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Política

Mayoría silenciosa

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El mantra de esta legislatura para conjurar las movilizaciones sociales es la mayoría silenciosa. La Vicepresidenta acaba de conjurar la enorme cadena humana catalana con esa cantinela y es que, efectivamente, eran más los catalanes que no unieron sus manos a la cadena. Lo que no sabemos es si se quedaron en casa o tenían otras cosas que hacer, si estaban hospitalizados o de viaje, y tampoco sabemos lo que pensaban. La Vicepresidenta se los apunta a su causa y a callar.

Antes de la Vicepresidenta ya había recurrido al mantra el Ministro del Interior para desviar la atención de las grandes mareas sectoriales que recorren España cada pocos días y de las grandes manifestaciones unitarias del año 2012. Pero, sobre todo, había utilizado ese recurso la lideresa madrileña con motivo de la última marcha a Madrid de los mineros de España. En este caso, Esperanza Aguirre hizo gala de toda su malicia, mofándose de los manifestantes, e hizo gala de una soberbia y chulería sólo alcance del enorme poder que ella misma y su partido disfrutaban y disfrutan.

Además del desprecio a la ciudadanía que se manifiesta (el ministro peor valorado del gobierno ha calificado las manifestaciones de la enseñanza como “fiestas de cumpleaños”, escolares se entiende), además de la exhibición de poder y del mensaje de que ese poder se usa según el libre albedrío de quien lo ostenta, el mantra de la mayoría silenciosa dispone de un argumento irrebatible: donde mejor se constata quién representa a esa mayoría silenciosa es en el voto. Y es aquí donde hay que callar. Cuando la lideresa se rio abiertamente de los mineros españoles, argumentó que para conseguir un solo concejal en Madrid se necesitaban diez veces más de votos que los que sumaban todos los manifestantes pro mineros en aquellos momentos. Ni los enérgicos trabajadores de la mina tuvieron una palabra para responder a esa bien ganada soberbia.

Hay que escoger, por lo tanto, entre el voto o la humillación o la revolución. Como por la revolución hace mucho que no estamos, sólo nos queda la humillación, después de haber renunciado al voto, facilitando esa mayoría absoluta que ahora se nos restriega por el rostro con el mantra de la mayoría silenciosa. Recuerdo las elucubraciones de mucha gente simpatizante de las movilizaciones del 15-M acerca del voto y recuerdo mi incapacidad para hacer comprender el error en el que se navegaba. Ahora, demasiado tarde, la realidad viene en mi auxilio y espero que aquella gente logre ver lo que yo no supe explicar.

En el caso de Cataluña, sin embargo, hay una trampa. Es casi seguro que el Partido Popular perderá, si no todos, la mayoría de los ya escasos votos con que allí cuenta, pues la derecha tiene otros partidos, catalanistas y no, donde poner su confianza y su voto. Pero en el resto de España es más difícil, no sólo porque la derecha no tiene a dónde ir, si le privan de su partido único, sino porque el anticatalanismo tiene muchos adeptos. Podría darse la paradoja de que el Partido Popular, al tiempo que desgaja irremediablemente a Cataluña del resto de España, recuperase intención de voto entre los nacionalistas españoles. Por eso, tenemos que ser constantes para recordar el autoritarismo con el que nos gobiernan y su instrumento propagandístico, del que forma parte el mantra de la mayoría silenciosa, un eslogan que ni Goebbels habría imaginado en sus mejores tiempos.

Marcelino Flórez

 

Política

El sistema autoritario se reafirma

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El gobierno del Partido Popular continúa construyendo un sistema político autoritario en España. No importa que los tribunales vayan, poco a poco, desautorizando sus actuaciones policiales o las insólitas desamortizaciones de los bienes sociales públicos, porque el gobierno dispone de un instrumento extraordinario y lo usa de forma consciente: la mayoría absoluta parlamentaria. Lo acaba de certificar su portavoz en Las Cortes, Alfonso Alonso.

