Casi todos los días después de las elecciones municipales hay alguna noticia de un pueblo o ciudad que dispone cambiar los nombres franquistas de sus calles. Bien está. Pero eso es una cosa insignificante ante el problema de derechos humanos con el que se relaciona. Para entender bien las cosas, es necesario precisar dos aspectos distintos que se suelen juntar bajo el equívoco concepto de memoria histórica.
La memoria es la facultad humana que recuerda y retiene el pasado. La actividad de la memoria tiene, entre otras, una función identitaria: hace posible tener conciencia de sí mismo y del grupo social de pertenencia. La sociología estudió esta función identitaria bajo el nombre de “memoria colectiva” (M. Halbwachs). La Escuela historiográfica de los Annales indagó también sobre ese campo de estudio, al que aplicó de forma imprecisa el nombre de “memoria histórica”, aunque también se usaron otras denominaciones, como “políticas de la memoria”, “lugares de la memoria” o “uso público de la historia”. Ese campo de estudio se ocupaba de los elementos del pasado que constituyen el patrimonio identitario de un “pueblo” o “nación”; uno de esos elementos son los nombres de las calles, que desde el siglo XIX buscaron reflejar grandes hazañas o personajes del Estado-Nación. Los franquistas, desde luego, llenaron calles y edificios con los nombres y estatuas de sus héroes. Ahora que el franquismo ha sido ya reconocido, en la norma y en sede judicial, como un crimen contra la humanidad, lo lógico es retirar de los espacios públicos los recuerdos de aquel crimen y de sus ejecutores. Está bien.
Pero cuando los dirigentes rememoraban el pasado de sus “pueblos”, siempre se olvidaban de las derrotas. No suele haber muchas calles que se llamen, por ejemplo, Pérdida de Cuba y Filipinas. De los vencidos y derrotados nunca se hablaba. Los antiguos, incluso, ordenaban olvidar las desgracias pasadas. Así fue como se relegó al olvido a vencidos y víctimas, hasta que Walter Benjamin, reflexionando sobre ese pasado selectivo para entender la llegada del nazismo, descubrió a las víctimas y las recuperó para el conocimiento del pasado. De esa manera, introdujo el fundamento de un nuevo derecho humano, el derecho a conocer la verdad, que ha sido recogido finalmente por las Naciones Unidas en el Conjunto de principios para la protección de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la impunidad, que la Comisión de Derechos Humanos elaboró el año 2005.
Este segundo elemento, que suele ir oculto o inconsciente bajo el concepto de memoria histórica, es el que a mí me interesa, la rememoración de las víctimas. En lo que al franquismo se refiere, el cambio de nombres en las calles es una acción necesaria pero mínima, porque la tarea importante es forzar que se forme una Comisión de la Verdad, donde personalidades independientes y diversas establezcan la verdad de los crímenes franquistas y también, en capítulo aparte, los crímenes cometidos por los republicanos. Todas y cada una de las masacres en todos y cada uno de los pueblos de España tienen que ser conocidos, con las personas responsables de ordenar, ejecutar y colaborar para cometerlos. Habrá de establecerse también el calificativo que cada uno de esos crímenes merece y el recorrido jurídico, social y político que han seguido.
Establecida la verdad, primer acto reparador para las víctimas, habrán de seguirse los actos legislativos y judiciales que correspondan. Pero la verdad oficial dará fin a la ofensa a la dignidad de las víctimas, que aún hoy hemos de soportar a dirigentes e, incluso, a portavoces políticos; y en la escuela, por fin, se enseñará a la infancia y a la juventud el crimen contra la humanidad que recorrió a España durante buena parte del siglo XX. Esta es la tarea.