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Historia,Memoria de las víctimas,Política

Ochenta años después

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La derrota del franquismo está siendo muy lenta. No obstante, las celebraciones en este octogésimo aniversario van quedando relegadas a la extrema derecha, con Intereconomía de protagonista, además de otras opiniones erráticas de la todavía legal Fundación Francisco Franco o alguno de sus miembros, que encuentran acomodo en las páginas de ABC, y aparte de algunas parroquias católicas, que siguen acogiendo el acontecimiento sin avergonzarse. Para la gente normal, la fecha del 18 de julio no pasa de ser un mal recuerdo.

La historiografía también ha dado pasos definitivos. Atrás ha quedado la justificación del Alzamiento Nacional con la falacia de la revolución comunista o de la Cruzada con la hipérbole de la persecución religiosa. En la sociedad, el golpe de Estado también va perdiendo las justificaciones, a pesar del esfuerzo permanente que realiza la Iglesia católica con su martirologio y a pesar de los negacionistas, encabezados por Stanley G. Payne, que se retrotraen a la Revolución de 1934 o la proclamación de la República para encontrar justificación del golpe de Estado.

La interpretación de la equidistancia, sin embargo, aquella del “todos fuimos culpables” de Vidarte o de “no fue posible la paz” de Gil Robles, que terminaba calificando a la Guerra como una catástrofe colectiva inevitable, que había que olvidar, esa interpretación tarda más en caer. A veces reverdece, incluso, y uno puede encontrar autorizados artículos de opinión en El País cargados de expresiones como “contienda fratricida”, “cataclismo colectivo”, “deplorable catástrofe de atrocidades homicidas” y otras varias, así dichas, sin más precisión, que conducen inevitablemente a la arcaica catástrofe colectiva que nos invitaba a olvidar.

Pero esta tesis de la equidistancia ya no cuaja, como lo hizo durante el régimen de la Transición, porque ahora existen las fosas abiertas y, paso a paso, van apareciendo todos los nombres y sus esqueletos. “Aquello” ya no se puede ocultar. Por si quedaban dudas para algunos, el Tribunal Supremo calificó los crímenes del franquismo como crímenes contra la humanidad. Lo hizo en el razonamiento QUINTO de la sentencia 102/2012 de la Sala de lo Penal, por la que absolvía al juez Garzón del delito de prevaricación, con estas palabras: “Los hechos anteriormente descritos, desde la perspectiva de las denuncias formuladas, son de acuerdo a las normas actualmente vigentes, delitos contra la humanidad en la medida en que las personas fallecidas y desaparecidas lo fueron a consecuencia de una acción sistemática dirigida a su eliminación como enemigo político”. Como razonaba Antonio Elorza en El País el 1 de noviembre de 2008, “de los crímenes nazis a Karadzic, una calificación (jurídica) adecuada de los crímenes vale más que una cascada de libros”.

Pese a quien pese, esta es la novedad del octogésimo aniversario. De modo que para la ciencia histórica, el golpe de Estado del 17 de julio de 1936 fue un acto “fuera de toda legalidad”, que atentó “contra la forma de gobierno”, proyectando y ejecutando un “crimen contra la humanidad”, según está demostrado historiográficamente y aseverado por la Audiencia Nacional y por el Tribunal Supremo. Fin del debate interpretativo.

La sociedad, sin embargo, camina más lenta y el franquismo perdura. Pero el camino para remediarlo no es la ocurrencia que acaba de tener el abogado Eduardo Ranz con la aquiescencia de Zapatero, de emprender una iniciativa legislativa popular para mejorar algunos aspectos de la conocida como Ley de Memoria Histórica. El movimiento memorialista, sin necesidad de personalismos anacrónicos, hace ya mucho tiempo que viene buscando el acuerdo de los partidos con representación parlamentaria para crear un Comisión de la Verdad, que asiente con todo rigor la verdad histórica ya conocida y que oriente a los poderes públicos acerca de la legislación deseable, como han hecho todas las comisiones de la verdad en los países que sufrieron dictaduras criminales. Esta es la tarea en el octogésimo aniversario del crimen.

