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Historia,Política

La Guerra Civil de Pérez Reverte

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-Comentario de texto-

Comienza el escrito de Pérez Reverte, que comentamos, con una referencia a las “causas políticas” de la Guerra, que el autor atribuye al atraso histórico de España y lo argumenta así: el atraso histórico provocaba continuos conflictos, que la República no lograba resolver; estos conflictos eran atendidos siguiendo vías violentas y con modelos extranjeros, fascismo y comunismo, que hacían una verdadera preparación para la guerra; la sociedad terminó polarizada igualmente en dos líneas, derecha (burguesía, terratenientes y militares) e izquierda (obreros y campesinos). El ejército, que venía estando descontento por asuntos internos, se levantó para imponer una dictadura con la que dar fin a los conflictos. El golpe de Estado fracasó a causa de la resistencia de la izquierda, por lo que se originó una guerra de “tres sangrientos años”, en la que toda la sociedad, de grado o por fuerza, se adscribió a uno de los bandos.

Iniciada la guerra, se siguieron muchas “atrocidades” a causa de los “rencores acumulados”. Estas atrocidades se distribuyen con una equidad milimétrica en los dos bandos: si el avance rebelde se acompaña de terribles represalias, como en Badajoz, lo que provoca la salida de refugiados, que son perseguidos y ametrallados, como en Málaga, también en zona republicana “clérigos, falangistas y monárquicos” son asesinados, aprovechando el descontrol del poder. Tienen, incluso, símbolos equiparables: García Lorca en Granada y Muñoz Seca en Paracuellos. La diferencia podría ser que las “atrocidades” republicanas no eran dirigidas desde el mando.

Hay una referencia salteada a batallas épicas: Madrid, el Jarama, Santa María de la Cabeza, el Alcázar de Toledo, Guadalajara, guerra en el mar, Guernica, Brunete, Belchite, Teruel, el Ebro. En todas ellas se luchó “con mucha tenacidad y valor por ambas partes”. Ese carácter épico atrajo a los corresponsales de la prensa extranjera y la Guerra de España se internacionalizó: los países fascistas apoyaron a Franco y la Rusia soviética apoyó a la República (“confiando en que una victoria republicana acabaría convirtiendo a España en un país comunista”).

El libro termina, en medio de cierto descontrol cronológico, con estos relatos: después del Ebro, comenzó la dispersión republicana en barcos al exilio, tuvo lugar la sublevación de Casado, se retiró el gobierno a Barcelona y a Gerona, cayó Cataluña y empezó el exilio francés, ejemplificado en Machado. Todo, en ese orden.

La Guerra terminó con victoria franquista y con represión: 400.000 vencidos fueron a la cárcel. La Dictadura duró 40 años. España participó en la Segunda Guerra Mundial con la División Azul y con los Resistentes. Siguió un pequeño periodo de guerrilla de los maquis. Y todo terminó finalmente con el “retorno a la democracia”, por “decisión personal” del rey Juan Carlos.

Ideas princiaples

Aunque probablemente haya una sola intención, en el escrito podemos destacar varias ideas: el conflicto social como causa de la Guerra; la equidistancia de las “atrocidades”; las hazañas bélicas, también equivalentes; la victoria con represión; y el “retorno a la democracia por decisión personal” del rey. Y aún podríamos detectar alguna idea secundaria, como es la asignación de una influencia comunista al gobierno republicano.

Explicaciones

El autor, en su participación en la propaganda difusora del escrito, ha afirmado que no es un libro de historia. Estamos de acuerdo. Se trata de 30 medias páginas, con letra muy grande, que apenas nombran hechos históricos. Todo, sin cronología, que es un dato ineludible en cualquier relato histórico.

Es un escrito de opinión política y moral sobre un hecho histórico relevante, la Guerra Civil Española. Encajaría perfectamente en lo que viene denominándose “memoria histórica”, entendiendo por ello la rememoración consciente del pasado. Lo que se desea en este caso es construir un pensamiento sobre la Guerra Civil, que, haciendo ver su carácter trágico por mortífero y espantoso, ayude a no repetir aquella tragedia, como se dice expresamente en el prólogo.

