Cuando en el año 2006 Entrepueblos organizó unas jornadas con el título de La Memoria contra la Impunidad en el Centro Buendía de la Universidad de Valladolid (con ausencia clamorosa del profesorado de la propia Universidad, que no tuvo a bien acudir a escuchar a expertos en el tema de la talla de Reyes Mate o Francisco Espinosa, eso a pesar de que la inauguración de las jornadas coincidió con la declaración de tregua por parte de ETA, asunto tan directamente relacionado con el título de las jornadas), pudimos tomar conciencia ya de que la Memoria había llegado para quedarse. Esa  conciencia nos ha permitido ir encontrando explicación al sinuoso discurrir de la vida política española en los últimos quince años a  este respecto. Cada vez entendemos mejor la intranquilidad que recorrió al partido único de la derecha española el día que Emilio Silva desenterró a su abuelo junto a los otros doce de Priaranza, era el mes de octubre del año 2000; entendemos también la hiperbólica irritación que le causaba a este partido la tramitación de la conocida como Ley de Memoria Histórica; y entendemos el acoso mediático y jurídico que emprendió contra Garzón a raíz de su Auto de 16 de octubre de 2008.

Lograron terminar con la carrera judicial de Garzón en España, provisionalmente y por otro asunto, pero la autoridad del juez salió reforzada por su planteamiento de fondo en el Auto sobre las víctimas del franquismo, porque, si bien las víctimas quedaban jurídicamente desamparadas, como hizo notar inmediatamente Amnistía Internacional, la condena moral del franquismo resultó definitiva, al reconocer la sentencia absolutoria de Garzón que la Dictadura era responsable de Crímenes contra la Humanidad (“QUINTO.- Los hechos anteriormente descritos, desde la perspectiva de las denuncias formuladas, son de acuerdo a las normas actualmente vigentes, delitos contra la humanidad en la medida en que las personas fallecidas y desaparecidas lo fueron a consecuencia de una acción sistemática dirigida a su eliminación como enemigo político”. -Sentencia 102/2012 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo-). La memoria de las víctimas obtenía aquí, de forma callada y apenas percibida por la mayoría de la población, una victoria frente a los victimarios.

Y la madeja ha continuado desenrollándose. Primero fue la jueza argentina María Servini de Cubria, que aceptó la demanda de dos familiares de personas desaparecidas, en el marco de la justicia universal, a la que se han ido sumando un sinnúmero de querellas y querellantes. Los últimos pasos de esta causa han llevado a la solicitud de detención de algunos conocidos torturadores del tardofranquismo, donde la fiscalía española continúa poniendo obstáculos, que no son sino coces contra el aguijón.

Coincidiendo con estos hechos, han llegado a España los observadores de la ONU para comprobar la situación de las personas desaparecidas, lo que habían solicitado la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y otras asociaciones de Derechos Humanos en el año 2002. En este caso, ya no es que las víctimas se hagan visibles, pues ya lo eran desde hace unos años, es que la visibilidad llega al centro nuclear de los Derechos Humanos. Puede que judicialmente no se avance mucho, pero moralmente se recorre todo el camino: las víctimas del franquismo son universalmente visibles y la impunidad de sus asesinos queda atestiguada. Ya no cabe el negacionismo en este final del recorrido.

Aquí, precisamente, se abre una nueva senda, una senda interior, la senda que afecta a los restos del franquismo dentro de España. Lo de menos es que esos restos se encuentren en los nombres de algunas calles, en los monolitos del algún altozano o, incluso, en las pulseras de algunos mozalbetes y de otros ancianos; lo importante es que esa senda es poderosa, porque está amparada  por el partido único de la derecha española, que, además, gobierna.

Si la autoridad de este gobierno está mermada en el mundo por los catastróficos resultados sobre la población de su gestión, con aumento del desempleo, reducción de los salarios, quiebra de las pequeñas empresas, desmantelamiento de los servicios sociales; si esa merma de autoridad se agudiza por estar enfangado el partido en unos asuntos de corrupción, que son la primera pregunta de cualquier corresponsal extranjero y para la que no encuentra más respuesta que excusas y mentiras; si eso es así, la rememoración de las víctimas del franquismo añade a este gobierno un peso insuperable. O deja de proponerse como continuador del franquismo y condena de una maldita vez, sin equívocos, a la Dictadura y pone los medios para reparar la injusticia, como le acaba de proponer el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU al concluir su visita a España, o no puede quitarse la losa de encima.

Marcelino Flórez