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Memoria de las víctimas

ETA y el desarme

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La entrega de armas por parte de ETA a la Comisión Internacional de Verificación el día 21 de febrero de 2014, analizada el primer día, no pasa de ser una mofa. (Después supimos que, además, era una entrega ficticia, muy parecida al documental de Jordi Évole). Es cierto que puede leerse como un signo “en la buena dirección”, según dijeron todos los representantes políticos que no tenían que satisfacer a auditorios específicos, pero es un signo insignificante para la ciudadanía. Sólo cabe leerlo con lógica, si se atiende al mundo interior de ETA: la propia estructura terrorista y el regenerado movimiento aberztale.

Dicen los mediadores internacionales que ETA necesita ir despacio para evitar escisiones internas, que rompan el proceso de disolución. Puede ser. Y ha dicho Pernando Barrena que mientras ETA da continuos pasos hacia el fin del “conflicto”, el gobierno no da signo alguno de tener interés en el desarme. Nada tengo que decir en lo que se refiere al mundo interior. Ellos sabrán lo que hacen y a qué objetivos sirve. Desde fuera y al día siguiente, la burla ha quedado probada y la Comisión Internacional perfectamente desautorizada.

Pero el signo de ETA y las palabras de Pernando Barrena tienen también un interlocutor externo: los gobiernos francés y español con sus ciudadanías. Lo han expresado también los mediadores, que se lamentan de la ausencia de este segundo interlocutor. No hay que ser muy perspicaz para comprender que lo que se está dilucidando es si el final de ETA ha de ser negociado o no.

Parece que las fuerzas políticas democráticas van comprendiendo que en el año 2006 terminó el plazo para un final negociado del terrorismo, si es que no estaba acabado antes. Lo más importante para cerrar ese final negociado no fue, sin embargo, la bomba de Barajas, sino la irrupción de las víctimas en el espacio social.

Hasta el asesinato de Francisco Tomás y Valiente el día 14 de febrero de 1996, las víctimas del terrorismo habían permanecido ocultas, pero ese día los estudiantes madrileños salieron a la calle con las manos pintadas de blanco en señal de solidaridad con la última víctima inocente. Al año siguiente, con motivo del asesinato televisado del joven concejal de Ermua, Miguel Ángel Blanco, fue toda la sociedad española la que manifestó la solidaridad con la víctima. Desde entonces, las víctimas han estado siempre con nosotros y ya no pueden desaparecer. Es una batalla ganada para los derechos humanos.

La derecha política entendió el significado de las víctimas merced a las víctimas de ETA. La izquierda política lo ha ido comprendiendo también, en este caso merced a las víctimas del franquismo. Aunque hay gente, tanto en la derecha como en la izquierda, que no termina de asumir que todas las víctimas son inocentes y universales, o sea, que son patrimonio de la humanidad (no en vano a estos delitos se les califica como delitos contra la humanidad).

Por eso, con las víctimas sobre la mesa, esto es, rememoradas, y observando lo ocurrido con el olvido de las víctimas del franquismo, no cabe ningún final negociado para los crímenes de ETA contra la humanidad, sino exclusivamente verdad, justicia y reparación. Esto no tiene vuelta atrás.

Sólo algunos sectores del mundo de los victimarios se resisten ya a reconocer el derecho incondicional de las víctimas. Es lo que observamos en la burla del “desarme por entregas” del día 21, como lo calificó Cayo Lara. Lo vemos también en el tortuoso camino que se está haciendo recorrer a las víctimas del franquismo.

Marcelino Flórez

Memoria de las víctimas,Política

La sentencia 92 de 2014

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El alcalde de Valladolid acaba de recibir la enésima sentencia en contra de sus actuaciones. Me refiero a la sentencia 92/2014, de 20 de enero, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que anula la resolución del pleno del Ayuntamiento de 28 de julio de 2010, que negaba la proposición hecha por Izquierda Unida para retirar los símbolos de exaltación franquista de los lugares públicos de Valladolid. La sentencia obliga al Ayuntamiento a cumplir en el plazo de un mes lo que ordena el artículo 15 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, que conocemos como Ley de Memoria Histórica. Eso quiere decir que tendrá que catalogar y retirar todo símbolo de exaltación del franquismo. Punto.