Ocurre que, para conseguir sus nobles propósitos, el autor nos da una clase de historia, donde nos dice que en España hubo una guerra, porque había muchos conflictos sociales, en la que por igual unos se mataron con otros, en noble y valerosa lid; vencieron unos, que continuaron la represión, hasta que un bondadoso rey, Juan Carlos, restauró la democracia. Aquí no ha pasado nada y todos somos hermanos.

Dejemos a un lado la restauración de la democracia y la monarquía, que no tienen por dónde cogerse, pero que sólo ocupa 17 líneas y 129 palabras del escrito; olvidémonos también de otros mitos que aparecen lateralmente, como es el del comunismo; hagamos una leve referencia a las causas de la Guerra; y centrémonos en lo nuclear, las “atrocidades”.

Respecto a las causas de la Guerra, el autor se adscribe al revisionismo vigente, que reproduce la justificación inicial que construyó el franquismo. Cuando los militares rebeldes iniciaron la Guerra Civil, anunciándolo mediante un golpe de Estado el 18 de julio o en la tarde del día 17 en Marruecos, para la que ya tenían preparados aviones y barcos italianos con los que trasladar tropas a la Península, y siguiéndolo con los asesinatos de militares fieles a su juramento constitucional, necesitaron justificar esa acción, un crimen desde cualquier punto de vista que se quiera observar. La justificación fue no que iniciaban una guerra, sino que trataban de parar la guerra iniciada por los republicanos: todos los asesinados o encarcelados desde el primer día lo fueron por “rebelión” o por “adhesión a la rebelión”. Está tan claro en la historiografía actual, que no dedico una palabra más a su demostración. Pérez Reverte tenía que haber leído, como mínimo, Los mitos del 18 de julio, que ya llevaba publicado dos años, cuando publicó el libelo que comentamos.

Me centraré, pues, en lo nuclear del libelo: las “atrocidades” de la Guerra Civil fueron iguales en los dos bandos. Esta tesis de la equidistancia se repite insistentemente, todo el relato reitera que hay dos fuerzas equivalentes, con episodios bélicos paralelos (a Santa María de la Cabeza se opone el Alcázar), defendidos con “mucha tenecidad y valor por ambas partes”; si los republicanos tienen un Lorca, los franquistas tienen un Muñoz Seca; a unos les ayudan los fascistas, a otros los comunistas; pero, sobre todo, las “atrocidades”: en las 17 líneas del capítulo 6 repite tres veces la idea (“estallaron en los dos bandos”, “donde tuviesen el control uno u otro”, “en los dos lados se sucedieron”) y lo repite cada vez que cita cualquier episodio criminal.

No es más que la actualización de una tesis que el autor viene repitiendo desde hace años, quizá desde que apareció el movimiento memorialista: “Cualquiera que haya leído historia de España sabe que aquí todos hemos sido igual de hijos de puta, TODOS”, había dicho ya en 2010.

La equidistancia de las víctimas es un asunto bien conocido en la literatura memorialista. Primo Levi, una víctima de los nazis en Auschwitz, calificó a esta tesis de enfermedad moral, porque sólo busca identificar a víctimas con verdugos, garantizando así la impunidad de los asesinos. En este sentido, el libelo de Pérez Reverte es un ejemplo perfecto.

Aparte de la perversión moral que esta tesis central sustenta, hoy sabemos que la relación de los crímenes de cada uno de los dos bandos no resiste la mínima comparación, ni merece, por lo tanto, el mismo calificativo: no fueron iguales en las cifras; es más, en media España sólo existen asesinatos franquistas, porque allí no hubo guerra, sino represión; únicamente hay desaparecidos entre los republicanos; víctimas olvidadas sólo son unas, los otros muertos, sean víctimas o verdugos, lucen sus nombres en calles y hasta en las portadas de las iglesias; proyecto de exterminio sólo está en las Instrucciones de Mola y en los Bandos de guerra, pero no en decreto alguno del gobierno legítimo; las víctimas republicanas no han sido nunca reparadas no ya con la justicia, sino, ni siquiera, con la verdad, y sus verdugos no han sido juzgados y condenados jamás, mientras que los crímenes en el lado republicano fueron juzgados por el propio gobierno desde 1937 y, desde luego, fueron juzgados y reparados, aunque fuese ilegítimamente, por los franquistas. En el lado republicano hubo crímenes de guerra, ciertamente; en el lado franquista hubo un largo y duradero crimen contra la humanidad, que aún sigue vigente. La diferencia no puede ser más grande.

