Estos días está siendo noticia el alcalde de Pajares de la Laguna, un pueblo salmantino de la comarca de La Armuña. Se llama Juan Antonio Benito de Dios y es noticia porque el Senado ha puesto en conocimiento de la fiscalía una carta que este señor ha enviado a esa institución, plagada de gravísimos insultos.

El origen del conflicto es un escrito que el senador valenciano Carles Mullet ha hecho llegar a más de 2.000 municipios, que aún conservan nombres franquistas en sus callejeros, recordándoles que han de cumplir la conocida como Ley de Memoria Histórica. En Pajares de la Laguna he visto que se conservan dos de esos nombres, Calvo Sotelo y Salas Pombo, este último un falangista nacido en Cataluña, que, entre otras cosas, fue Gobernador Civil de Salamanca y, desaparecido Franco, fue uno de los pocos diputados en Cortes que votó en contra de la Ley para la Reforma Política, con la que se originó el paso a la democracia, o sea, un miembro de lo que entonces llamábamos el “búnquer”.

El escrito que envía el alcalde al Senado es asombroso por la ignorancia que destila, que sobrepasa con mucho a las descalificaciones y groserías que dice sobre el Presidente del Senado, sobre el senador Mullet, sobre Zapatero y sobre la “ley de memoria histórica”. Me resisto a reproducir los insultos e invito a quienes no los conozcan y los deseen conocer que recurran a internet. De lo que yo quiero hablar no es de lo que dice este alcalde, sino de lo que justifica que este alcalde pueda decir lo que dice.

Por empezar por lo más sencillo, los insultos a Zapatero se explican porque no hacen más que reproducir los mismos insultos que el Partido Popular repitió hasta la saciedad en sus últimos meses de gobierno y que alcanzaron su cima cuando Mariano Rajoy le insultó en sede parlamentaria, llamándole “tonto solemne”. Era la época de la crispación y “de aquellos polvos, estos lodos”; mucho más, cuando los que ahora gobiernan son los que antes insultaban.

En lo que se refiere al desprecio de la “ley de memoria histórica”, está igualmente autorizado por su partido, que en boca de Rafael Hernando o de Esperanza Aguirre hemos escuchado tantas veces, pero, sobre todo, hemos escuchado a Mariano Rajoy, cuando presumía en una entrevista televisiva de no dar un céntimo para el desarrollo de la referida ley en todos sus años de gobierno. Hay un agravante, en este caso, que justifica aún más los improperios que emite el alcalde de Pajares de la Laguna. Este agravante son los jueces, que no han admitido las querellas presentadas contra alguno de esos personajes públicos por insultar a las víctimas del franquismo, amparadas por esa misma ley. Y, como nos recordó hace ya algunos años el investigador y defensor de derechos humanos, Rainer Huhle, “en un estado moderno de derecho, y pese a muchos deseos de tener otros mecanismos tal vez más humanos (como criterio de moralidad), el castigo judicial es el recurso más válido que tiene la sociedad para declarar lo que considera justo e injusto”. Con los jueces hemos topado y, de ahí, la chulería de este alcalde.

Utiliza el alcalde la palabra comunista como denuncia contra el senador Mullet, exactamente igual que lo hizo el franquismo durante toda su historia y que sus herederos políticos no han sabido abandonar. Pero lo que sonroja y preocupa es que este alcalde, que, además, es maestro y director de un colegio público, achaque a los comunistas la provocación de la Guerra Civil. Esto, además de una falsedad histórica que no necesita ninguna defensa argumental, debería de ser considerado un delito de lesa humanidad por la pretensión de querer ocultar el crimen contra la humanidad que fue el franquismo.

Por estas y por muchas más razones, la carta del alcalde de Pajares de la Laguna, del Partido Popular, exige no sólo la intervención de la fiscalía, sino que de una vez los parlamentarios democráticos de España se pongan a la tarea de llevar adelante una Comisión de la Verdad, de la que surja una ley que dé fin a estas humillaciones que seguimos sufriendo las personas solidarias con las víctimas del franquismo. Es verdad que vamos avanzando. El escándalo que ha provocado el acto que comentamos está ya lejos de las justificaciones que tuvimos que soportar ante hechos protagonizados por otros alcaldes, como el de Poyales del Hoyo o el de Baralla. También la ley de “memoria histórica” que está preparando el gobierno del Partido Popular de Castilla y León, producto del diálogo social, es otro avance. Pero estos delitos no se pueden aguantar más y tenemos derecho a gritar: ¡Ya basta!

Marcelino Flórez