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Historia,Memoria de las víctimas,Política

Franquismo y Verdad histórica

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El 10 de diciembre de 2014 se votó en el Senado la Moción que el PNV había presentado un mes antes, donde se pedía atender al informe del relator de Naciones Unidas, Pablo de Greiff, que reclama la búsqueda de la verdad en lo relativo a los crímenes del franquismo. La moción solicitaba también reconocer y amparar a las asociaciones de víctimas, dotar presupuestariamente la conocida como Ley de Memoria Histórica, hacer un censo de simbología franquista aún perviviente y abrir los archivos de las cárceles de la Dictadura.

El Partido Popular, en solitario, votó contra la Moción y encargó al senador Muñoz-Alonso Ledo explicar el voto. Es muy difícil explicar un voto que se resiste a condenar el franquismo, por eso la explicación se basó en excusas y aspectos laterales: que si se rechazaba por las enmiendas introducidas, que si no se habían acercado a ellos para llegar a acuerdos, que si no es obligatoria la resolución de Naciones Unidas. Excusas, no razones.

De la intervención parece deducirse que podía haber habido acuerdo en lo relativo a dotar de presupuestos la Ley de Memoria Histórica y a realizar el censo de simbología franquista. Un acuerdo éste poco creíble, pues ahí están las asociaciones memorialistas que tiene que proceder a exhumar los restos humanos de las fosas comunes con sus propios recursos o con los que proceden de la solidaridad internacional; o ahí está la ciudad de Valladolid con su conocido alcalde, al que una sentencia ha obligado a retirar símbolos y nombres franquistas, pero continúa sin cumplir no sólo la ley, sino la misma sentencia. Poco creíble, pues.

El meollo de la intervención del senador populista, sin embargo, estaba en los desacuerdos: “Nosotros no hemos hecho una comisión de la verdad, y con todo el alma les digo que ni falta que nos hace”. A continuación razonaba que en las democracias no existe verdad oficial y que eso es cosa de los historiadores, los cuales van desvelando la verdad a medida que la descubren. Este aspecto tiene cierta dosis de razón, pero si realmente estuviese diciendo lo que expresa, ¿por qué siguen sin abrir el acceso de los archivos a los historiadores? Esta concesión del partido populista no se corresponde con su actuación real, por lo que, aunque el senador no desease mentir, lo que dice no puede ser creído.

Hay otro matiz en este asunto de la Comisión de la Verdad (aparte de que no está garantizado que el saber histórico alcanzado esté presente en las enseñanzas oficiales primarias y secundarias, ni en los medios de comunicación, con lo que realmente la población española sigue sin conocer la verdad histórica sobre el franquismo). El matiz es que no estamos hablando de verdad histórica frente a verdad política, sino que estamos hablando de verdad jurídica y ese es otro cantar.

No sólo es necesaria una Comisión de la Verdad para que la población española disponga del saber histórico científicamente consensuado y pueda conocer que la Guerra Civil fue originada por un golpe de Estado ilegal e ilegítimo, que dio lugar a la Dictadura franquista, régimen responsable de un enorme crimen contra la humanidad, sino que el conocimiento social de esta verdad histórica tiene consecuencias jurídicas.

Como escribió Rainer Huhle a propósito de las Comisiones de la Verdad latinoamericanas, “si la verdad queda establecida, y si esta verdad es una verdad terrible, una verdad de crímenes atroces, la falta de justicia queda aún más visible y más sentida”. Que estamos ante unos crímenes atroces no sólo lo ha dicho la Historia, sino también los jueces. El razonamiento QUINTO de la sentencia 102/2012 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en la que se absuelve a Garzón de la denuncia por prevaricación, dice: “Los hechos anteriormente descritos, desde la perspectiva de las denuncias formuladas, son de acuerdo a las normas actualmente vigentes, delitos contra la humanidad en la medida en que las personas fallecidas y desaparecidas lo fueron a consecuencia de una acción sistemática dirigida a su eliminación como enemigo político”.

El señor Muñoz-Alonso debería saber, como le ha recordado la ONU, que los delitos contra la humanidad son imprescriptibles y que están reclamando justicia, no sólo para certificar la moralidad pública y para evitar la impunidad, sino para reparar a las víctimas. Así que no sólo necesitamos una Comisión de la Verdad, también se requiere Justicia. Ambas cosas llegarán, no lo duden.