En conclusión, el escrito de Pérez Reverte es un libelo de moralina barata, propio de algunas tertulias radiofónicas o televisivas, en el que brilla por su ausencia la historiografía reciente. Sólo tiene una intención: mantener en el olvido a las víctimas del franquismo para continuar garantizando la impunidad de los victimarios. Este libelo podría haber pasado desapercibido en los años setenta del siglo pasado, cuando dominaba la ideología de la equidistancia bajo el paraguas de la reconciliación nacional, pero la investigación histórica posterior a esas fechas lo convierte en un anacronismo reaccionario, no más.

Marcelino Flórez

Historia,Memoria de las víctimas,Política

La Guerra Civil explicada por J. Casanova -Comentario de texto-

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Julián Casanova ha publicado un artículo en El País el día 1 de abril, conmemorando el 75 aniversario del final de la Guerra Civil, con el título de La Guerra Civil que nunca se aprendió en las escuelas, donde intenta explicar “cinco cosas básicas que todo ciudadano informado debería saber”. Comenzaré por la primera, que es la más importante: “¿Por qué hubo una Guerra Civil en España?”.

1. ¿Por qué hubo una Guerra Civil en España?

En 1936 había en España una República, cuyas leyes y actuaciones habían abierto la posibilidad histórica de solucionar problemas irresueltos, pero habían encontrado también, y provocado, importantes factores de inestabilidad, frente a los que sus gobiernos no supieron, o no pudieron, poner en marcha los recursos apropiados para contrarrestarlos.

La amenaza al orden social y la subversión de las relaciones de clase se percibían con mayor intensidad en 1936 que en los primeros años de la República. La estabilidad política del régimen también corría mayor peligro. El lenguaje de clase, con su retórica sobre las divisiones sociales y sus incitaciones a atacar al contrario, había impregnado gradualmente la atmósfera española. La República intentó transformar demasiadas cosas a la vez: la tierra, la Iglesia, el Ejército, la educación, las relaciones laborales. Suscitó grandes expectativas, que no pudo satisfacer, y se creó pronto muchos y poderosos enemigos.

La sociedad española se fragmentó, con la convivencia bastante deteriorada, y como pasaba en todos los países europeos, posiblemente con la excepción de Gran Bretaña, el rechazo de la democracia liberal a favor del autoritarismo avanzaba a pasos agigantados. Nada de eso conducía necesariamente a una guerra civil. Ésta empezó porque un golpe de Estado militar no consiguió de entrada su objetivo fundamental, apoderarse del poder y derribar al régimen republicano, y porque, al contrario de lo que ocurrió con otras repúblicas del período, hubo una resistencia importante y amplia, militar y civil, frente al intento de imponer un sistema autoritario. Sin esa combinación de golpe de Estado, división de las fuerzas armadas y resistencia, nunca se habría producido una guerra civil.

Vista la historia de Europa de esos años, y la de las otras República que no pudieron mantenerse como regímenes democráticos, lo normal es que la República española tampoco hubiera podido sobrevivir. Pero eso no lo sabremos nunca porque la sublevación militar tuvo la peculiaridad de provocar una fractura dentro del Ejército y de las fuerzas de seguridad. Y al hacerlo, abrió la posibilidad de que diferentes grupos armados compitieran por mantener el poder o por conquistarlo. El Estado republicano se tambaleó, el orden quebró y una revolución radical y destructora se extendió como la lava de un volcán por las ciudades donde la sublevación había fracasado. Allí donde triunfó, los militares pusieron en marcha un sistema de terror que aniquiló físicamente a sus enemigos políticos e ideológicos.

