Los tuits de Casandra y su tratamiento jurídico y político forman parte de una de las batallas culturales más importantes que tienen lugar en España, la batalla de la memoria de las víctimas. Esta batalla tiene dos escenarios distintos, el franquismo y ETA, que tienen contextos diferentes y, en el caso de algunos combatientes, son escenarios antagónicos. En el asunto que nos ocupa, precisamente, confluyen los dos escenarios. Quizá por eso el revuelo está siendo mayor.

Si uno lee los tuits de Casandra le podrá parecer, como me ocurre a mí, que son altamente inofensivos, incluso respecto al propio Carrero, algo que también ha manifestado una de sus familiares. Los jueces de la Audiencia Nacional, sin embargo, han encontrado un delito de odio o desprecio “a las víctimas” en las bromas sobre Carrero. Analicémoslo.

Carrero no es una víctima

Hay que comenzar por el concepto de víctima, que se refiere a aquella persona o grupo que sufre un daño por efecto de acciones humanas moralmente execrables. La víctima siempre reúne dos cualidades, la inocencia y la universalidad. Inocencia significa que la persona dañada no está implicada en el hecho, no es responsable, sino que “pasaba por allí”. Ni todo el que sufre, ni todos los muertos son víctimas. En un enfrentamiento entre dos ejércitos, por ejemplo, los muertos en buena lid son caídos o bajas, pero no víctimas. Si esos muertos protagonizan un acto sublime de inmolación, pueden convertirse en héroes o mártires, que es el significado etimológico del vocablo latino victima, pero no en víctimas. Sólo los civiles desarmados, que estaban en su casa o en el campo y les tiraron una bomba encima, son víctimas en medio de una guerra. La otra cualidad, la universalidad, delimita aún más la condición de víctima. Significa que el daño le puede sufrir cualquiera, todo el mundo, independientemente de su pensamiento, de su cultura, de su específica imagen. Los muertos de Estocolmo el día 6 de abril de 2017 podíamos haber sido cualquier humano de cualquier parte de la tierra.

Carrero Blanco no reúne ninguna de esas dos cualidades: el Presidente de un Gobierno de un régimen responsable de crímenes contra la humanidad puede ser cualquier cosa, menos inocente. Y ninguna otra persona en el mundo podía sentir temor de recibir el daño que a él iba dirigido, por lo que carece enteramente de universalidad. Yo mismo, por ejemplo, aquel 20 de diciembre de 1973 tuve miedo, pero de la policía franquista, no de ETA. Calificar de víctima a Carrero Blanco más que un abuso semántico, es una extralimitación, se mire como se mire. Si Carrero no es víctima, mal pueden ofender a las víctimas las ofensas a Carrero.

El asesinato de Carrero no es un acto terrorista

No todos los actos violentos merecen ser calificados de terroristas. Entre otras cosas, esa calificación depende en gran medida del contexto. Es tradición antiquísima de la humanidad la justificación de la rebelión contra el tirano, como razonaban, ya en nuestro contexto cultural, los filósofos medievales y modernos, y como fue recogido en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, y como se universalizó en la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. La rebelión armada contra la Dictadura franquista era violenta, pero no puede calificarse de terrorista, la practicase ETA, el FRAP o quienquiera que fuese. Por esa razón, la inmensa mayoría de la sociedad española organizada y opuesta a la Dictadura se solidarizó con los presos de ETA condenados en el Proceso de Burgos de 1972, como también lo hicieron todos los Estados democráticos de Europa y del mundo o como lo hizo, incluso, el Estado Vaticano.

Es cierto que no existe aún un acuerdo internacional para definir el terrorismo, pero las formas de uso de ese concepto, por ejemplo las que recoge la Real Academia Española, incluyen siempre la violencia que busca infundir terror a la población indiscriminadamente, añadiendo a veces la finalidad política que se pretende con ese sojuzgamiento de las poblaciones mediante el miedo. Pues bien, el asesinato de Carrero Blanco buscaba su eliminación, pero de ahí no se derivaba un terror indiscriminado para la sociedad española. Por lo tanto, ni desde el punto de vista de la legitimidad de la rebelión contra el tirano, ni desde el punto de vista estratégico de la violencia política, el asesinato de Carrero Blanco puede calificarse de acto terrorista.