Marcelino Flórez

Historia,Memoria de las víctimas,Política

‘El abrazo’, de Genovés

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Desde el día 7 de enero cuelga en Las Cortes el cuadro de Juan Genovés, titulado El abrazo. Es de 1976, unos meses después de morir Franco. Pero ¿qué representa y qué significa? Varios hombres y una mujer, de espaldas, con los brazos abiertos y vestidos con ropa común de calle, corren al encuentro de otras personas con aspecto parecido, que llegan de frente, con paso más reposado, y se abrazan efusivamente con afecto familiar. La mujer de la derecha aún no ha llegado al encuentro hacia el que se dirige y no vemos a la persona que quiere abrazar. Las que se abrazan no son personas desconocidas, no son gente de la calle, son familiares y amigas. Se nota que se buscan, que se esperan y se quieren.

Dice Genovés que la escena se la inspiraron los niños de un colegio junto a su casa, que se abrazaban al salir de clase. Está claro que los que se abrazan en el cuadro salen de algún sitio, que no es la clase, pero es la cárcel. Para mí, el cuadro siempre representó la libertad de los presos en las cárceles franquistas. La reproducción que tuve colgada en la pared de mi cuarto durante décadas se la compré a Amnistía Internacional, que tomó este cuadro como uno de los símbolos de su misión: la libertad de los presos, la amnistía de los delitos de opinión y de pensamiento. Es verdad que también difundieron mucho esos mismos carteles el PCE y las Comisiones Obreras. Lo hicieron en reclamación de la libertad de sus presos, que llenaban las cárceles franquistas en 1976. En el caso del PCE pudiera ser que este cuadro pasara a representar también su estrategia originada en en 1956 y conocida como la reconciliación nacional.

Juan Cruz ha titulado su reportaje en El País sobre el hecho que comentamos como ‘El Abrazo’ de la Transición y, para no dejar lugar a dudas, subtitula: “sobre la reconciliación española después del franquismo”. Aquí está el gato encerrado, que no logramos descubrir claramente durante la Transición, pero que no puede seguir oculto ahora.

Juan Genovés, en los actos de colocación del cuadro en el Congreso de los Diputados, cuya crónica hace Juan Cruz, precisa repetidas veces el significado que él atribuyó al cuadro: Ahora es del Congreso, dice el cronista, “como lo fue desde el principio de todos los demócratas que lo hicieron suyo… Yo quise que representara la resistencia contra el franquismo y la reconciliación de los españoles”, recalca el pintor.

Tratemos de dilucidar lo que dice el autor: el cuadro no puede ser al mismo tiempo símbolo de la resistencia antifranquista y de la reconciliación con el franquismo. O lo uno o lo otro. ¿Es posible alguna reconciliación de todos los españoles sin renunciar al franquismo, sin reconocer que aquella fue una dictadura criminal contra la humanidad, como ha reconocido el propio Tribunal Supremo? ¿Es posible una reconciliación con el franquismo, lo es con el nazismo, lo es con el fascismo, lo es con el esclavismo, lo es con el colonialismo? Toda reconciliación implica el reconocimiento de las víctimas inocentes y la condena de los victimarios. Lo otro, el olvido del crimen, es una nueva condena de las víctimas y la concesión de la impunidad a sus asesinos. No es reconciliación.

El error procede de la falsa lectura que se hizo en 1977, durante la aprobación de la última amnistía, del concepto comunista de reconciliación nacional. Cuando el PCE propuso esa idea en 1956 pensaba en abandonar el conflicto político expresado en términos de izquierda contra derecha, para transformarlo en un conflicto entre democracia y dictadura, es decir, en aglutinar a toda la oposición democrática contra la dictadura. Eso se concretó unos años después en la fórmula de “unión de las fuerzas del trabajo y de la cultura”, donde cupieron, por ejemplo, los democratacristianos de Ruiz Gimenez y una variada gama de grupúsculos intelectuales, insertados en el régimen, pero críticos con el franquismo. Cuando Carrillo o el mismísimo Camacho, éste en la sesión de Cortes del día 14 de octubre de 1977, confundieron reconciliación de los demócratas con reconciliación con la dictadura, se equivocaron. Los que no supimos verlo entonces, casi todos, salvo unas pocas víctimas, no tenemos que seguir siendo ciegos ahora.

