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Ochenta años después

La derrota del franquismo está siendo muy lenta. No obstante, las celebraciones en este octogésimo aniversario van quedando relegadas a la extrema derecha, con Intereconomía de protagonista, además de otras opiniones erráticas de la todavía legal Fundación Francisco Franco o alguno de sus miembros, que encuentran acomodo en las páginas de ABC, y aparte de algunas parroquias católicas, que siguen acogiendo el acontecimiento sin avergonzarse. Para la gente normal, la fecha del 18 de julio no pasa de ser un mal recuerdo.

La historiografía también ha dado pasos definitivos. Atrás ha quedado la justificación del Alzamiento Nacional con la falacia de la revolución comunista o de la Cruzada con la hipérbole de la persecución religiosa. En la sociedad, el golpe de Estado también va perdiendo las justificaciones, a pesar del esfuerzo permanente que realiza la Iglesia católica con su martirologio y a pesar de los negacionistas, encabezados por Stanley G. Payne, que se retrotraen a la Revolución de 1934 o la proclamación de la República para encontrar justificación del golpe de Estado.

La interpretación de la equidistancia, sin embargo, aquella del “todos fuimos culpables” de Vidarte o de “no fue posible la paz” de Gil Robles, que terminaba calificando a la Guerra como una catástrofe colectiva inevitable, que había que olvidar, esa interpretación tarda más en caer. A veces reverdece, incluso, y uno puede encontrar autorizados artículos de opinión en El País cargados de expresiones como “contienda fratricida”, “cataclismo colectivo”, “deplorable catástrofe de atrocidades homicidas” y otras varias, así dichas, sin más precisión, que conducen inevitablemente a la arcaica catástrofe colectiva que nos invitaba a olvidar.

Pero esta tesis de la equidistancia ya no cuaja, como lo hizo durante el régimen de la Transición, porque ahora existen las fosas abiertas y, paso a paso, van apareciendo todos los nombres y sus esqueletos. “Aquello” ya no se puede ocultar. Por si quedaban dudas para algunos, el Tribunal Supremo calificó los crímenes del franquismo como crímenes contra la humanidad. Lo hizo en el razonamiento QUINTO de la sentencia 102/2012 de la Sala de lo Penal, por la que absolvía al juez Garzón del delito de prevaricación, con estas palabras: “Los hechos anteriormente descritos, desde la perspectiva de las denuncias formuladas, son de acuerdo a las normas actualmente vigentes, delitos contra la humanidad en la medida en que las personas fallecidas y desaparecidas lo fueron a consecuencia de una acción sistemática dirigida a su eliminación como enemigo político”. Como razonaba Antonio Elorza en El País el 1 de noviembre de 2008, “de los crímenes nazis a Karadzic, una calificación (jurídica) adecuada de los crímenes vale más que una cascada de libros”.

Pese a quien pese, esta es la novedad del octogésimo aniversario. De modo que para la ciencia histórica, el golpe de Estado del 17 de julio de 1936 fue un acto “fuera de toda legalidad”, que atentó “contra la forma de gobierno”, proyectando y ejecutando un “crimen contra la humanidad”, según está demostrado historiográficamente y aseverado por la Audiencia Nacional y por el Tribunal Supremo. Fin del debate interpretativo.

La sociedad, sin embargo, camina más lenta y el franquismo perdura. Pero el camino para remediarlo no es la ocurrencia que acaba de tener el abogado Eduardo Ranz con la aquiescencia de Zapatero, de emprender una iniciativa legislativa popular para mejorar algunos aspectos de la conocida como Ley de Memoria Histórica. El movimiento memorialista, sin necesidad de personalismos anacrónicos, hace ya mucho tiempo que viene buscando el acuerdo de los partidos con representación parlamentaria para crear un Comisión de la Verdad, que asiente con todo rigor la verdad histórica ya conocida y que oriente a los poderes públicos acerca de la legislación deseable, como han hecho todas las comisiones de la verdad en los países que sufrieron dictaduras criminales. Esta es la tarea en el octogésimo aniversario del crimen.

Marcelino Flórez

Otegui decepciona

Abandonar la violencia política ya no es suficiente. La entrevista de Jordi Évole a Otegui puso de manifiesto que los antaño partidarios de la lucha armada tienen aún un largo camino que recorrer.

