Dos cosas ha puesto de manifiesto la presente crisis sanitaria, que ninguna persona instruida discute: las deficiencias del servicio de salud y el desastre de las residencias de ancianos. Son dos efectos, que han de tener sus causas.

La doctrina capitalista estableció el dogma de que la mejor forma de funcionar la economía es abandonarla al libre juego de la oferta y la demanda. En esa libertad, el mercado logrará ir resolviendo todas las necesidades que se le presentan a la sociedad, convertidas enseguida en demanda, a la que responderá con prontitud la oferta.

La doctrina se basa en un supuesto y en una creencia. El supuesto es que las personas se mueven sólo o, al menos, principalmente por interés, de ahí que acudirán con su oferta en respuesta a la demanda, en busca del beneficio, de la riqueza. Y este supuesto se sirve de un instrumento bien instalado en las leyes: la propiedad plena y privada de la riqueza obtenida gracias a la búsqueda del interés particular. La creencia es que una mano invisible regirá ese proceso, de manera que asistiremos a un constante crecimiento de la riqueza de las naciones.

Aunque la realidad negó con periodicidad milimétrica la falacia de la creencia, con sus periódicas y crecientes crisis económicas, los más fervorosos nunca renunciaron a su fe primitiva. Más aún cuando comprobaron que, a falta de la mano invisible, el Estado acudía siempre subsidiariamente en su auxilio. Pasado un tiempo de la Gran Depresión, que se resolvió con una guerra mundial y total, y olvidados de las causas, los neoliberales lograron que su creencia se impusiese nuevamente al ir terminando el siglo XX y una vez perdido el miedo al «socialismo real». Un actor de cine en los Estados Unidos de América y una matriarca en el Reino Unido restablecieron el dogma, que sigue presente.

El dogma se aplica con las políticas concretas. Estas consisten en ceder al mercado la solución de las necesidades sociales, para lo que utilizan un argumento esencial: que funciona mejor la propiedad privada o, incluso, que es lo único que funciona. Una mayoría de españoles y de ciudadanos del mundo está adscrita a esa ideología y a esa creencia. De ahí que no sólo no se oponen, sino que apoyan con su voto a quienes practican las políticas de privatización de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales, de las pensiones, o sea, de los pilares del Estado del Bienestar, que construyó la sociedad en la segunda mitad del siglo XX, mientras duraba el recuerdo de la última gran crisis culminada en guerra y, todo hay que decirlo, en el tiempo en que la burguesía conservaba el temor al «socialismo real».

Los gestores del Estado, apoyados en el voto de la población, han ido entregando, especialmente en este siglo XXI, los bienes públicos a las manos privadas y al juego del mercado. Sus principios y sus creencias funcionaron más o menos bien, hasta que un virus ha venido a demostrar por enésima vez el error. La realidad, al final, se impone, pero deja un reguero de sufrimiento, siempre igual de mal repartido que la riqueza. Este es el lodo, el enorme barrizal, del que hay unos claros responsables, que deben ser señalados con el dedo.

Quienes lleguen a leer esto estarán probablemente de acuerdo, porque forman parte del pequeño grupo que consume sus días en defensa de los bienes públicos y en la consolidación de los principios y valores que giran en torno a la solidaridad. El problema es cómo acceder al pensamiento de esas mayorías, que perteneciendo al 99 por ciento que tiene que repartirse la mitad de la riqueza mundial, dan su voto a los representantes del 1 por ciento de la población que disfruta de la otra mitad de la riqueza, los cuales aplican las políticas que conducen inexorablemente a la catástrofe. La razón no puede, veremos de lo que es capaz un virus.

Marcelino Flórez