El alcalde puede encargar la confección del catálogo al “cronista de la villa” o a quien considere conveniente. Lo que no puede es volver a crear confusión hablando de “dos bandos”. Primero, porque la ley y la sentencia sólo hablan de víctimas del franquismo, no de bandos. Segundo, porque lo único que ha sido calificado de régimen criminal por Naciones Unidas, por toda la sociedad mundial y por los jueces españoles es el régimen franquista. No estamos ante un asunto de opinión, ni siquiera de debate historiográfico. Estamos ante resoluciones judiciales firmes, que han recorrido todo su camino.

Este recurso a la equidistancia de las víctimas, que tanto les gusta a los amigos de ETA y al alcalde de Valladolid, fue calificado por Primo Levi, superviviente de Auschwitz, de enfermedad moral, pues lo que busca es confundir a víctimas y verdugos, rompiendo la línea que separa el bien del mal, o sea, terminando con la moral. Esto venía siendo aceptado por gran parte de la sociedad española durante mucho tiempo, pero ese tiempo se ha acabado. La víctimas han venido para estar entre nosotros y ni ETA ni los franquistas volverán a inocularnos la enfermedad moral de la equidistancia.

Marcelino Flórez

Historia,Memoria de las víctimas,Política

Zapatero, la Verdad y las Víctimas

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En la conferencia inaugural del Seminario Internacional sobre “Transiciones democráticas y calidad de la democracia. Perspectivas comparadas Brasil-España”, que corrió a cargo de José Luis Rodríguez Zapatero, en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, el día 13 de enero de 2014, hemos podido comprobar que la opción por el silencio sobre los crímenes de la Dictadura Franquista ha pasado de ser una cuestión de ideología política a serlo de conocimiento o ignorancia de la realidad.

El meollo se ha desvelado cuando un miembro del público, que es un público muy sensible al tema del seminario, especialmente el público sudamericano y ese era el caso, preguntó a Zapatero si era partidario de formar una Comisión de la Verdad, a lo que el ex-presidente respondió con un tajante “no”. Eso provocó la intervención de Garzón, que también estaba entre el público, y originó un debate que dejó claras las dos posturas que siguen campando en España sobre la mal llamada memoria histórica.

Zapatero defendió el olvido de la Dictadura por razón de lo que denominó tres pilares irrenunciables, “democracia, consenso, reconciliación”. Refrendó esa opinión, además, con una defensa explícita de la Ley de Amnistía.

Garzón, que es uno de los impulsores de la creación de una Comisión de la Verdad en España, también tenía tres pilares, aunque bien distintos, para su argumentación, “víctimas, justicia y reparación”. Reclamó, efectivamente, justicia para reparar a las víctimas; y, en su defecto, como ocurre en España con las víctimas del franquismo, una Comisión de la Verdad, donde las víctimas puedan, al menos, expresar en público su dolor, que es un primer acto reparador.

No se trata de dos opiniones distintas sin más, se trata de la diferencia que existe entre el conocimiento y la ignorancia de la realidad, como decía, porque hoy no estamos hablando en 1978, sino en 2014; y porque no se pide una Comisión para juzgar a la Transición, sino para reparar a las víctimas, que siguen sin recibir justicia. En 2014 no se necesita consenso para implantar la democracia y reconciliar a dictadores con demócratas. Eso, en todo caso, sería en 1978. Ahora hablamos de otras cosas.

Para entender la ignorancia culposa de Zapatero, hemos de recordar que en 1978 no teníamos conciencia de lo que significaban las víctimas, es más, no teníamos conciencia de que existían víctimas. La guerra fría había congelado el pensamiento de Walter Benjamin y de sus amigos, críticos del nazismo, y seguíamos, en palabras de Hegel, “pisoteando las florecillas a los lados del camino” para alcanzar nuestros objetivos sin sentir escrúpulos, aunque fuesen nobles esos objetivos, como lo era la institución de la democracia.

Tampoco reparamos en 1978 en las consecuencias del olvido, que fueron la impunidad para el franquismo y la injusticia para sus víctimas. Por eso, el fallecido Rafael del Águila decía que la Transición había dejado algunos “problemas no resueltos: reparar a las víctimas, componer deficiencias institucionales, romper hegemonías discursivas o mejorar la capacidad de juicio ciudadano”. En los últimos años y meses esos “problemas no resueltos” se hacen más evidentes y no es necesario insistir en razonarlo, porque ya lo hace el CIS con sus encuestas. Esto no es ningún juicio a la Transición, sino una descripción de la realidad. Una cosa es lo que se hizo y otra bien distinta es seguir valorándolo con los mismos criterios, después de la transformación que ha tenido el conocimiento. Precisamente, este era el déficit que denotaba Zapatero.