Después de utilizar el decreto-ley como un instrumento para evitar el debate legislativo, ahora ha puesto en práctica el desmantelamiento de la otra función constitucional que le corresponde al legislativo, el control del gobierno. Recodemos que el presidente del gobierno sólo acudió al Parlamento (para dar cuenta de un asunto de corrupción que le atañe directamente y que avergüenza, incluso, a algunos votantes del partido) después de haber recibido la amenaza de una moción de censura. ¡Y lo hizo el día 1 de agosto, día universal de las vacaciones! Esto no es más que el inicio de la destrucción de la función de control del ejecutivo que, comenzando por el propio presidente de Las Cortes, está aplicando el gobierno por medio de un uso no constitucional de la mayoría parlamentaria. La oposición se verá obligada a recurrir por vía jurídica esas malas prácticas, pero cuando los jueces les den la razón, el autoritarismo habrá obtenido ya el éxito buscado, que en este momento es la ocultación de los delitos de corrupción que presuntamente afectan al partido que sustenta al gobierno.

El poder ejecutivo actúa en la misma dirección autoritaria. Uno de los últimos ejemplos fue la publicación de los datos del paro del mes de agosto. Este dato, que forma parte del patrimonio público común y que corresponde la función pública de las instituciones difundir, fue privatizado por el Partido Popular y lo dio a conocer su Secretaria General. Es uno de los últimos ejemplos de la apropiación indebida del patrimonio común y del uso clientelar del poder, después de que hubiese chuleado de lo mismo el ministro Montoro con datos privados relativos a los actores cinematográficos o a la prensa libre; y la ministra de Trabajo, difundiendo datos privadísimos sobre regulación del empleo en un sindicato. Las personas que han actuado así continúan en sus puestos.

Conservábamos alguna esperanza con el poder judicial, a pesar de las intromisiones que habíamos conocido, pero la sostenida presencia de Francisco Pérez de los Cobos en la presidencia del Tribunal Constitucional nos arrebata la última esperanza. El control de los máximos órganos del poder judicial deja todo el poder en manos del autoritarismo. Por eso, hay que dar la razón a la juventud que grita en las calles “lo llaman democracia y no lo es”.

Perfecciona este sistema autoritario la utilización de la propaganda como sustituto de la información. Y en esto comienzan a dar sus frutos las concesiones de medios informativos a la propia clientela que hizo, sobre todo, el gobierno de Esperanza Aguirre en Madrid. Acabamos de saber, además, que continúa subvencionándose a esos medios a través de la contratación de anuncios, como ha hecho la ministra de Sanidad con la reciente campaña sobre violencia de género. Como ya sabía Goebbels y han practicado todos los dictadores, una mentira repetida muchas veces llega a parecer una verdad. Los halagos que la prensa cautiva proporciona diariamente, aun siendo tan empalagosos como son, sirven para justificar la mala conciencia de los votantes autoritarios. (Debemos observar que estos votantes no son unos “tontos de los cojones”, como dijo uno de los alcaldes más votados de todas las épocas; “salvo algunos casos”, añadiría yo, parafraseando al presidente del gobierno).

Así se cierra el círculo del autoritarismo, que tiene su base en el voto democrático: son los votantes los que lo sostienen. Ellos lo saben y ya ni se avergüenzan de pregonarlo a todos los vientos: recordad a Camps en Valencia, absuelto en todas las instancias con los votos populares.

Estamos, pues, en un sistema autoritario, que sólo puede combatirse con los votos (aparte de la ley). Eso no justifica nada, pero debería servir para facilitar la reacción de los partidos democráticos, que, de paso, tendrían que aprender a analizar correctamente la realidad, a dotar de coherencia a sus ideas con su práctica y a generar la confianza de los electores. Privar del voto al Partido Popular por medio de la crítica es la primera tarea. La segunda, más difícil, es generar la confianza de los electores y, para ello, además de coherencia demostrada, hacen falta propuestas creíbles.

Marcelino Flórez

 

Política

Franquismo y Partido Popular

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Si por algo son importantes los gestos y las actitudes de los líderes sociales, religiosos o políticos es porque constituyen modelos de comportamiento, que son seguidos por los grupos de pertenencia. Si un obispo o toda la Conferencia Episcopal, por ejemplo, hablan permanentemente de aborto o de divorcio, condenándolos, y nunca hablan de la corrupción económica o política, los seguidores estarán a gusto con su conciencia moral siempre que no aborten o se divorcien, sin tener ningún remordimiento por no pagar el IVA o, incluso, por robar a manos llenas cuando se presenta la ocasión. Los gestos y las actitudes de los líderes establecen criterios de moralidad. Esto vale, sobre todo, para las sentencias de los jueces, como hemos dicho repetidamente, pero es aplicable con mucha propiedad a los dirigentes políticos y sociales.

