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Víctimas del franquismo y «estabilidad del orden democrático»

El empeño de las asociaciones de derechos humanos ha logrado hacer llegar a las Naciones Unidas la queja de las víctimas del franquismo por el olvido y el abandono en que se hallan a causa del mal gobierno y de la mala justicia españolas. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha ido recabando información y, finalmente, ha elaborado dos importantes informes a cargo de Pablo de Greif y de Ariel Dulitzky, que han sido expuestos en la sesión del día 10 de septiembre de 2014.

Los dos informes son contundentes. Ordenan al gobierno español fijar medidas concretas para atender a las víctimas, en particular para ayudar a esclarecer la verdad y para buscar y desenterrar a las decenas de miles de personas asesinadas que aún permanecen ocultas, a parte de otras recomendaciones específicas, como la que hacen acerca del Valle de Los Caídos.

Valoremos lo que la mera existencia de estos informes significa. Primero, dan fin al tiempo del negacionismo y del olvido. Las palabras con las que el todavía diputado europeo del PP, Luis de Grandes, respondió a Gaspar Llamazares el día 26 de noviembre de 2003, diciendo que la propuesta de Izquierda Unida sobre las víctimas del franquismo olía a naftalina, han sido condenadas definitivamente y en sede internacional. Además, se ha terminado la discusión sobre la definición del franquismo: es un régimen responsable de un crimen contra la humanidad y punto. Esto ya lo dijo el Supremo en la sentencia absolutoria de Garzón, pero ahora lo han refrendado las Naciones Unidas. En la práctica, casi no es nada, porque todo sigue igual en España y los historiadores revisionistas siguen existiendo, pero, al mismo tiempo, es mucho, porque ya no es necesario seguir discutiendo con negacionistas y beneficiarios del régimen, pudiendo dedicarnos a otras cosas. (Todo esto lo había escrito yo en el libro que cito al margen de este blog y que regalo, pero una sola palabra del Supremo o de Naciones Unidas vale más que todos mis razonamientos).

La representante de España en Naciones Unidas, Ana María Menéndez, se ha defendido de lo expuesto en los informes con argumentos carentes de todo valor, porque esgrimen precisamente como defensa lo que los informes establecen como falta. Uno de los argumentos ha sido reclamar la amnistía postfranquista y particularmente la Ley de 1977 para afirmar que la sociedad española se reconcilió mediante la “renuncia a la justicia penal”, pero es justamente ese reconocimiento lo que el informe denuncia desde la perspectiva de la justicia universal. Hay otro argumento, en este caso de carácter político, carente igualmente de fuerza argumental: la reivindicación de “la consolidación de la democracia” como moneda de cambio aceptada por la sociedad española para olvidarse de la Dictadura. El problema es que este argumento político, válido durante el régimen de la Transición, ha caducado. Ya no vale, porque la espada de Damocles ya no pende sobre nuestras cabezas como en 1978, obligándonos a comulgar con ruedas de molino. Ni la Iglesia, con sus penas de infierno, ni el ejército, con sus pistolas, son una autoridad para lograr que la sociedad camine por la senda que marca el Partido Popular.

Lo verdaderamente cínico, sin embargo, ha sido el recurso a la Ley de Memoria Histórica, que ha utilizado Ana María Menéndez para justificar que España ha hecho algo en atención a las víctimas. No es el momento de analizar la Ley, tampoco de la amortización de la misma que ha hecho este gobierno, pero sí de proclamar la desvergüenza de un Partido Popular que combatió sin límites aquella Ley y prometió derogarla tan pronto como llegase al poder, al que vemos ahora invocar esa misma Ley para justificar su gestión al frente del gobierno del Estado. ¡Qué bueno es que “dios nos conserve la vista” y el recuerdo del pasado! Bendita sea la memoria que nos permite poder afirmar que el Partido Popular es un impostor y que no nos representa ante Naciones Unidas.