Este es el argumento: La República existente en 1936 había legislado para tratar de resolver problemas antiguos, pero también había generado inestabilidad, que los gobiernos no supieron resolver.

Los problemas que enfrentó -la tierra, la Iglesia, la educación, el Ejército, las relaciones sociales- le crearon poderosos enemigos a la república. Por otra parte, el orden social estaba amenazado y la subversión aparecía como inminente, con un lenguaje clasista que convocaba a la violencia social.

El resultado fue la fragmentación de la sociedad y la opción por soluciones políticas autoritarias.

En ese contexto hubo un golpe de Estado, que fracasó por la división del ejército y por la resistencia obrera. España se dividió en dos: una, donde quebró el orden y se extendió “como la lava de un volcán” la revolución social; otra, donde los militares impusieron el terror, que aniquiló a los enemigos políticos e ideológicos.

¿Por qué hubo, pues, una Guerra Civil en España? (o idea principal, que diría mi alumnado). Por la incapacidad de los gobiernos para resolver los problemas, bien fuesen generados por los poderosos enemigos de las reformas, bien por el ambiente revolucionario y de clase dominante, todo lo cual fragmentó a la sociedad, como se puso de manifiesto tras el fracaso del golpe de Estado.

En medio de esa argumentación, el autor introduce una frase aislada, que contradice el razonamiento: “Nada de eso conducía necesariamente a la Guerra Civil”. Pero continúa inmutable el silogismo planteado, pues hace al golpe responsable del inicio de la Guerra, pero no la causa de la misma. Esa frase podía ser analizada como una idea secundaria, aunque renuncio a esa tarea.

Uno, que ha estudiado la Guerra Civil y la ha enseñado en el bachillerato durante cuarenta años, haya logrado o no que haya sido aprendida, no logra identificar el argumento de Casanova con lo que sabe que ocurrió en España en la primavera de 1936. El 16 de febrero hubo elecciones, las ganó un Frente Popular, donde se aglutinaban partidos obreros y burgueses de fuertes convicciones republicanas, pero un sector de la derecha social y política no aceptó el resultado y se organizó en torno a un grupo de generales golpistas. Estos intentaron evitar que los vencedores de las elecciones llegasen a gobernar, aunque no lo consiguieron. Por el contrario, fueron alejados de Madrid por el nuevo gobierno para evitar que continuasen amenazando al Estado. En la comida de despedida, que esos mandos militares celebraron el 9 de marzo en Madrid, decidieron organizar eficazmente el golpe de Estado y encargaron de su dirección al general Mola. Este, con el aval de la UME, fue juntando apoyos civiles y militares. Aunque habían pensado en el 20 de abril, las dificultades preparatorias retrasaron la fecha de la sublevación hasta el 18 de julio. Para preparar el ambiente, los aliados civiles tuvieron el encargo de llevar a cabo una estrategia de violencia callejera, concretamente los monárquicos alfonsinos fueron los encargados de financiarla y los falangistas de activarla. Esta estrategia resultó tan eficaz, que todavía hoy hay quien sigue achacando la Guerra al asesinato de Calvo Sotelo, ocurrido cuando el avión que había de trasladar a Franco ya había llegado a las islas o, como dice Viñas en la misma entrevista, cuando “los conspiradores monárquicos estaban negociando el suministro de armamento con los fascistas italianos antes del 18 de julio y que lo firmaron el 1 de julio”, todo lo cual demuestra que la fecha del levantamiento llevaba días o semanas señalada, cuando, en respuesta al asesinato del teniente Castillo por los falangistas, sus compañeros policías asesinaron a Calvo Sotelo.

A pesar de los preparativos, el día 18 de julio una parte del ejército no secundó a los rebeldes y en las grandes ciudades, aunque hubiesen sido secundados, los trabajadores organizados se enfrentaron a la rebelión, consiguieron armas y lograron derrotar a los golpistas. A los pocos días, sólo la España más rural y menos poblada había quedado en manos de los rebeldes, aunque terminarían ganado la guerra.

