La Coordinadora Estatal de la Querella Argentina contra los crímenes del franquismo (CEAQUA) ha hecho pública una nota de prensa a propósito de las cartas personales de apoyo que Martín Villa presenta ante la jueza Salvini con motivo de la toma de declaración que tendrá lugar mañana, día 3 de septiembre. Firman esas cartas personales y no representativas de las organizaciones de procedencia, como muy bien destaca CEAQUA, además de algunos nombres destacados de la época de la Transición, cuatro ex-presidentes de gobierno y cuatro sindicalistas o ex-sindicalistas. Todos los testimonios, dice CEAQUA, «alaban la labor política desarrollada por Rodolfo Martín Villa durante la Transición española». Y es que esta parte de la Querella Argentina se ubica en la Transición, no en el Franquismo.

Martín Villa está investigado por 12 delitos de homicidio, en el marco de los crímenes contra la humanidad que trata la Querella, ocurridos entre 1936 y 1977. Lo que tiene que dilucidar la jueza Salvini es si esos crímenes investigados fueron «puntuales» o si han de ser enmarcados entre los crímenes franquistas contra la humanidad. En mi opinión, será difícil que Martín Villa pueda ser procesado por esos crímenes, así como por delitos de tortura ocurridos en la época. Primero, porque algunos hechos, como son los asesinatos de cinco obreros el 3 de marzo de 1976 en Vitoria, ocurrieron en momentos en que Martín Villa no tenía la autoridad sobre las fuerzas de orden público. En esa fecha era Fraga el Ministro de la Gobernación, aunque esos días precisamente estuvo fuera de España, como creo recordar. Y también porque otros sucesos, como los ocurridos durante los Sanfermines de 1978 e, incluso, los asesinatos de Atocha de enero de 1977 pueden hallarse fuera del periodo investigado o ya han sido juzgados.

Pero eso es secundario, porque lo que es noticiable y lo que está detrás de esta parte de la investigación de la jueza Salvini del 3 de septiembre es la Transición, específicamente la opinión que tiene la ciudadanía española acerca de la Transición en este preciso momento. De eso es de lo que hablan las cartas de los ex-presidentes y de los ex-sindicalistas; y de eso trata la nota de prensa de CEAQUA. Eso es, pues, lo que vamos a analizar, cómo interpretan la Transición estos actores. Dejaré a un lado la carta de Felipe González, que, aparte del endiosamiento con el que está redactada, no tiene valor alguno; y también dejaré a un lado la carta de Nicolás Redondo, a la que tampoco concedo valor especial. Me centraré en las cartas de Zapatero y de Cándido Méndez, llenas de contenido. Lamento no tener a disposición el escrito de Antonio Gutiérrez, aunque no creo que tarde mucho en publicarlo elDiario.es, pues su colaboradora, Olga Rodríguez, ya lo ha leído. No lamento, en cambio, desconocer el escrito de José María Fidalgo, del que no espero nada de interés, conociendo su trayectoria sindical, donde fue incapaz de ordenar un conflicto interno insignificante, y cuya trayectoria política es tan variada como disparatada.

Tanto la carta de Zapatero, como la de Cándido Méndez hablan de la Transición, no de los crímenes por los que Martín Villa está siendo investigado, y, en un caso y en el otro, alaban la aportación del ministro de UCD a la construcción de la democracia, exculpándole de cualquier responsabilidad en los hechos concretos. Zapatero ni siquiera nombra alguno de aquellos hechos, mientras que Cándido Méndez nombra los sucesos de Vitoria de 1976, para los cuales reclama, incluso, «una total reparación, en relación con los responsables materiales o políticos», pero esa responsabilidad, dice, no puede estar entre los que se esforzaban en crear «cauces democráticos», como es el caso de Martín Villa. Realmente, la carta de Méndez es poco exculpatoria del dirigente de la UCD, salvo cuando señala que no se le pueden imputar delitos de «genocidio, o crímenes contra la humanidad», o cuando transfiere la responsabilidad a «grupos, compuestos por militares y miembros de los cuerpos de seguridad, junto a una trama civil que se empeñaban en abortar cualquier transformación hacia una sociedad libre y democrática, que incluso provocaron el intento de golpe de Estado del 23 de Febrero de 1981».

Zapatero y Méndez explican la Transición como un pacto entre franquistas y la oposición democrática, cosa que hoy es la tesis dominante en la historiografía, pero el ex-presidente añade una serie de matices, que perfilan su opinión al respecto. Considera la Transición como un proceso, que va desde la reforma hasta la ruptura. Aunque no lo precisa explícitamente, se puede deducir que atribuye la época de «reforma» a la que se sitúa en torno a la Ley para la Reforma Política de 1976; y la época de «ruptura» a la que se inaugura con las elecciones del 15 de junio de 1977 y termina con la Constitución de 1978. Reclama como un hecho relevante y positivo para esa transición la Ley de Amnistía de 1977 y eso enlaza con el principio de equidistancia que formula al principio de su carta, cuando escribe que la historia de los españoles está plagada de violencias que terminaron en una guerra civil, o sea, la tesis tradicional con la que el franquismo justificaba la Guerra Civil. Refuerza esta idea con la reivindicación que hace de «su» Ley de Memoria Histórica, que, según afirma, enlaza con los valores de la Transición a través del principio de la «reconciliación».