El cuadro de Genovés no es ‘El Abrazo’ de la Transición, es el abrazo de los demócratas españoles a los presos del franquismo. El autor lo ha precisado perfectamente el día 7 de enero: “y de la Resistencia antifranquista”, dice Genovés, no sólo metáfora de la Transición, como había señalado Izquierda Unida ya en 2003. Entronizar el cuadro en Las Cortes ha sido un paso importante, ahora sólo falta crear una Comisión de la Verdad, que dilucide definitivamente los crímenes de la Guerra Civil y del Franquismo, pasa asentar las bases de la reconciliación. Si alguien, después de la clarificación oficial, quiere seguir sin condenar el franquismo, habrá que legislar para que pase a ser un delincuente, no un mero tertuliano integrista.

Marcelino Flórez

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La losa del senador Peñarrubia, del PP

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Para mí, la herencia más injuriosa del Partido Popular es la negación de los crímenes del franquismo, mediante la ocultación de su existencia a través de la anulación de la financiación de las exhumaciones, corroborada esta negación con las palabras explícitas del senador Peñarrubia: “Ya no hay demanda de exhumaciones ni más fosas por descubrir, salvo que se empeñen en buscar a Federico García Lorca en los cuatro puntos cardinales de España”. Quien haya tenido oportunidad de ver y escuchar al senador en su intervención del día 8 de octubre de 2015, justificando la ausencia de presupuesto para exhumaciones y otras reparaciones de crímenes franquistas, no puede haber dejado de sentirse incómodo no sólo por las injuriosas palabras, sino por el tono y la gesticulación, que más parecía chulería y afectación, que sinceridad y veracidad.

Al tiempo que niega, el senador miente, porque no puede desconocer, ya que ha sido fijado en auto judicial, publicado y corroborado por la máxima autoridad, que existen 114.226 casos documentados de personas desaparecidas. ¡La cifra más alta en el mundo, salvo en Camboya! Del mismo modo que no puede desconocer, pues es noticia pública cotidiana, la aparición de restos de personas asesinadas y desaparecidas: en los últimos quince años han sido exhumadas 6.200 de esas personas. Y, como ha recordado Emilio Silva, esa cifra sólo representa el 5 por 100 de las víctimas que, según se estima, siguen desaparecidas.

Cuando el senador dice que ya no hay demanda de exhumaciones, ¿será que desconoce el continuo lamento de familias de las víctimas reclamando su búsqueda? Basta con que eche un vistazo a la página web de la ARMH: “No hay día que no recibamos algún contacto de alguien en relación con este tema”, acaba de decir Emilio Silva, su presidente.

No es necesario razonar más la mentira del senador, porque nos hallamos ante una evidencia. Lo que Peñarrubia quiere es ocultar la realidad, mantenerla sepultada, con los archivos cerrados y la tierra sobre los cadáveres. El negacionismo de Peñarrubia lo corrobora cada día su partido. El día 20 del mismo mes de octubre la diputada Rocío López ha dicho en sede parlamentaria: “Si quieren reabrir heridas, con nosotros no van a contar”. Usa la metáfora “heridas del pasado” para referirse a los crímenes franquistas y dice que eso no se toca.

Constatamos una vez más que en España sigue ocurriendo algo que ya no ocurre en ningún otro país del mundo: la ocultación y la negación de un crimen contra la humanidad. Es casi incomprensible que eso siga ocurriendo, pues el mismísimo Tribunal Supremo ha reconocido que los crímenes de la Dictadura son “delitos contra la humanidad”. Y eso no prescribe, por lo que debe ser investigado y su negación perseguida de oficio. ¿Acaso no existirá en España una fiscalía para cumplir esa misión?