Aún le quedaba a este partido un recurso en las Cortes españolas para incrementar su oprobio, el recurso a la equidistancia de las víctimas, lo que Primo Levi, superviviente de Auschwitz, calificó de enfermedad moral. Y se lo hemos oído formular al mismísimo ministro de Justicia: «Este Gobierno nunca se sentirá tranquilo mientras exista una persona enterrada en una cuneta, da igual de qué bando sea en la guerra más incivil de las guerras que es la Guerra Civil, y sus familiares demanden su localización y entierro». No, señor Gallardón, no hablamos de todas las víctimas. Sólo de las olvidadas, de las desaparecidas, de las que permanecen ocultas en fosas, de las no reparadas, de las que no han conocido la justicia. Esas sólo son unas, aunque sumen ciento cincuenta mil, son las víctimas del franquismo.

Cuando el relator especial de naciones Unidas, Pablo de Greif, se entrevistó con los ministros del gobierno, se sorprendió, según relata Natalia Junquera en El País, del argumentario que repetían uno tras otro: “O concluimos que ya estamos totalmente reconciliados, o la única alternativa es el resurgir de odios subyacentes, lo cual implicaría un riesgo demasiado alto”. Dejemos aun lado la amenaza velada que esas palabras encierran, pero el argumento no sólo puede sorprender, sino que debe indignar.

Primero, las víctimas tienen todo el derecho a odiar a sus verdugos, incluso es conveniente que conserven ese odio para poder subsistir, como dice la psiquiatría. Lo que las víctimas no pueden hacer es cometer cualquier acto delictivo relacionado con ese odio. Pero ¿alguien puede nombrar un solo delito cometido por las víctimas del franquismo después de la muerte del dictador? Por el contrario, podemos enumerar decenas de actos, que en cualquier país democrático serían considerados delitos, realizados por los verdugos o sus seguidores. Cito de memoria: la profanación de las fosas de víctimas franquistas en Poyales del Hoyo, Ávila; los agravios del alcalde de Granada sobre la Tapia del Cementerio de San José; las bárbaras declaraciones del alcalde de Baralla, en Lugo; las ofensas directas emitidas por el coportavoz del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando; el doble atentado contra el monumento memorialista que la ARMH-VA tiene levantado en los Montes Torozos. Salvo para fiscalía y tribunales españoles, estos actos y decenas de otros similares que se suceden en pueblos y ciudades de España, serían actos relacionados con “delitos contra la humanidad”, como razona el punto QUINTO de la Sentencia 102/2012 de la Sala de lo Penal del tribunal Supremo, que absuelve a Baltasar Garzón de la denuncia por prevaricación.

No son, por lo tanto, las víctimas del franquismo, olvidadas y no reparadas, las que ponen en riesgo “la estabilidad del orden democrático”, sino el Partido Popular, que se resiste a aceptar los mandatos de Naciones Unidas y que ampara a sus militantes en las exhibiciones franquistas que se suceden a diario. Eso sí es un riesgo para el orden democrático.

Marcelino Flórez

Segunda profanación del monumento memorialista

La primera vez que atravesé Torozos, aquello era un verdadero monte. Las encinas lo cubrían todo entre Rioseco y Zaratán; y el autobús discurría lento a lo largo de una carretera no muy ancha, que cruzaba un par de veces las vías del Tren Burra y pasaba por el medio del aeropuerto de Villanubla, entonces de uso sólo militar. De eso hace más de cincuenta años. Entendí perfectamente ese día lo que me había contado algunas veces mi padre: los llevaban a los Montes Torozos y desaparecían.

Al finalizar los años sesenta, Torozos se desarboló, las encinas desaparecieron y ocuparon su sitio los campos de cebada para producir piensos para alimentar al ganado para llevar la leche y la carne a las ciudades, donde ahora se reunía la gente expulsada del campo. Poco a poco, desaparecieron los testigos y aún no hay noticias de las decenas, tal vez centenares, de fosas clandestinas en Torozos.

La Asociación para la Recuperación de la memoria Histórica de Valladolid levantó un monumento, donde la cañada se cruza con la carretera de Peñaflor de Hornija, en memoria de los centenares, tal vez miles de desaparecidos que oculta Torozos. Son cuatro hierros de los restos de la vía del tren y una pirámide de chapa junto a unas pequeñas rocas calizas del páramo. Allí cada primavera la ARMH-VA reúne a un grupo de personas para rememorar a las víctimas olvidadas. Los hijos y los nietos siguen llorando y las demás acompañamos ese llanto.

