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Víctimas del franquismo y «estabilidad del orden democrático»

El empeño de las asociaciones de derechos humanos ha logrado hacer llegar a las Naciones Unidas la queja de las víctimas del franquismo por el olvido y el abandono en que se hallan a causa del mal gobierno y de la mala justicia españolas. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha ido recabando información y, finalmente, ha elaborado dos importantes informes a cargo de Pablo de Greif y de Ariel Dulitzky, que han sido expuestos en la sesión del día 10 de septiembre de 2014.

Los dos informes son contundentes. Ordenan al gobierno español fijar medidas concretas para atender a las víctimas, en particular para ayudar a esclarecer la verdad y para buscar y desenterrar a las decenas de miles de personas asesinadas que aún permanecen ocultas, a parte de otras recomendaciones específicas, como la que hacen acerca del Valle de Los Caídos.

Valoremos lo que la mera existencia de estos informes significa. Primero, dan fin al tiempo del negacionismo y del olvido. Las palabras con las que el todavía diputado europeo del PP, Luis de Grandes, respondió a Gaspar Llamazares el día 26 de noviembre de 2003, diciendo que la propuesta de Izquierda Unida sobre las víctimas del franquismo olía a naftalina, han sido condenadas definitivamente y en sede internacional. Además, se ha terminado la discusión sobre la definición del franquismo: es un régimen responsable de un crimen contra la humanidad y punto. Esto ya lo dijo el Supremo en la sentencia absolutoria de Garzón, pero ahora lo han refrendado las Naciones Unidas. En la práctica, casi no es nada, porque todo sigue igual en España y los historiadores revisionistas siguen existiendo, pero, al mismo tiempo, es mucho, porque ya no es necesario seguir discutiendo con negacionistas y beneficiarios del régimen, pudiendo dedicarnos a otras cosas. (Todo esto lo había escrito yo en el libro que cito al margen de este blog y que regalo, pero una sola palabra del Supremo o de Naciones Unidas vale más que todos mis razonamientos).

La representante de España en Naciones Unidas, Ana María Menéndez, se ha defendido de lo expuesto en los informes con argumentos carentes de todo valor, porque esgrimen precisamente como defensa lo que los informes establecen como falta. Uno de los argumentos ha sido reclamar la amnistía postfranquista y particularmente la Ley de 1977 para afirmar que la sociedad española se reconcilió mediante la “renuncia a la justicia penal”, pero es justamente ese reconocimiento lo que el informe denuncia desde la perspectiva de la justicia universal. Hay otro argumento, en este caso de carácter político, carente igualmente de fuerza argumental: la reivindicación de “la consolidación de la democracia” como moneda de cambio aceptada por la sociedad española para olvidarse de la Dictadura. El problema es que este argumento político, válido durante el régimen de la Transición, ha caducado. Ya no vale, porque la espada de Damocles ya no pende sobre nuestras cabezas como en 1978, obligándonos a comulgar con ruedas de molino. Ni la Iglesia, con sus penas de infierno, ni el ejército, con sus pistolas, son una autoridad para lograr que la sociedad camine por la senda que marca el Partido Popular.

Lo verdaderamente cínico, sin embargo, ha sido el recurso a la Ley de Memoria Histórica, que ha utilizado Ana María Menéndez para justificar que España ha hecho algo en atención a las víctimas. No es el momento de analizar la Ley, tampoco de la amortización de la misma que ha hecho este gobierno, pero sí de proclamar la desvergüenza de un Partido Popular que combatió sin límites aquella Ley y prometió derogarla tan pronto como llegase al poder, al que vemos ahora invocar esa misma Ley para justificar su gestión al frente del gobierno del Estado. ¡Qué bueno es que “dios nos conserve la vista” y el recuerdo del pasado! Bendita sea la memoria que nos permite poder afirmar que el Partido Popular es un impostor y que no nos representa ante Naciones Unidas.