Marcelino Flórez

 

Historia,Memoria de las víctimas,Política

7.000 nombres en Valladolid

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Nunca antes de ayer, 26 de noviembre, habíamos sabido que en Valladolid el franquismo reprimió a 7.000 nombres. Dos mil trescientos treinta y cuatro de ellos, al menos, fueron asesinados, la mayoría de los cuales permanecen desaparecidos en fosas comunes, muchas ni siquiera localizadas. Siete mil son muchos nombres en una provincia donde no hubo guerra y cuya población apenas sobrepasaba los trescientos mil habitantes. “Valladolid 1936. Todos los nombres” es el título del libro que nos lo cuenta.

Sigue habiendo mucha gente, familiares de víctimas entre ella, que continúa achacando la represión a los malos quereres. Ayer mismo, un señor del público, cuyos padre y abuelo habían sido condenados a treinta años aseguraba que eso era inexplicable, “porque no militaban en ningún partido ni sindicato”. Decía eso aun conociendo que fueron detenidos el día 19 de julio en la Casa del Pueblo junto a los otros cuatrocientos cuarenta y ocho socialistas de Valladolid, que serían juzgados en la Causa 102/1936. Pero Julio del Olmo, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid, se encargó de aclarar ese aspecto junto a otro paralelo, el que se refiere a la responsabilidad en los crímenes.

La represión fue masiva, pero fue selectiva. Ningún historiador propiamente dicho discute hoy que se ordenó asesinar a los cargos políticos representativos y designados, o sea, alcaldes, concejales, gobernadores, delegados; a los dirigentes de sindicatos y partidos políticos; y, también, a sindicalistas y militantes políticos de la base, pero que se habían significado públicamente. Así se sembró el terror en toda la población, terror que un día tras otro comprobamos que persiste, como ayer mismo pudimos públicamente constatar.

Hasta ayer, sin embargo, no conocíamos sus nombres y no sabíamos que sumaban ¡siete mil!. Estamos ante un crimen contra la humanidad, que es modélico, y que, también en esto modélico, permanece impune.

La otra precisión que hizo Julio del Olmo se refiere a la responsabilidad en el crimen. Aún no tenemos todos los documentos probatorios, porque los archivos que los contienen permanecen cerrados, pero ya hay pruebas suficientes para asegurar que la represión estuvo ideada y ordenada por el alto mando militar que se rebeló contra la República. Nada fue improvisado y todo se rigió por los métodos colonialistas que conocían bien los militares rebeldes africanistas. En Valladolid, cada paso estuvo controlado por el ejército y desde Saliquet, el general golpista, hasta el último guardia civil del último pueblo de la provincia, nada se escapó a la cadena de mando. Las “cuadrillas” de falangistas, que ejecutaban las detenciones y se responsabilizaban de los “paseos”, estuvieron encuadradas en el mando militar desde los primeros días y siempre actuaron bajo la dirección de los cuarteles. Los archivos demuestran que, aunque los juicios fuesen una pantomima, las condenas a muerte respondían a un análisis minucioso de cada persona detenida. Si había contradicción en los informes, se requerían otros nuevos, hasta que la autoridad judicial militar dispusiera de datos precisos.

Nada, pues, de improvisación y nada de malos quereres. Las listas que los pistoleros de las camionetas de la muerte llevaban consigo no las confeccionaban ellos, sino la autoridad competente.

Hoy conocemos los nombres, uno a uno citado por orden alfabético en cada pueblo y en la capital vallisoletana. Se acabó la discusión sobre la enormidad del crimen, que permanece impune. En la presentación del libro, Gustavo Martín Garzo musitó para nuestros oídos el relato del crimen con palabras templadas y corazón cálido; y Manolo Sierra nos contó que la portada del libro resume la experiencia del conocimiento del crimen desde la casa familiar en su Babia natal. Julio del Olmo, coordinador del libro, explicó el método de investigación y las conclusiones: más de siete mil nombres, que siguen reclamando verdad, justicia y reparación. Cuatro mujeres, hijas de las víctimas, dieron testimonio del dolor.

Marcelino Flórez

Memoria de las víctimas

Víctimas del franquismo y «estabilidad del orden democrático»

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El empeño de las asociaciones de derechos humanos ha logrado hacer llegar a las Naciones Unidas la queja de las víctimas del franquismo por el olvido y el abandono en que se hallan a causa del mal gobierno y de la mala justicia españolas. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha ido recabando información y, finalmente, ha elaborado dos importantes informes a cargo de Pablo de Greif y de Ariel Dulitzky, que han sido expuestos en la sesión del día 10 de septiembre de 2014.