Aún hay otro elemento más, también novedoso, que desdice al ex-presidente. En 1978 la mayor acusación que podía hacerse al franquismo era la de fascismo, régimen condenado por Naciones Unidas. En 2014, sin embargo, sabemos que el franquismo es responsable de crímenes contra la humanidad, como ha refrendado el propio Tribunal Supremo precisamente en la sentencia absolutoria de Garzón, y esto cambia también las cosas. No es lo mismo echar al olvido una dictadura fascista, que unos horrendos e imperecederos crímenes contra la humanidad. Pues ya lo ven, Zapatero no sabe que estamos hablando de esto.

Marcelino Flórez

Memoria de las víctimas,Política

ETA y las víctimas

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El comunicado de los presos etarras (EPPK) del día 28 de diciembre de 2013 contiene dos elementos bien diferentes: Uno se refiere a la estrategia y el otro a la doctrina. En cuanto a la estrategia, el comunicado da un paso importante hacia el final de la violencia, al aceptar la legislación vigente en el Estado, al reconocer el daño causado y al asumir la responsabilidad derivada, permitiendo a cada individuo tomar las decisiones que considere convenientes. Este paso abre el camino para la entrega de las armas y para la disolución de la banda. Es, por lo tanto, una buena noticia.

Respecto a la doctrina, sin embargo, la noticia parece una inocentada. Falta el reconocimiento de que el terrorismo es un mal radical y, al mismo tiempo, un error político. Y es un error porque deja quebrada a una sociedad si no para siempre, sí para mucho tiempo. Las consecuencias políticas del terrorismo (el exilio de los perseguidos, el silencio atronador de la mayoría y la inmoralidad, aceptada por parte de esa mayoría) son duraderas. Para comprobarlo, basta con mirar hacia el franquismo.

Además de este déficit, el comunicado contiene lo que Primo Levi calificó de enfermedad moral: la búsqueda de equidistancia entre víctimas y verdugos. Esta equidistancia se refleja en el uso persistente de dos conceptos: “daño multilateral” y “conflicto político”. Si el daño es multilateral, de ETA y del Estado (o, quizá, de ETA y de la sociedad española), la solución es el pacto y el olvido. De esa manera, se cierra el conflicto político.

Pero desde que se aprobó la Constitución de 1978, en Euskadi no hay más conflicto político que la libérrima decisión de ETA de optar por el terrorismo como vía para hacer triunfar sus opiniones. Aquí la responsabilidad es exclusiva de los etarras y de los que se aprovecharan de la rebusca de nueces caídas a los lados del camino o en retaguardia (del mismo modo que en 1936 toda la responsabilidad está en los que organizaron, ejecutaron y acompañaron un golpe de Estado y una Dictadura criminal). Si falta este reconocimiento, podrá terminarse con la violencia armada, pero no se habrá dado un solo paso hacia la reconciliación social.

Alguna gente bondadosa hablaba al día siguiente del comunicado de la necesidad de buscar la convivencia y no el odio, reclamando expresamente el “espíritu de la Transición”. Y es aquí donde yace el error. Aquel “espíritu” se concretó en el olvido o amnistía del pasado y ya conocemos sus efectos: la Dictadura franquista no sólo obtuvo la impunidad, sino que nunca ha sido condenada y a la vista de todos están las consecuencias para sus innumerables víctimas. El terrorismo, por su parte, ya vimos cómo respondió al olvido.

Nada, pues, de olvido, sino justicia y memoria para las víctimas. Bien entendido que esto no se parece, ni por asomo, a lo que demanda una determinada asociación de víctimas, la AVT, que reclama venganza y alienta el odio (a lo que, en mi opinión, tiene derecho). En algunas pancartas de esta asociación, el mismo día del comunicado se podía leer “Justicia para un final con vencedores y vencidos”. Yo también tengo familiares víctimas del terrorismo etarra, pero tienen muy claro que corresponde a los jueces y a los parlamentos establecer la justicia, no a las víctimas. La memoria y la dignidad de las víctimas es algo bien diferente y se pierde cuando se utiliza a las víctimas para defender las propias ideas políticas o para otros fines, como viene ocurriendo en España con la extrema derecha desde hace tanto tiempo. Esto obstaculiza tanto el camino de la paz, como el fin de la enfermedad moral del terrorismo.

