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Delendus est PP

El 15 de noviembre de 1930 José Ortega y Gasset escribió un memorable artículo en el diario El Sol, titulado El error Berenguer, que terminaba así: “¡Españoles, vuestro Estado no existe! ¡Reconstruidlo! ¡Delenda est Monarchia!”. Con esta simbólica toma de postura de los intelectuales culminaba un proceso de movilizaciones y de crítica contra la Dictadura, que tampoco iba a ser aceptada en la suave forma de dictablanda encarnada en el general Berenguer. Cinco meses más tarde, la monarquía fue destruída, como aconsejara Ortega.

Dos años de gobierno después y casi veinticinco desde que se refundara el PP, ha llegado el momento de proclamar ¡El PP debe ser destruído! Como siempre nos acecha el olvido, conviene ir anotando la relación de agravios, que son las razones que hacen del PP un partido merecedor de un rechazo formal y de ser arrojado al frío espacio de la indiferencia.

I.

El primer agravio, que, además de razón, se ha convertido en delito, es la justificación del franquismo. El PP no sólo no ha condenado el franquismo, del que procede, sino que avala sistemáticamente las anacrónicas defensas de aquel régimen, al que el Tribunal Supremo nos ha concedido el don de poder llamar criminal sin que eso pueda ser considerado por nadie un insulto. Sea en los actos protagonizados por el alcalde y algunos vecinos de Poyales del Hoyo en el mes de agosto de 2011, cuando, después de profanar una fosa de víctimas del franquismo, un vecino llegó a decir “si Franco levantara la cabeza os cortaba el cuello”, como transcribe El País del día 7 de aquel mes; sean los agravios continuados del alcalde granadino sobre la Tapia del Cementerio de San José; sean las exhibiciones reiteradas de gestos y cantos fascistas de conocidos dirigentes de Nuevas Generaciones; sean las bárbaras declaraciones del alcalde de Barralla en Lugo; sean las actitudes, gestos y dichos del coportavoz popular en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando; todos los protagonistas de la justificación, cuando no exaltación, del franquismo siguen en sus puestos.

Dicen los demoscópicos que todo eso lo hacen para tener satisfecha a su base social. Pues bien, con todo lo que sabemos hoy, cualquiera que no sea esa base social o les abandona o pasa a formar parte de la misma base con todas las consecuencias.

II.

La segunda razón es la implantación de un régimen autoritario. Al uso despótico de la mayoría absoluta; al abuso del decreto-ley, que evita el debate parlamentario e impide la información ciudadana; a la utilización con violencia extralimitada de las fuerzas policiales; a la conversión de la realidad en propaganda, donde los eufemismos que dictan los argumentarios encuentran un auxilio en los medios de comunicación de masas, prácticamente monopolizados; a todo ello, el PP ha sumado finalmente el cambio de las leyes que afectan a los derechos humanos esenciales; y ha sumado el control de la justicia, único poder que se le escapaba hasta ahora.

Es cierto que muchos de esos pasos van siendo recurridos ante el Tribunal Constitucional y más de uno ha sido rechazado ya por ese Tribunal después de ser aplicado, pero eso no evita que el gobierno del PP haya puesto de manifiesto su ideología, un autoritarismo que choca con la democracia y camina por los bordes de la Constitución. Sin dudarlo y amparados en la experiencia histórica, esa ideología debe ser rechazada para garantizar la salud democrática.

III.

La tercera razón es la justificación de la corrupción. Que el caso Gürtel es un asunto de corrupción política que afecta al PP no es discutible, sea cual sea el resultado de los procesos judiciales que le atañen. Pero los principales responsables de esa corrupción, sobre todo en la Comunidad Valenciana, han seguido al frente de las instituciones públicas y el PP no los ha destituído. El rocambolesco asunto de Bárcenas y la contabilidad “B” tampoco ha podido ocultarse. Quizá los jueces tengan dificultades para desentrañar todos los pormenores, pero nunca se podrá negar que ingentes cantidades de dinero circularon por las cloacas del partido. Tales debieron ser esas cantidades, que el tesorero del partido, él solito, puso sustraer decenas de millones de euros clandestinos y colocarlos en paraísos fiscales. Cuando un micrófono descubre lo que realmente piensan los dirigentes o cuando se tiene acceso a los correos electrónicos de esos dirigentes, el grado de corrupción que se observa merece el calificativo de aterrador. Todo eso, en el ámbito político, independientemente de lo que dictaminen los jueces.