Debo decir, en primer lugar, que la interpretación que hace Zapatero de la Transición es modélica: representa a la perfección el pensamiento con el que se hizo aquella y que sigue vigente en una buena parte de la sociedad española, quizá, en la mayor parte de la sociedad, aunque no en la mayor parte de la sociedad científica. Hace ya mucho tiempo que los historiadores españoles desterraron el principio franquista de que «todos fuimos culpables» y que la Guerra fue «una catástrofe colectiva» que no debería repetirse «nunca más». Ese es el espíritu con el que se hizo la Transición, pero no es la tesis vigente. Al contrario, hoy la comunidad científica afirma que la Guerra fue el resultado de un golpe de Estado fallido, organizado por un grupo de militares, con el apoyo de los monárquicos y, a última hora, de los falangistas. Ni estaban todos los españoles, ni era el resultado de un temperamento violento nacional. Nada de eso. A cada cual hay que atribuirle su responsabilidad y la mayor parte de los republicanos no estaban implicados en ese golpe de Estado, ni participaban de la violencia callejera con la que se preparó su estallido; y aquí caben desde Indalecio Prieto y Azaña hasta el mismísimo Niceto Alcalá Zamora, como mínimo dos tercios de los votantes de la época. Nada, pues, de equidistancias, no «todos fuimos culpables», ni hubo «catástrofe» alguna. La Guerra fue un proyecto exitoso de unos pocos, que organizaron y ejecutaron un crimen contra la humanidad, como dice la historia y como ha sentenciado el propio Tribunal Supremo.

En cuanto a la Transición, la historiografía ha alcanzado ya una interpretación muy fundada y ecuánime: no fue una tarea de unas pocas personalidades, que programaron el paso de la dictadura a la democracia, sino el resultado de un «equilibrio de debilidades», como acertadamente han expresado Sartorius y Sabio, entre los gerentes del franquismo y el movimiento político y social de la oposición. Esas «debilidades» explican el consenso, como ha razonado Pere Ysás. Pero ese consenso estuvo revestido con el manto ideológico de la equidistancia de las víctimas, cosa que defendieron todas las fuerzas políticas y, más que ninguna, las izquierdas. Así ocurrió también con la amnistía de 1977, la última y definitiva amnistía, fue una reclamación de la izquierda y de la extrema izquierda, que necesitaban sacar de las cárceles a sus presos, algunos de los cuales aún permanecían en prisión por las características de sus condenas. Por eso, aparece la reclamación en una pancarta de la LCR o, por eso, es el senador Xirinach el que permanece de pie en cada sesión del Senado hasta que se aprueba la “amnistía total” o, por eso, Francisco Letamendía se ve obligado a pedir disculpas a la bancada de la izquierda al optar por la abstención por no estar contempladas todas las propuestas de ETA en la ley. Y son los franquistas los que se oponen a esa amnistía, porque ni se les pasaba por la imaginación que sus crímenes contra la humanidad pudieran ser denunciados jamás. Nada lo ilustra mejor que las palabras del representante de Alianza Popular, Carro Martínez, que, con el pensamiento puesto en ETA, justificaba así la abstención a la que optaban, para diferenciarse de Fuerza Nueva, ante la Ley de Amnistía de 1977: “y nos abstendremos porque una democracia responsable no puede estar amnistiando continuamente a sus propios destructores”. Es evidente que no pensaba en las responsabilidades penales de sus correligionarios.

Lo que nadie suponía entonces era que ese, en palabras de Santos Juliá, echar al olvido los delitos iba a servir para garantizar la impunidad de un crimen contra la humanidad. Es más, no existía conciencia del enorme crimen contra la humanidad que representó el franquismo, porque las víctimas seguían aparcadas en el estercolero de la historia. Hoy las víctimas están encima de la mesa y, por eso, la Transición no puede ser enjuiciada con la benevolencia que lo siguen haciendo los cuatro ex-presidentes. Se hizo lo que se pudo, pero no lo que debería haberse hecho. De eso nadie es políticamente culpable y, quizá, tampoco lo sea penalmente, pero no puede seguir siendo justificado en 2020 lo que se hizo en 1977. Ahora ya no hay espacio para la impunidad y el crimen contra la humanidad debe ser reparado. Estamos en otra época, eso es lo que tienen que comprender Martín Villa y todos sus avalistas.

Marcelino Flórez