Al finalizar el mes de julio, alguien derribó la pirámide, pero la ARMH-VA la levantó de nuevo, con más soldadura sobre las viejas vías férreas. A mediados de agosto, los herederos de los asesinos han vuelto a profanar el monumento a las víctimas, dejando allí su firma, “Arriba España”, para recordar a la humanidad que están entre nosotros y que siguen empoderados. ¡Cómo se nota la ausencia de la fiscalía … y de la polícía!

Monumento profanado

El monumento a las víctimas desaparecidas en Torozos será limpiado, será restaurado y así una y otra vez, hasta que brille la verdad, que traiga la justicia, primera reparación de aquel crimen contra la humanidad, cuya impunidad ampara los crímenes humanitarios que algunas gentes siguen cometiendo y muchas más contemplando con silencio otorgante.

Marcelino Flórez

 

¿Qué república y que rememoración?

Los republicanos de 1930 buscaban reformar la sociedad en un sentido, más o menos, regeneracionista: modernizar el ejército, actualizar la educación, promocionar la cultura, proporcionar eficacia a la agricultura, terminar con la confesionalidad del estado, reducir las diferencias sociales. Ni socialistas ni anarquistas eran republicanos, espacio que estaba reservado para la “burguesía progresita”. Socialistas y anarquistas eran revolucionarios, tarea que le correspondía “la clase obrera”: terminar con el ejército, socializar la educación y la cultura, colectivizar la tierra, acabar con la religión, implantar la igualdad social. Respecto a la República, se limitaban a discutir si pactar o no con sus partidarios alguna cosa concreta. Los socialistas comenzaron esos pactos en 1910 y los fortalecieron desde 1931; los anarquistas no pactaron nunca.

De estas cosas, con otros criterios, trata Santos Juliá en su artículo en El País del día 19 de junio de 1914, que titula “Una tradición inventada”. La tesis de Santos Juliá es que eso de la República es una invención de los comunistas en algún momento posterior a 1978. Su tesis y su artículo, rigurosa y estrictamente correctos en lectura historiográfica, necesitan ser leídos también en clave presentista, es decir, en su significado el día 19 de junio de 2014, fecha de la toma de posesión del nuevo Rey de España, Felipe VI.

La invención de la tradición republicana por parte de los comunistas tiene una fecha, que pueden indagar los periodistas de investigación, si es que quedan. Fue algún día en el tránsito del siglo XX al XXI y el autor del invento se llama Julio Anguita. Quizá ya no tenía cargo político relevante, pero sí la autoridad suficiente para proponer símbolos. No puedo precisar si la propuesta la hizo en sede del PCE o de Izquierda Unida, aunque eso es poco relevante, porque tanto unos como otros han convertido la enseña tricolor en su bandera, a la que se han adherido muchos compañeros de viaje, entre los cuales se puede nombrar a no pocos socialistas y, ¡ay!, algunos anarquistas. Qué pueda significar para todos esos usuarios la bandera tricolor, distinto de elegir o no la presidencia gubernativa del Estado, no lo sabemos. Veremos aparecer el significado el día que la República llegue a ser y haya que sacar las banderas propias, sean rojas, rojas y negras o multicolores.

Conocemos, pues, al autor y a los seguidores de la bandera republicana, pero también conocemos el contexto, que no es otro sino la irrupción en la sociedad de lo que ha venido a llamarse “memoria histórica”, concepto impreciso y polisémico donde los haya. Para entendernos aquí, podríamos acordar que “memoria histórica” hace referencia a la rememoración del pasado. Rememorar el pasado es lo que han hecho siempre los gobiernos o la clase dominante, que ponían nombres a las calles, levantaban estatuas en las plazas o adaptaban museos. Es la memoria identitaria que acompañó a los Estados modernos y a su ideología más consistente, los nacionalismos. Como la Transición no fue capaz de rememorar a la República y el régimen bipartidista la sepultó en un arca con siete llaves, la oposición marginada del poder retomó la bandera republicana como signo identitario y diferenciador.

