Unidos Podemos y los nacionalistas no han logrado que el Congreso aprobase una modificación de la Ley de Amnistía de 1977, por la que se pretendía exceptuar de aquella ley a los delitos de lesa humanidad. Esta modificación no debería ser necesaria, si se leyese adecuadamente la Constitución, de acuerdo con los tratados internacionales firmados por España, que ya exceptúan esos delitos de lesa humanidad en cualquier ley de amnistía. Pero la lectura que el Tribunal Supremo y el Constitucional vienen haciendo de la ley desoye los mandatos de los tratados internacionales, por lo que la proposición de Unidos Podemos y de los nacionalistas es necesaria para alcanzar la justicia que se merecen las víctimas y la condena que se merecen sus asesinos.

Dos tipos de argumentos se han esgrimido para oponerse a la modificación. Las derechas han recuperado los razonamientos que Marcelino Camacho, Xabier Arzallus y todas las fuerzas de oposición aportaron en 1977 para aprobar la Ley de Amnistía, a la que sólo se opuso Alianza Popular y la extrema derecha. Se pretendía con aquella ley sacar de las cárceles franquistas a quienes aún permanecían en ellas, que eran las personas acusadas de delitos de violencia política, la gente de ETA, del FRAP o de los GRAPO. Es verdad que los comunistas y los nacionalistas vascos usaron también el argumento de la “reconciliación nacional”, en una clara referencia a olvidar la Guerra de España y todas sus consecuencias, “una reconciliación, escribiría Bartolomé Clavero en su autobiografía familiar, El árbol y la raíz, que sólo bastante más tarde advertí que entrañaba la consagración de la impunidad de los vencedores y el despojo de los vencidos”. Así fue. Y eso es innegable. Pero los tiempos han cambiado, el conocimiento de la realidad ha cambiado y las demandas de hoy no son las mismas que las de 1977. Recurrir al “espíritu de la Transición” es un anacronismo en 2018.

El PSOE ha utilizado otro argumento, que es menos espectacular, pero más consistente: “la inseguridad jurídica”. No sé bien a qué se refiere, porque no lo ha explicitado, pero es muy posible que el PSOE esté pensando en la responsabilidad económica por los bienes sustraídos por el franquismo. De ese botín que se apropiaron los vencedores, Bartolomé Clavero aseguraba que “en el ámbito patrimonial, no por supuesto en el penal, la responsabilidad puede alcanzar a los descendientes de genocidas” y, añado yo, al Estado y a las empresas. ¿Será ésta la inseguridad jurídica que han aducido los socialistas para oponerse a la reforma de la ley? Estas precauciones ya las tomaron en la mal llamada Ley de Memoria Histórica, por lo que ahí puede estar la clave de este asunto.

En las redes, todo son improperios contra el PSOE, bien merecidos, por cierto. Pero hay otra crítica política que debe hacerse: cuando se desea que triunfe una propuesta, es necesario negociar su contenido con quien convenga; y es un error pretender hacerse la foto propagandística, dejando que sea derrotada la propuesta. Alguien tendrá esa responsabilidad, sin duda. ¿Por qué no se buscan vías de consenso, como puede ser en este caso el impulso parlamentario de una Comisión de la Verdad sobre los crímenes de la Guerra de España? Al menos obtendríamos un relato consensuado y definitivo. “Y si la verdad queda establecida, y si esta verdad es una verdad terrible, una verdad de crímenes atroces, la falta de justicia queda aún más visible y más sentida”, como escribió Rainer Huhle. El país no parece estar maduro para buscar la justicia, pero debería estarlo para buscar la verdad.

Marcelino Flórez