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Memoria de las víctimas

Víctimas del franquismo y «estabilidad del orden democrático»

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El empeño de las asociaciones de derechos humanos ha logrado hacer llegar a las Naciones Unidas la queja de las víctimas del franquismo por el olvido y el abandono en que se hallan a causa del mal gobierno y de la mala justicia españolas. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha ido recabando información y, finalmente, ha elaborado dos importantes informes a cargo de Pablo de Greif y de Ariel Dulitzky, que han sido expuestos en la sesión del día 10 de septiembre de 2014.

Los dos informes son contundentes. Ordenan al gobierno español fijar medidas concretas para atender a las víctimas, en particular para ayudar a esclarecer la verdad y para buscar y desenterrar a las decenas de miles de personas asesinadas que aún permanecen ocultas, a parte de otras recomendaciones específicas, como la que hacen acerca del Valle de Los Caídos.

Valoremos lo que la mera existencia de estos informes significa. Primero, dan fin al tiempo del negacionismo y del olvido. Las palabras con las que el todavía diputado europeo del PP, Luis de Grandes, respondió a Gaspar Llamazares el día 26 de noviembre de 2003, diciendo que la propuesta de Izquierda Unida sobre las víctimas del franquismo olía a naftalina, han sido condenadas definitivamente y en sede internacional. Además, se ha terminado la discusión sobre la definición del franquismo: es un régimen responsable de un crimen contra la humanidad y punto. Esto ya lo dijo el Supremo en la sentencia absolutoria de Garzón, pero ahora lo han refrendado las Naciones Unidas. En la práctica, casi no es nada, porque todo sigue igual en España y los historiadores revisionistas siguen existiendo, pero, al mismo tiempo, es mucho, porque ya no es necesario seguir discutiendo con negacionistas y beneficiarios del régimen, pudiendo dedicarnos a otras cosas. (Todo esto lo había escrito yo en el libro que cito al margen de este blog y que regalo, pero una sola palabra del Supremo o de Naciones Unidas vale más que todos mis razonamientos).

La representante de España en Naciones Unidas, Ana María Menéndez, se ha defendido de lo expuesto en los informes con argumentos carentes de todo valor, porque esgrimen precisamente como defensa lo que los informes establecen como falta. Uno de los argumentos ha sido reclamar la amnistía postfranquista y particularmente la Ley de 1977 para afirmar que la sociedad española se reconcilió mediante la “renuncia a la justicia penal”, pero es justamente ese reconocimiento lo que el informe denuncia desde la perspectiva de la justicia universal. Hay otro argumento, en este caso de carácter político, carente igualmente de fuerza argumental: la reivindicación de “la consolidación de la democracia” como moneda de cambio aceptada por la sociedad española para olvidarse de la Dictadura. El problema es que este argumento político, válido durante el régimen de la Transición, ha caducado. Ya no vale, porque la espada de Damocles ya no pende sobre nuestras cabezas como en 1978, obligándonos a comulgar con ruedas de molino. Ni la Iglesia, con sus penas de infierno, ni el ejército, con sus pistolas, son una autoridad para lograr que la sociedad camine por la senda que marca el Partido Popular.

Lo verdaderamente cínico, sin embargo, ha sido el recurso a la Ley de Memoria Histórica, que ha utilizado Ana María Menéndez para justificar que España ha hecho algo en atención a las víctimas. No es el momento de analizar la Ley, tampoco de la amortización de la misma que ha hecho este gobierno, pero sí de proclamar la desvergüenza de un Partido Popular que combatió sin límites aquella Ley y prometió derogarla tan pronto como llegase al poder, al que vemos ahora invocar esa misma Ley para justificar su gestión al frente del gobierno del Estado. ¡Qué bueno es que “dios nos conserve la vista” y el recuerdo del pasado! Bendita sea la memoria que nos permite poder afirmar que el Partido Popular es un impostor y que no nos representa ante Naciones Unidas.