Aún le quedaba a este partido un recurso en las Cortes españolas para incrementar su oprobio, el recurso a la equidistancia de las víctimas, lo que Primo Levi, superviviente de Auschwitz, calificó de enfermedad moral. Y se lo hemos oído formular al mismísimo ministro de Justicia: «Este Gobierno nunca se sentirá tranquilo mientras exista una persona enterrada en una cuneta, da igual de qué bando sea en la guerra más incivil de las guerras que es la Guerra Civil, y sus familiares demanden su localización y entierro». No, señor Gallardón, no hablamos de todas las víctimas. Sólo de las olvidadas, de las desaparecidas, de las que permanecen ocultas en fosas, de las no reparadas, de las que no han conocido la justicia. Esas sólo son unas, aunque sumen ciento cincuenta mil, son las víctimas del franquismo.

Cuando el relator especial de naciones Unidas, Pablo de Greif, se entrevistó con los ministros del gobierno, se sorprendió, según relata Natalia Junquera en El País, del argumentario que repetían uno tras otro: “O concluimos que ya estamos totalmente reconciliados, o la única alternativa es el resurgir de odios subyacentes, lo cual implicaría un riesgo demasiado alto”. Dejemos aun lado la amenaza velada que esas palabras encierran, pero el argumento no sólo puede sorprender, sino que debe indignar.

Primero, las víctimas tienen todo el derecho a odiar a sus verdugos, incluso es conveniente que conserven ese odio para poder subsistir, como dice la psiquiatría. Lo que las víctimas no pueden hacer es cometer cualquier acto delictivo relacionado con ese odio. Pero ¿alguien puede nombrar un solo delito cometido por las víctimas del franquismo después de la muerte del dictador? Por el contrario, podemos enumerar decenas de actos, que en cualquier país democrático serían considerados delitos, realizados por los verdugos o sus seguidores. Cito de memoria: la profanación de las fosas de víctimas franquistas en Poyales del Hoyo, Ávila; los agravios del alcalde de Granada sobre la Tapia del Cementerio de San José; las bárbaras declaraciones del alcalde de Baralla, en Lugo; las ofensas directas emitidas por el coportavoz del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando; el doble atentado contra el monumento memorialista que la ARMH-VA tiene levantado en los Montes Torozos. Salvo para fiscalía y tribunales españoles, estos actos y decenas de otros similares que se suceden en pueblos y ciudades de España, serían actos relacionados con “delitos contra la humanidad”, como razona el punto QUINTO de la Sentencia 102/2012 de la Sala de lo Penal del tribunal Supremo, que absuelve a Baltasar Garzón de la denuncia por prevaricación.

No son, por lo tanto, las víctimas del franquismo, olvidadas y no reparadas, las que ponen en riesgo “la estabilidad del orden democrático”, sino el Partido Popular, que se resiste a aceptar los mandatos de Naciones Unidas y que ampara a sus militantes en las exhibiciones franquistas que se suceden a diario. Eso sí es un riesgo para el orden democrático.

Marcelino Flórez

Segunda profanación del monumento memorialista

La primera vez que atravesé Torozos, aquello era un verdadero monte. Las encinas lo cubrían todo entre Rioseco y Zaratán; y el autobús discurría lento a lo largo de una carretera no muy ancha, que cruzaba un par de veces las vías del Tren Burra y pasaba por el medio del aeropuerto de Villanubla, entonces de uso sólo militar. De eso hace más de cincuenta años. Entendí perfectamente ese día lo que me había contado algunas veces mi padre: los llevaban a los Montes Torozos y desaparecían.

Al finalizar los años sesenta, Torozos se desarboló, las encinas desaparecieron y ocuparon su sitio los campos de cebada para producir piensos para alimentar al ganado para llevar la leche y la carne a las ciudades, donde ahora se reunía la gente expulsada del campo. Poco a poco, desaparecieron los testigos y aún no hay noticias de las decenas, tal vez centenares, de fosas clandestinas en Torozos.

La Asociación para la Recuperación de la memoria Histórica de Valladolid levantó un monumento, donde la cañada se cruza con la carretera de Peñaflor de Hornija, en memoria de los centenares, tal vez miles de desaparecidos que oculta Torozos. Son cuatro hierros de los restos de la vía del tren y una pirámide de chapa junto a unas pequeñas rocas calizas del páramo. Allí cada primavera la ARMH-VA reúne a un grupo de personas para rememorar a las víctimas olvidadas. Los hijos y los nietos siguen llorando y las demás acompañamos ese llanto.