Otegui no ha abandonado el lenguaje eufemístico ni la división del mundo entre “nosotros” y “ellos”, sin que sepamos nunca muy bien quiénes son unos y otros. Bueno, “ellos” parece que se refiere el Estado español, ese ente abstracto que, como un fantasma, domina las tinieblas y oprime a las poblaciones. Pero ¿quiénes somos “nosostros”? Unas veces parece que es ETA, otras veces la izquierda independentista en bloque, pudiera ser también el país vasco o Iparralde. No está claro.

Cuando el eufemismo parece que va a quebrar, como ocurre con la denominación de la lucha, si ha de ser lucha armada o terrorismo, se deja a un lado. Otegui aceptaría llamar terrorismo a la actividad de ETA, pues es imposible no admitir que causaba terror en toda la población, pero entonces añade que el debate semántico no conduce nada. Prefiere no entrar ahí, donde debe advertir algún peligro.

Acepta Otegui que se ha causado un daño, que la acción de ETA tuvo un carácter terrorista, pero inmediatamente reclama el olvido. Aquello es el pasado y no sirve de nada seguir hablando de ello. Jordi Évole, que no dejaba pasar una, le dijo que ese era el mismo argumento que usa el Partido Popular para evitar hablar del franquismo. Y Otegui se sintió pillado en su argumentación.

¿Qué es el olvido y cuál es su peligro? No es el olvido de las armas, de los métodos, no es el olvido de una forma perversa de gobernar o de organizarse. El mal es el olvido de las víctimas. Estas siguen clamando desde el vacío que han dejado y que ya no se puede llenar. Y es su presencia la que lucha contra la impunidad de los asesinos y la que recuerda que aquello no puede repetirse.

Otegui no ha dado este paso, por eso se veía obligado a hacer tantos circunloquios cada vez que Évole le reclamaba la condena del crimen. Sigue sin ser capaz. Y el último reducto al que se acoge es la equidistancia entre las víctimas. Él o “ellos” no hablan de víctimas, prefieren el eufemismo de “daño causado”, porque este concepto facilita más el recurso a la equidistancia: “la tragedia que ha vivido el país, en una parte y en otra”, como dijo al principio de la entrevista. Hablar de víctimas remite al otro lado, a los victimarios, mientras que “daño”, “tragedia”, “sufrimiento” es ambiguo y caben todos en él, también el asesino que muere en acto de servicio o su familia y, mucho más, si es, a su vez, víctima de otro crimen, como es el caso de la tortura.

Estas son las carencias de Otegui y del fin de la lucha armada: la reclamación del olvido y el recurso a la equidistancia de las víctimas. No sé si esos recursos le serán útiles en la competición electoral, pero carecen de valor para el pensamiento sobre crímenes políticos en la fase que ya ha alcanzado ese pensamiento. Por eso, me decepcionó la excelente entrevista a Otegui.

Marcelino Flórez

Alka-ETA: el uso político de las víctimas

El ridículo y bochornoso espectáculo que ha organizado el poder político y mediático madrileño en torno a unos guiñoles terminará desinflándose pronto, a pesar de los jueces afines. Hay, sin embargo, actitudes que vienen de antiguo y perdurarán algún tiempo. El mejor ejemplo de esas actitudes es el ministro del Interior en funciones, cuya credulidad en imágenes y milagros le conduce a confundir un cartel de unos pocos centímetros en manos de una marioneta con una pancarta de exaltación del terrorismo. Esta credulidad con tan altas dosis de ignorancia oculta, no obstante, otra intención: combatir al gobierno municipal en Madrid, desacreditar al PSOE y, en definitiva, procurar que no se forme un gobierno en España. Esa es la tarea cuya difusión se encarga a los medios de la extrema derecha en la capital, que son casi todos. Por eso, la anécdota, aunque transitoria, no es insignificante y merece ser combatida.

Pero lo que tiene mayor gravedad es el instrumento que el ministro crédulo utiliza para conseguir sus fines políticos: las víctimas del terrorismo. A este uso perverso se ha sumado enseguida la AVT, cuyo descrédito ya no tiene límites. La actitud repetida de la AVT demuestra fehacientemente el mal uso del “deber de memoria de las víctimas”, recomendado por las Naciones Unidas. Cuando hablamos de deber de memoria nos referimos a la memoria que se debe a las víctimas por su inocencia, pero no nos referimos a la memoria que procede de las víctimas.