Marcelino Flórez

Política

Delendus est PP

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El 15 de noviembre de 1930 José Ortega y Gasset escribió un memorable artículo en el diario El Sol, titulado El error Berenguer, que terminaba así: “¡Españoles, vuestro Estado no existe! ¡Reconstruidlo! ¡Delenda est Monarchia!”. Con esta simbólica toma de postura de los intelectuales culminaba un proceso de movilizaciones y de crítica contra la Dictadura, que tampoco iba a ser aceptada en la suave forma de dictablanda encarnada en el general Berenguer. Cinco meses más tarde, la monarquía fue destruída, como aconsejara Ortega.

Dos años de gobierno después y casi veinticinco desde que se refundara el PP, ha llegado el momento de proclamar ¡El PP debe ser destruído! Como siempre nos acecha el olvido, conviene ir anotando la relación de agravios, que son las razones que hacen del PP un partido merecedor de un rechazo formal y de ser arrojado al frío espacio de la indiferencia.

I.

El primer agravio, que, además de razón, se ha convertido en delito, es la justificación del franquismo. El PP no sólo no ha condenado el franquismo, del que procede, sino que avala sistemáticamente las anacrónicas defensas de aquel régimen, al que el Tribunal Supremo nos ha concedido el don de poder llamar criminal sin que eso pueda ser considerado por nadie un insulto. Sea en los actos protagonizados por el alcalde y algunos vecinos de Poyales del Hoyo en el mes de agosto de 2011, cuando, después de profanar una fosa de víctimas del franquismo, un vecino llegó a decir “si Franco levantara la cabeza os cortaba el cuello”, como transcribe El País del día 7 de aquel mes; sean los agravios continuados del alcalde granadino sobre la Tapia del Cementerio de San José; sean las exhibiciones reiteradas de gestos y cantos fascistas de conocidos dirigentes de Nuevas Generaciones; sean las bárbaras declaraciones del alcalde de Barralla en Lugo; sean las actitudes, gestos y dichos del coportavoz popular en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando; todos los protagonistas de la justificación, cuando no exaltación, del franquismo siguen en sus puestos.

Dicen los demoscópicos que todo eso lo hacen para tener satisfecha a su base social. Pues bien, con todo lo que sabemos hoy, cualquiera que no sea esa base social o les abandona o pasa a formar parte de la misma base con todas las consecuencias.

II.

La segunda razón es la implantación de un régimen autoritario. Al uso despótico de la mayoría absoluta; al abuso del decreto-ley, que evita el debate parlamentario e impide la información ciudadana; a la utilización con violencia extralimitada de las fuerzas policiales; a la conversión de la realidad en propaganda, donde los eufemismos que dictan los argumentarios encuentran un auxilio en los medios de comunicación de masas, prácticamente monopolizados; a todo ello, el PP ha sumado finalmente el cambio de las leyes que afectan a los derechos humanos esenciales; y ha sumado el control de la justicia, único poder que se le escapaba hasta ahora.

Es cierto que muchos de esos pasos van siendo recurridos ante el Tribunal Constitucional y más de uno ha sido rechazado ya por ese Tribunal después de ser aplicado, pero eso no evita que el gobierno del PP haya puesto de manifiesto su ideología, un autoritarismo que choca con la democracia y camina por los bordes de la Constitución. Sin dudarlo y amparados en la experiencia histórica, esa ideología debe ser rechazada para garantizar la salud democrática.

III.

La tercera razón es la justificación de la corrupción. Que el caso Gürtel es un asunto de corrupción política que afecta al PP no es discutible, sea cual sea el resultado de los procesos judiciales que le atañen. Pero los principales responsables de esa corrupción, sobre todo en la Comunidad Valenciana, han seguido al frente de las instituciones públicas y el PP no los ha destituído. El rocambolesco asunto de Bárcenas y la contabilidad “B” tampoco ha podido ocultarse. Quizá los jueces tengan dificultades para desentrañar todos los pormenores, pero nunca se podrá negar que ingentes cantidades de dinero circularon por las cloacas del partido. Tales debieron ser esas cantidades, que el tesorero del partido, él solito, puso sustraer decenas de millones de euros clandestinos y colocarlos en paraísos fiscales. Cuando un micrófono descubre lo que realmente piensan los dirigentes o cuando se tiene acceso a los correos electrónicos de esos dirigentes, el grado de corrupción que se observa merece el calificativo de aterrador. Todo eso, en el ámbito político, independientemente de lo que dictaminen los jueces.

Los dirigentes del PP han dicho repetidas veces que esos asuntos políticos se sustancian en las urnas. Y así ha venido siendo, de manera que la persistencia del voto al PP le ha liberado de la responsabilidad política por la corrupción. Pero con esta acción, la responsabilidad política ha sido trasladada al votante. En términos éticos, esta forma de justificar la corrupción ha de ser rechazada sin atenuantes.