Al finalizar el mes de julio, alguien derribó la pirámide, pero la ARMH-VA la levantó de nuevo, con más soldadura sobre las viejas vías férreas. A mediados de agosto, los herederos de los asesinos han vuelto a profanar el monumento a las víctimas, dejando allí su firma, “Arriba España”, para recordar a la humanidad que están entre nosotros y que siguen empoderados. ¡Cómo se nota la ausencia de la fiscalía … y de la polícía!

Monumento profanado

El monumento a las víctimas desaparecidas en Torozos será limpiado, será restaurado y así una y otra vez, hasta que brille la verdad, que traiga la justicia, primera reparación de aquel crimen contra la humanidad, cuya impunidad ampara los crímenes humanitarios que algunas gentes siguen cometiendo y muchas más contemplando con silencio otorgante.

Marcelino Flórez

 

ETA y el desarme

La entrega de armas por parte de ETA a la Comisión Internacional de Verificación el día 21 de febrero de 2014, analizada el primer día, no pasa de ser una mofa. (Después supimos que, además, era una entrega ficticia, muy parecida al documental de Jordi Évole). Es cierto que puede leerse como un signo “en la buena dirección”, según dijeron todos los representantes políticos que no tenían que satisfacer a auditorios específicos, pero es un signo insignificante para la ciudadanía. Sólo cabe leerlo con lógica, si se atiende al mundo interior de ETA: la propia estructura terrorista y el regenerado movimiento aberztale.

Dicen los mediadores internacionales que ETA necesita ir despacio para evitar escisiones internas, que rompan el proceso de disolución. Puede ser. Y ha dicho Pernando Barrena que mientras ETA da continuos pasos hacia el fin del “conflicto”, el gobierno no da signo alguno de tener interés en el desarme. Nada tengo que decir en lo que se refiere al mundo interior. Ellos sabrán lo que hacen y a qué objetivos sirve. Desde fuera y al día siguiente, la burla ha quedado probada y la Comisión Internacional perfectamente desautorizada.

Pero el signo de ETA y las palabras de Pernando Barrena tienen también un interlocutor externo: los gobiernos francés y español con sus ciudadanías. Lo han expresado también los mediadores, que se lamentan de la ausencia de este segundo interlocutor. No hay que ser muy perspicaz para comprender que lo que se está dilucidando es si el final de ETA ha de ser negociado o no.

Parece que las fuerzas políticas democráticas van comprendiendo que en el año 2006 terminó el plazo para un final negociado del terrorismo, si es que no estaba acabado antes. Lo más importante para cerrar ese final negociado no fue, sin embargo, la bomba de Barajas, sino la irrupción de las víctimas en el espacio social.

Hasta el asesinato de Francisco Tomás y Valiente el día 14 de febrero de 1996, las víctimas del terrorismo habían permanecido ocultas, pero ese día los estudiantes madrileños salieron a la calle con las manos pintadas de blanco en señal de solidaridad con la última víctima inocente. Al año siguiente, con motivo del asesinato televisado del joven concejal de Ermua, Miguel Ángel Blanco, fue toda la sociedad española la que manifestó la solidaridad con la víctima. Desde entonces, las víctimas han estado siempre con nosotros y ya no pueden desaparecer. Es una batalla ganada para los derechos humanos.

La derecha política entendió el significado de las víctimas merced a las víctimas de ETA. La izquierda política lo ha ido comprendiendo también, en este caso merced a las víctimas del franquismo. Aunque hay gente, tanto en la derecha como en la izquierda, que no termina de asumir que todas las víctimas son inocentes y universales, o sea, que son patrimonio de la humanidad (no en vano a estos delitos se les califica como delitos contra la humanidad).

Por eso, con las víctimas sobre la mesa, esto es, rememoradas, y observando lo ocurrido con el olvido de las víctimas del franquismo, no cabe ningún final negociado para los crímenes de ETA contra la humanidad, sino exclusivamente verdad, justicia y reparación. Esto no tiene vuelta atrás.

Sólo algunos sectores del mundo de los victimarios se resisten ya a reconocer el derecho incondicional de las víctimas. Es lo que observamos en la burla del “desarme por entregas” del día 21, como lo calificó Cayo Lara. Lo vemos también en el tortuoso camino que se está haciendo recorrer a las víctimas del franquismo.