¿Por qué hubo, entonces, una Guerra Civil? No fue porque había una Reforma Agraria en marcha, no fue por el laicismo constitucional, no fue por la reformas en el ejército, no fue por las leyes laborales sobre la jornada de 8 horas en el campo o de laboreo forzoso o de jurados mixtos, no fue porque los socialistas se negaran a formar gobierno con los republicanos de izquierdas, no fue porque hubiese partidos fascistas, no fue por ninguna revolución comunista, no fue por la agresividad del sindicalismo anarquista, no fue por la Revolución de 1934, fue porque hubo un levantamiento militar organizado y poco exitoso. Cuáles fuesen las motivaciones que impulsaban a los golpistas, las fuentes documentales en las que bebían, los intereses de clase, económicos o ideológicos, las pasiones diversas, las creencias, es un asunto diferente. Todo eso puede ayudar a comprender lo que ocurrió, pero no es la causa de lo que ocurrió. La Guerra tuvo una sola causa, la rebelión militar y su acompañamiento civil.

¿Qué importancia tiene el razonamiento de Casanova y por qué ha de ser combatido sin tregua? La respuesta es sencilla: porque se trata de una justificación indirecta del golpe de Estado. Aunque esta forma de razonar ya había sido denunciada, entre otros, por Antonio Elorza en 1997, historiadores afamados de progresistas siguen sin desasirse de esa falacia. Decía Elorza en El País el 4 de enero de 1997 “ciertamente resulta difícil y poco elegante alabar la sublevación militar, pero basta con tomar como punto de partida la supuesta situación caótica de la España republicana para proporcionar una justificación indirecta al alzamiento”. Ángel Viñas el mismo día 1 de abril en el diario digital Público respondía lo siguiente a una pregunta sobre la anarquía republicana en tanto que causa de la Guerra: “ En la medida en la que se presenta el golpe y la sublevación militar del 18 de julio como una respuesta inevitable a un estado de descomposición y de anarquía, de desenfreno, están justificando la sublevación”. Exactamente eso hace Julián Casanova ¡en 2014!

Lo grave de este error historiográfico es el origen del mismo: la justificación que el franquismo hizo de su delito de rebelión. Los juristas del régimen comenzaron muy pronto esta tarea falseadora de la realidad: el 24 de junio de 1938 la Auditoría de Guerra envió a los Juzgados de 1ª Instrucción un escrito reclamando información sobre “los hechos ocurridos desde el 16 de febrero al 18 de julio de 1936”, que es el antecedente oficial, aunque hay otros de carácter local, de la Comisión sobre la ilegitimidad de los Poderes Actuantes el 18 de julio de 1936, que se formó el 21 de diciembre de 1938 y emitió su Dictamen el 14 de febrero de 1939. Las conclusiones, además de afirmar la ilegitimidad de todas las instituciones republicanas por convocar de forma ilegítima aquellas elecciones o por fraude en los resultados electorales, insistían en la ineptitud del gobierno, puesto “al servicio de la violencia y el crimen” (conclusión cuarta) , como lo demuestra el asesinato de Calvo Sotelo (conclusión quinta). El documento termina, claro está, con la afirmación de que el glorioso Alzamiento Nacional no puede ser calificado de rebeldía, sino de “restablecimiento de la moral y del derecho”, mientras que el Frente Popular ha de ser apartado “de todo comercio moral” y hay que “cancelar su inscripción en el consorcio del mundo civilizado”.

Julián Casanova no suscribiría, evidentemente, esas conclusiones del Dictamen, pero su argumentación es una perfecta justificación indirecta del Alzamiento, como razonó hace ya muchos años Antonio Elorza. Por mi parte, llevo unos años combatiendo este error historiográfico, que se relaciona directamente con la falta de comprensión de lo que significa la memoria benjaminiana, que es memoria de las víctimas. El error es causa, a su vez, de la pervivencia del revisionismo, como he explicado aquí en otros escritos. Hoy, sin embargo, me limito a hacer lo que haría cualquier alumna o alumno míos en su comentario de texto: análisis del contenido, idea principal y explicaciones fundamentadas historiográficamente.

