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Política

Independencia simbólica

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Para librarse de la cárcel, Carme Forcadell ha declarado ante el Tribunal Supremo que la DUI era una broma, que sólo tenía intención “deliberativa y simbólica”, para facilitar la negociación con el gobierno del Estado. Mientras la Presidenta del Parlament hacía estas declaraciones, Puigdemont reorganizaba el Gobierno de la República de Cataluña en el “exilio” de Bruselas. Y ponía a punto -esto es lo que nos interesa- el estado de la posverdad: “Forcadell hará noche en prisión por haber permitido el debate democrático. ¡Por permitir hablar y votar! Así es la democracia española”.

Esta vez, la trampa saducea tiene mal encaje, porque el Tribunal ha razonado con proporción y mesura su Auto: Forcadell no va a la cárcel “por permitir hablar”, sino por actuar contra la Constitución y por desobedecer reiteradamente al Tribunal Supremo y a otros jueces. Esta es la relación de los principales actos (no pensamientos u opiniones):

– Resolución 1/XI de 9 de noviembre de 2015, del Parlamento de Cataluña, donde se inicia “la apertura de un proceso constituyente no supeditado”.

. Sentencia del Tribunal Constitucional 259/2015, de 2 de diciembre, donde se establece que no le corresponde tal soberanía al Parlamento catalán.

– Resolución 5/XI, de 20 de enero de 2016, del PC, para crear una “Comisión de Estudio del Proceso Constituyente”.

. Auto TC 141/2016, de 19 de julio, declarando ilegal la anterior Resolución, con la advertencia de que se impedía cualquier acto subsiguiente.

– Resolución 263/XI, de 4 de octubre de 2016, donde se establece el referéndum vinculante y el proceso constituyente.

. ATC de 14 de febrero de 2017, donde se declara la nulidad de esa resolución.

– Ley 4/2017 de Presupuestos de Cataluña, donde se contemplan partidas para los actos declarados nulos.

. Sentencias TC 51/2017, de 10 de mayo, y 90/2017, de 5 de julio, donde se declara la inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley Catalana de Consultas Populares y lo relativo a las partidas presupuestarias para el mismo fin.

– Proposiciones de Ley de 31 de julio y de 28 de agosto de 2017 del Parlamento de Cataluña, para el referéndum y la transitoriedad.

. Pese a la advertencia de ilegalidad por parte del Letrado Mayor del Parlament, se aprueban ambas leyes.

Después de esta relación, el Auto del magistrado Pablo Llarena Conde razona con mucha serenidad la presencia o no de violencia en el procès, así como la sedición y otros posibles delitos. Se inicia ahora un proceso judicial, que será lento y discutido, pero no es un proceso contra la libertad de expresión del pueblo catalán, sino contra posibles delitos constitucionales y de otro tipo de algunos políticos catalanes.

Y a pesar de las enormes consecuencias que esa actuación delictiva ha tenido y está teniendo, desde el ámbito personal o familiar hasta el macroeconómico, ahora nos dicen que era una broma. No sé si merecen más castigo por delinquir o por la irresponsabilidad, pero lo que no se puede admitir de ninguna manera es la reiteración en la posverdad. No estamos hablando de libertad de expresión, sino de gravísimos e irresponsables delitos que han fracturado irreversiblemente a la sociedad catalana. Y todo, por un 3 por 100. ¡Cómo recordamos a Coscubiela y sus veraces advertencias!

Se ha acabado la farsa y ahora vienen las urnas. Cada cual es libre de votar según su pensamiento y sus sentimientos, pero las trampas y las mentiras no tienen sitio en el pensamiento racional. Ya basta de posverdad.

Marcelino Flórez

Política

El Referéndum

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Lo que vaya a ocurrir el 1-O no es un referéndum. Lo que viene ocurriendo desde hace varios septiembres es una movilización social, que tiene varios rostros. El principal es el rostro nacionalista y son sus organizaciones las que capitalizan la movilización. Pero hay otras facetas. Una muy principal es la de la indignación. En Cataluña hay muchas personas indignadas, como en el resto del mundo, a causa de los efectos de la crisis global del capitalismo: desempleo, precarización, destrucción del medio natural, desigualdad social, represión política. A esa indignación común se suma en Cataluña la indignación por el ataque al sentimiento identitario que organizó el Partido Popular con motivo de la reforma del Estatuto de Autonomía. Este hecho es la clave para entender todo lo demás.

Como el Partido Popular no esta en condiciones de reconocer ese enorme error político, no se puede hacer nada mientras ese partido conserve el control del poder. Y si no es capaz de reconocer como error lo que hizo, que es la causa determinante en la situación que vivimos, no hay alternativa posible al 1-O por ahora.