Los dirigentes del PP han dicho repetidas veces que esos asuntos políticos se sustancian en las urnas. Y así ha venido siendo, de manera que la persistencia del voto al PP le ha liberado de la responsabilidad política por la corrupción. Pero con esta acción, la responsabilidad política ha sido trasladada al votante. En términos éticos, esta forma de justificar la corrupción ha de ser rechazada sin atenuantes.

IV.

La cuarta razón es la negación del consenso. Nunca antes de ahora en la democracia habíamos observado un desprecio tan clamoroso a la opinión diferente. En el Parlamento no se escucha a la oposición ni en lo que tiene derecho. Hemos visto actitudes de algunas presidencias de comisiones tan abusadoras, que han tenido que ser desautorizadas por los propios compañeros de partido. Lo mismo pasa con la oposición en la calle: las huelgas y las enormes manifestaciones celebradas han sido despreciadas de forma explícita sin atender a ninguna de sus demandas. Ni la reforma laboral, ni la reforma de las pensiones, ni los múltiples recortes en educación, sanidad, servicios sociales han sido negociados con nadie. Pero es la Ley Wert la que ejemplifica de forma perfecta la ausencia de consenso. Y aquí también sólo hay un culpable, no vale el manido recurso al “todos son iguales”, porque esta abominable ley estuvo precedida del proyecto que hizo el ministro Gabilondo en el anterior periodo legislativo, proyecto al que fue convocado todo el mundo y que recogía la inmensa mayoría de las propuestas de la derecha. El PP se retiró del pacto sin poder aportar ninguna excusa, poniendo de manifiesto que su ideología, el autoritarismo, es incompatible con el consenso. El ministro Wert, con su soberbia avalada en Rajoy, ha dejado claro que la ruptura del consenso es cosa exclusiva de su partido. También por esto, delendus est.

V.

La quinta razón es el ejercicio de la oposición que ha practicado el PP desde que existe con ese nombre. Ha sido siempre una oposición agresiva, a la que los medios dieron el calificativo de crispación; una oposición que convocaba al odio a los diferentes; una oposición completamente desleal, incluso en los asuntos de Estado. Recordemos el uso que hizo del terrorismo, tanto en el Parlamento como en la calle; recordemos el recurso a la xenofobia, fuese en Melilla o en Badalona, donde Albiol reconoció, ante el juez que le absolvía, haber usado expresiones “inadecuadas” sobre los gitanos rumanos; recordemos que el mismísimo presidente del gobierno fue insultado en sede parlamentaria con el calificativo de “tonto solemne”; recordemos, en fin, la actitud ante la crisis económica, reflejada de forma perfecta en aquella expresión de Montoro: “dejad que se caiga España, que nosotros la levantaremos”. También por esto, el PP ha de ser arrojado a la indiferencia.

Al acercarse periodos electorales y eso va a ocurrir de forma continua desde los primeros meses de 2014, el argumentario insistirá en presentar una imagen bondadosa del partido, procurando que se olvide lo que realmente ha ocurrido y cómo se ha actuado realmente. Oiremos repetir insistentemente que la reforma laboral crea empleo, que el PP es el único que combate la corrupción, que la reforma de las pensiones es para hacerlas sostenibles, que mejora la educación, que es el gobierno más solidario, que ya hemos salido de la crisis. Y la voz nos llegará desde rostros sonrientes. El objetivo es que la gente moderada, esa que gusta llamarse de centro, vuelva a votar al PP. Ese voto, que se suma a las “bases sociales” es el que sostiene al partido y, por lo tanto, al que le corresponde la plena responsabilidad por lo que ocurre: franquismo, autoritarismo, corrupción, intolerancia y crispación. Por eso, es una obligación moral mantener vivo el recuerdo, para que no nos llamen a engaño.