Hoy nos interesa el caso de los líderes políticos, concretamente el Partido Popular y los gestos y actitudes que han proliferado en los últimos meses relacionados con el franquismo, especialmente entre las jóvenes “generaciones”. El asunto ha adquirido tal importancia este verano, que ha merecido todo un reportaje en el diario El País del domingo 25 de agosto, además de muchas noticias y opiniones en la prensa que no forma parte de la caverna.

Los jóvenes valencianos o vallisoletanos que saludan al modo fascista pueden hacer eso porque tienen la autorización moral del partido. Y tienen esa autorización, porque el Partido Popular nunca ha condenado el franquismo ni en términos generales ni en términos concretos. No condenó la barbaridad del alcalde Poyales del Hoyo que profanó una fosa de víctimas del franquismo el pasado verano (ver: https://marcelinoflorez.wordpress.com/2011/08/05/la-profanacion-de-la-fosa/), ni ha condenado la bárbara y reafirmada locución del alcalde Baralla justificando los asesinatos de los golpistas de 1936 (ver: https://marcelinoflorez.wordpress.com/2013/08/06/del-valle-de-los-caidos-a-baralla/). De modo que los jóvenes franquistas del Partido Popular pueden levantar la mano impunemente, porque gozan de la autorización moral del partido; en este caso, avalada casi por los jueces supremos en su rocambolesco tratamiento del “caso Garzón”.

Nada de lo que está ocurriendo me produce extrañeza, sólo me crea indignación, porque es el resultado lógico de los fundamentos de un partido formado por ministros de Franco, que no ha renunciado a su origen y que ha fortalecido sus fundamentos ideológicos con el aval del voto popular. Este es el único argumento que le queda al partido, el voto popular. La proliferación de gestos y actitudes fascistas de las últimas semanas tiene, no obstante, una virtud: expone ante la opinión pública lo que de ordinario se mantiene oculto. Ocurre, sin embargo, que en esta ocasión la derecha española, aglutinada en el Partido Popular, no está pasando el mejor momento en su imagen pública. Por esta y por ninguna otra razón es por lo que la derecha ha notado, por primera vez desde la muerte de Franco, alguna intranquilidad con la apología del franquismo.

Pero estamos muy lejos del reconocimiento de que el franquismo constituye un crimen contra la humanidad, como ha razonado el propio Tribunal Supremo en la sentencia absolutoria de Garzón. Por lo pronto, el portavoz del Partido Popular en Valencia, un tal Maluenda, ha vuelto a calificar los gestos fascistas de actos de juventud, esa forma paternalista de avalar las travesuras de los retoños de papá, y ha introducido una pretendida equidistancia entre banderas pretéritas, la republicana y la franquista. Sólo que aquí la equidistancia no la admite nadie, salvo los que equiparan fascismo y democracia, como parece ser el caso del tal Maluenda. El problema es que éstos son los que nos gobiernan y su aval del franquismo sólo terminará cuando pierdan el único argumento que conservan, los votos, por lo que habrá que empezar a hablar con los vecinos, si vienen a casa a pedir sal un domingo.

Marcelino Flórez

 

Memoria de las víctimas,Política

Del Valle de los Caídos a Baralla

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El alcalde de Baralla (Lugo) ha formulado en un pleno del Ayuntamiento el día 26 de julio de 2013 el siguiente pensamiento: “Los que fueron condenados a muerte será porque lo merecían”. Se refería a los crímenes del franquismo. Lo dijo en el contexto de una condena de la violencia política practicada por Resistencia Galega, cuando los socialistas le pidieron la misma sensibilidad para condenar la violencia política de la dictadura franquista. Si alguien condena la violencia política de los que no piensan como él, pero no condena la violencia política de los que piensan como él, nos hallamos ante un hipócrita. Sólo por eso, en la vida política debería ser una persona despreciable y debería ser relegada de toda participación en la política democrática. Pero este caso es mucho más que una hipocresía.