Este enredo explica que no se haya hablado casi nada de independencia, sino de otros eufemismos mixtificadores, como es “el derecho a decidir” o, en esta última fase del procés, el cumplimiento de la legalidad. La red es tan tupida, que ahora mismo todas las fuerzas políticas están atrapadas en ella; y sólo dos obtienen ventaja: el nacionalismo catalán y el nacionalismo español.

Esperemos que la prudencia de los menos enfangados sea capaz de conducir la movilización hacia salidas menos malas, aunque el desastre del procés ya sea irreparable. Pero esto ha ocurrido ya y lo que importa es el día después.

Todo el mundo tiene que hacerse a la idea de que hay que organizar un referéndum sobre la independencia en Cataluña. Es ciertamente una victoria del nacionalismo catalán y así hay que reconocerlo. Sean cuales sean las causas, hoy día más del 80 por 100 de la población catalana quiere votar en ese referéndum. Punto.

Otra cosa es quién habrá de organizarlo. Sin duda, tendrá que ser un acuerdo del gobierno catalán con el gobierno español. Pero no los gobiernos que hay ahora, bajo cuyo mandato se ha organizado el desastre actual, sino los que surjan de unas nuevas elecciones, catalanas y españolas. Y esta será probablemente la primera consecuencia del 1-O.

Tendrá que haber un debate, sereno y serio, con equidad en el acceso a los medios de comunicación, sin prisas. Habrá que pactar una pregunta clara, que no tiene por qué ser independencia, sí o no. Con gobiernos nuevos se puede oponer la independencia no a la situación actual, sino a un incremento de la autonomía bajo fórmulas consensuadas en todo el Estado. Es el reconocimiento de otro triunfo del nacionalismo catalán, sí, pero la realidad es la que es.

Con unas premisas así, yo no desearía la independencia de Cataluña, por razones como éstas:

1. Porque me gusta una España con catalanes, con vascos, con gallegos, con andaluces y con tantas nacionalidades como se quiera cada cual atribuir. Algo así como lo que cantaba Miguel Hernández en sus versos.

2. Porque la identidad nacional, como nos enseñó Eric Hobsbawm, es siempre construída, inventada. Y hoy es una, pero mañana puede ser otra. Los tiempos cambian.

3. Porque soy partidario de ir borrando fronteras, no de ir construyendo otras nuevas.

4. También, porque el coste de la escisión es muy superior al valor de cualquier bandera.

Pero sí desearía que Cataluña incrementase su autonomía en el máximo pensable, sea bajo formas de Estado federal, confederal o del que se pueda inventar, por varias razones, que se resumen en una:

Que no quiero para nadie lo que no deseo para mí, sentirme oprimido y sin derechos. Esto es, que me dejen construir libremente mi identidad, incluyendo la lengua materna, la creencia o la increencia, las costumbres ancestrales y las más recientes. Siempre, respetando a las demás personas, como quiero que me respeten a mí.

Mi opinión, por lo tanto, es que el 1-O ya ha sucedido, aunque no haya llegado la Diada de 2017 aún. Lo que ha de seguir es una convocatoria de elecciones regionales y generales en un plazo más bien corto. Tanto en unas como en otras, los partidos han de llevar en sus programas las propuestas sobre reforma de la Constitución en lo que se refiere al Título Preliminar y al Título VIII. Habrá otras propuestas, claro, como puede ser la forma de Estado, pero sería deseable que cada cosa se situase en su departamento, sin mixtificaciones, sin trampas, también sin ambigüedades.

Marcelino Flórez

Política

Independencia: comenzar por las palabras

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El desarrollo del ‘procés’ está marcado enteramente por el uso de eufemismos con la intención de ocultar las propuestas. Es un ejemplo casi perfecto de posverdad, comenzando por la denominación del hecho: ‘proceso’, así, sin aditivos. Se quiere decir proceso para alcanzar la independencia, pero se dice ‘procés’, que puede ser el camino hacia cualquier parte o hacia ninguna parte. ‘Procés’.