Cuando digo que el PP debe ser destruido, no pienso en ninguna acción represiva, por supuesto. Sólo pienso en el único aval de que dispone el PP, el voto. Mientras la ciudadanía de derechas moderadas siga fiel al PP está cerrado el camino para avanzar en España: no se podrá terminar con el franquismo; se fortalecerá el régimen autoritario y decaerán las libertades; no terminará la corrupción con su secuela de desamortización de los bienes públicos y su entrega a una casta de amiguetes; será imposible recuperar el consenso y, por lo tanto, cambiar la Constitución; y estaremos condenados a la crispación política. ¿O es que alguien piensa que el PP va a reconocer alguna vez esta relación de agravios?

El final del camino es un país dividido, sin derechos sociales, con desigualdad rampante y pobreza extendida, desconocedor de lo que significa cultura, un país, triste, atrasado, envejecido, decadente. Y el camino está apunto de terminar. Si el voto moderado reacciona, el PP se destruirá inexorablemente. Estamos invitados a observar lo que nos anuncia el nuevo año, pero también a decidir la dirección.

Marcelino Flórez

Pregunta tramposa

Después de una o dos décadas jugando con el equívoco concepto del “derecho a decidir”, los nacionalistas catalanes han construído un nuevo mantra, aunque este no tiene visos de lograr tan largo recorrido. No debe de quedar nadie que discuta el derecho a decidir, ya que es el fundamento mismo del sistema democrático. Generalmente, ese derecho se ejerce mediante el sufragio y a través de la representación política. El derecho existe y disponen de él todas las personas en España por igual. Algunos partidos nacionalistas catalanes conocen bien ese derecho y lo han ejercido, de hecho, en alianza con la derecha centralista, cuando ésta hablaba catalán en la intimidad, contribuyendo a crear graves perjuicios a la mayoría de los españoles. Pero reclamar el derecho a decidir no significa nada y el concepto se usa conscientemente de forma equívoca. Lo que realmente quieren decir los nacionalistas catalanes y sus compañeros de viaje es “derecho a la independencia” de Cataluña respecto a España. La falacia no da más juego y, por eso, han dado este nuevo paso, el referéndum, que es una forma concreta de tomar decisiones.

 

 

Todas las tendencias nacionalistas catalanas se han puesto de acuerdo en la pregunta que desean hacer para acceder a la independencia. Pero todo el mundo puede ver la trampa; no proponen una pregunta, sino dos. Primero, si los catalanes quiere “ser un Estado”; segundo, si quieren que ese Estado “sea independiente”. Con lo fácil que hubiera sido preguntar a la gente si desean “un Estado catalán independiente” o, con más claridad aún, si quieren “la independencia de Cataluña”. ¿Por qué dos y no una sola pregunta? Para seguir haciendo trampas, como hicieron con el “derecho a decidir”.

 

 

Un componente insustituible en los nacionalismos es el irredentismo. El nacionalismo sólo puede existir mientras sea irredimible. Si consiguiese su objetivo, la independencia en este caso, la ideología nacionalista desparecería; y, en el mundo actual, donde las posibilidades imperialistas son escasas, no le quedaría nada que hacer. ¿Cómo justificar, entonces, las políticas cotidianas sin nacionalismo, la apropiación de la riqueza, la exclusión social, la represión de las libertades, el nepotismo? Sin el señuelo nacionalista, las derechas catalanas, como las españolas, quedan desnudas. Por eso, es incomprensible que nada de lo que se autodenomina izquierda caiga en la trampa. Si usa señuelo, no es izquierda, porque estamos ya en el día en el que la ética es un componente indisociable de lo que hemos convenido en llamar izquierda.

 

 

Marcelino Flórez

 

 

Memorias de Cataluña (y de España)

El Congreso celebrado en Barcelona con el título España contra Cataluña: una mirada histórica (1714-2014) ha provocado un conflicto político y otro historiográfico. Pero no se trata de conflictos a causa del nombre, a lo que algunos se adhieren como excusa, ni tampoco ha surgido el conflicto porque su comienzo haya coincidido con el acuerdo de CIU y ERC sobre la pregunta del referéndum independentista. Creo que nos hallamos ante un conflicto que expresa el estado de una ideología, el nacionalismo. Lo que está ocurriendo en Cataluña (y en España) me recuerda mucho aquel comentario de Marx referido al Imperio de Luis Napoleón Bonaparte, del que decía que remedaba la tragedia del primer imperio bajo la forma de comedia.