Cuarenta años de un régimen criminal y otros cuarenta de ocultación y negacionismo son como una gran losa que pesa sobre los españoles. Esta es la fosa que el Partido Popular, su diputada y su senador, no quieren que se abra. “Si tiramos todos, ella caerá” y la Dictadura y sus negadores ocuparán el mismo y definitivo lugar en la historia, aquel en el que les sitúe la justicia y la verdad. Por eso, es urgente la creación de una Comisión de la Verdad, a la que nadie debe temer, salvo los delincuentes.

Marcelino Flórez

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Franquismo y Verdad histórica

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El 10 de diciembre de 2014 se votó en el Senado la Moción que el PNV había presentado un mes antes, donde se pedía atender al informe del relator de Naciones Unidas, Pablo de Greiff, que reclama la búsqueda de la verdad en lo relativo a los crímenes del franquismo. La moción solicitaba también reconocer y amparar a las asociaciones de víctimas, dotar presupuestariamente la conocida como Ley de Memoria Histórica, hacer un censo de simbología franquista aún perviviente y abrir los archivos de las cárceles de la Dictadura.

El Partido Popular, en solitario, votó contra la Moción y encargó al senador Muñoz-Alonso Ledo explicar el voto. Es muy difícil explicar un voto que se resiste a condenar el franquismo, por eso la explicación se basó en excusas y aspectos laterales: que si se rechazaba por las enmiendas introducidas, que si no se habían acercado a ellos para llegar a acuerdos, que si no es obligatoria la resolución de Naciones Unidas. Excusas, no razones.

De la intervención parece deducirse que podía haber habido acuerdo en lo relativo a dotar de presupuestos la Ley de Memoria Histórica y a realizar el censo de simbología franquista. Un acuerdo éste poco creíble, pues ahí están las asociaciones memorialistas que tiene que proceder a exhumar los restos humanos de las fosas comunes con sus propios recursos o con los que proceden de la solidaridad internacional; o ahí está la ciudad de Valladolid con su conocido alcalde, al que una sentencia ha obligado a retirar símbolos y nombres franquistas, pero continúa sin cumplir no sólo la ley, sino la misma sentencia. Poco creíble, pues.

El meollo de la intervención del senador populista, sin embargo, estaba en los desacuerdos: “Nosotros no hemos hecho una comisión de la verdad, y con todo el alma les digo que ni falta que nos hace”. A continuación razonaba que en las democracias no existe verdad oficial y que eso es cosa de los historiadores, los cuales van desvelando la verdad a medida que la descubren. Este aspecto tiene cierta dosis de razón, pero si realmente estuviese diciendo lo que expresa, ¿por qué siguen sin abrir el acceso de los archivos a los historiadores? Esta concesión del partido populista no se corresponde con su actuación real, por lo que, aunque el senador no desease mentir, lo que dice no puede ser creído.

Hay otro matiz en este asunto de la Comisión de la Verdad (aparte de que no está garantizado que el saber histórico alcanzado esté presente en las enseñanzas oficiales primarias y secundarias, ni en los medios de comunicación, con lo que realmente la población española sigue sin conocer la verdad histórica sobre el franquismo). El matiz es que no estamos hablando de verdad histórica frente a verdad política, sino que estamos hablando de verdad jurídica y ese es otro cantar.

No sólo es necesaria una Comisión de la Verdad para que la población española disponga del saber histórico científicamente consensuado y pueda conocer que la Guerra Civil fue originada por un golpe de Estado ilegal e ilegítimo, que dio lugar a la Dictadura franquista, régimen responsable de un enorme crimen contra la humanidad, sino que el conocimiento social de esta verdad histórica tiene consecuencias jurídicas.