Aún le quedaba a este partido un recurso en las Cortes españolas para incrementar su oprobio, el recurso a la equidistancia de las víctimas, lo que Primo Levi, superviviente de Auschwitz, calificó de enfermedad moral. Y se lo hemos oído formular al mismísimo ministro de Justicia: «Este Gobierno nunca se sentirá tranquilo mientras exista una persona enterrada en una cuneta, da igual de qué bando sea en la guerra más incivil de las guerras que es la Guerra Civil, y sus familiares demanden su localización y entierro». No, señor Gallardón, no hablamos de todas las víctimas. Sólo de las olvidadas, de las desaparecidas, de las que permanecen ocultas en fosas, de las no reparadas, de las que no han conocido la justicia. Esas sólo son unas, aunque sumen ciento cincuenta mil, son las víctimas del franquismo.

Cuando el relator especial de naciones Unidas, Pablo de Greif, se entrevistó con los ministros del gobierno, se sorprendió, según relata Natalia Junquera en El País, del argumentario que repetían uno tras otro: “O concluimos que ya estamos totalmente reconciliados, o la única alternativa es el resurgir de odios subyacentes, lo cual implicaría un riesgo demasiado alto”. Dejemos aun lado la amenaza velada que esas palabras encierran, pero el argumento no sólo puede sorprender, sino que debe indignar.

Primero, las víctimas tienen todo el derecho a odiar a sus verdugos, incluso es conveniente que conserven ese odio para poder subsistir, como dice la psiquiatría. Lo que las víctimas no pueden hacer es cometer cualquier acto delictivo relacionado con ese odio. Pero ¿alguien puede nombrar un solo delito cometido por las víctimas del franquismo después de la muerte del dictador? Por el contrario, podemos enumerar decenas de actos, que en cualquier país democrático serían considerados delitos, realizados por los verdugos o sus seguidores. Cito de memoria: la profanación de las fosas de víctimas franquistas en Poyales del Hoyo, Ávila; los agravios del alcalde de Granada sobre la Tapia del Cementerio de San José; las bárbaras declaraciones del alcalde de Baralla, en Lugo; las ofensas directas emitidas por el coportavoz del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando; el doble atentado contra el monumento memorialista que la ARMH-VA tiene levantado en los Montes Torozos. Salvo para fiscalía y tribunales españoles, estos actos y decenas de otros similares que se suceden en pueblos y ciudades de España, serían actos relacionados con “delitos contra la humanidad”, como razona el punto QUINTO de la Sentencia 102/2012 de la Sala de lo Penal del tribunal Supremo, que absuelve a Baltasar Garzón de la denuncia por prevaricación.

No son, por lo tanto, las víctimas del franquismo, olvidadas y no reparadas, las que ponen en riesgo “la estabilidad del orden democrático”, sino el Partido Popular, que se resiste a aceptar los mandatos de Naciones Unidas y que ampara a sus militantes en las exhibiciones franquistas que se suceden a diario. Eso sí es un riesgo para el orden democrático.

Marcelino Flórez

Política

El sistema autoritario se reafirma

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El gobierno del Partido Popular continúa construyendo un sistema político autoritario en España. No importa que los tribunales vayan, poco a poco, desautorizando sus actuaciones policiales o las insólitas desamortizaciones de los bienes sociales públicos, porque el gobierno dispone de un instrumento extraordinario y lo usa de forma consciente: la mayoría absoluta parlamentaria. Lo acaba de certificar su portavoz en Las Cortes, Alfonso Alonso.

Después de utilizar el decreto-ley como un instrumento para evitar el debate legislativo, ahora ha puesto en práctica el desmantelamiento de la otra función constitucional que le corresponde al legislativo, el control del gobierno. Recodemos que el presidente del gobierno sólo acudió al Parlamento (para dar cuenta de un asunto de corrupción que le atañe directamente y que avergüenza, incluso, a algunos votantes del partido) después de haber recibido la amenaza de una moción de censura. ¡Y lo hizo el día 1 de agosto, día universal de las vacaciones! Esto no es más que el inicio de la destrucción de la función de control del ejecutivo que, comenzando por el propio presidente de Las Cortes, está aplicando el gobierno por medio de un uso no constitucional de la mayoría parlamentaria. La oposición se verá obligada a recurrir por vía jurídica esas malas prácticas, pero cuando los jueces les den la razón, el autoritarismo habrá obtenido ya el éxito buscado, que en este momento es la ocultación de los delitos de corrupción que presuntamente afectan al partido que sustenta al gobierno.