El día 30 de noviembre de 2008, Gabriel Jackson escribió esta opinión en El País: : “Lo que ocurre en España, una parte importante del problema, es que la sociedad española en su conjunto no ha juzgado la dictadura de Franco como régimen criminal, en el mismo sentido en que Alemania condenó el régimen nazi, Suráfrica condenó el apartheid y Estados Unidos condenó la esclavitud y el siglo de segregación que siguió al fin de la esclavitud”. Baralla, en Lugo, es una prueba de la certeza de ese pensamiento. Y es mucho más, porque desde 2008 ha continuado ampliándose la verdad sobre los crímenes del franquismo y ahora sabemos no sólo que fueron muchísimos y gravísimos, sino que han recibido en sede judicial el calificativo de crímenes contra la humanidad. Así lo formuló el auto del juez Garzón de 16 de octubre de 2008 y así lo corroboró la sentencia 102/2012 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que absolvía a dicho juez de prevaricación, donde, en el razonamiento QUINTO escribe: “Los hechos anteriormente descritos, desde la perspectiva de las denuncias formuladas, son de acuerdo a las normas actualmente vigentes, delitos contra la humanidad en la medida en que las personas fallecidas y desaparecidas lo fueron a consecuencia de una acción sistemática dirigida a su eliminación como enemigo político”. Esta es la razón, además, por la que la justicia internacional ha abierto una causa contra alguno de esos crímenes en Argentina.

Por eso, lo que acaba de decir el alcalde Baralla un año después de aquella sentencia no sólo es un desprecio a las víctimas, es mucho más. Nos hallamos ante el intento de encubrimiento, si no fuese una apología de un crimen contra la humanidad. Y no estamos hablando de opiniones que necesiten consenso, como pretende el gobierno a propósito de sus despropósitos con el Valle de los Caídos, ni siquiera de opiniones fundamentadas científicamente por la historiografía, estamos hablando de una verdad establecida en la jurisprudencia.

Pero el alcalde de Baralla tiene 8 concejales, de los 11 que forman el Ayuntamiento. Y son esos votantes de Baralla a los que señala Jackson por no haber “juzgado la dictadura de Franco como régimen criminal”. Tienen a su favor no sólo que hay mucha más gente como ellos en España, sino que el mismísimo gobierno está anclado en esa tesis, como acaba de entreverse en el enésimo conflicto habido estos mismos días con el Valle de los Caídos. Al mismo tiempo que no da un duro para abrir fosas ya localizadas de personas desaparecidas, el gobierno gasta 286.845 euros en arreglar el Valle de los Caídos y se mofa de no cumplir la Ley de Memoria Histórica con el indecente argumento de “no reabrir heridas innecesarias”.

El problema es que esa reclamación de olvido ha servido como argumento hasta ayer, pero hoy ya no vale, porque hemos descubierto que existen las víctimas y hemos decidido mantener su recuerdo, para que no desaparezca el crimen con la impunidad de los asesinos. Hemos vuelto a leer a Walter Benjamin y hemos cargado sobre nuestras conciencias el deber para con las víctimas olvidadas. Lo que la gente suele llamar memoria histórica, o sea, la rememoración de las víctimas ha llegado para quedarse. Por eso, pronto o tarde, el alcalde de Baralla tendrá que irse de la vida política democrática, acompañado de todos sus partidarios. Se van acumulando argumentos que prueban la ilegitimidad del Partido Popular, pero la falta de condena del crimen contra la humanidad que fue el franquismo supera todo razonamiento imaginable. El Valle de los Caídos y el alcalde de Baralla representan mucho más que una indecencia. Son el peligro de la humanidad.

Marcelino Flórez

 

Política

A vueltas con la unidad (de la izquierda)

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 Aunque Izquierda Unida hizo pública una propuesta de unidad en el periodo legislativo anterior, de lo que resultó la aparición de Izquierda Abierta y el apelativo de Izquierda Plural, ha sido hace unos meses cuando se ha suscitado una importante campaña unitaria desde los entornos de IU. En las últimas reuniones celebradas en ese contexto han aparecido algunas discrepancias a cerca del tipo de unidad que se persigue, si se trata de agrupar a diversas formaciones que se consideran izquierdistas en el seno de IU, ampliando esa nueva “casa común” o haciendo un “frente”, o bien se trata de unir a los diferentes para emprender una tarea política común.