Como escribió Rainer Huhle a propósito de las Comisiones de la Verdad latinoamericanas, “si la verdad queda establecida, y si esta verdad es una verdad terrible, una verdad de crímenes atroces, la falta de justicia queda aún más visible y más sentida”. Que estamos ante unos crímenes atroces no sólo lo ha dicho la Historia, sino también los jueces. El razonamiento QUINTO de la sentencia 102/2012 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en la que se absuelve a Garzón de la denuncia por prevaricación, dice: “Los hechos anteriormente descritos, desde la perspectiva de las denuncias formuladas, son de acuerdo a las normas actualmente vigentes, delitos contra la humanidad en la medida en que las personas fallecidas y desaparecidas lo fueron a consecuencia de una acción sistemática dirigida a su eliminación como enemigo político”.

El señor Muñoz-Alonso debería saber, como le ha recordado la ONU, que los delitos contra la humanidad son imprescriptibles y que están reclamando justicia, no sólo para certificar la moralidad pública y para evitar la impunidad, sino para reparar a las víctimas. Así que no sólo necesitamos una Comisión de la Verdad, también se requiere Justicia. Ambas cosas llegarán, no lo duden.

Marcelino Flórez

 

Memoria de las víctimas

Víctimas del franquismo y «estabilidad del orden democrático»

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El empeño de las asociaciones de derechos humanos ha logrado hacer llegar a las Naciones Unidas la queja de las víctimas del franquismo por el olvido y el abandono en que se hallan a causa del mal gobierno y de la mala justicia españolas. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha ido recabando información y, finalmente, ha elaborado dos importantes informes a cargo de Pablo de Greif y de Ariel Dulitzky, que han sido expuestos en la sesión del día 10 de septiembre de 2014.

Los dos informes son contundentes. Ordenan al gobierno español fijar medidas concretas para atender a las víctimas, en particular para ayudar a esclarecer la verdad y para buscar y desenterrar a las decenas de miles de personas asesinadas que aún permanecen ocultas, a parte de otras recomendaciones específicas, como la que hacen acerca del Valle de Los Caídos.

Valoremos lo que la mera existencia de estos informes significa. Primero, dan fin al tiempo del negacionismo y del olvido. Las palabras con las que el todavía diputado europeo del PP, Luis de Grandes, respondió a Gaspar Llamazares el día 26 de noviembre de 2003, diciendo que la propuesta de Izquierda Unida sobre las víctimas del franquismo olía a naftalina, han sido condenadas definitivamente y en sede internacional. Además, se ha terminado la discusión sobre la definición del franquismo: es un régimen responsable de un crimen contra la humanidad y punto. Esto ya lo dijo el Supremo en la sentencia absolutoria de Garzón, pero ahora lo han refrendado las Naciones Unidas. En la práctica, casi no es nada, porque todo sigue igual en España y los historiadores revisionistas siguen existiendo, pero, al mismo tiempo, es mucho, porque ya no es necesario seguir discutiendo con negacionistas y beneficiarios del régimen, pudiendo dedicarnos a otras cosas. (Todo esto lo había escrito yo en el libro que cito al margen de este blog y que regalo, pero una sola palabra del Supremo o de Naciones Unidas vale más que todos mis razonamientos).

La representante de España en Naciones Unidas, Ana María Menéndez, se ha defendido de lo expuesto en los informes con argumentos carentes de todo valor, porque esgrimen precisamente como defensa lo que los informes establecen como falta. Uno de los argumentos ha sido reclamar la amnistía postfranquista y particularmente la Ley de 1977 para afirmar que la sociedad española se reconcilió mediante la “renuncia a la justicia penal”, pero es justamente ese reconocimiento lo que el informe denuncia desde la perspectiva de la justicia universal. Hay otro argumento, en este caso de carácter político, carente igualmente de fuerza argumental: la reivindicación de “la consolidación de la democracia” como moneda de cambio aceptada por la sociedad española para olvidarse de la Dictadura. El problema es que este argumento político, válido durante el régimen de la Transición, ha caducado. Ya no vale, porque la espada de Damocles ya no pende sobre nuestras cabezas como en 1978, obligándonos a comulgar con ruedas de molino. Ni la Iglesia, con sus penas de infierno, ni el ejército, con sus pistolas, son una autoridad para lograr que la sociedad camine por la senda que marca el Partido Popular.