La memoria que se debe a las víctimas es universal y lo merecen las víctimas, hayan sido cual hayan sido sus creencias, su pensamiento, sus quehaceres. No hay víctimas inocentes de un lado o de otro, aunque es imprescindible diferenciar los espacios de cada víctima. Por ejemplo, un victimario puede, a su vez, haber sido víctima de otro crimen. Es el caso de los etarras torturados o asesinados, pero estas víctimas han de ser tratadas en un negociado distinto de aquel que corresponde a las personas asesinadas por los etarras. Evitar la equidistancia de las víctimas, como pretenden los asesinos y sus simpatizantes, es un principio moral prioritario, pues lo contrario conduce siempre a garantizar la impunidad para el crimen. Cada una, en su negociado.

Lo otro es la memoria que procede de las víctimas. Aquí no cabe hablar de inocencia, ni de derechos humanos. Primo Levi repetía insistentemente que los salvados eran muchas veces los peores, aunque eso no les quitaba un ápice de su condición de víctimas. Además, el pensamiento de las víctimas y de las asociaciones de víctimas es diverso, no universal; sus sentimientos y deseos, no por legítimos, han de ser éticos, como ocurre, por ejemplo, con el deseo de venganza. Por eso, el uso político de la inocencia y universalidad de las víctimas es otra perversión moral, del mismo calibre que el uso de la equidistancia entre los asesinos y sus víctimas.

El día que logremos diferenciar el genitivo hablativo (la memoria de las víctimas: la que se debe a las víctimas, la que está en su interior) del genitivo posesivo (la memoria de las víctimas: la que poseen las víctimas o sus asociaciones, el pensamiento particular) habremos dado un paso más en la defensa de los derechos humanos y en la denuncia de la inmoralidad de los utilizadores de la inocencia de las víctimas en provecho propio. El ministro crédulo y la AVT forman parte del grupo de la inmoralidad.

Marcelino Flórez

 

Primo Levi y la Comisión de la Verdad

La editorial Península acaba de publicar una recopilación de testimonios de Primo Levi, algunos de ellos escritos en colaboración con Leonardo de Benedetti, otro deportado, con el título de Así fue Auschwitz. Quien haya leído la trilogía de Levi sobre el holocausto, simbolizado en Auschwitz, comprobará con este nuevo libro que la reconstrucción del crimen no está acabada.

Uno de los escritos recogidos se titula “Aniversario” y conmemora el décimo aniversario de la liberación del campo por el Ejército Rojo. Es, por lo tanto, de 1955. Se lamenta aquí Primo Levi de que sea el olvido del crimen lo que impera en Italia, además de la acusación de victimistas o de morbosos, cuando no de mendaces o impúdicos, que alguna gente hace a las víctimas que osan recordar. (¡Cómo me recuerda esto a Rafael Hernando!).

Y el silencio se impone, razona Levi, por la mala conciencia de mucha gente, que trata siempre de “desviar la discusión” cuando aparece el crimen sobre la mesa, trayendo “a colación las armas nucleares, los bombardeos indiscriminados, el proceso de Núremberg y los problemáticos campos de trabajo soviéticos”. (¿Observan ustedes que esta argumentación no ha perdido ninguna actualidad?) Sigue diciendo nuestra víctima de Auschwitz que no le importa cuando quien así actúa es un nazi o un fascista, porque “es natural”, pero que le hiere mucho cuando el silencio culpable alcanza a los intelectuales o a las propias víctimas.

También comprende, no obstante, este silencio culposo, que nace de la vergüenza que el crimen produce en toda la humanidad, la cual no puede sentirse ajena a aquellos hechos, porque es la propia Europa la que engendró Auschwitz: “vivíamos en ese siglo en que la ciencia se vio doblegada, y dio a luz las leyes raciales y las cámaras de gas. ¿Quién puede decirse convencido de ser impune a la infección?”. (Primo Levi no lo sabía entonces, pero Wallter Benjamin había dejado escrita, antes de suicidarse unos pocos años atrás, la explicación racional de esa responsabilidad europea.)

El autor, denunciada la mala conciencia, reclama con vehemencia la palabra, que se diga, que se conozca la verdad. Eso sí, sin “agavillar a víctimas y asesinos”, esa equidistancia que hoy con tanta insistencia escuchamos. En otros escritos posteriores Primo Levi calificaría esta posición ideológica de la equidistancia como “perversión moral”, porque la identificación de las víctimas con sus verdugos tiene como finalidad garantizar la impunidad de los asesinos, mientras perdura sin reparación la injusticia de las víctimas.