Bajo esta comedia se oculta, además, uno de los errores conceptuales que más tozudamente viene reproduciendo la mayoría de los historiadores españoles con el concepto de memoria. Cuando esos historiadores hablan de memoria, aparte de confundirlo a veces con las autobiografías o memorias, se refieren generalmente a la rememoración identitaria del pasado, rememoración que los gobernantes tienen encargada desde siempre a la historiografía. Esta función rememoradora es inherente al nacionalismo: para construir su identidad, el Estado-Nación recurrió a la narración de los hechos heroicos del “pueblo” que formó tal Estado o Nación, tanto o más que al cuidado de la lengua dominante.

Sabemos, desde que Eric Hobsbawm lo razonara así, que la memoria identitaria es una “invención”. Se trata, efectivamente, de una construcción ideológica, imaginada por los partidarios de trazar determinadas fronteras para determinada población, caracterizada ésta por algunos rasgos semejantes, denominados hoy rasgos étnicos: color de la piel u otros aspectos antropológicos, lengua, religión u otros aspectos culturales. Esos rasgos formaban lo que la ideología nacionalista denominó un pueblo, que los más osados llegaban a denominar una raza o categoría taxonómica de subespecie de la especie humana. Para estos nacionalistas decimonónicos, el pueblo o la raza se trasmitía genéticamente. Aunque el Congreso Internacional de Botánica del año 1905 determinó que no existían razas o subespecies en la especie humana, el nacionalismo siguió aferrado a esa idea de pueblo y ya conocemos el camino que ese concepto recorrió en los primeros cuarenta años del siglo veinte.

Racionalmente, esta idea ha caducado; pero pasionalmente, conserva toda la energía inicial. Bien es verdad que cada vez resulta más cómico ver a gente imaginando fronteras en un mundo que las rompe por doquier, aunque les coloquen concertinas en la raya. Si no nos produjese otros males, podríamos dejarles con su juego, pero los resultados suelen ser tan dañinos, que no hay más remedio que combatir esa comedia que recrea el siglo XIX en pleno siglo XXI.

Cuando el nacionalismo decimonónico forjo la memoria identitaria, tomó una decisión determinante: las hazañas del pueblo se limitaban a narrar las gestas de los vencedores, todos héroes, arrojando al olvido a los menesterosos. Las historias nacionales fueron historias de la clase dominante y de sus ocupaciones políticas. Siempre estuvieron ausentes las gentes comunes y sus ocupaciones cotidianas, incluída la principal de éstas, el trabajo. Por supuesto, fue una historia de hombres, donde no existían las mujeres. Y siempre se narró el éxito, nunca la desgracia. En nombre del progreso y del éxito nacional, cualquier desgracia particular resultó soportable. Hegel lo expresó de forma perfecta. “Es inevitable que el Espíritu del Mundo pise algunas florecillas situadas al borde del camino”. Y la humanidad aprendió a soportar tanto las desgracias, que recibió con naturalidad a los fascismos, adornados con el mismo mensaje.

Walter Benjamin nos enseñó que eso había ocurrido porque habíamos olvidado a las víctimas y nos recomendó rememorar a las víctimas olvidadas. Por cierto, esta es la rememoración que tanto intranquiliza hoy a los verdugos y a sus herederos, no la rememoración identitaria de los nacionalismos. Nos advirtió, no obstante, Benjamin que la rememoración de las víctimas sólo era posible si éramos capaces de mirar por sus ojos. Cuando observo lo que está pasando en Cataluña (y en España), constato que no son los ojos de los inmigrantes africanos o asiáticos ni los ojos de los parados descendientes de los obreros emigrados desde las Castillas o de las Extremaduras o de Andalucía ni los de los obreros catalanes textiles o metalúrgicos que conocimos en la historia, los ojos que están mirando, sino los de los acomodados y poderosos. Por eso, me enoja que ese juego lo jueguen partidos y sindicatos que dicen estar del lado de los oprimidos. Catalanes: podéis imaginaros lo que os espera en la independencia, nada diferente a los que nos ofrecen los nacionalistas españoles, como acaba de decir Juan Marsé.