Agruparse es una opción que, de hecho, va realizándose poco a poco por diversas vías, bien sea afiliándose a Izquierda Unida o a cualquiera de los partidos que la componen, bien sea colaborando en campañas electorales o en movilizaciones. Los resultados de esta agrupación ya se pueden analizar mediante los votos obtenidos en algunos procesos electorales, contabilizando las afiliaciones nuevas e, incluso, estudiando a través de encuestas la apreciación ciudadana que merecen la actividad y los dirigentes electos. Si alguien a estas alturas no ha optado por ese tipo de agrupación o suma de esfuerzos en la nueva “casa común”, no es por falta de conocimiento o de posibilidades.

Otra forma de unión que suscitan los impulsores de la actual campaña es aglutinar las diversas siglas de los partidos de izquierdas en un “frente”. Esto significa que los dirigentes de los partidos firman un pacto para acudir unidos a unas elecciones. Como dicen los militantes de base en las redes sociales y como es lógico, en ese “frente” a cada cual le corresponderá la parte que representa en cuanto a afiliación, a presencia institucional o a capacidades infraestructurales, pero es muy probable que tanto IU, como el PCE, aceptarán una solución mucho más generosa, donde la representación no dependa de cupos, sino que sean las asambleas de la afiliación del “frente” quienes decidan. Quizá haya mucha gente que quiera ensayar una vez más esta vía, pero estamos algunos que no queremos reproducir por enésima vez esta experiencia, aunque sólo fuese por la razón de que en esa vía unitaria son las estructuras de los partidos quienes conservan la capacidad última de decisión.

Existe, sin embargo, otra forma de ensayar la unidad, que parte de la aceptación de la diferencia y del mantenimiento de la misma. Se acepta que hay partidos diversos con proyectos distintos en la izquierda y se propone buscar algún elemento común para aglutinarse con vista a su consecución. Esta vía exige dejar las propias siglas en casa y precisar la misión: dotarse de un programa de gobierno e, incluso, de un proyecto a más largo plazo para participar en un proceso constituyente.

Pero esta vía exige, principalmente, un método. Hace falta debate público e igualitario, tanto en la plaza, como en la red; hacen falta referendos internos para las decisiones destacadas; hace falta una selección estrictamente democrática de las candidaturas. La última palabra en esta vía unitaria está en manos de la gente.

Esta unidad de la diferencia se hace necesaria más que por la confluencia en los objetivos, cosa que también podría lograrse en los parlamentos, por la necesidad de unir fuerzas a causa de la ley electoral vigente y, sobre todo, para aportar una imagen pública que logre movilizar a la sociedad desmovilizada. Sin duda, aquí hay una tarea. Mientras no se entienda que en esta tarea todo suma, no se habrá dado ni un paso; y lo primero que sobra en este proceso son los insultos, que tanto proliferan.

Los impulsores de la vigente campaña de unidad de la izquierda, sea con la “casa común”, sea con el “frente”, tienen puestos los ojos en las elecciones europeas y esto es lo que resulta altamente sorprendente por dos razones: porque en el Parlamento Europeo existen cuatro grupos organizados, dos de ellos (sin incluir a los socialistas) de la izquierda, en los cuales están insertadas todas las fuerzas políticas españolas; y porque EQUO, integrado en el Partido Verde Europeo, ya tiene convocadas elecciones primarias en toda Europa para designar a la candidata o al candidato que presida el próximo Parlamento Europeo.

Quienes insisten tanto en construir una agrupación unitaria para las elecciones europeas o desconocen la realidad política europea o tienen otras intenciones. Deberían hacerse explícitas las intenciones, que pueden ser muy buenas, como, por ejemplo, ir construyendo imagen de unidad en España, aunque no quiero ni pensar que esas intenciones ocultas puedan estar relacionadas con las estrategias de reagrupación electoral de las fuerzas ahora reunidas en los dos grupos parlamentarios europeos, cosa que está teniendo lugar en estos momentos precisamente. Por mi parte y por si tenía pocas razones, añado ésta a mi experiencia ya dilatada sobre la verdad y la mentira en lo que se refiere a la unidad de la izquierda.

Marcelino Flórez