Los dos informes son contundentes. Ordenan al gobierno español fijar medidas concretas para atender a las víctimas, en particular para ayudar a esclarecer la verdad y para buscar y desenterrar a las decenas de miles de personas asesinadas que aún permanecen ocultas, a parte de otras recomendaciones específicas, como la que hacen acerca del Valle de Los Caídos.

Valoremos lo que la mera existencia de estos informes significa. Primero, dan fin al tiempo del negacionismo y del olvido. Las palabras con las que el todavía diputado europeo del PP, Luis de Grandes, respondió a Gaspar Llamazares el día 26 de noviembre de 2003, diciendo que la propuesta de Izquierda Unida sobre las víctimas del franquismo olía a naftalina, han sido condenadas definitivamente y en sede internacional. Además, se ha terminado la discusión sobre la definición del franquismo: es un régimen responsable de un crimen contra la humanidad y punto. Esto ya lo dijo el Supremo en la sentencia absolutoria de Garzón, pero ahora lo han refrendado las Naciones Unidas. En la práctica, casi no es nada, porque todo sigue igual en España y los historiadores revisionistas siguen existiendo, pero, al mismo tiempo, es mucho, porque ya no es necesario seguir discutiendo con negacionistas y beneficiarios del régimen, pudiendo dedicarnos a otras cosas. (Todo esto lo había escrito yo en el libro que cito al margen de este blog y que regalo, pero una sola palabra del Supremo o de Naciones Unidas vale más que todos mis razonamientos).

La representante de España en Naciones Unidas, Ana María Menéndez, se ha defendido de lo expuesto en los informes con argumentos carentes de todo valor, porque esgrimen precisamente como defensa lo que los informes establecen como falta. Uno de los argumentos ha sido reclamar la amnistía postfranquista y particularmente la Ley de 1977 para afirmar que la sociedad española se reconcilió mediante la “renuncia a la justicia penal”, pero es justamente ese reconocimiento lo que el informe denuncia desde la perspectiva de la justicia universal. Hay otro argumento, en este caso de carácter político, carente igualmente de fuerza argumental: la reivindicación de “la consolidación de la democracia” como moneda de cambio aceptada por la sociedad española para olvidarse de la Dictadura. El problema es que este argumento político, válido durante el régimen de la Transición, ha caducado. Ya no vale, porque la espada de Damocles ya no pende sobre nuestras cabezas como en 1978, obligándonos a comulgar con ruedas de molino. Ni la Iglesia, con sus penas de infierno, ni el ejército, con sus pistolas, son una autoridad para lograr que la sociedad camine por la senda que marca el Partido Popular.

Lo verdaderamente cínico, sin embargo, ha sido el recurso a la Ley de Memoria Histórica, que ha utilizado Ana María Menéndez para justificar que España ha hecho algo en atención a las víctimas. No es el momento de analizar la Ley, tampoco de la amortización de la misma que ha hecho este gobierno, pero sí de proclamar la desvergüenza de un Partido Popular que combatió sin límites aquella Ley y prometió derogarla tan pronto como llegase al poder, al que vemos ahora invocar esa misma Ley para justificar su gestión al frente del gobierno del Estado. ¡Qué bueno es que “dios nos conserve la vista” y el recuerdo del pasado! Bendita sea la memoria que nos permite poder afirmar que el Partido Popular es un impostor y que no nos representa ante Naciones Unidas.

Aún le quedaba a este partido un recurso en las Cortes españolas para incrementar su oprobio, el recurso a la equidistancia de las víctimas, lo que Primo Levi, superviviente de Auschwitz, calificó de enfermedad moral. Y se lo hemos oído formular al mismísimo ministro de Justicia: «Este Gobierno nunca se sentirá tranquilo mientras exista una persona enterrada en una cuneta, da igual de qué bando sea en la guerra más incivil de las guerras que es la Guerra Civil, y sus familiares demanden su localización y entierro». No, señor Gallardón, no hablamos de todas las víctimas. Sólo de las olvidadas, de las desaparecidas, de las que permanecen ocultas en fosas, de las no reparadas, de las que no han conocido la justicia. Esas sólo son unas, aunque sumen ciento cincuenta mil, son las víctimas del franquismo.