Yo me encuentro aquí con dos problemas: el primero, definir qué República se rememora y el segundo, combatir el concepto de “memoria histórica” en tanto que rememoración identitaria. Porque repúblicas había muchas en 1931 o en 1936, incluso en 1939: había una república socialista, otra anarquista, otra comunista, estaba la república de Azaña y la de Alcalá Zamora, según en qué momento los accidentalistas de la CEDA podían reclamar la suya y no digamos los falangistas. No olvidemos que monárquicos sólo eran los carlistas y los alfonsinos, o sea, la Comunión Tradicionalista y Renovación Española. ¿O es otra cosa lo que se reclama, o no es más que la jefatura del Estado, o es meramente el derecho a decidir? Observando lo que se mueve en torno a las banderas, parece que es eso, el derecho a decidir, lo que se reclama. Pero, entonces, ¿por qué tanto empeño con la jefatura del Estado, donde se decide tan poco, y tanto olvido de los gobiernos y de los poderes fácticos, donde se decide todo? Vuelvo a decir lo que dije hace un mes y que cada día escucho a más gente: esto es una distracción, que sólo está favoreciendo al enemigo. Salvo Podemos, que ha pasado por aquí de puntillas, el resto de la izquierda anda por la luna.

Lo que me molesta, sin embargo, no es eso, sino la perversión del concepto de rememoración, que privilegia el sentido identitario y vuelve a echar al olvido el sentido benjaminiano, es decir, la rememoración de las víctimas. Lo que puso de actualidad la cultura de la memoria no fue la reclamación de la República, sino el recuerdo de las víctimas olvidadas. Fueron la fosa de Priaranza del Bierzo y Emilio Silva los que subieron a la mesa a las 150.000 personas desaparecidas de la Guerra Civil, todas ellas republicanas, sí, pero reivindicadas no por esa condición, sino por ser víctimas inocentes y olvidadas, es decir, como un derecho humano universal.

Haber entendido o no esto es lo que diferencia los proyectos políticos, porque, como dijo Adorno, comentando a Walter Benjamin, “Hitler ha impuesto a los hombres un nuevo imperativo categórico para su actual estado de ausencia de libertad: el de reorientar su pensamiento y su acción de modo que Auschwitz no se repita, que no vuelva a ocurrir nada semejante”. Y Walter Benjamin había indicado el camino con la tesis número 12 de su “concepto de la historia”, donde dice que la capacidad liberadora de “la clase oprimida que lucha” se nutre “de la imagen de los abuelos esclavizados, no del ideal de los nietos liberados”. Eso significa que la conciencia y la capacidad de lucha no proceden de ninguna “vanguardia” o de ningún “tribuno” y que las propuestas no se alimentan de imaginarios paraísos futuros, sino que el sujeto revolucionario es “la clase oprimida que lucha”, cuya conciencia procede de la contemplación del sufrimiento en el pasado, de los abuelos, el mismo sufrimiento que se sufre en el presente.

Esta es la razón por la que ese ondear de banderas primaverales me ha parecido, primeramente y como decían los antiguos, oportunista y, además, un enorme error, no sólo por distraer del objetivo principal, sino por desdibujar hasta hacer desaparecer el proyecto político que necesita “la clase oprimida que lucha”. Espero que la izquierda olvide pronto la rememoración identitaria y sepa buscar nuevos caminos junto a las víctimas, cuyo recuerdo alimenta las respuestas que se precisan.

Marcelino Flórez

La Guerra Civil explicada por J. Casanova -Comentario de texto-

 

Julián Casanova ha publicado un artículo en El País el día 1 de abril, conmemorando el 75 aniversario del final de la Guerra Civil, con el título de La Guerra Civil que nunca se aprendió en las escuelas, donde intenta explicar “cinco cosas básicas que todo ciudadano informado debería saber”. Comenzaré por la primera, que es la más importante: “¿Por qué hubo una Guerra Civil en España?”.

1. ¿Por qué hubo una Guerra Civil en España?

En 1936 había en España una República, cuyas leyes y actuaciones habían abierto la posibilidad histórica de solucionar problemas irresueltos, pero habían encontrado también, y provocado, importantes factores de inestabilidad, frente a los que sus gobiernos no supieron, o no pudieron, poner en marcha los recursos apropiados para contrarrestarlos.

