El 4 de diciembre de 2011 el gobierno saliente disponía de un informe favorable a la desclasificación de más de 10.000 documentos clasificados como secretos, pero Carme Chacón prefirió no llevarlo al Consejo de Ministros, quizá el último que celebrase su gobierno. Trataban esos papeles, comprendidos entre los años 1936 y 1968, de campos de concentración, de desertores y desterrados, de la censura, aunque también del protectorado de Marruecos o de los tratados con Estados Unidos. Son papeles de los tres ejércitos y los expertos habían dictaminado que podían desclasificarse. El 29 de mayo de 2012 la Cadena Ser informa que el ministro de Defensa ha decidido mantener secretos esos papeles. El ministro ha aducido una explicación: su conocimiento podía perjudicar las relaciones internacionales de España.

Hay que tomar esta explicación como una excusa. Para verlo de otra manera, el ministro tenía que haber actuado selectivamente y evitar la desclasificación, por ejemplo, del material archivístico relacionado con el protectorado de Marruecos, si los técnicos advirtiesen algún problema ahí antes no observado. Pero ocultar papeles relacionados con la Guerra Civil no puede justificarse con una referencia a las relaciones internacionales. Eso es una excusa.

¿Qué le preocupa, entonces, al ministro Morenés y al Partido Popular, que les lleva a obstaculizar el acceso a los archivos de la Guerra Civil? No es otra cosa que el miedo a la verdad. Ocurre que el Partido Popular no ha sido capaz de condenar al franquismo y sigue preso del apoyo que toda la derecha española de la época dio a aquella criminal dictadura. La investigación histórica, sin embargo, camina implacable y no pasa día sin que añada un conocimiento más de aquellos temibles años, que habían sido enviados a la oscuridad.

La única derecha que existe en España, además de serlo, parece que se siente aún heredera del franquismo. Las posiciones ideológicas de su fuerza política y de sus apoyos sociales, especialmente de la Iglesia católica, han evolucionado hacia un enrocamiento en la ocultación, cuando no en la negación, del pasado. Ocurre así en Las Cortes, ocurre con los medios de comunicación, que monopoliza, y ocurre con los historiadores e “historietógrafos” a los que financia y promociona, de los cuales el último ejemplo es el inefable diccionario. Es un problema, creo yo, que tiene la derecha y que tienen sus apoyos sociales. Ellos sabrán cómo resolverlo.

Pero la ocultación ya no es posible. La verdad ha comenzado a salir de la tumba secreta a la que había sido relegada y hasta en sede judicial ha tomado carta de naturaleza. El franquismo, lo condenen o no, fue un régimen que ha sido jurídicamente calificado de autor de crímenes contra la humanidad. No existe peor calificación posible. La tarea de los historiadores es continuar aportando pruebas y nombres a la tesis ya establecida. Alguna de esas pruebas y muchos nombres es lo quieren mantener secreto. La decisión de Morenés, por lo tanto, es otro paso hacia atrás de una derecha que tiene fecha de caducidad.