Marcelino Flórez

 

 

Política

Dictadura o Régimen autoritario

En los años sesenta del siglo XX se suscitó entre los historiadores una polémica acerca del concepto político del franquismo. Se discutía si había de definirse como dictadura o como régimen autoritario, después de que el sociólogo J. J. Linz construyera esa segunda definición. Coincidía el debate con el intento del régimen de justificarse por su ejercicio en tanto que autor de paz y de desarrollo. La discusión, vista en perspectiva, fue una discusión vana, detrás de la cual no subyacía más que el intento de justificar al dictador y a su Dictadura. En el día de hoy sólo prestan atención a esa discusión los revisionistas más recalcitrantes. Para la historiografía normal, la franquista fue una Dictadura personal, nacida de una guerra civil y sustentada por el ejército. Punto.

Un Régimen autoritario es otra cosa. Para empezar, el autoritarismo combina con la democracia: se origina democráticamente, funciona sin tener que eliminar los mecanismos democráticos y puede ser desalojado democráticamente. El Régimen autoritario es, de hecho, una opción política en el sistema democrático. Utiliza casi exclusivamente el Decreto-Ley para gobernar y, de esa manera, evita el debate parlamentario y la repercusión social desfavorable que ese debate pueda ocasionar en la ciudadanía. Utiliza la fuerza policial de forma violenta para tratar de acallar la protesta social; recurre, incluso, a tretas feas y de dudoso aval democrático,  como es introducir policías de paisano en las manifestaciones para originar violencias y justificar la represión. Dispone prácticamente de monopolio informativo, llevando hasta el esperpento la manipulación de los medios de comunicación públicos. Se sirve de la fuerza y del poder que proporciona el gobierno para amedrentar a quienes no se someten. Por ejemplo, si queda algún periódico de amplia difusión, que actúa libremente,  y, por un suponer, tiene contraídas deudas con la Hacienda del Estado, el ministro de turno puede recordárselo en voz alta para que sepa a qué atenerse.

En general, el gobierno autoritario identifica al Estado con el partido que le apoya y no ejerce la administración pública en beneficio del común, sino que tiende a instalar fórmulas clientelares a través de las cuales transfiere los cargos y los bienes públicos a los clientes del partido. En algunos casos se llega a situaciones verdaderamente impúdicas, creando empresas específicas para hacer esas transferencias. Estas empresas,  para enmascararse mejor, aunque funcionen en territorios de habla castellana o valenciana, por ejemplo, suelen usar nombres ingleses o de cualquier lengua extranjera, como “market” en lugar de “mercado”.

Es muy frecuente en el Régimen autoritario que exista un partido procedente de antiguas dictaduras y dotado de las mismas bases sociales que apoyaron a las antiguas dictaduras. Una prueba inequívoca en esos casos suele ser la justificación de esas antiguas dictaduras o, como mínimo, la falta de condena de las mismas. A favor del Régimen autoritario juega también la abundancia de esclavos voluntarios que suele haber entre las masas humanas, especialmente en situaciones adversas, sean éstas por causas económicas o de otro tipo.

Además de la Constitución, los obstáculos que encuentra el Régimen autoritario son el sistema judicial, contra el que peleará sin descanso, pero sólo con éxito relativo, y los partidos políticos y sindicatos confederales (antes llamados “de clase”), que se resisten a pactos puntuales con el Régimen autoritario. La descalificación permanente y gratuita de partidos y, sobre todo, de sindicatos es una norma para los regímenes autoritarios, a pesar del carácter institucional que las constituciones les otorgan. Gracias a las libertades constitucionales, no obstante, la ciudadanía puede terminar organizándose y expulsando del poder a los regímenes autoritarios, cosa que es casi imposible con las dictaduras.

