‘Podemos’ y la unidad

Si no la mayor, una de las mayores decepciones que sufrí en las pasadas elecciones europeas fue que mucha gente, incluídos amigos cercanos a los que había informado de un programa realmente transformador y de un método realmente democrático, prefirieron votar a ‘Podemos’, carente de programa, sin existencia propiamente dicha, y sustentado en cuatro eslóganes y en un tribuno. Me decepcionó, pero entendí enseguida y así lo puse por escrito, que ‘Podemos’ era el verdadero y único triunfador de las elecciones europeas. La intranquilidad de la casta y las encuestas confirman, a día de hoy, que así fue y así sigue siendo.

Hasta que no llegue noviembre y se haya celebrado la asamblea, no sabremos muchas cosas más de ‘Podemos’, aunque los tres o cuatro dirigentes principales siguen desgranando en los medios lo que ya parece esencial en el movimiento: no es algo “de derechas ni de izquierdas” y quiere romper con todo lo existente, con la casta. Declaran el fin del régimen de la Transición y anuncian un nuevo proceso constituyente.

Confieso que, salvo en ese matiz sobre “derechas e izquierdas”, coincido prácticamente en todo con los dirigentes de ‘Podemos’, que actúan de hecho como portavoces del movimiento. Yo quiero igualmente un nuevo proceso constituyente y ansío ver desaparecer a la casta, a la política y a la social, de la esfera pública. ¿Por qué, entonces, no termino de identificarme con ‘Podemos’?

También me parece que empiezo a encontrar la respuesta. Es ese matiz de “derechas e izquierdas” el que me afecta. Y ahora entiendo mejor la decepción con mis incluso amigos y votantes en las europeas. Esos amigos y esos votantes son gentes normalmente poco implicadas en el movimiento social y, menos, en la militancia política. Son gente corriente, alguna incluso progresista, pero no afiliada ni a partidos ni a sindicatos, ni a asociaciones vecinales, la mayoría ni siquiera afiliada a una ong. Por no ser, muchas de ellas no son ni de iglesia. Algunas veían bien, incluso, que hiciésemos huelgas contra el gobierno y sus leyes, pero no participaban en las mismas, como mucho en las manifestaciones de por la tarde. Nunca fueron ni de derechas ni de izquierdas. Es lo que Pablo Iglesia llama gente normal. Y ahora veo con más claridad que nunca lo anormal que soy (y que seguiré siendo, porque esto no tiene remedio).

A mí no me da miedo ‘Podemos’, discurra por donde discurra su trayectoria. Es más, estoy encantado de que haya sido ‘Podemos’ quien haya aglutinado a la gente normal. Lo prefiero a cualquiera otra de las posibilidades de agrupación, incluídas algunas que se dicen izquierdistas.

Dice una cosa Pablo Iglesias con la que estoy más de acuerdo que con el resto de sus dichos. Me refiero a esa voluntad que manifiesta de sustituir a la casta por la asamblea ciudadana. Por eso, no quiere ni oir hablar de frentes electorales o suma de siglas. Eso mismo pienso yo y he dejado testimonio escrito en varios artículos que hablan de unidad. La diferencia es que Pablo Iglesias habla de unidad del pueblo y yo hablo de unidad de la izquierda. Esa es la diferencia. El problema se va a presentar cuando ‘Podemos’ sea un partido, esto es, en noviembre. ¿Consistirá, entonces, la unidad en integrarse en ‘Podemos’, nueva casa común, o su afiliación estará dispuesta a juntarse con otra gente de otros partidos (tan legítimos como ‘Podemos’, formal y materialmente) en foros y asambleas abiertas? Esa será la prueba del nueve, aunque yo ya tengo claro dónde voy a estar.

Marcelino Flórez

Víctimas del franquismo y «estabilidad del orden democrático»

El empeño de las asociaciones de derechos humanos ha logrado hacer llegar a las Naciones Unidas la queja de las víctimas del franquismo por el olvido y el abandono en que se hallan a causa del mal gobierno y de la mala justicia españolas. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha ido recabando información y, finalmente, ha elaborado dos importantes informes a cargo de Pablo de Greif y de Ariel Dulitzky, que han sido expuestos en la sesión del día 10 de septiembre de 2014.

Los dos informes son contundentes. Ordenan al gobierno español fijar medidas concretas para atender a las víctimas, en particular para ayudar a esclarecer la verdad y para buscar y desenterrar a las decenas de miles de personas asesinadas que aún permanecen ocultas, a parte de otras recomendaciones específicas, como la que hacen acerca del Valle de Los Caídos.

Valoremos lo que la mera existencia de estos informes significa. Primero, dan fin al tiempo del negacionismo y del olvido. Las palabras con las que el todavía diputado europeo del PP, Luis de Grandes, respondió a Gaspar Llamazares el día 26 de noviembre de 2003, diciendo que la propuesta de Izquierda Unida sobre las víctimas del franquismo olía a naftalina, han sido condenadas definitivamente y en sede internacional. Además, se ha terminado la discusión sobre la definición del franquismo: es un régimen responsable de un crimen contra la humanidad y punto. Esto ya lo dijo el Supremo en la sentencia absolutoria de Garzón, pero ahora lo han refrendado las Naciones Unidas. En la práctica, casi no es nada, porque todo sigue igual en España y los historiadores revisionistas siguen existiendo, pero, al mismo tiempo, es mucho, porque ya no es necesario seguir discutiendo con negacionistas y beneficiarios del régimen, pudiendo dedicarnos a otras cosas. (Todo esto lo había escrito yo en el libro que cito al margen de este blog y que regalo, pero una sola palabra del Supremo o de Naciones Unidas vale más que todos mis razonamientos).

