En un reciente artículo Carlos Taibo diferenciaba dos tendencias políticas situadas a la izquierda: una, antiliberal, formada por PSOE e IU con dos aliados sociales principales, Comisiones Obreras y UGT; la otra, anticapitalista, agrupada en variados grupos comunistas y anarquistas con el apoyo social del sindicalismo radical, el ecologismo radical, el cooperacionismo crítico y una variada gama de movimientos emergentes, como los que confluyeron en el 15-M. Al terminar de leer ese artículo uno constata algo ya resabido, que la izquierda es muy heterogénea. Pero ese no es el problema, sino que la preocupación está en las posibilidades de confluencia, si es que las hubiera. Y lo que importa es una confluencia electoral, pues la mera confluencia movilizadora no conduce a ninguna parte si no tiene dirección política. (¿Habrán entendido esto ya todas las organizaciones sindicales?).

Carlos Taibo escribió este artículo antes de la Huelga General del 29 de marzo y el escrito reflejaba, junto con su opinión, el espíritu político anterior a las elecciones generales del 20 de noviembre. Pero las movilizaciones a causa de la reforma laboral y de los ajustes estructurales indican un cambio en el espíritu político. Aceptemos en parte la tesis de Carlos Taibo: hay dos izquierdas, una antiliberal y otra anticapitalista, pero dejemos a IU pasar a formar parte de la izquierda anticapitalista. La izquierda antiliberal sería entonces monopolio del PSOE con sus alianzas sociales y su objetivo sería conservar el Estado del Bienestar, tal y como la socialdemocracia europea lo construyó en la segunda mitad del siglo XX, que, por otra parte, por ahí deben de andar las preocupaciones según vemos en la Cuarta de El País.

La izquierda anticapitalista estaría formada por una pluralidad de partidos y de movimientos sociales, que reclaman su espacio y que se manifestaron juntos, pero bien diferenciados, el 29 de marzo. Ese día caminó una gran multitud indiferenciada detrás de las pancartas de CC.OO. y de UGT, y otra multitud menos numerosa, aunque mejor definida, detrás de las pancartas de IU, con el corazón un poco dividido éstos por la propia heterogeneidad interna, de las pancartas de otros partidos comunistas no integrados en IU, de las pancartas de nuevos partidos ecologistas en experimentación. Seguían los sindicatos críticos, la CGT, pero también el  Bloque Obrero o la CNT. Y manifestaba su personalidad bien marcada la gente del 15-M, que era gente casi exclusivamente joven. ¿Existirá alguna argamasa que pueda aglutinar a esa izquierda, que reclama con tanta energía su personalidad propia?

Un cemento capaz de fraguar con esos componentes tiene que partir de la aceptación de algunas evidencias: que el PSOE es una fuerza de centro-izquierda consolidada e indiscutible, con quien habrá que relacionarse; que no es posible federar tanta heterogeneidad; que las experiencias de “unidad” de la izquierda bajo cualquier “hegemonía” han terminado; que todos los grupos, subgrupos y grupúsculos tienen la intención –y el derecho- de buscar sus caminos, de afirmar sus particularidades y de querer seguir siendo lo que son. Ahora bien, si quieren dejar de ser irrelevantes políticamente e ineficaces socialmente, tienen que plantearse alguna forma de convergencia.

No creo yo que se pueda pensar en nada que no sea coyuntural, como lo son un programa o unas listas electorales. Hay que aceptar el abandono de la confluencia en cosas más estructurales, como la revolución o, incluso, la formación de un partido. Para esta tan poca cosa, sin embargo, creo yo que hay un difícil camino que recorrer. Los grupos partidarios de una confluencia tendrían que estar dispuestos a renunciar a ir a unas elecciones con su propio nombre, con sus propias listas y con el programa propio. Y tendrían que aceptar algunos principios y reglas de juego comunes.

Respecto al método, habría que aceptar que las candidaturas han de ser elegidas de forma pública y organizada, mediante la creación de un censo de electoras y electores y una propuesta de nombres en listas separadas de hombres y de mujeres. Que los programas han de elaborarse democrática y públicamente, partiendo, por ejemplo, de unas propuestas encargadas a personas técnicas, que se harían teniendo en cuenta los principios recogidos en el acuerdo constituyente de la agrupación electoral. Que las personas elegidas han de ser libres, sin mandato imperativo, como garantiza, por otra parte la Constitución, pero deben someterse a un contrato notarial de compromiso para defender el programa electoral y someter a consulta pública las decisiones relevantes que hayan de tomarse no contempladas en el programa.

Por lo que se refiere a los principios políticos a compartir, deben ser suficientemente abiertos para hacer posible una confluencia tan diversa. Así, se podría dar prioridad a lo que es imprescindible, como lo es la defensa de los derechos humanos en los términos definidos en sede de Naciones Unidas y firmados por el Estado español; esto se podría concretar en la defensa del Estado del Bienestar, como realización de los derechos económicos y sociales, y en la garantía de las libertades ciudadanas. Imprescindible también habría de ser la promoción y defensa de la equidad de género, o la protección medioambiental. En un segundo término, se podrían contemplar aquellas cosas que se deben proteger eficazmente, como son la sanidad pública, la educación pública y los servicios sociales públicos. En un plano más abajo se situarían aquellas cosas que se pueden proteger indicativamente, como es la economía solidaria y alternativa, la creación cultural y científica, o los servicios comunitarios.  Más abajo estaría aquello que no se protege, pero se regula, como es la libre empresa en producción distribución y consumo o el pensamiento, la cultura y las creencias particulares. También habría de haber acuerdo en lo que se persigue: el fraude fiscal, el deterioro medioambiental, la violencia social y política, que incluye el maltrato de género y el terrorismo, así como las ideologías y organizaciones promotoras de esa violencia. Para garantizar tanto la acción pública, como la protección indicativa de iniciativas particulares, habría que regular inicialmente el uso del dinero público, sometiéndolo a los principios constitucionales de igualdad y de trasparencia, de modo que se garantizase el fin de la corrupción política.

Un programa mínimo de estas características hace suyos conceptos como democracia real, decrecimiento o “buen vivir”, soberanía alimentaria, economía solidaria y alternativa, y libertad incentivada para la creación cultural y científica. No estaría mal para empezar.