Marcelino Flórez

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No desclasificar documentos, un síntoma de temor

El 4 de diciembre de 2011 el gobierno saliente disponía de un informe favorable a la desclasificación de más de 10.000 documentos clasificados como secretos, pero Carme Chacón prefirió no llevarlo al Consejo de Ministros, quizá el último que celebrase su gobierno. Trataban esos papeles, comprendidos entre los años 1936 y 1968, de campos de concentración, de desertores y desterrados, de la censura, aunque también del protectorado de Marruecos o de los tratados con Estados Unidos. Son papeles de los tres ejércitos y los expertos habían dictaminado que podían desclasificarse. El 29 de mayo de 2012 la Cadena Ser informa que el ministro de Defensa ha decidido mantener secretos esos papeles. El ministro ha aducido una explicación: su conocimiento podía perjudicar las relaciones internacionales de España.

Hay que tomar esta explicación como una excusa. Para verlo de otra manera, el ministro tenía que haber actuado selectivamente y evitar la desclasificación, por ejemplo, del material archivístico relacionado con el protectorado de Marruecos, si los técnicos advirtiesen algún problema ahí antes no observado. Pero ocultar papeles relacionados con la Guerra Civil no puede justificarse con una referencia a las relaciones internacionales. Eso es una excusa.

¿Qué le preocupa, entonces, al ministro Morenés y al Partido Popular, que les lleva a obstaculizar el acceso a los archivos de la Guerra Civil? No es otra cosa que el miedo a la verdad. Ocurre que el Partido Popular no ha sido capaz de condenar al franquismo y sigue preso del apoyo que toda la derecha española de la época dio a aquella criminal dictadura. La investigación histórica, sin embargo, camina implacable y no pasa día sin que añada un conocimiento más de aquellos temibles años, que habían sido enviados a la oscuridad.

La única derecha que existe en España, además de serlo, parece que se siente aún heredera del franquismo. Las posiciones ideológicas de su fuerza política y de sus apoyos sociales, especialmente de la Iglesia católica, han evolucionado hacia un enrocamiento en la ocultación, cuando no en la negación, del pasado. Ocurre así en Las Cortes, ocurre con los medios de comunicación, que monopoliza, y ocurre con los historiadores e “historietógrafos” a los que financia y promociona, de los cuales el último ejemplo es el inefable diccionario. Es un problema, creo yo, que tiene la derecha y que tienen sus apoyos sociales. Ellos sabrán cómo resolverlo.

Pero la ocultación ya no es posible. La verdad ha comenzado a salir de la tumba secreta a la que había sido relegada y hasta en sede judicial ha tomado carta de naturaleza. El franquismo, lo condenen o no, fue un régimen que ha sido jurídicamente calificado de autor de crímenes contra la humanidad. No existe peor calificación posible. La tarea de los historiadores es continuar aportando pruebas y nombres a la tesis ya establecida. Alguna de esas pruebas y muchos nombres es lo quieren mantener secreto. La decisión de Morenés, por lo tanto, es otro paso hacia atrás de una derecha que tiene fecha de caducidad.

Historia,Memoria de las víctimas,Política

Revisionismos históricos

En el número 72 de la revista Historia Social, que acaba de traerme el correo, Fernando del Rey publica un amplio artículo, titulado “Revisionismos y anatemas. A vueltas con la II República”. Además de descalificar al pensamiento contrario al suyo con expresiones como “polemistas”, “activistas políticos”, “fiebre memorialista”, “se autoproclaman historiadores profesionales” (luego, no lo son: se autoproclaman) o “disputa que venimos padeciendo”, por entresacar una muestra que manifiesta el estado de ánimo del autor; además de la descalificación, digo, procede Fernando del Rey a razonar lo inapropiada que es la calificación que ha recibido el libro por él dirigido, Palabras como puños, libro del que yo he hecho también una dura crítica aquí mismo bajo el calificativo de revisionista (Ver: Cuidado con los historiadores).