IV.

La cuarta razón es la negación del consenso. Nunca antes de ahora en la democracia habíamos observado un desprecio tan clamoroso a la opinión diferente. En el Parlamento no se escucha a la oposición ni en lo que tiene derecho. Hemos visto actitudes de algunas presidencias de comisiones tan abusadoras, que han tenido que ser desautorizadas por los propios compañeros de partido. Lo mismo pasa con la oposición en la calle: las huelgas y las enormes manifestaciones celebradas han sido despreciadas de forma explícita sin atender a ninguna de sus demandas. Ni la reforma laboral, ni la reforma de las pensiones, ni los múltiples recortes en educación, sanidad, servicios sociales han sido negociados con nadie. Pero es la Ley Wert la que ejemplifica de forma perfecta la ausencia de consenso. Y aquí también sólo hay un culpable, no vale el manido recurso al “todos son iguales”, porque esta abominable ley estuvo precedida del proyecto que hizo el ministro Gabilondo en el anterior periodo legislativo, proyecto al que fue convocado todo el mundo y que recogía la inmensa mayoría de las propuestas de la derecha. El PP se retiró del pacto sin poder aportar ninguna excusa, poniendo de manifiesto que su ideología, el autoritarismo, es incompatible con el consenso. El ministro Wert, con su soberbia avalada en Rajoy, ha dejado claro que la ruptura del consenso es cosa exclusiva de su partido. También por esto, delendus est.

V.

La quinta razón es el ejercicio de la oposición que ha practicado el PP desde que existe con ese nombre. Ha sido siempre una oposición agresiva, a la que los medios dieron el calificativo de crispación; una oposición que convocaba al odio a los diferentes; una oposición completamente desleal, incluso en los asuntos de Estado. Recordemos el uso que hizo del terrorismo, tanto en el Parlamento como en la calle; recordemos el recurso a la xenofobia, fuese en Melilla o en Badalona, donde Albiol reconoció, ante el juez que le absolvía, haber usado expresiones “inadecuadas” sobre los gitanos rumanos; recordemos que el mismísimo presidente del gobierno fue insultado en sede parlamentaria con el calificativo de “tonto solemne”; recordemos, en fin, la actitud ante la crisis económica, reflejada de forma perfecta en aquella expresión de Montoro: “dejad que se caiga España, que nosotros la levantaremos”. También por esto, el PP ha de ser arrojado a la indiferencia.

Al acercarse periodos electorales y eso va a ocurrir de forma continua desde los primeros meses de 2014, el argumentario insistirá en presentar una imagen bondadosa del partido, procurando que se olvide lo que realmente ha ocurrido y cómo se ha actuado realmente. Oiremos repetir insistentemente que la reforma laboral crea empleo, que el PP es el único que combate la corrupción, que la reforma de las pensiones es para hacerlas sostenibles, que mejora la educación, que es el gobierno más solidario, que ya hemos salido de la crisis. Y la voz nos llegará desde rostros sonrientes. El objetivo es que la gente moderada, esa que gusta llamarse de centro, vuelva a votar al PP. Ese voto, que se suma a las “bases sociales” es el que sostiene al partido y, por lo tanto, al que le corresponde la plena responsabilidad por lo que ocurre: franquismo, autoritarismo, corrupción, intolerancia y crispación. Por eso, es una obligación moral mantener vivo el recuerdo, para que no nos llamen a engaño.

Cuando digo que el PP debe ser destruido, no pienso en ninguna acción represiva, por supuesto. Sólo pienso en el único aval de que dispone el PP, el voto. Mientras la ciudadanía de derechas moderadas siga fiel al PP está cerrado el camino para avanzar en España: no se podrá terminar con el franquismo; se fortalecerá el régimen autoritario y decaerán las libertades; no terminará la corrupción con su secuela de desamortización de los bienes públicos y su entrega a una casta de amiguetes; será imposible recuperar el consenso y, por lo tanto, cambiar la Constitución; y estaremos condenados a la crispación política. ¿O es que alguien piensa que el PP va a reconocer alguna vez esta relación de agravios?

El final del camino es un país dividido, sin derechos sociales, con desigualdad rampante y pobreza extendida, desconocedor de lo que significa cultura, un país, triste, atrasado, envejecido, decadente. Y el camino está apunto de terminar. Si el voto moderado reacciona, el PP se destruirá inexorablemente. Estamos invitados a observar lo que nos anuncia el nuevo año, pero también a decidir la dirección.

Marcelino Flórez