Ese camino, que podía comenzar con debates y propuestas diversas, comienza por el final: referéndum de independencia. Sin conocer las condiciones legales, sin conocer las consecuencias económicas, sin reparar en las fracturas sociales, se plantea alegremente un referéndum de independencia. Eso sí, no se nombra la independencia, sino un supuesto ‘derecho a decidir’. Y, como es lógico, la inmensa mayoría se apunta al derecho a decidir sobre cualquier cosa que afecte a la persona. ¿Quién puede estar en contra de decidir, de planificar su futuro? Este eufemismo tramposo es el que ha atrapado a la izquierda, una parte de la cual sigue enredada en él. Pero no estamos hablando de presupuestos participativos, ni de elecciones municipales o autonómicas, ni de asambleas de fábrica o de vecindad, donde tomar decisiones. Hablamos de decidir la independencia y eso, aparte de otras implicaciones, afecta a Cataluña, a España, a Europa y a las organizaciones internacionales. No es una broma, ni una abstracción: derecho a decidir. Es algo más serio y está sujeto a leyes, pero como vamos de broma, proponemos saltarnos las leyes para decidir.

Ahora estamos ahí, en la desobediencia. Y cuando el gobierno del Estado pone a actuar a los gestores de las leyes, la gente del ‘procés’ dice que no hay democracia, que no se permite la democracia, o sea, el referéndum, es decir, la desobediencia de las leyes. Posverdad en estado puro.

Hasta hace unos días yo estaba convencido de que, más pronto que tarde, tendría que haber un referéndum en Cataluña, en el que se preguntase por la independencia. Lo pensaba así, porque estaba seguro de que una mayoría de gente deseaba ese referéndum, independientemente de cual fuera a ser su voto. Pero estoy cambiando de parecer. No sé si va a ser necesario ese referéndum. Veamos qué depara el ‘proceso’ y las elecciones que le seguirán. Estas ya no van a ser plebiscitarias, como las anteriores, a las que se ha desatendido. Las próximas puede que terminen siendo de castigo. Cada día estoy más intrigado.

Marcelino Flórez

Política

Cataluña independiente

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Más pronto o más tarde, tendrá que hacerse un referéndum en Cataluña. Ese día la gente tomará una decisión en un acto en el que conviene diferenciar, al menos, dos motivaciones: una se relaciona con el sentimiento identitario, es decir, si alguien se siente sólo catalán y no español; la otra es un elemento práctico, la partición de bienes en el momento de la separación.

La identidad es casi inamovible. Se va adquiriendo desde el nacimiento, mediante la transmisión cultural, donde la lengua tiene una importancia máxima, y el resultado es lo que los sociólogos llaman la memoria colectiva, que también se denomina la tradición. Como nos enseñó Hobsbawm, la tradición es una “invención”, es decir, no es algo eterno y permanente, aunque trate de presentarse así, sino algo adquirido, construído y mutable. En cualquier caso, es un sentimiento muy arraigado y poderosísimo a la hora de tomar decisiones.

El otro elemento, el práctico, trata del reparto de bienes entre Cataluña y España. ¿Con qué se queda cada uno al producirse la separación? En esto, el brexit ha comenzado a darnos lecciones desde el primer día. En la primera reunión para establecer el calendario y los temas a tratar, Europa ha impuesto al Reino Unido que se hablará primero de la ciudadanía y sus derechos, de la frontera y de finanzas. Los acuerdos comerciales y de otro tipo quedan relegados para el tiempo que siga a la firma de la separación.

Si la población catalana decidiese constituirse en Estado independiente, habría que llegar a un acuerdo de fronteras (con España y con Francia) y de especificación de bienes pertenecientes a Cataluña y a España. Es posible que no fuese difícil llegar a esos acuerdos, teniendo buena voluntad ambas partes, pero se me presentan más dudas en la solución de los problemas de la ciudadanía y sus derechos. Primero, habría que resolver la cuestión de la nacionalidad. ¿Qué ocurrirá con aquella gente que se siente más española que catalana, es decir, que quiere seguir siendo española? Descartada cualquier solución de limpieza étnica, como las que se llevaron a cabo en la antigua Yugoslavia, ¿se facilitará la marcha de aquellas personas que lo deseen y de sus bienes y posesiones? Esto vale también para las empresas, en el caso de que deseen seguir en la Unión Europea. Y no pienso en soluciones particulares, como el señor Lara, que ha anunciado que trasladará Planeta, sino en propuestas de conjunto y negociadas. Habría que definir también con mucha precisión los derechos y condiciones de los españoles que continuasen residiendo en Cataluña, así como de los catalanes que residiesen en España.

El día que se plantee en serio el hecho de la independencia, no con el espurio eufemismo del “derecho a decidir”, éstas y muchas cuestiones semejantes tiene que ponerse sobre la mesa y hacerlas llegar al conocimiento de la gente. Por ahora estamos jugando, porque así les va bien a los nacionalismos español y catalán, pero sería bueno que terminase ya el juego y se comenzase a hablar en serio.

Marcelino Flórez