El uso político de las víctimas

¿Cómo es posible que algún juez español y una inmensidad de tertulianos se refieran a la condena de Casandra como algo relacionado con las víctimas del terrorismo? Es precisamente la batalla cultural en torno a la memoria de las víctimas la que nos explica el embrollo en el que algunos navegan.

Durante mucho tiempo en todas partes del mundo las víctimas estuvieron relegadas al olvido. Las víctimas de ETA sufrieron ese mismo olvido entre 1977 y 1996. La primera vez que la sociedad española reaccionó, salvo la loable actividad que venía desarrollando Gesto por la Paz, fue con motivo del asesinato de Francisco Tomás y Valiente el 14 de febrero de 1996, que sacó a una multitud de estudiantes madrileños a la calle con las manos pintadas de blanco, manifestando así la inocencia de la víctima y la solidaridad con ella. La reacción se multiplicó y se generalizó con motivo del asesinato del joven concejal del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco, el día 12 de julio de 1997. Nunca más estuvieron ya solas y olvidadas las víctimas del terrorismo etarra.

Sin embargo, dos meses después del asesinato de Miguel Ángel Blanco, el 10 de septiembre, se celebró un homenaje a su persona en la Plaza de Las Ventas de Madrid; el acto era unitario, pero el Partido Popular cayó en la tentación de monopolizarlo a su favor. A partir de ahí, el uso político de las víctimas de ETA por el Partido Popular ha sido una constante. Ese uso espurio subió un peldaño con motivo del atentado de Atocha del 11 de marzo de 2004 y mantuvo una actividad frenética durante la primera legislatura de Zapatero, con manifestaciones constantes y descalificaciones tan fuera de tono, que le llevaron a Rajoy a insultar al Presidente del Gobierno durante el debate del Estado de la Nación de 2005 acusándole de “traicionar a los muertos” o, durante el debate que precedió a las lecciones de febrero de 2008, de haber “agredido e insultado a las víctimas del terrorismo”. En este camino el Partido Popular estuvo acompañado por algunas asociaciones de víctimas, a las que financiaba generosamente. El resultado, además de generar una insoportable crispación, puso en peligro la universalidad de las víctimas del terrorismo, que sólo lograron mantener su dignidad gracias a la madurez de la sociedad civil organizada.

La batalla cultural en torno a la memoria se complicó más cuando otras víctimas, que llevaban decenas de años ocultas en cunetas al borde de los caminos, salieron a la luz. El día que Emilio Silva y Santiago Macías sacaron de la fosa a Los Trece de Priaranza, las víctimas del franquismo iniciaron un proceso imparable, cuyo resultado ha sido la imposible negación de la enormidad del crimen contra la humanidad que fue el franquismo, como ha dejado escrito el propio Tribunal Supremo.

El gran combate con la memoria de las víctimas del franquismo se produjo a lo largo del año 2006, al que el gobierno socialista designó como Año de la Memoria y que terminó produciendo la conocida como Ley de Memoria Histórica. Centenares de artículos periodísticos son testigos de la virulencia que adquirió esta guerra cultural ese año y que se prolongó durante el año 2008 con motivo del “acoso a Garzón”, al aceptar este juez una demanda presentada por víctimas del franquismo. La lucha sigue encarnizada y quien mejor la representa es el Jefe del Gobierno cuando presume de no entregar ni un solo euro de los presupuestos para la “memoria histórica”.

En este contexto cultural hay que situar la sentencias y el debate sobre los tuits de Casandra. Debate y sentencia que no tardarán en ser considerados epígonos de la lucha contra el memorialismo, pues la cultura de la memoria ha llegado para quedarse y va ganando: el uso espurio de las víctimas de ETA está conociendo ya el repudio de las poblaciones y los afanes por ocultar los crímenes del franquismo no resisten al testimonio de las fosas. Del mismo modo que las ridículas sentencias sobre los guiñoles de “Alka-ETA”, el asunto en torno a Casandra y Carrero pasará a formar parte de la comedia española, no de la tragedia de las víctimas, sean de ETA o del franquismo.

Marcelino Flórez