En esta segunda transición que estamos, todos, protagonizando, me ilusionaría escuchar en la voz de los líderes políticos democráticos esa misma recomendación de Primo Levi: el compromiso expreso de crear una Comisión de la Verdad sobre los crímenes del franquismo tan pronto como se formen las nuevas Cortes. Eso sí que daría fin al franquismo, integrándolo en la conciencia colectiva, con víctimas y con asesinos en sus correspondientes capítulos. Y aquí, la palabra o el silencio sí que dividen las opciones de la nueva transición. Sigo escuchando con toda atención.

Marcelino Flórez

Rajoy y la Memoria

Respondiendo a la pregunta de un periodista, Rajoy, muy ufano, presumió de que, aunque no había derogado la llamada Ley de Memoria Histórica, “la asignación presupuestaria ha sido cero” en sus cuatro años de gobierno. Asombra que en el año 2015 un presidente de un gobierno en la Unión Europea se jacte públicamente de no financiar a las asociaciones que rescatan de fosas comunes a personas desaparecidas por el régimen franquista y no pase nada. Porque aquí, lo que asombra es que no pase nada, que se pueda ofender a las víctimas desaparecidas en un crimen contra la humanidad impunemente.

Dejando a un lado lo que se conoce como sociología del franquismo, una causa esencial de esta aberrante situación es la confusión del concepto de memoria histórica. Casi universalmente, a derecha y a izquierda, entre los tertulianos como entre los académicos, se asocia la idea de memoria histórica con la reivindicación de la Segunda República o con los valores republicanos o con el antifranquismo. Cuando se abre una fosa, lo más que llegamos a escuchar a los familiares, a los activistas o a los periodistas es que al fin se puede enterrar dignamente a los muertos, aunque se añada que son unos muertos por la libertad y por la democracia. Si fuese eso de lo que trata la memoria histórica, si se tratase de una mera confrontación entre regímenes políticos, aunque uno sea democrático y el otro fascista, o si se tratase de un mero asunto familiar sobre el entierro digno, sería legítima la diferencia de opinión.

Pero no hablamos de eso. Es incomprensible que siga siendo hegemónico ese pensamiento, después de que Walter Benjamin pasara por el mundo y después de que, en España, Reyes Mate y otros filósofos hayan reflexionado hasta la saciedad acerca de eso que la mayoría sigue denominando memoria histórica. Por lo pronto, cuando Walter Benjamin reflexionó sobre este asunto, dejó a un lado el término memoria y utilizó otro mucho más preciso, rememoración, que hace referencia al acto voluntario de traer a la memoria algún elemento del pasado.

Tratando de explicarse la existencia del nazismo, Benjamin había descubierto que las víctimas venían siendo relegadas al olvido a lo largo de la historia; y que ese olvido había sido justificado por la filosofía, como si las víctimas fuesen, en palabras de Hegel, “florecillas al borde del camino”, que era legítimo pisar en nombre del progreso o de cualquier ideal de esos llamados eternos. Siguiendo ese razonamiento de los filósofos y la práctica de la humanidad a lo largo de la historia, el nazismo se dispuso a prescindir de todo lo que no fuera la raza aria. No era más que un paso adelante en la argumentación. Contra ese pensamiento se rebeló Benjamin y, caracterizándose a sí mismo como “el trapero de la historia”, se dispuso a rescatar lo que venía siendo olvidado, se dispuso a rememorar a las víctimas. Construyó así lo que su amigo Adorno denominó un nuevo imperativo categórico: el de reorientar el pensamiento y la acción para que Auschwitz no se pudiese repetir.  Y así fue como las víctimas, antes relegadas al olvido, pasaron a estar encima de la mesa.

El proceso fue muy largo, porque la guerra fría lo mantuvo congelado, pero finalmente fue sancionado por la ONU en el 61º Periodo de Sesiones del Consejo Económico y Social del año 2005, cuando se estableció “el derecho inalienable a la verdad”, como uno de los principios para la protección de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la impunidad: “Cada pueblo tiene un derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimiento sucedidos en el pasado en relación con la perpetuación de crímenes aberrantes y de las circunstancias y de los motivos que llevaron, mediante violaciones masivas o sistemáticas, a la perpetración de esos crímenes. El ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad proporciona una salvaguardia fundamental contra la repetición de tales violaciones”.

Si en lugar de memoria histórica, hubiéramos enseñado a hablar de rememoración de las víctimas, cuando Rajoy chulease de actuar políticamente para mantener ocultas a las víctimas del franquismo, le podríamos acusar de tratar de encubrir un “delito contra la humanidad”, usando los términos que ha usado el Tribunal Supremo en España. ¿Conocerán esto los fiscales españoles?

Marcelino Flórez