(El Partido Popular en el final del Régimen de la Transición)

Existen espacios de corrupción difícilmente observables, cuando ésta se practica entre particulares. Por ejemplo, si un aspirante a un cargo o a un contrato público ofrece dádivas a un miembro de un tribunal o a un concejal, la acción puede pasar desapercibida, si no sale del ámbito privado. La gente suele decir que siempre ha sido así y seguirá siendo, porque quién más, quién menos, una mayoría de gente ha ofrecido o ha recibido el ofrecimiento de una caja de bombones (antiguamente, se decía un jamón), aunque sólo fuera como agradecimiento por el resultado de un examen o de una contratación. Esta puede ser una razón por la que mucha gente, bien es verdad que más en unos perfiles ideológicos que en otros, ha sido tolerante con la corrupción.

La cultura del regalo al funcionariado por cumplir con su deber o a los ricos por hacer un favor se trasladó a la vida política representativa y es ahí donde se asentó una corrupción que ha alcanzado cotas elevadísimas. La razón del éxito de las prácticas corruptas es la tolerancia, primero, y la justificación, después, por parte de esos partidos de prácticas corruptas con la excusa de que servían para financiar al partido. Las personas concretas que intermediaban en el trapicheo podían fácilmente lucrarse con ese juego, siempre inefable y oculto, como ha puesto en evidencia el “caso Bárcenas”.

En el recuerdo tenemos otros casos muy sonados, que terminaron con sentencia dictaminadora, como el “caso Filesa”, donde se probó una financiación irregular del PSOE; o que fueron sobreseídos por cuestiones formales, que no lograban ocultar el hecho, como fue el “caso Naseiro”, que afectó al PP. También está en nuestro recuerdo el caso de decenas, de centenas, tal vez de miles de cargos públicos, que han sido sentenciados por enriquecimiento ilícito en el uso de su cargo, lo que ha afectado a todos los partidos que han tocado poder. Pero el vaso lo ha colmado, primero, el “caso Gürtel”, donde apareció ante nuestra vista toda una organización mafiosa, sustentada en un partido político, creada para delinquir mediante el robo a las administraciones públicas; y, después, el “caso de los ERE” en Andalucía, donde, termine como termine la instrucción judicial, está fuera de duda que cargos públicos y organizaciones sociales han hecho mal uso del dinero público.

La corrupción se hizo crónica con la burbuja inmobiliaria y con las políticas que la favorecieron. Mientras duró el boom, la gente toleró esa corrupción, pero la crisis económica ha dado fin a la tolerancia. Las encuestas de opinión del CIS sitúan ya a la corrupción en el número 2 de las preocupaciones de los españoles. Esta toma de conciencia, que ha de ser recibida como una buena noticia, puede abrir un camino para dar fin a la corrupción y a los partidos responsables de la misma, si aparecen a los ojos de todos como justificadores de aquella.

En este sentido, la “Gürtel” puede asestar un golpe mortal al Partido Popular, que tanta resistencia ha venido ofreciendo para clarificar los hechos. La defenestración de Garzón y los discos duros de los ordenadores de Bárcenas, desaparecidos, son una losa que terminará siendo insoportable. La instrucción del juez Ruz ha colocado unas toneladas más de peso sobre esa losa, aunque cada cual siga en su puesto como si no hubiese ocurrido nada. El asunto de los ERE de Andalucía tiene muchos puntos oscuros aún, pero las personas que gobernaron durante el desarrollo de los hechos delictivos no tienen excusa, por acción o por omisión. El partido tendrá el futuro que logre construir con transparencia, que no será ninguno si se atisba ocultamiento.