La amenaza al orden social y la subversión de las relaciones de clase se percibían con mayor intensidad en 1936 que en los primeros años de la República. La estabilidad política del régimen también corría mayor peligro. El lenguaje de clase, con su retórica sobre las divisiones sociales y sus incitaciones a atacar al contrario, había impregnado gradualmente la atmósfera española. La República intentó transformar demasiadas cosas a la vez: la tierra, la Iglesia, el Ejército, la educación, las relaciones laborales. Suscitó grandes expectativas, que no pudo satisfacer, y se creó pronto muchos y poderosos enemigos.

La sociedad española se fragmentó, con la convivencia bastante deteriorada, y como pasaba en todos los países europeos, posiblemente con la excepción de Gran Bretaña, el rechazo de la democracia liberal a favor del autoritarismo avanzaba a pasos agigantados. Nada de eso conducía necesariamente a una guerra civil. Ésta empezó porque un golpe de Estado militar no consiguió de entrada su objetivo fundamental, apoderarse del poder y derribar al régimen republicano, y porque, al contrario de lo que ocurrió con otras repúblicas del período, hubo una resistencia importante y amplia, militar y civil, frente al intento de imponer un sistema autoritario. Sin esa combinación de golpe de Estado, división de las fuerzas armadas y resistencia, nunca se habría producido una guerra civil.

Vista la historia de Europa de esos años, y la de las otras República que no pudieron mantenerse como regímenes democráticos, lo normal es que la República española tampoco hubiera podido sobrevivir. Pero eso no lo sabremos nunca porque la sublevación militar tuvo la peculiaridad de provocar una fractura dentro del Ejército y de las fuerzas de seguridad. Y al hacerlo, abrió la posibilidad de que diferentes grupos armados compitieran por mantener el poder o por conquistarlo. El Estado republicano se tambaleó, el orden quebró y una revolución radical y destructora se extendió como la lava de un volcán por las ciudades donde la sublevación había fracasado. Allí donde triunfó, los militares pusieron en marcha un sistema de terror que aniquiló físicamente a sus enemigos políticos e ideológicos.

Este es el argumento: La República existente en 1936 había legislado para tratar de resolver problemas antiguos, pero también había generado inestabilidad, que los gobiernos no supieron resolver.

Los problemas que enfrentó -la tierra, la Iglesia, la educación, el Ejército, las relaciones sociales- le crearon poderosos enemigos a la república. Por otra parte, el orden social estaba amenazado y la subversión aparecía como inminente, con un lenguaje clasista que convocaba a la violencia social.

El resultado fue la fragmentación de la sociedad y la opción por soluciones políticas autoritarias.

En ese contexto hubo un golpe de Estado, que fracasó por la división del ejército y por la resistencia obrera. España se dividió en dos: una, donde quebró el orden y se extendió “como la lava de un volcán” la revolución social; otra, donde los militares impusieron el terror, que aniquiló a los enemigos políticos e ideológicos.

¿Por qué hubo, pues, una Guerra Civil en España? (o idea principal, que diría mi alumnado). Por la incapacidad de los gobiernos para resolver los problemas, bien fuesen generados por los poderosos enemigos de las reformas, bien por el ambiente revolucionario y de clase dominante, todo lo cual fragmentó a la sociedad, como se puso de manifiesto tras el fracaso del golpe de Estado.

En medio de esa argumentación, el autor introduce una frase aislada, que contradice el razonamiento: “Nada de eso conducía necesariamente a la Guerra Civil”. Pero continúa inmutable el silogismo planteado, pues hace al golpe responsable del inicio de la Guerra, pero no la causa de la misma. Esa frase podía ser analizada como una idea secundaria, aunque renuncio a esa tarea.