La representante de España en Naciones Unidas, Ana María Menéndez, se ha defendido de lo expuesto en los informes con argumentos carentes de todo valor, porque esgrimen precisamente como defensa lo que los informes establecen como falta. Uno de los argumentos ha sido reclamar la amnistía postfranquista y particularmente la Ley de 1977 para afirmar que la sociedad española se reconcilió mediante la “renuncia a la justicia penal”, pero es justamente ese reconocimiento lo que el informe denuncia desde la perspectiva de la justicia universal. Hay otro argumento, en este caso de carácter político, carente igualmente de fuerza argumental: la reivindicación de “la consolidación de la democracia” como moneda de cambio aceptada por la sociedad española para olvidarse de la Dictadura. El problema es que este argumento político, válido durante el régimen de la Transición, ha caducado. Ya no vale, porque la espada de Damocles ya no pende sobre nuestras cabezas como en 1978, obligándonos a comulgar con ruedas de molino. Ni la Iglesia, con sus penas de infierno, ni el ejército, con sus pistolas, son una autoridad para lograr que la sociedad camine por la senda que marca el Partido Popular.

Lo verdaderamente cínico, sin embargo, ha sido el recurso a la Ley de Memoria Histórica, que ha utilizado Ana María Menéndez para justificar que España ha hecho algo en atención a las víctimas. No es el momento de analizar la Ley, tampoco de la amortización de la misma que ha hecho este gobierno, pero sí de proclamar la desvergüenza de un Partido Popular que combatió sin límites aquella Ley y prometió derogarla tan pronto como llegase al poder, al que vemos ahora invocar esa misma Ley para justificar su gestión al frente del gobierno del Estado. ¡Qué bueno es que “dios nos conserve la vista” y el recuerdo del pasado! Bendita sea la memoria que nos permite poder afirmar que el Partido Popular es un impostor y que no nos representa ante Naciones Unidas.

Aún le quedaba a este partido un recurso en las Cortes españolas para incrementar su oprobio, el recurso a la equidistancia de las víctimas, lo que Primo Levi, superviviente de Auschwitz, calificó de enfermedad moral. Y se lo hemos oído formular al mismísimo ministro de Justicia: «Este Gobierno nunca se sentirá tranquilo mientras exista una persona enterrada en una cuneta, da igual de qué bando sea en la guerra más incivil de las guerras que es la Guerra Civil, y sus familiares demanden su localización y entierro». No, señor Gallardón, no hablamos de todas las víctimas. Sólo de las olvidadas, de las desaparecidas, de las que permanecen ocultas en fosas, de las no reparadas, de las que no han conocido la justicia. Esas sólo son unas, aunque sumen ciento cincuenta mil, son las víctimas del franquismo.

Cuando el relator especial de naciones Unidas, Pablo de Greif, se entrevistó con los ministros del gobierno, se sorprendió, según relata Natalia Junquera en El País, del argumentario que repetían uno tras otro: “O concluimos que ya estamos totalmente reconciliados, o la única alternativa es el resurgir de odios subyacentes, lo cual implicaría un riesgo demasiado alto”. Dejemos aun lado la amenaza velada que esas palabras encierran, pero el argumento no sólo puede sorprender, sino que debe indignar.

Primero, las víctimas tienen todo el derecho a odiar a sus verdugos, incluso es conveniente que conserven ese odio para poder subsistir, como dice la psiquiatría. Lo que las víctimas no pueden hacer es cometer cualquier acto delictivo relacionado con ese odio. Pero ¿alguien puede nombrar un solo delito cometido por las víctimas del franquismo después de la muerte del dictador? Por el contrario, podemos enumerar decenas de actos, que en cualquier país democrático serían considerados delitos, realizados por los verdugos o sus seguidores. Cito de memoria: la profanación de las fosas de víctimas franquistas en Poyales del Hoyo, Ávila; los agravios del alcalde de Granada sobre la Tapia del Cementerio de San José; las bárbaras declaraciones del alcalde de Baralla, en Lugo; las ofensas directas emitidas por el coportavoz del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando; el doble atentado contra el monumento memorialista que la ARMH-VA tiene levantado en los Montes Torozos. Salvo para fiscalía y tribunales españoles, estos actos y decenas de otros similares que se suceden en pueblos y ciudades de España, serían actos relacionados con “delitos contra la humanidad”, como razona el punto QUINTO de la Sentencia 102/2012 de la Sala de lo Penal del tribunal Supremo, que absuelve a Baltasar Garzón de la denuncia por prevaricación.

No son, por lo tanto, las víctimas del franquismo, olvidadas y no reparadas, las que ponen en riesgo “la estabilidad del orden democrático”, sino el Partido Popular, que se resiste a aceptar los mandatos de Naciones Unidas y que ampara a sus militantes en las exhibiciones franquistas que se suceden a diario. Eso sí es un riesgo para el orden democrático.

Marcelino Flórez