La 61ª SEMINCI ha presentado la película de Iñaki Arteta, Contra la impunidad. Es un alegato a favor de la memoria de las víctimas de ETA y, en particular, contra el olvido de las 324 víctimas que no han recibido justicia. El documental está construído en base al testimonio de algunas de esas víctimas, de periodos muy distintos, que abarcan desde el franquismo hasta los últimos tiempos de actividad de ETA. Los testimonios muestran el dolor y la rabia de las familias de las personas asesinadas por ETA, así como las dificultades para preservar la memoria de los inocentes. Acompañan a esos testimonios las opiniones de especialistas del periodismo y de la judicatura, que reconocen la impunidad que afecta esos 324 asesinatos. Se hace notar también la indiferencia, cuando no el desprecio, con los que fueron acogidos los crímenes durante mucho tiempo por una parte grande de la sociedad.

La línea argumental no admite ningún reparo, en el estado actual de la reflexión política y moral sobre el significado de las víctimas. Y es difícil que nadie, salvo los autores de los crímenes y sus cómplices, pueda estar en desacuerdo con que el terrorismo etarra deba ser calificado jurídicamente como un crimen contra la humanidad.

Sin embargo, la película me ha dejado insatisfecho. Reflexionando sobre ello, no encuentro más explicación que el uso que se hace de las víctimas al servicio de una ideología particular. No es sólo porque se haga referencia exclusivamente a “concejales del Partido Popular”, cuando se habla de los objetivos civiles y políticos de ETA, sino por el tono de todo el relato y por la actitud de las asociaciones de víctimas que testimonian.

Para entender esta insatisfacción, he tenido que retrotraerme al asesinato de Miguel Ángel Blanco del 12 de julio de 1997. Era la segunda vez que la multitud salía a la calle en España para rechazar el crimen. La primera vez había sido un poco antes, cuando los estudiantes madrileños salieron con las manos pintadas de blanco, después del asesinato de don Francisco Tomás y Valiente el 14 de febrero de 1996. En Euskadi, los testimonios, antes casi individuales de Gesto por la Paz, comenzaron también entonces a llenar pueblos y plazas. Pero esta segunda vez el Partido Popular cayó en la tentación de utilizar a su favor la movilización de solidaridad con la víctima. Fue en el ostentoso homenaje que se tributó unos meses después en Madrid y esa práctica ya no desapareció nunca de la vida política española, especialmente cuando el Partido Popular estuvo en la oposición, alcanzando cotas de crispación inaceptables durante la tregua de ETA del año 2006.

Este uso político de las víctimas exige que hagamos una diferenciación entre la memoria o la justicia que se debe a las víctimas, la que poseen por sí mismas, y la memoria o la justicia que procede de las víctimas, la que ellas ejercen. Las víctimas poseen el testimonio, pero no les corresponde ejercer la justicia. Esa es tarea de la judicatura. Tampoco son una autoridad moral. Es más, como dice Primo Levi, refiriéndose a Auschwitz, muchas veces los supervivientes fueron los peores, sin que eso les prive de su carácter de víctimas, de haber sufrido la violencia. Incluso, dicen los psiquiatras, es conveniente que las víctimas no se desliguen pronto del odio y deseo de venganza, para que no viertan contra sí mismas los sentimientos de agresión.

En la película de Iñaki Arteta se detecta la rabia que conservan las víctimas. Eso está muy bien y no resta ningún valor a su testimonio: nos trasmiten y entendemos perfectamente que siguen sufriendo impunidad. Pero en la película subyace también la usurpación de la universalidad de las víctimas, la apropiación del dolor y del testimonio al servicio de una ideología política particular. Es el mal que nació en 1997 y que aún no está descontaminado. Por eso, salí insatisfecho de la película. La dirección y el guión son conscientes de esa parcialidad y, para paliarlo, introducen una referencia comparativa con la impunidad que padecen las víctimas del franquismo, referencia que resulta insuficiente para reparar el lastre que traslucen las asociaciones participantes, absolutamente atadas a una ideología y a un partido particular. Esa atadura priva a la película y a los testimonios de la universalidad objetiva que se merecerían.

La película pone de manifiesto también las dificultades de la sociedad vasca para superar los efectos múltiples y profundos que acarreó el terrorismo. Uno de los mayores problemas es construir una historia que recoja el sufrimiento de las víctimas, que durante tanto tiempo fue ocultado y que ahora se intenta echar de nuevo al olvido mediante la trampa inmoral de la equidistancia de las víctimas. Creo yo que eso sólo podrá hacerlo una Comisión de la Verdad, autónoma y técnicamente irreprochable, capaz de detectar y situar en cada espacio a las diversas víctimas y victimarios, sin buscar equidistancias y sin usurpar el sufrimiento al servicio de intereses particulares.

Marcelino Flórez