Uno, que ha estudiado la Guerra Civil y la ha enseñado en el bachillerato durante cuarenta años, haya logrado o no que haya sido aprendida, no logra identificar el argumento de Casanova con lo que sabe que ocurrió en España en la primavera de 1936. El 16 de febrero hubo elecciones, las ganó un Frente Popular, donde se aglutinaban partidos obreros y burgueses de fuertes convicciones republicanas, pero un sector de la derecha social y política no aceptó el resultado y se organizó en torno a un grupo de generales golpistas. Estos intentaron evitar que los vencedores de las elecciones llegasen a gobernar, aunque no lo consiguieron. Por el contrario, fueron alejados de Madrid por el nuevo gobierno para evitar que continuasen amenazando al Estado. En la comida de despedida, que esos mandos militares celebraron el 9 de marzo en Madrid, decidieron organizar eficazmente el golpe de Estado y encargaron de su dirección al general Mola. Este, con el aval de la UME, fue juntando apoyos civiles y militares. Aunque habían pensado en el 20 de abril, las dificultades preparatorias retrasaron la fecha de la sublevación hasta el 18 de julio. Para preparar el ambiente, los aliados civiles tuvieron el encargo de llevar a cabo una estrategia de violencia callejera, concretamente los monárquicos alfonsinos fueron los encargados de financiarla y los falangistas de activarla. Esta estrategia resultó tan eficaz, que todavía hoy hay quien sigue achacando la Guerra al asesinato de Calvo Sotelo, ocurrido cuando el avión que había de trasladar a Franco ya había llegado a las islas o, como dice Viñas en la misma entrevista, cuando “los conspiradores monárquicos estaban negociando el suministro de armamento con los fascistas italianos antes del 18 de julio y que lo firmaron el 1 de julio”, todo lo cual demuestra que la fecha del levantamiento llevaba días o semanas señalada, cuando, en respuesta al asesinato del teniente Castillo por los falangistas, sus compañeros policías asesinaron a Calvo Sotelo.

A pesar de los preparativos, el día 18 de julio una parte del ejército no secundó a los rebeldes y en las grandes ciudades, aunque hubiesen sido secundados, los trabajadores organizados se enfrentaron a la rebelión, consiguieron armas y lograron derrotar a los golpistas. A los pocos días, sólo la España más rural y menos poblada había quedado en manos de los rebeldes, aunque terminarían ganado la guerra.

¿Por qué hubo, entonces, una Guerra Civil? No fue porque había una Reforma Agraria en marcha, no fue por el laicismo constitucional, no fue por la reformas en el ejército, no fue por las leyes laborales sobre la jornada de 8 horas en el campo o de laboreo forzoso o de jurados mixtos, no fue porque los socialistas se negaran a formar gobierno con los republicanos de izquierdas, no fue porque hubiese partidos fascistas, no fue por ninguna revolución comunista, no fue por la agresividad del sindicalismo anarquista, no fue por la Revolución de 1934, fue porque hubo un levantamiento militar organizado y poco exitoso. Cuáles fuesen las motivaciones que impulsaban a los golpistas, las fuentes documentales en las que bebían, los intereses de clase, económicos o ideológicos, las pasiones diversas, las creencias, es un asunto diferente. Todo eso puede ayudar a comprender lo que ocurrió, pero no es la causa de lo que ocurrió. La Guerra tuvo una sola causa, la rebelión militar y su acompañamiento civil.

¿Qué importancia tiene el razonamiento de Casanova y por qué ha de ser combatido sin tregua? La respuesta es sencilla: porque se trata de una justificación indirecta del golpe de Estado. Aunque esta forma de razonar ya había sido denunciada, entre otros, por Antonio Elorza en 1997, historiadores afamados de progresistas siguen sin desasirse de esa falacia. Decía Elorza en El País el 4 de enero de 1997 “ciertamente resulta difícil y poco elegante alabar la sublevación militar, pero basta con tomar como punto de partida la supuesta situación caótica de la España republicana para proporcionar una justificación indirecta al alzamiento”. Ángel Viñas el mismo día 1 de abril en el diario digital Público respondía lo siguiente a una pregunta sobre la anarquía republicana en tanto que causa de la Guerra: “ En la medida en la que se presenta el golpe y la sublevación militar del 18 de julio como una respuesta inevitable a un estado de descomposición y de anarquía, de desenfreno, están justificando la sublevación”. Exactamente eso hace Julián Casanova ¡en 2014!