Marcelino Flórez

Zapatero, la Verdad y las Víctimas

En la conferencia inaugural del Seminario Internacional sobre “Transiciones democráticas y calidad de la democracia. Perspectivas comparadas Brasil-España”, que corrió a cargo de José Luis Rodríguez Zapatero, en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, el día 13 de enero de 2014, hemos podido comprobar que la opción por el silencio sobre los crímenes de la Dictadura Franquista ha pasado de ser una cuestión de ideología política a serlo de conocimiento o ignorancia de la realidad.

El meollo se ha desvelado cuando un miembro del público, que es un público muy sensible al tema del seminario, especialmente el público sudamericano y ese era el caso, preguntó a Zapatero si era partidario de formar una Comisión de la Verdad, a lo que el ex-presidente respondió con un tajante “no”. Eso provocó la intervención de Garzón, que también estaba entre el público, y originó un debate que dejó claras las dos posturas que siguen campando en España sobre la mal llamada memoria histórica.

Zapatero defendió el olvido de la Dictadura por razón de lo que denominó tres pilares irrenunciables, “democracia, consenso, reconciliación”. Refrendó esa opinión, además, con una defensa explícita de la Ley de Amnistía.

Garzón, que es uno de los impulsores de la creación de una Comisión de la Verdad en España, también tenía tres pilares, aunque bien distintos, para su argumentación, “víctimas, justicia y reparación”. Reclamó, efectivamente, justicia para reparar a las víctimas; y, en su defecto, como ocurre en España con las víctimas del franquismo, una Comisión de la Verdad, donde las víctimas puedan, al menos, expresar en público su dolor, que es un primer acto reparador.

No se trata de dos opiniones distintas sin más, se trata de la diferencia que existe entre el conocimiento y la ignorancia de la realidad, como decía, porque hoy no estamos hablando en 1978, sino en 2014; y porque no se pide una Comisión para juzgar a la Transición, sino para reparar a las víctimas, que siguen sin recibir justicia. En 2014 no se necesita consenso para implantar la democracia y reconciliar a dictadores con demócratas. Eso, en todo caso, sería en 1978. Ahora hablamos de otras cosas.

Para entender la ignorancia culposa de Zapatero, hemos de recordar que en 1978 no teníamos conciencia de lo que significaban las víctimas, es más, no teníamos conciencia de que existían víctimas. La guerra fría había congelado el pensamiento de Walter Benjamin y de sus amigos, críticos del nazismo, y seguíamos, en palabras de Hegel, “pisoteando las florecillas a los lados del camino” para alcanzar nuestros objetivos sin sentir escrúpulos, aunque fuesen nobles esos objetivos, como lo era la institución de la democracia.

Tampoco reparamos en 1978 en las consecuencias del olvido, que fueron la impunidad para el franquismo y la injusticia para sus víctimas. Por eso, el fallecido Rafael del Águila decía que la Transición había dejado algunos “problemas no resueltos: reparar a las víctimas, componer deficiencias institucionales, romper hegemonías discursivas o mejorar la capacidad de juicio ciudadano”. En los últimos años y meses esos “problemas no resueltos” se hacen más evidentes y no es necesario insistir en razonarlo, porque ya lo hace el CIS con sus encuestas. Esto no es ningún juicio a la Transición, sino una descripción de la realidad. Una cosa es lo que se hizo y otra bien distinta es seguir valorándolo con los mismos criterios, después de la transformación que ha tenido el conocimiento. Precisamente, este era el déficit que denotaba Zapatero.

Aún hay otro elemento más, también novedoso, que desdice al ex-presidente. En 1978 la mayor acusación que podía hacerse al franquismo era la de fascismo, régimen condenado por Naciones Unidas. En 2014, sin embargo, sabemos que el franquismo es responsable de crímenes contra la humanidad, como ha refrendado el propio Tribunal Supremo precisamente en la sentencia absolutoria de Garzón, y esto cambia también las cosas. No es lo mismo echar al olvido una dictadura fascista, que unos horrendos e imperecederos crímenes contra la humanidad. Pues ya lo ven, Zapatero no sabe que estamos hablando de esto.