El poder ejecutivo actúa en la misma dirección autoritaria. Uno de los últimos ejemplos fue la publicación de los datos del paro del mes de agosto. Este dato, que forma parte del patrimonio público común y que corresponde la función pública de las instituciones difundir, fue privatizado por el Partido Popular y lo dio a conocer su Secretaria General. Es uno de los últimos ejemplos de la apropiación indebida del patrimonio común y del uso clientelar del poder, después de que hubiese chuleado de lo mismo el ministro Montoro con datos privados relativos a los actores cinematográficos o a la prensa libre; y la ministra de Trabajo, difundiendo datos privadísimos sobre regulación del empleo en un sindicato. Las personas que han actuado así continúan en sus puestos.

Conservábamos alguna esperanza con el poder judicial, a pesar de las intromisiones que habíamos conocido, pero la sostenida presencia de Francisco Pérez de los Cobos en la presidencia del Tribunal Constitucional nos arrebata la última esperanza. El control de los máximos órganos del poder judicial deja todo el poder en manos del autoritarismo. Por eso, hay que dar la razón a la juventud que grita en las calles “lo llaman democracia y no lo es”.

Perfecciona este sistema autoritario la utilización de la propaganda como sustituto de la información. Y en esto comienzan a dar sus frutos las concesiones de medios informativos a la propia clientela que hizo, sobre todo, el gobierno de Esperanza Aguirre en Madrid. Acabamos de saber, además, que continúa subvencionándose a esos medios a través de la contratación de anuncios, como ha hecho la ministra de Sanidad con la reciente campaña sobre violencia de género. Como ya sabía Goebbels y han practicado todos los dictadores, una mentira repetida muchas veces llega a parecer una verdad. Los halagos que la prensa cautiva proporciona diariamente, aun siendo tan empalagosos como son, sirven para justificar la mala conciencia de los votantes autoritarios. (Debemos observar que estos votantes no son unos “tontos de los cojones”, como dijo uno de los alcaldes más votados de todas las épocas; “salvo algunos casos”, añadiría yo, parafraseando al presidente del gobierno).

Así se cierra el círculo del autoritarismo, que tiene su base en el voto democrático: son los votantes los que lo sostienen. Ellos lo saben y ya ni se avergüenzan de pregonarlo a todos los vientos: recordad a Camps en Valencia, absuelto en todas las instancias con los votos populares.

Estamos, pues, en un sistema autoritario, que sólo puede combatirse con los votos (aparte de la ley). Eso no justifica nada, pero debería servir para facilitar la reacción de los partidos democráticos, que, de paso, tendrían que aprender a analizar correctamente la realidad, a dotar de coherencia a sus ideas con su práctica y a generar la confianza de los electores. Privar del voto al Partido Popular por medio de la crítica es la primera tarea. La segunda, más difícil, es generar la confianza de los electores y, para ello, además de coherencia demostrada, hacen falta propuestas creíbles.

Marcelino Flórez

 

Política

Franquismo y Partido Popular

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Si por algo son importantes los gestos y las actitudes de los líderes sociales, religiosos o políticos es porque constituyen modelos de comportamiento, que son seguidos por los grupos de pertenencia. Si un obispo o toda la Conferencia Episcopal, por ejemplo, hablan permanentemente de aborto o de divorcio, condenándolos, y nunca hablan de la corrupción económica o política, los seguidores estarán a gusto con su conciencia moral siempre que no aborten o se divorcien, sin tener ningún remordimiento por no pagar el IVA o, incluso, por robar a manos llenas cuando se presenta la ocasión. Los gestos y las actitudes de los líderes establecen criterios de moralidad. Esto vale, sobre todo, para las sentencias de los jueces, como hemos dicho repetidamente, pero es aplicable con mucha propiedad a los dirigentes políticos y sociales.