¡Ah!, por si no os habíais dado cuenta, en 1702 y hasta 1714 había en Cataluña (y en Aragón y en Valencia y en Mallorca, o sea, en toda la Corona) unos catalanes que eran partidarios de los aliados de La Haya y otros que preferían a los borbones, además de muchos, muchísimos a los que les daba igual un bando que el otro, pues su condición de perdedores no se jugaba en aquel juego. Por cierto, está por dilucidar si eso que hoy llamamos España era la misma cosa en 1700; en lo que se refiere a Cataluña no sé si estaba ya dilucidado o lo habrá aclarado el simposio.

Marcelino Flórez

Una difícil prueba para el Papa Francisco

La sorpresa inicial que nos causó este Papa se va dilucidando siempre en términos positivos: si va a Brasil, se deja tocar entre las favelas; se acerca a Lampedusa para atestiguar la desvergüenza de la inmigración ahogada; sigue con sus viejos zapatos negros; intenta cambiar el Banco y mente mano, incluso, al gobierno del Estado Vaticano; y hace esas cosas sin reñir a la gente del mundo. Nada hay, hasta ahora, que ponga en duda los nuevos tiempos que ha inaugurado la Iglesia católica en Roma. Hasta los ateos se rinden a esta imagen, que se aproxima a lo que afirma la doctrina.

Dice Hans Küng que aún hay dos deficiencias, sobre las que este contestatario católico manifiesta también esperanza: el papel de la mujer en la Iglesia, que habrá de dejar de ser marginal; y la acogida de los curas casados, lo que pone sobre la mesa el celibato, una antigua norma, que para los más integristas es el centro de su creencia.

A mí me parece que el giro no va ser rápido ni fácil, sino que cada día el Papa Francisco tendrá que dar muestra de coherencia con el cambio que ha iniciado, un cambio de ciento ochenta grados en las prácticas de la Iglesia, aunque en realidad no sea más que regresar al Concilio Vaticano II cincuenta años después.

En España le tienen preparada una prueba para los próximos días: las beatificaciones del 13 de octubre en Tarragona. No es un problema de víctimas inocentes con las que solidarizarse, que lo son, sino de su significado. La Iglesia española, acorde también en ello con los anteriores papados, da a sus muertos de la República y de la Guerra el significado de mártires; y esto no tendría más importancia, si no fuera por la función política que tal significado tiene, un significado para el que conscientemente fue construido, como hemos demostrado en algunos escritos, y cuya función principal fue justificar el apoyo de la Iglesia católica al golpe de Estado y posterior Guerra Civil de 1936. En esto no debemos engañarnos. Si Juan XXIII y Pablo VI no accedieron a la consideración como mártires de las víctimas de la Guerra Civil no fue por desconocimiento de la realidad, sino al contrario. Y si Juan Pablo II y Benedicto XVI impulsaron el significado martirial de esas víctimas, en el contexto del descubrimiento de la enseñanza que aporta la rememoración de las víctimas olvidadas según nos enseñó Walter Benjamin, fue con la clara conciencia de contrarrestar ese movimiento memorialista.

Por eso, lo tiene muy difícil el Papa Francisco con la patata caliente que le ha caído del pasado. Cada gesto será sometido al examen de la crítica: si asiste o no; si envía a alguien más o menos importante; y, sobre todo, si dice algo o si calla. Es, ciertamente, una prueba muy difícil, porque, además, no se puede argüir que el Papa desconozca el problema. Tengamos en cuenta que la única crítica que recibió su nombramiento fue la de haber estado próximo o, al menos, no suficientemente alejado de la criminal dictadura argentina, un asunto muy próximo en significación al que le ha caído para el día 13.

