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Política

Ruptura del consenso

La derecha española explicará algún día por qué eligió al Partido Popular para ser representada. Tuvo otras posibilidades, la UCD, “la operación Roca”, el CDS, pero eligió a la Alianza que formaron los exministros de Franco. Con la alianza iba su amplia base social, dicen las encuestas que unos cinco millones de españoles. Esa base social, cuyo signo de identificación más preciso es que sigue sin condenar a la Dictadura franquista, ha tomado el poder y actúa con una dosis programada de autoritarismo y de propaganda, gracias a lo cual ha conseguido la hegemonía ideológica en España.

Esta derecha española ha roto el consenso que se consiguió en 1977 con Los Pactos de la Moncloa y que se selló con la Constitución de 1978. Aquel acuerdo alcanzó al movimiento social, además de ser un acuerdo de las fuerzas políticas, y el resultado fue la construcción progresiva del Estado del Bienestar en España, cuyas bases esenciales fueron la sanidad, la educación, las pensiones y los servicios sociales públicos.

En educación se logró un equilibrio, que cedía ya mucho a la empresa privada, casi toda ella confesional católica, pero la práctica política lo ha desbaratado en toda regla, desequilibrando el sistema a favor del sector privado mediante el uso de un apotegma incalificable: la libertad de elección de centro por parte de los padres.

En sanidad viene practicando un proyecto oculto de financiación de la empresa privada, mediante el abandono de la inversión en hospitales públicos y el traspaso paralelo de enfermos a hospitales privados sólo en las tareas que exigen menos inversión y producen más beneficios inmediatos. En  esta labor la derecha española ha contado con una cierta parte del sector médico, que se beneficiaba de un doble trabajo en hospitales públicos y en empresas privadas.

En pensiones, aunque la derecha tiene firmado el Pacto de Toledo, el actual gobierno lo ha incumplido unilateralmente, presagiándose un futuro catastrófico en este marco tan delicado del Estado social. Los servicios sociales sencillamente están siendo eliminados de la financiación pública. Hace décadas que no se hace una residencia para personas mayores, mientras se dirige todo el gasto a financiar empresas privadas. Lo mismo ocurre con las situaciones de dependencia. El sector camina aceleradamente hacia la completa privatización, desapareciendo enteramente esa “carga” del Estado.

El abandono del sector público, que constituye el Estado de Bienestar, corre paralelo a la creación de un sistema clientelar, donde se asienta la base electoral que hace posible la reproducción del fenómeno utilizando el medio democrático de las elecciones. Con una clientela sumisa, unos medios de comunicación monopolizados por la derecha económica y una inversión generosa en propaganda, el control del poder político ha alcanzado el perfil de lo que se conoce como un régimen. Por esto, como ya he razonado en otras ocasiones, esta derecha política une a su ilegitimidad de origen la ilegitimidad de ejercicio: todo lo que viene realizando desde el año 2000, al menos, se rige por el desprecio a cualquier otro partido político y a todo el movimiento social, preferentemente al sindicalismo. En el primer año de gobierno de Rajoy, esa derecha no ha dialogado con ninguna otra fuerza política, ni con los sindicatos, ni con parte alguna del movimiento social. Se ha limitado a consolidar un régimen político autoritario y propagandista, dando fin al periodo del consenso, que caracterizó a la Transición democrática.

Romper con este nuevo régimen no será fácil, pero hay una cosa clara, la ruptura ha de ser con el sistema político que ha creado la derecha para ejercer su hegemonía en el momento actual. No sólo hay que cambiar la ley electoral, hay que reformar también la Constitución para garantizar el bienestar de los españoles, por encima de los gobiernos de la derecha, y para blindar los bienes públicos comunes frente a la rapiña privatizadora. No obstante, lo que ha ocurrido en esta última década tiene una virtud, que la derecha nos ha dado permiso para imaginar la alternativa que nos convenga sin tener que atender a sus intereses, o sea, sin contar con ella en su representación política actual.

Marcelino Flórez

Política

Dictadura o Régimen autoritario

En los años sesenta del siglo XX se suscitó entre los historiadores una polémica acerca del concepto político del franquismo. Se discutía si había de definirse como dictadura o como régimen autoritario, después de que el sociólogo J. J. Linz construyera esa segunda definición. Coincidía el debate con el intento del régimen de justificarse por su ejercicio en tanto que autor de paz y de desarrollo. La discusión, vista en perspectiva, fue una discusión vana, detrás de la cual no subyacía más que el intento de justificar al dictador y a su Dictadura. En el día de hoy sólo prestan atención a esa discusión los revisionistas más recalcitrantes. Para la historiografía normal, la franquista fue una Dictadura personal, nacida de una guerra civil y sustentada por el ejército. Punto.

Un Régimen autoritario es otra cosa. Para empezar, el autoritarismo combina con la democracia: se origina democráticamente, funciona sin tener que eliminar los mecanismos democráticos y puede ser desalojado democráticamente. El Régimen autoritario es, de hecho, una opción política en el sistema democrático. Utiliza casi exclusivamente el Decreto-Ley para gobernar y, de esa manera, evita el debate parlamentario y la repercusión social desfavorable que ese debate pueda ocasionar en la ciudadanía. Utiliza la fuerza policial de forma violenta para tratar de acallar la protesta social; recurre, incluso, a tretas feas y de dudoso aval democrático,  como es introducir policías de paisano en las manifestaciones para originar violencias y justificar la represión. Dispone prácticamente de monopolio informativo, llevando hasta el esperpento la manipulación de los medios de comunicación públicos. Se sirve de la fuerza y del poder que proporciona el gobierno para amedrentar a quienes no se someten. Por ejemplo, si queda algún periódico de amplia difusión, que actúa libremente,  y, por un suponer, tiene contraídas deudas con la Hacienda del Estado, el ministro de turno puede recordárselo en voz alta para que sepa a qué atenerse.

En general, el gobierno autoritario identifica al Estado con el partido que le apoya y no ejerce la administración pública en beneficio del común, sino que tiende a instalar fórmulas clientelares a través de las cuales transfiere los cargos y los bienes públicos a los clientes del partido. En algunos casos se llega a situaciones verdaderamente impúdicas, creando empresas específicas para hacer esas transferencias. Estas empresas,  para enmascararse mejor, aunque funcionen en territorios de habla castellana o valenciana, por ejemplo, suelen usar nombres ingleses o de cualquier lengua extranjera, como “market” en lugar de “mercado”.

Es muy frecuente en el Régimen autoritario que exista un partido procedente de antiguas dictaduras y dotado de las mismas bases sociales que apoyaron a las antiguas dictaduras. Una prueba inequívoca en esos casos suele ser la justificación de esas antiguas dictaduras o, como mínimo, la falta de condena de las mismas. A favor del Régimen autoritario juega también la abundancia de esclavos voluntarios que suele haber entre las masas humanas, especialmente en situaciones adversas, sean éstas por causas económicas o de otro tipo.

Además de la Constitución, los obstáculos que encuentra el Régimen autoritario son el sistema judicial, contra el que peleará sin descanso, pero sólo con éxito relativo, y los partidos políticos y sindicatos confederales (antes llamados “de clase”), que se resisten a pactos puntuales con el Régimen autoritario. La descalificación permanente y gratuita de partidos y, sobre todo, de sindicatos es una norma para los regímenes autoritarios, a pesar del carácter institucional que las constituciones les otorgan. Gracias a las libertades constitucionales, no obstante, la ciudadanía puede terminar organizándose y expulsando del poder a los regímenes autoritarios, cosa que es casi imposible con las dictaduras.

Marcelino Flórez