Hoy nos interesa el caso de los líderes políticos, concretamente el Partido Popular y los gestos y actitudes que han proliferado en los últimos meses relacionados con el franquismo, especialmente entre las jóvenes “generaciones”. El asunto ha adquirido tal importancia este verano, que ha merecido todo un reportaje en el diario El País del domingo 25 de agosto, además de muchas noticias y opiniones en la prensa que no forma parte de la caverna.

Los jóvenes valencianos o vallisoletanos que saludan al modo fascista pueden hacer eso porque tienen la autorización moral del partido. Y tienen esa autorización, porque el Partido Popular nunca ha condenado el franquismo ni en términos generales ni en términos concretos. No condenó la barbaridad del alcalde Poyales del Hoyo que profanó una fosa de víctimas del franquismo el pasado verano (ver: https://marcelinoflorez.wordpress.com/2011/08/05/la-profanacion-de-la-fosa/), ni ha condenado la bárbara y reafirmada locución del alcalde Baralla justificando los asesinatos de los golpistas de 1936 (ver: https://marcelinoflorez.wordpress.com/2013/08/06/del-valle-de-los-caidos-a-baralla/). De modo que los jóvenes franquistas del Partido Popular pueden levantar la mano impunemente, porque gozan de la autorización moral del partido; en este caso, avalada casi por los jueces supremos en su rocambolesco tratamiento del “caso Garzón”.

Nada de lo que está ocurriendo me produce extrañeza, sólo me crea indignación, porque es el resultado lógico de los fundamentos de un partido formado por ministros de Franco, que no ha renunciado a su origen y que ha fortalecido sus fundamentos ideológicos con el aval del voto popular. Este es el único argumento que le queda al partido, el voto popular. La proliferación de gestos y actitudes fascistas de las últimas semanas tiene, no obstante, una virtud: expone ante la opinión pública lo que de ordinario se mantiene oculto. Ocurre, sin embargo, que en esta ocasión la derecha española, aglutinada en el Partido Popular, no está pasando el mejor momento en su imagen pública. Por esta y por ninguna otra razón es por lo que la derecha ha notado, por primera vez desde la muerte de Franco, alguna intranquilidad con la apología del franquismo.

Pero estamos muy lejos del reconocimiento de que el franquismo constituye un crimen contra la humanidad, como ha razonado el propio Tribunal Supremo en la sentencia absolutoria de Garzón. Por lo pronto, el portavoz del Partido Popular en Valencia, un tal Maluenda, ha vuelto a calificar los gestos fascistas de actos de juventud, esa forma paternalista de avalar las travesuras de los retoños de papá, y ha introducido una pretendida equidistancia entre banderas pretéritas, la republicana y la franquista. Sólo que aquí la equidistancia no la admite nadie, salvo los que equiparan fascismo y democracia, como parece ser el caso del tal Maluenda. El problema es que éstos son los que nos gobiernan y su aval del franquismo sólo terminará cuando pierdan el único argumento que conservan, los votos, por lo que habrá que empezar a hablar con los vecinos, si vienen a casa a pedir sal un domingo.

Marcelino Flórez

 

Memoria de las víctimas,Política

Del Valle de los Caídos a Baralla

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El alcalde de Baralla (Lugo) ha formulado en un pleno del Ayuntamiento el día 26 de julio de 2013 el siguiente pensamiento: “Los que fueron condenados a muerte será porque lo merecían”. Se refería a los crímenes del franquismo. Lo dijo en el contexto de una condena de la violencia política practicada por Resistencia Galega, cuando los socialistas le pidieron la misma sensibilidad para condenar la violencia política de la dictadura franquista. Si alguien condena la violencia política de los que no piensan como él, pero no condena la violencia política de los que piensan como él, nos hallamos ante un hipócrita. Sólo por eso, en la vida política debería ser una persona despreciable y debería ser relegada de toda participación en la política democrática. Pero este caso es mucho más que una hipocresía.

