1938, aunque pueden rastrearse algunos antecedentes de ese hecho, de crear una comisión de notables para demostrar la falta de legitimidad de la República. La tarea se concretó en el Dictamen de la Comisión sobre Ilegitimidad de los Poderes Actuantes en 18 de julio de 1936, que publicó la Editora Nacional en 1939, por una parte, y, por otra, en la Ley de Responsabilidades políticas, de 9 de febrero de 1939, cuyo artículo primero dice: «Se declara la responsabilidad política de las personas, tanto jurídicas como físicas, que desde primero de octubre de mil novecientos treinta y cuatro y antes de dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis, contribuyeron a crear o a agravar la subversión de todo orden de que se hizo víctima a España y de aquellas otras que, a partir de la segunda de dichas fechas, se hayan opuesto o se opongan al Movimiento Nacional con actos concretos o con pasividad grave». La argumentación, tanto de la Comisión, como de la Ley, decía que la República era ilegítima por dos razones, el “fraude electoral” que propició la victoria del Frente Popular, a lo que Fraga en 1958 calificaba de “golpe de Estado”; y el desorden social que los gobiernos republicanos propiciaron, que Fraga concretaba en la persecución religiosa, los conflictos sociales y la incapacidad para resolver la crisis económica. Estos mismos argumentos son los que ha defendido Tamames en la moción de censura. La historiografía desmontó hace ya muchos años estas falsedades, pero el neofranquismo sigue adscrito al bulo con el que Franco excusó su dictadura. La ignorancia no exime de responsabilidad, menos si es tan atrevida como en este caso.

Marcelino Flórez

Catedrático de Historia de Bachillerato, jubilado