Marcelino Flórez

Argentina, la ONU, la Memoria y el Franquismo

Cuando en el año 2006 Entrepueblos organizó unas jornadas con el título de La Memoria contra la Impunidad en el Centro Buendía de la Universidad de Valladolid (con ausencia clamorosa del profesorado de la propia Universidad, que no tuvo a bien acudir a escuchar a expertos en el tema de la talla de Reyes Mate o Francisco Espinosa, eso a pesar de que la inauguración de las jornadas coincidió con la declaración de tregua por parte de ETA, asunto tan directamente relacionado con el título de las jornadas), pudimos tomar conciencia ya de que la Memoria había llegado para quedarse. Esa  conciencia nos ha permitido ir encontrando explicación al sinuoso discurrir de la vida política española en los últimos quince años a  este respecto. Cada vez entendemos mejor la intranquilidad que recorrió al partido único de la derecha española el día que Emilio Silva desenterró a su abuelo junto a los otros doce de Priaranza, era el mes de octubre del año 2000; entendemos también la hiperbólica irritación que le causaba a este partido la tramitación de la conocida como Ley de Memoria Histórica; y entendemos el acoso mediático y jurídico que emprendió contra Garzón a raíz de su Auto de 16 de octubre de 2008.

Lograron terminar con la carrera judicial de Garzón en España, provisionalmente y por otro asunto, pero la autoridad del juez salió reforzada por su planteamiento de fondo en el Auto sobre las víctimas del franquismo, porque, si bien las víctimas quedaban jurídicamente desamparadas, como hizo notar inmediatamente Amnistía Internacional, la condena moral del franquismo resultó definitiva, al reconocer la sentencia absolutoria de Garzón que la Dictadura era responsable de Crímenes contra la Humanidad (“QUINTO.- Los hechos anteriormente descritos, desde la perspectiva de las denuncias formuladas, son de acuerdo a las normas actualmente vigentes, delitos contra la humanidad en la medida en que las personas fallecidas y desaparecidas lo fueron a consecuencia de una acción sistemática dirigida a su eliminación como enemigo político”. -Sentencia 102/2012 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo-). La memoria de las víctimas obtenía aquí, de forma callada y apenas percibida por la mayoría de la población, una victoria frente a los victimarios.

Y la madeja ha continuado desenrollándose. Primero fue la jueza argentina María Servini de Cubria, que aceptó la demanda de dos familiares de personas desaparecidas, en el marco de la justicia universal, a la que se han ido sumando un sinnúmero de querellas y querellantes. Los últimos pasos de esta causa han llevado a la solicitud de detención de algunos conocidos torturadores del tardofranquismo, donde la fiscalía española continúa poniendo obstáculos, que no son sino coces contra el aguijón.

Coincidiendo con estos hechos, han llegado a España los observadores de la ONU para comprobar la situación de las personas desaparecidas, lo que habían solicitado la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y otras asociaciones de Derechos Humanos en el año 2002. En este caso, ya no es que las víctimas se hagan visibles, pues ya lo eran desde hace unos años, es que la visibilidad llega al centro nuclear de los Derechos Humanos. Puede que judicialmente no se avance mucho, pero moralmente se recorre todo el camino: las víctimas del franquismo son universalmente visibles y la impunidad de sus asesinos queda atestiguada. Ya no cabe el negacionismo en este final del recorrido.

Aquí, precisamente, se abre una nueva senda, una senda interior, la senda que afecta a los restos del franquismo dentro de España. Lo de menos es que esos restos se encuentren en los nombres de algunas calles, en los monolitos del algún altozano o, incluso, en las pulseras de algunos mozalbetes y de otros ancianos; lo importante es que esa senda es poderosa, porque está amparada  por el partido único de la derecha española, que, además, gobierna.

Si la autoridad de este gobierno está mermada en el mundo por los catastróficos resultados sobre la población de su gestión, con aumento del desempleo, reducción de los salarios, quiebra de las pequeñas empresas, desmantelamiento de los servicios sociales; si esa merma de autoridad se agudiza por estar enfangado el partido en unos asuntos de corrupción, que son la primera pregunta de cualquier corresponsal extranjero y para la que no encuentra más respuesta que excusas y mentiras; si eso es así, la rememoración de las víctimas del franquismo añade a este gobierno un peso insuperable. O deja de proponerse como continuador del franquismo y condena de una maldita vez, sin equívocos, a la Dictadura y pone los medios para reparar la injusticia, como le acaba de proponer el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU al concluir su visita a España, o no puede quitarse la losa de encima.

Marcelino Flórez