Después de hacer una aclaración, voy a fijarme solamente en dos cosas para demostrar que este artículo y el libro Palabras como puños se enmarcan perfectamente en lo que se conoce como revisionismo en Historia. La aclaración es sobre el término revisionismo. De acuerdo en que significa varias cosas y que ninguna de ellas es la que se refiere a la reescritura permanente de la Historia, pero por “revisionismo político” todo el mundo entiende la crítica con la que el marxismo se refería a la socialdemocracia después de la polémica con E. Berstein en el seno del socialismo alemán; y con “revisionismo histórico” se designa a la tendencia historiográfica que inició Ernst Nolte a mediados de los años ochenta para justificar el nazismo al explicarlo como una reacción defensiva ante los crímenes estalinistas. Desde entonces y en términos más generales, “revisionismo histórico” es la tendencia a justificar los fascismos explicándolos como reacción a las revoluciones o desórdenes sociales imperantes, como explicó de forma perfecta Antonio Elorza en El País el día 4 de enero de 1997: “Ciertamente resulta difícil y poco elegante alabar la sublevación militar, pero basta con tomar como punto de partida la supuesta situación caótica de la España republicana para proporcionar una justificación indirecta al alzamiento”. Pues, eso. Y debo añadir que para tener una postura revisionista no hace falta ser consciente de ello, basta con participar de esa mayoría que actúa conforme a “lo políticamente correcto”, como decía Elorza en ese mismo escrito.

La primera cosa que prueba la postura revisionista de Fernando del Rey se encuentra en la nota 13, donde cita a Ángel Viñas para identificarse con la propuesta teórica que hace éste de estudiar la Guerra Civil en los libros no como apéndice de la República, sino como prolegómeno del Franquismo. Pero después de la cita, nuestro historiador dice: “Lo cual, añado yo, no debe llevarnos a negar líneas de continuidad entre la República, sus problemas, sus diferentes actores –el basamento ideológico de éstos- y la guerra, principio metodológico muy diferente a la inaceptable extrapolación  de querer entender la historia de la primera (la República) por lo que vino después, tanto el conflicto bélico como la dictadura”. Así pues, dice justo lo contrario de Viñas. Éste dice que la Guerra trajo el Franquismo y Fernando del Rey dice que la República trajo la Guerra. Lo dice con suavidad –“líneas de continuidad”-, pero lo dice. ¿Qué otra cosa se puede deducir del contexto en el que están escritas la palabras (el afán de los antifranquistas de presentarse como demócratas, cosa que “nunca fueron”), además de la propia literalidad de las mismas? El punto de partida de Fernando del Rey es, efectivamente, que las palabras como puños están en el origen de la Guerra, con lo que ésta queda explicada, es decir, justificada. Porque aquí hay una confusión entre causa y antecedente, en la que no entraré y me limito a recomendar la lectura del capitulo 2, “La confusión en el origen”, del libro de Alberto Reig Tapia, Memoria de la Guerra Civil. Los mitos de la tribu.

La segunda cosa a la que voy a referirme es un lamento por las acusaciones que se hace “a los historiadores no militantes”, por expresar “sus dudas, cuando no su abierto rechazo, ante la aplicación a la represión franquista de conceptos tales como ‘plan de exterminio’, ‘fascismo’, ‘genocidio’ u ‘holocausto’”. Pues bien, en este asunto se ha acabado la discusión y ya no hay que hacer un mero reproche, sino una denuncia política contundente: eso es negacionismo de la criminalidad del franquismo. Lo acaba de decir el Tribunal Supremo español en la sentencia absolutoria del juez Garzón en la causa seguida contra él por haber atendido a la demanda de las víctimas del franquismo. En sede judicial suprema acaba de afirmarse que el franquismo es responsable de un “crimen contra la humanidad”. No se trata, por lo tanto, de opiniones diversas entre historiadores, sino de veredicto jurídico. A veces, como se ve, sale el tiro por la culata.

En definitiva, la letra pequeña del artículo que comentamos demuestra que nos hallamos ante una tendencia historiográfica revisionista, denunciada ya por Amnistía Internacional y por una parte de la historiografía, pero avalada ahora definitivamente por el Tribunal Supremo. Como dijo también Antonio Elorza en El País el día 1 de noviembre de 2008, “de los crímenes nazis a Karadzic, una calificación (jurídica) adecuada de los crímenes vale más que una cascada de libros”. Ha terminado la discusión, en este caso con sentencia.