Lo grave de este error historiográfico es el origen del mismo: la justificación que el franquismo hizo de su delito de rebelión. Los juristas del régimen comenzaron muy pronto esta tarea falseadora de la realidad: el 24 de junio de 1938 la Auditoría de Guerra envió a los Juzgados de 1ª Instrucción un escrito reclamando información sobre “los hechos ocurridos desde el 16 de febrero al 18 de julio de 1936”, que es el antecedente oficial, aunque hay otros de carácter local, de la Comisión sobre la ilegitimidad de los Poderes Actuantes el 18 de julio de 1936, que se formó el 21 de diciembre de 1938 y emitió su Dictamen el 14 de febrero de 1939. Las conclusiones, además de afirmar la ilegitimidad de todas las instituciones republicanas por convocar de forma ilegítima aquellas elecciones o por fraude en los resultados electorales, insistían en la ineptitud del gobierno, puesto “al servicio de la violencia y el crimen” (conclusión cuarta) , como lo demuestra el asesinato de Calvo Sotelo (conclusión quinta). El documento termina, claro está, con la afirmación de que el glorioso Alzamiento Nacional no puede ser calificado de rebeldía, sino de “restablecimiento de la moral y del derecho”, mientras que el Frente Popular ha de ser apartado “de todo comercio moral” y hay que “cancelar su inscripción en el consorcio del mundo civilizado”.

Julián Casanova no suscribiría, evidentemente, esas conclusiones del Dictamen, pero su argumentación es una perfecta justificación indirecta del Alzamiento, como razonó hace ya muchos años Antonio Elorza. Por mi parte, llevo unos años combatiendo este error historiográfico, que se relaciona directamente con la falta de comprensión de lo que significa la memoria benjaminiana, que es memoria de las víctimas. El error es causa, a su vez, de la pervivencia del revisionismo, como he explicado aquí en otros escritos. Hoy, sin embargo, me limito a hacer lo que haría cualquier alumna o alumno míos en su comentario de texto: análisis del contenido, idea principal y explicaciones fundamentadas historiográficamente.

Marcelino Flórez

 

 

Operación Palace, una broma de mal gusto

Comencé a ver el documental después de haber empezado y me atrajeron enseguida las personalidades que hablaban: Iñaki Gabilondo, Federico Mayor Zaragoza, Fernando Ónega, Jorge Verstringe, Iñaki Anasagasti, Felipe Alcaraz, Alejandro Rojas Marcos, Joaquín Leguina. Las imágenes, conocidas y reales, reforzaron mi atracción. Aunque mucho antes de que supiese que Fraga salió porque tenía hambre o que la izquierda se dividió porque Carrillo no se agachó, tardé un rato en advertir la falsedad del documental. No echo la culpa a Garci, ni a Évole, pero sí a Iñaki Gabilondo y a Federico Mayor Zaragoza, en los que confío. Tampoco me culpo por sentirme engañado durante un rato o por no haber afinado mi sentido crítico.

Consciente ya de la falsedad, seguí viendo el documental con verdadero interés. Reconozco que me atrajo y eso ha de ser porque tenía capacidad de atracción. Desde el principio, sin embargo, me disgustó: a las 22,33 le dije a mi amigo Luis en Facebook que era “demasiado serio para tanta broma»; y a las 22,35 a mi amigo Javi que “no me ha gustado nada la broma”. ¿Por qué me desagradó tanto?

Tengo varias razones. Primero, personales. La noche del 23-F se reunió en mi casa en Toro (Zamora) un grupo de amigos, atemorizados por el golpe. Yo aparentaba ser de los más tranquilos, aunque la procesión fuese por dentro. Entre las cosas que recuerdo, hay dos personajes, uno guardia civil y otro militar, retirados ambos, que estaban a la puerta del Ayuntamiento cuando hacia las dos o las tres de la madrugada fui a llevar a Mercedes en mi coche hasta su casa. No dudé de que habían ido allí para ponerse al servicio de la causa. Por eso, en mis sueños de esa corte noche deseaba que fuese a buscarme a casa la Guardia Civil y no los voluntarios ayudantes del golpe. Entonces pensaba yo que los responsables de los crímenes franquistas habían sido las cuadrillas de falangistas, aunque ahora sé que ni un solo asesinado dejó de pasar por el filtro militar. Bueno, pues que se haga mofa de aquello me gusta poco. Reconozco que ni todo el mundo encabezaría la lista, como sería mi caso en Toro, donde sin duda el militante de CC.OO. (léase “ce, cé, ó, ó”) que abría la puerta del portalón-sede sindical y activista de la Asociación Cívico-Cultural ocuparía alguno de los primeros puestos, ni todo el mundo había nacido o tenía uso de razón entonces para poder experimentar lo que yo experimenté. Cosa personal, por lo tanto.