Marcelino Flórez

Argentina, la ONU, la Memoria y el Franquismo

Cuando en el año 2006 Entrepueblos organizó unas jornadas con el título de La Memoria contra la Impunidad en el Centro Buendía de la Universidad de Valladolid (con ausencia clamorosa del profesorado de la propia Universidad, que no tuvo a bien acudir a escuchar a expertos en el tema de la talla de Reyes Mate o Francisco Espinosa, eso a pesar de que la inauguración de las jornadas coincidió con la declaración de tregua por parte de ETA, asunto tan directamente relacionado con el título de las jornadas), pudimos tomar conciencia ya de que la Memoria había llegado para quedarse. Esa  conciencia nos ha permitido ir encontrando explicación al sinuoso discurrir de la vida política española en los últimos quince años a  este respecto. Cada vez entendemos mejor la intranquilidad que recorrió al partido único de la derecha española el día que Emilio Silva desenterró a su abuelo junto a los otros doce de Priaranza, era el mes de octubre del año 2000; entendemos también la hiperbólica irritación que le causaba a este partido la tramitación de la conocida como Ley de Memoria Histórica; y entendemos el acoso mediático y jurídico que emprendió contra Garzón a raíz de su Auto de 16 de octubre de 2008.

Lograron terminar con la carrera judicial de Garzón en España, provisionalmente y por otro asunto, pero la autoridad del juez salió reforzada por su planteamiento de fondo en el Auto sobre las víctimas del franquismo, porque, si bien las víctimas quedaban jurídicamente desamparadas, como hizo notar inmediatamente Amnistía Internacional, la condena moral del franquismo resultó definitiva, al reconocer la sentencia absolutoria de Garzón que la Dictadura era responsable de Crímenes contra la Humanidad (“QUINTO.- Los hechos anteriormente descritos, desde la perspectiva de las denuncias formuladas, son de acuerdo a las normas actualmente vigentes, delitos contra la humanidad en la medida en que las personas fallecidas y desaparecidas lo fueron a consecuencia de una acción sistemática dirigida a su eliminación como enemigo político”. -Sentencia 102/2012 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo-). La memoria de las víctimas obtenía aquí, de forma callada y apenas percibida por la mayoría de la población, una victoria frente a los victimarios.

Y la madeja ha continuado desenrollándose. Primero fue la jueza argentina María Servini de Cubria, que aceptó la demanda de dos familiares de personas desaparecidas, en el marco de la justicia universal, a la que se han ido sumando un sinnúmero de querellas y querellantes. Los últimos pasos de esta causa han llevado a la solicitud de detención de algunos conocidos torturadores del tardofranquismo, donde la fiscalía española continúa poniendo obstáculos, que no son sino coces contra el aguijón.

Coincidiendo con estos hechos, han llegado a España los observadores de la ONU para comprobar la situación de las personas desaparecidas, lo que habían solicitado la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y otras asociaciones de Derechos Humanos en el año 2002. En este caso, ya no es que las víctimas se hagan visibles, pues ya lo eran desde hace unos años, es que la visibilidad llega al centro nuclear de los Derechos Humanos. Puede que judicialmente no se avance mucho, pero moralmente se recorre todo el camino: las víctimas del franquismo son universalmente visibles y la impunidad de sus asesinos queda atestiguada. Ya no cabe el negacionismo en este final del recorrido.

Aquí, precisamente, se abre una nueva senda, una senda interior, la senda que afecta a los restos del franquismo dentro de España. Lo de menos es que esos restos se encuentren en los nombres de algunas calles, en los monolitos del algún altozano o, incluso, en las pulseras de algunos mozalbetes y de otros ancianos; lo importante es que esa senda es poderosa, porque está amparada  por el partido único de la derecha española, que, además, gobierna.

Si la autoridad de este gobierno está mermada en el mundo por los catastróficos resultados sobre la población de su gestión, con aumento del desempleo, reducción de los salarios, quiebra de las pequeñas empresas, desmantelamiento de los servicios sociales; si esa merma de autoridad se agudiza por estar enfangado el partido en unos asuntos de corrupción, que son la primera pregunta de cualquier corresponsal extranjero y para la que no encuentra más respuesta que excusas y mentiras; si eso es así, la rememoración de las víctimas del franquismo añade a este gobierno un peso insuperable. O deja de proponerse como continuador del franquismo y condena de una maldita vez, sin equívocos, a la Dictadura y pone los medios para reparar la injusticia, como le acaba de proponer el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU al concluir su visita a España, o no puede quitarse la losa de encima.

Marcelino Flórez