Cuando dentro de unas horas termine de consumarse la moción de censura, se inaugura un doble ciclo temporal: el primero es coyuntural, de transición, y durará un máximo de dos años; el segundo es un proyecto a medio plazo y se convertirá en programas electorales.

Lo han repetido hasta la saciedad, unos de forma directa, otros de forma velada: el sí a Sánchez es un no a Rajoy. Exactamente se trata de eso, de echar al Partido Popular del poder y a todas sus muletas, con todas sus políticas: la corrupción institucionalizada, la crispación o enfrentamiento social como método de acción política, el clientelismo como sistema de relaciones políticas, la quiebra de las libertades, amordazadas, la desigualdad social, el abandono de la naturaleza a la rapiña capitalista, el regreso a los hábitos culturales franquistas y la convocatoria al odio como sistema, que este repertorio lleva consigo.

La tarea del gobierno coyuntural será devolver la calma a la sociedad, recuperar la libertad y diversidad informativa, cambiar crispación por diálogo, autoritarismo por participación, administrar con transparencia y elaborar unos presupuestos para el día 1 de enero del año 2019. Después, organizar mediante el consenso unas elecciones. Es un gobierno de transición, sin programa propio. Por eso, pedirle a este gobierno cualquier cosa que no sea recuperar democracia y constitución no sólo es inútil, sino que es un error. Ni políticas sociales, ni políticas territoriales alternativas caben en este gobierno, sólo administración, sólo método transparente con lo que hay.

Es en 2020 cuando empieza el ciclo de medio plazo. Y aquí ya cabe todo, comenzando por las propuestas para reformar la Constitución, que es una urgencia indiscutible. El sistema judicial, los medios públicos de información, otros bienes comunes, como la educación, la sanidad y los servicios sociales o las pensiones, exigen acuerdos inmediatos, pero consensuados y duraderos. Hay que blindar constitucionalmente esos acuerdos, porque el capitalismo rapaz siempre está al acecho.

Y el problema territorial. Es en la reforma constitucional donde hay que tratar eso. Hay, sin embargo, dos elementos previos que deberían considerarse: el primero, reconocer al independentismo catalán, y a los catalanes no independentistas que también lo demandan, la utilidad de hacer un referéndum sobre la independencia. Tiene que ser una consulta clara, sin eufemismos como “el derecho a decidir”, que es pura ambigüedad, o “el derecho de autodeterminación”, que sólo existe para situaciones de colonización. Una consulta sin preguntas tramposas y con debate público e información suficiente. El segundo, un referéndum sobre la forma de Estado, monarquía o república. Resulte lo que resulte de ambos referendos, será en la nueva Constitución donde se defina tanto el territorio, como la forma de Estado.

Confieso que la forma de Estado me importa poco y no voy a desgastar energías en ese asunto. Lo que me interesa son sus funciones, la forma de designación y las características generales. Tanto me da una persona reina, como una presidenta, siempre que no le designen los dioses, ni esté por encima del bien y del mal.

Lo que me interesa es la organización del territorio. Y yo quiero federalismo, que significa hermandad universal y autonomía territorial. Quien viva de identidades y sentimientos ancestrales, que pueda hacerlo, siempre que no obligue a nadie a confesar esas mismas identidades. Yo opto por la máxima autonomía municipal y regional, llámese nación o se denomine con términos de geografía física; autonomía máxima dentro de un Estado español federado en Europa e impulsor de unas Naciones (mejor, Estados o Países o Territorios) Unidas, con monopolio para éstas en el uso global de la fuerza, o sea, con un solo ejército. Ese es mi medio plazo.

Marcelino Flórez