El día 30 de noviembre de 2008, Gabriel Jackson escribió esta opinión en El País: : “Lo que ocurre en España, una parte importante del problema, es que la sociedad española en su conjunto no ha juzgado la dictadura de Franco como régimen criminal, en el mismo sentido en que Alemania condenó el régimen nazi, Suráfrica condenó el apartheid y Estados Unidos condenó la esclavitud y el siglo de segregación que siguió al fin de la esclavitud”. Baralla, en Lugo, es una prueba de la certeza de ese pensamiento. Y es mucho más, porque desde 2008 ha continuado ampliándose la verdad sobre los crímenes del franquismo y ahora sabemos no sólo que fueron muchísimos y gravísimos, sino que han recibido en sede judicial el calificativo de crímenes contra la humanidad. Así lo formuló el auto del juez Garzón de 16 de octubre de 2008 y así lo corroboró la sentencia 102/2012 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que absolvía a dicho juez de prevaricación, donde, en el razonamiento QUINTO escribe: “Los hechos anteriormente descritos, desde la perspectiva de las denuncias formuladas, son de acuerdo a las normas actualmente vigentes, delitos contra la humanidad en la medida en que las personas fallecidas y desaparecidas lo fueron a consecuencia de una acción sistemática dirigida a su eliminación como enemigo político”. Esta es la razón, además, por la que la justicia internacional ha abierto una causa contra alguno de esos crímenes en Argentina.

Por eso, lo que acaba de decir el alcalde Baralla un año después de aquella sentencia no sólo es un desprecio a las víctimas, es mucho más. Nos hallamos ante el intento de encubrimiento, si no fuese una apología de un crimen contra la humanidad. Y no estamos hablando de opiniones que necesiten consenso, como pretende el gobierno a propósito de sus despropósitos con el Valle de los Caídos, ni siquiera de opiniones fundamentadas científicamente por la historiografía, estamos hablando de una verdad establecida en la jurisprudencia.

Pero el alcalde de Baralla tiene 8 concejales, de los 11 que forman el Ayuntamiento. Y son esos votantes de Baralla a los que señala Jackson por no haber “juzgado la dictadura de Franco como régimen criminal”. Tienen a su favor no sólo que hay mucha más gente como ellos en España, sino que el mismísimo gobierno está anclado en esa tesis, como acaba de entreverse en el enésimo conflicto habido estos mismos días con el Valle de los Caídos. Al mismo tiempo que no da un duro para abrir fosas ya localizadas de personas desaparecidas, el gobierno gasta 286.845 euros en arreglar el Valle de los Caídos y se mofa de no cumplir la Ley de Memoria Histórica con el indecente argumento de “no reabrir heridas innecesarias”.

El problema es que esa reclamación de olvido ha servido como argumento hasta ayer, pero hoy ya no vale, porque hemos descubierto que existen las víctimas y hemos decidido mantener su recuerdo, para que no desaparezca el crimen con la impunidad de los asesinos. Hemos vuelto a leer a Walter Benjamin y hemos cargado sobre nuestras conciencias el deber para con las víctimas olvidadas. Lo que la gente suele llamar memoria histórica, o sea, la rememoración de las víctimas ha llegado para quedarse. Por eso, pronto o tarde, el alcalde de Baralla tendrá que irse de la vida política democrática, acompañado de todos sus partidarios. Se van acumulando argumentos que prueban la ilegitimidad del Partido Popular, pero la falta de condena del crimen contra la humanidad que fue el franquismo supera todo razonamiento imaginable. El Valle de los Caídos y el alcalde de Baralla representan mucho más que una indecencia. Son el peligro de la humanidad.

Marcelino Flórez

 

Memoria de las víctimas,Política

Condenar el franquismo

Condenar el franquismo

La propuesta de Izquierda Plural para declarar el 18 de julio “como día oficial de condena de la dictadura franquista”, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el día 27 de julio de 2012 y debatida el día 21 de mayo de 2013 en el Congreso de los Diputados, deja mucho que desear en sus planteamientos, pero ejerce perfectamente la provocación de los simpatizantes del franquismo.