Cuando el relator especial de naciones Unidas, Pablo de Greif, se entrevistó con los ministros del gobierno, se sorprendió, según relata Natalia Junquera en El País, del argumentario que repetían uno tras otro: “O concluimos que ya estamos totalmente reconciliados, o la única alternativa es el resurgir de odios subyacentes, lo cual implicaría un riesgo demasiado alto”. Dejemos aun lado la amenaza velada que esas palabras encierran, pero el argumento no sólo puede sorprender, sino que debe indignar.

Primero, las víctimas tienen todo el derecho a odiar a sus verdugos, incluso es conveniente que conserven ese odio para poder subsistir, como dice la psiquiatría. Lo que las víctimas no pueden hacer es cometer cualquier acto delictivo relacionado con ese odio. Pero ¿alguien puede nombrar un solo delito cometido por las víctimas del franquismo después de la muerte del dictador? Por el contrario, podemos enumerar decenas de actos, que en cualquier país democrático serían considerados delitos, realizados por los verdugos o sus seguidores. Cito de memoria: la profanación de las fosas de víctimas franquistas en Poyales del Hoyo, Ávila; los agravios del alcalde de Granada sobre la Tapia del Cementerio de San José; las bárbaras declaraciones del alcalde de Baralla, en Lugo; las ofensas directas emitidas por el coportavoz del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando; el doble atentado contra el monumento memorialista que la ARMH-VA tiene levantado en los Montes Torozos. Salvo para fiscalía y tribunales españoles, estos actos y decenas de otros similares que se suceden en pueblos y ciudades de España, serían actos relacionados con “delitos contra la humanidad”, como razona el punto QUINTO de la Sentencia 102/2012 de la Sala de lo Penal del tribunal Supremo, que absuelve a Baltasar Garzón de la denuncia por prevaricación.

No son, por lo tanto, las víctimas del franquismo, olvidadas y no reparadas, las que ponen en riesgo “la estabilidad del orden democrático”, sino el Partido Popular, que se resiste a aceptar los mandatos de Naciones Unidas y que ampara a sus militantes en las exhibiciones franquistas que se suceden a diario. Eso sí es un riesgo para el orden democrático.

Marcelino Flórez

Memoria de las víctimas

Segunda profanación del monumento memorialista

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La primera vez que atravesé Torozos, aquello era un verdadero monte. Las encinas lo cubrían todo entre Rioseco y Zaratán; y el autobús discurría lento a lo largo de una carretera no muy ancha, que cruzaba un par de veces las vías del Tren Burra y pasaba por el medio del aeropuerto de Villanubla, entonces de uso sólo militar. De eso hace más de cincuenta años. Entendí perfectamente ese día lo que me había contado algunas veces mi padre: los llevaban a los Montes Torozos y desaparecían.

Al finalizar los años sesenta, Torozos se desarboló, las encinas desaparecieron y ocuparon su sitio los campos de cebada para producir piensos para alimentar al ganado para llevar la leche y la carne a las ciudades, donde ahora se reunía la gente expulsada del campo. Poco a poco, desaparecieron los testigos y aún no hay noticias de las decenas, tal vez centenares, de fosas clandestinas en Torozos.

La Asociación para la Recuperación de la memoria Histórica de Valladolid levantó un monumento, donde la cañada se cruza con la carretera de Peñaflor de Hornija, en memoria de los centenares, tal vez miles de desaparecidos que oculta Torozos. Son cuatro hierros de los restos de la vía del tren y una pirámide de chapa junto a unas pequeñas rocas calizas del páramo. Allí cada primavera la ARMH-VA reúne a un grupo de personas para rememorar a las víctimas olvidadas. Los hijos y los nietos siguen llorando y las demás acompañamos ese llanto.

Al finalizar el mes de julio, alguien derribó la pirámide, pero la ARMH-VA la levantó de nuevo, con más soldadura sobre las viejas vías férreas. A mediados de agosto, los herederos de los asesinos han vuelto a profanar el monumento a las víctimas, dejando allí su firma, “Arriba España”, para recordar a la humanidad que están entre nosotros y que siguen empoderados. ¡Cómo se nota la ausencia de la fiscalía … y de la polícía!

Monumento profanado

El monumento a las víctimas desaparecidas en Torozos será limpiado, será restaurado y así una y otra vez, hasta que brille la verdad, que traiga la justicia, primera reparación de aquel crimen contra la humanidad, cuya impunidad ampara los crímenes humanitarios que algunas gentes siguen cometiendo y muchas más contemplando con silencio otorgante.