Lo verdaderamente cínico, sin embargo, ha sido el recurso a la Ley de Memoria Histórica, que ha utilizado Ana María Menéndez para justificar que España ha hecho algo en atención a las víctimas. No es el momento de analizar la Ley, tampoco de la amortización de la misma que ha hecho este gobierno, pero sí de proclamar la desvergüenza de un Partido Popular que combatió sin límites aquella Ley y prometió derogarla tan pronto como llegase al poder, al que vemos ahora invocar esa misma Ley para justificar su gestión al frente del gobierno del Estado. ¡Qué bueno es que “dios nos conserve la vista” y el recuerdo del pasado! Bendita sea la memoria que nos permite poder afirmar que el Partido Popular es un impostor y que no nos representa ante Naciones Unidas.

Aún le quedaba a este partido un recurso en las Cortes españolas para incrementar su oprobio, el recurso a la equidistancia de las víctimas, lo que Primo Levi, superviviente de Auschwitz, calificó de enfermedad moral. Y se lo hemos oído formular al mismísimo ministro de Justicia: «Este Gobierno nunca se sentirá tranquilo mientras exista una persona enterrada en una cuneta, da igual de qué bando sea en la guerra más incivil de las guerras que es la Guerra Civil, y sus familiares demanden su localización y entierro». No, señor Gallardón, no hablamos de todas las víctimas. Sólo de las olvidadas, de las desaparecidas, de las que permanecen ocultas en fosas, de las no reparadas, de las que no han conocido la justicia. Esas sólo son unas, aunque sumen ciento cincuenta mil, son las víctimas del franquismo.

Cuando el relator especial de naciones Unidas, Pablo de Greif, se entrevistó con los ministros del gobierno, se sorprendió, según relata Natalia Junquera en El País, del argumentario que repetían uno tras otro: “O concluimos que ya estamos totalmente reconciliados, o la única alternativa es el resurgir de odios subyacentes, lo cual implicaría un riesgo demasiado alto”. Dejemos aun lado la amenaza velada que esas palabras encierran, pero el argumento no sólo puede sorprender, sino que debe indignar.

Primero, las víctimas tienen todo el derecho a odiar a sus verdugos, incluso es conveniente que conserven ese odio para poder subsistir, como dice la psiquiatría. Lo que las víctimas no pueden hacer es cometer cualquier acto delictivo relacionado con ese odio. Pero ¿alguien puede nombrar un solo delito cometido por las víctimas del franquismo después de la muerte del dictador? Por el contrario, podemos enumerar decenas de actos, que en cualquier país democrático serían considerados delitos, realizados por los verdugos o sus seguidores. Cito de memoria: la profanación de las fosas de víctimas franquistas en Poyales del Hoyo, Ávila; los agravios del alcalde de Granada sobre la Tapia del Cementerio de San José; las bárbaras declaraciones del alcalde de Baralla, en Lugo; las ofensas directas emitidas por el coportavoz del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando; el doble atentado contra el monumento memorialista que la ARMH-VA tiene levantado en los Montes Torozos. Salvo para fiscalía y tribunales españoles, estos actos y decenas de otros similares que se suceden en pueblos y ciudades de España, serían actos relacionados con “delitos contra la humanidad”, como razona el punto QUINTO de la Sentencia 102/2012 de la Sala de lo Penal del tribunal Supremo, que absuelve a Baltasar Garzón de la denuncia por prevaricación.

No son, por lo tanto, las víctimas del franquismo, olvidadas y no reparadas, las que ponen en riesgo “la estabilidad del orden democrático”, sino el Partido Popular, que se resiste a aceptar los mandatos de Naciones Unidas y que ampara a sus militantes en las exhibiciones franquistas que se suceden a diario. Eso sí es un riesgo para el orden democrático.

Marcelino Flórez