Escuchar al presidente del gobierno del Partido Popular que determinado asunto es de interés general produce, como mínimo, rubor. Cuando alguien ha ejercido el poder como lo ha hecho Mariano Rajoy, con una práctica tan fuertemente clientelar, queda desautorizado para hablar de cuestiones de Estado.

Quien ha hecho una reforma laboral extrema sin reunirse una sola vez con sindicatos obreros y con asociaciones empresariales, sin comunicárselo a los partidos políticos más representativos, sin discutirlo siquiera en las Cortes, no puede hablar ahora de cuestiones de Estado.

Quien ha aprobado una ley de educación en solitario, sin escuchar a las organizaciones de la comunidad educativa, sin hablar una sola vez con los partidos de la oposición, pisoteando cualquier enmienda en sede parlamentaria, no puede hablar ahora de asuntos de interés general.

Quien ha hecho reformas del Código Penal y leyes merecedoras universalmente del calificativo de “mordaza”, relativas a derechos fundamentales, sin escuchar los avisos de personas e instituciones expertas por su pertenencia a la judicatura o a entidades reconocidas internacionalmente por la defensa de los derechos humanos, y lo ha hecho en solitario, no puede hablar ahora de cuestiones de Estado.

Más parece hipocresía ante unas próximas elecciones, que sinceridad del corazón. Rajoy, sus ministros y su partido carecen de autoridad moral para proponer ninguna cuestión de Estado en este momento. Es tan evidente la contradicción con la práctica, que la propuesta de un pacto por interés general, aunque se trate de terrorismo, no es creíble en quien ha gobernado como lo ha hecho y en quien no es capaz de reconocer que mintió atribuyendo a ETA un atentado del fundamentalismo islámico en Madrid, sabiendo que mentía, ante otras elecciones generales.

Por eso, tiene razón ‘Podemos’ y, sobre todo, Izquierda Unida al no firmar un pacto que carece de credibilidad moral a causa del pensamiento y de la práctica del partido gobernante.

Marcelino Flórez