Tampoco me hace mucha gracia el lugar en el que queda la gente que al día siguiente logramos sacar a la calle en Toro, llena de miedo y deseosa de terminar enseguida la manifestación, de modo que tuvieron que ser mis alumnos de COU los que pusiesen orden en la marcha, ataviados con un brazalete para dar sensación de autoridad. Mucha sociedad civil hecha realidad, para que ahora se bromee frívolamente sobre aquel acontecimiento. También es cosa personal.

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Pero tengo, además, razones políticas, porque no estoy de acuerdo ni con la visión subliminal de la Transición, ni de la Monarquía, ni del control de los archivos, que subyacen en el falso documental.

Podemos hablar de la Transición, pero también en serio. Lo que importa, además, no es lo que se hizo o cómo se hizo, que eso lo tiene ya muy configurado la historiografía, sino la valoración que ahora se hace de lo que se hizo. Sólo la derecha y un sector, cada vez más pequeño, de la socialdemocracia sigue defendiendo hoy la forma en que se hizo la Transición y sus resultados: bipartidismo, justicia encorsetada, impunidad para los crímenes del franquismo, semiconfesionalismo, clientelismo y corrupción. Yo soy claramente partidario de “reiniciar la democracia”, pero de eso no había nada en el falso documental de Évole.

Es muy difícil declararse monárquico en el siglo XXI y más para un historiador, que sabe algo de lo que fueron las monarquías antiguas, la realeza feudal, el absolutismo monárquico. Casa mal la monarquía con la soberanía popular. Dicho esto, sin embargo, no estoy dispuesto a gastar un minuto más en disputas sobre la forma de Estado aquí y ahora, que influye poco menos que nada en lo que realmente ocurre (autoritarismo, paro obrero, desigualdad social creciente, retroceso de los derechos humanos). ¿No va a pararse nunca lo que se llama izquierda a pensar por qué algunos medios informativos  y lobbies políticos, dejando aparte a Anguita, claro, tienen tanto interés en señalar a la Monarquía como el origen de los males y dirigir hacia allí el debate? Conmigo que no cuenten.

Y el tercer elemento subliminal, los archivos. Hablemos de archivos, pero no son los del 23-F los que permanecen cerrados ilegalmente, a los que todavía les faltan siete años para reclamar autorizadamente su apertura. Es de los archivos de 1950 o de 1939 o de 1936, sobre los que han pasado 64 o 75 o 78 años y siguen cerrados a cal y canto. El tema de los archivos, por otra parte, hay que tratarlo con un mínimo de cuidado. Que no se conozca todo no significa que todo lo que se conoce es falso y ha de ser sometido a sospecha, que es lo que subyace en este documental. ¡Qué a gusto se habrá sentido Pedro J y qué tristeza habrá sentido Javier Cercas con esta ficción! Tampoco pasaba nada porque en esto hubiese habido un poco más de calidad científica y menos de tertulianismo.

¡Cómo le gustan a un sector de la sociedad española las teorías conspirativas! Todo lo que ocurre ha de tener siempre una razón oculta y organizada, una conspiración; y el protagonista principal ha de ser un rey, un obispo o un banquero, a no ser que esté la CIA por el medio. Pues a mí me parece que todo lo que ocurre en el país se explica mucho más por el voto que cada ciudadano emite o deja de emitir periódicamente. Y de ese voto no tienen la responsabilidad ni Reyes, ni Obispos, ni Banqueros, sino cada una de las personas. ¿O somos todas unas “tontas de los cojones”, como dijo aquel recordado alcalde? También se explica, desde luego, por la capacidad organizativa y movilizadora de esa sociedad, pero de eso tampoco tiene la responsabilidad ningún lobby conspirativo, sino nosotras mismas. Cuánto más le valdría a lo que se sigue llamando izquierda ajustar sus métodos de análisis y dejar de vivir en la inopia.

Así que no me ha gustado nada, pero nada, la broma. Y, si para justificarla, hay que acudir a la presencia  o ausencia de perspectiva analítica, o al carácter sombrío y no chistoso de los españoles, mal vamos.

Marcelino Flórez