Marcelino Flórez

 

Historia,Política

Rouco no defraudó

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Que el cardenal Rouco Varela presidiese el funeral de Estado era lo propio desde todos los puntos de vista. Su figura refuerza, sin duda, el carácter confesional de ese funeral de un Estado no confesional. Rouco, además, está de despedida. Ya no es nadie en la Iglesia española, pero aún no se había despedido. El funeral ha sido la despedida y no ha defraudado.

La homilía ha sido eminentemente política, como correspondía, pero las ideas expuestas han desagradado, incluso, a algún dirigente del Partido Popular, que lo manifestó así antes de que le llegase el argumentario. No digamos al resto de la clase política, que ha condenado unánimemente la intervención de Rouco. ¿Qué ha dicho, que ha resultado tan escandaloso?

Realmente casi no ha dicho nada, pero dos ideas apenas formuladas son las responsables de la sublevación. Ha hablado, primero, de concordia y lo ha hecho en el nombre del presidente Suárez. El problema es que Suárez sí practicó la concordia, pero Rouco, como le ha recordado Iñaki Gabilondo, no es Tarancón y representa lo contrario a esa concordia: en el gesto, en la palabra y en los hechos toda su presidencia episcopal ha estado marcada por la imposición de ideas fundamentalistas y la condena del pensamiento diferente. Para que la palabra concordia, en su boca, significase algo, antes tenía que haber reconocido su comportamiento no sólo discordante, sino, incluso, sectario. Le pasa como al actual gobierno, cuando reclama pactos de Estado sin reconocer su reciente pasado de crispada oposición. Rouco, como el gobierno, carecen de autoridad para reclamar consenso. Por eso, ofende que lo reclame.

La otra idea ha sido la no sé si advertencia o amenaza de una reproducción de la Guerra Civil. Exactamente sus palabras fueron éstas: “[Suárez] buscó y practicó tenaz y generosamente la reconciliación en los ámbitos más delicados de la vida política y social de aquella España que, con sus jóvenes, quería superar para siempre la Guerra Civil: los hechos y las actitudes que la causaron y que la pueden causar”. Pero ¿cuáles son esos «hechos y actitudes”? No parece, como también le ha recordado Iñaki Gabilondo, que se refiera al malestar social que pueda deducirse por lógica del informe de Cáritas sobre la pobreza en España, ese informe que tanto desagrada a Montoro. Aunque, si sus fuentes de información proceden exclusivamente de los medios de su propiedad, bien pudiera ser que estuviese convencido de que estamos viviendo una situación pre-rrevolucionaria, como insiste en proclamar el gobierno siempre que una pequeña minoría o sus propios infiltrados generan alguna violencia en las infinitas manifestaciones pacíficas que recorren toda España. No hay que reírse, porque esto es estrategia y Rouco refleja en las palabras “hechos y actitudes” un temor inducido, que puede estar afectando a otras personas españolas, informadas por los canales propios de Rouco o controlados por el Partido Popular.

Yo creo, sin embargo, que Rouco se refiere a otra cosa con ese críptico mensaje de los “hechos y actitudes” provocadoras de la Guerra Civil. Está pensando, sin duda, en la Cruzada. Recodemos la interpretación todavía oficial de la Iglesia española sobre la Guerra Civil: Después de la Pastoral Colectiva de 1 de julio de 1937, la guerra pasó a ser un Alzamiento Nacional, ya que se trataba de un levantamiento contra extranjeros; constituyó una guerra de liberación de la “revolución comunista que iba a tener lugar”, en palabras de los obispos; y revistió el carácter de cruzada, porque existía una persecución religiosa, que llenó a la patria de mártires. Como el enemigo era absoluto e irreconciliable, había que exterminarlo, por lo que no se podía parlamentar, sino que era imperioso buscar la victoria total. Ahí sigue anclada la jerarquía católica española. ¿O es que alguien ha pensado que la beatificación de mil quinientos mártires tiene alguna intención distinta de fundamentar esa interpretación de la Guerra Civil? Observad qué bien encaja este pensamiento con los peligros del laicismo, de los que viene advirtiéndonos desde hace años el cardenal.

Rouco se ha despedido sin defraudar. La única nota positiva es que algún dirigente del Partido Popular se desmarcó inicialmente de sus palabras. No esperéis, sin embargo, que lo haga Rajoy, porque lo que está en juego son cinco millones de votos, a los que aspira VOX, y no le va a dar esa oportunidad. En el otro lado, ¡menuda tarea tiene el papa Francisco con esta Iglesia española!

Marcelino Flórez