El interés del debate de este martes, 21 de mayo de 2013, no está en la propuesta, sino en las respuestas del PP y de UPyD. Ambos coincidieron en reclamar el olvido del franquismo: “echarle doble llave” a la tumba de Franco, recomendó Gómez de la Serna desde el PP, y regresar a la amnistía de 1977, reclamó Carlos Gorriarán, de UPyD, citando palabras textuales de Marcelino Camacho. Por supuesto, ambos manifestaron distanciamiento del franquismo, si no condena, pero lo querían olvidar para no “condenar a las nuevas generaciones (sic, aunque con minúscula) al peso insoportable de la Guerra Civil”, como dijo el portavoz del PP.

Los dos partidos de la derecha utilizaron también el argumento de la equidistancia de las víctimas para oponerse a la proposición. Lo hizo de forma retórica el popular –“Yo no voy a hablar de los 100 millones de muertos que dejó su ideología, no lo voy a hacer”- y de forma directa Gorriarán –“el estalinismo fue un régimen genocida (…) que también provocó víctimas en España durante la propia guerra civil”-. Zanjemos esta cuestión de la equidistancia de las víctimas de forma inmediata: es una perversión moral, como dejó dicho Primo Levi, porque pretende identificar a víctimas con verdugos para garantizar así la impunidad de los asesinos. Punto y aparte. Si hay que tratar de las víctimas ocasionadas por los distintos grupos republicanos, que se trate en el departamento correspondiente, pero sin mezclar. A que está de acuerdo Carlos Gorriarán en que se trate aparte a las víctimas vascas de torturas o del GAL, sin mezclarlas con las víctimas de ETA. Pues claro, son cosas distintas. Mezclarlas sólo busca la impunidad de los asesinos y quien actúa así se está denunciando a sí mismo. Eso es lo que ha hecho tanto el PP, como la UPyD.

Volvamos al olvido, a la reclamación del olvido de 1977 en la fecha actual, 21 de mayo de 2013. A diferencia de la amnistía de 1977, hoy no es posible el olvido, porque hay un hecho epistemológico nuevo, un hecho que no existía en la conciencia española en 1977. Ese hecho es la memoria de las víctimas, la presencia rememorada de las víctimas. El día 14 de febrero de 1996, cuando un asesino de ETA terminó con la vida de Francisco Tomás y Valiente y los estudiantes madrileños se atrevieron a salir a la calle con las manos pintadas de blanco en señal de la inocencia de la víctima, ese día las víctimas se hicieron presentes para siempre. Las del franquismo tomaron la calle el 20 de noviembre del año 2000, cuando la revista Interviú difundió la noticia de la exhumación de los trece de Priaranza, que había llevado a cabo Emilio Silva, nieto de uno de ellos, y que había creado la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Y las víctimas han llegado para quedarse. Por eso, ya no es posible el olvido. Esto es lo que no ha entendido la derecha española (y una parte de los nacionalistas vascos).

La derecha tiene un problema añadido. No puede desligarse del olvido porque es heredera del franquismo. El partido dominante nació en los ministerios de la Dictadura franquista y no ha reconocido nunca su origen, aunque tampoco haya renunciado al mismo. Renunciar no puede, porque el sustrato en que se apoya sigue allí anclado: tanto los católicos oficialistas, como los otros poderes fácticos, especialmente los económicos, son la base organizativa y electoral del partido y su supervivencia está ligada a esos grupos. Pero la realidad es muy tozuda y, si seguimos “pendientes del franquismo 80 años después”, es porque “ni siquiera la transición entre dictadura y constitución ha servido para superar la posguerra cuyo prefijo nunca ha regido del todo al sustantivo”, en palabras de Bartolomé Clavero en un último libro autobiográfico, cuya reseña os prometo para muy pronto. El debate de este martes de mayo lo ha vuelto a certificar.

Marcelino Flórez