El 4 de diciembre de 2011 el gobierno saliente disponía de un informe favorable a la desclasificación de más de 10.000 documentos clasificados como secretos, pero Carme Chacón prefirió no llevarlo al Consejo de Ministros, quizá el último que celebrase su gobierno. Trataban esos papeles, comprendidos entre los años 1936 y 1968, de campos de concentración, de desertores y desterrados, de la censura, aunque también del protectorado de Marruecos o de los tratados con Estados Unidos. Son papeles de los tres ejércitos y los expertos habían dictaminado que podían desclasificarse. El 29 de mayo de 2012 la Cadena Ser informa que el ministro de Defensa ha decidido mantener secretos esos papeles. El ministro ha aducido una explicación: su conocimiento podía perjudicar las relaciones internacionales de España.

Hay que tomar esta explicación como una excusa. Para verlo de otra manera, el ministro tenía que haber actuado selectivamente y evitar la desclasificación, por ejemplo, del material archivístico relacionado con el protectorado de Marruecos, si los técnicos advirtiesen algún problema ahí antes no observado. Pero ocultar papeles relacionados con la Guerra Civil no puede justificarse con una referencia a las relaciones internacionales. Eso es una excusa.

¿Qué le preocupa, entonces, al ministro Morenés y al Partido Popular, que les lleva a obstaculizar el acceso a los archivos de la Guerra Civil? No es otra cosa que el miedo a la verdad. Ocurre que el Partido Popular no ha sido capaz de condenar al franquismo y sigue preso del apoyo que toda la derecha española de la época dio a aquella criminal dictadura. La investigación histórica, sin embargo, camina implacable y no pasa día sin que añada un conocimiento más de aquellos temibles años, que habían sido enviados a la oscuridad.

La única derecha que existe en España, además de serlo, parece que se siente aún heredera del franquismo. Las posiciones ideológicas de su fuerza política y de sus apoyos sociales, especialmente de la Iglesia católica, han evolucionado hacia un enrocamiento en la ocultación, cuando no en la negación, del pasado. Ocurre así en Las Cortes, ocurre con los medios de comunicación, que monopoliza, y ocurre con los historiadores e “historietógrafos” a los que financia y promociona, de los cuales el último ejemplo es el inefable diccionario. Es un problema, creo yo, que tiene la derecha y que tienen sus apoyos sociales. Ellos sabrán cómo resolverlo.

Pero la ocultación ya no es posible. La verdad ha comenzado a salir de la tumba secreta a la que había sido relegada y hasta en sede judicial ha tomado carta de naturaleza. El franquismo, lo condenen o no, fue un régimen que ha sido jurídicamente calificado de autor de crímenes contra la humanidad. No existe peor calificación posible. La tarea de los historiadores es continuar aportando pruebas y nombres a la tesis ya establecida. Alguna de esas pruebas y muchos nombres es lo quieren mantener secreto. La decisión de Morenés, por lo tanto, es otro paso hacia atrás de una derecha que tiene fecha de caducidad.

En el número 72 de la revista Historia Social, que acaba de traerme el correo, Fernando del Rey publica un amplio artículo, titulado “Revisionismos y anatemas. A vueltas con la II República”. Además de descalificar al pensamiento contrario al suyo con expresiones como “polemistas”, “activistas políticos”, “fiebre memorialista”, “se autoproclaman historiadores profesionales” (luego, no lo son: se autoproclaman) o “disputa que venimos padeciendo”, por entresacar una muestra que manifiesta el estado de ánimo del autor; además de la descalificación, digo, procede Fernando del Rey a razonar lo inapropiada que es la calificación que ha recibido el libro por él dirigido, Palabras como puños, libro del que yo he hecho también una dura crítica aquí mismo bajo el calificativo de revisionista (Ver: Cuidado con los historiadores).

Después de hacer una aclaración, voy a fijarme solamente en dos cosas para demostrar que este artículo y el libro Palabras como puños se enmarcan perfectamente en lo que se conoce como revisionismo en Historia. La aclaración es sobre el término revisionismo. De acuerdo en que significa varias cosas y que ninguna de ellas es la que se refiere a la reescritura permanente de la Historia, pero por “revisionismo político” todo el mundo entiende la crítica con la que el marxismo se refería a la socialdemocracia después de la polémica con E. Berstein en el seno del socialismo alemán; y con “revisionismo histórico” se designa a la tendencia historiográfica que inició Ernst Nolte a mediados de los años ochenta para justificar el nazismo al explicarlo como una reacción defensiva ante los crímenes estalinistas. Desde entonces y en términos más generales, “revisionismo histórico” es la tendencia a justificar los fascismos explicándolos como reacción a las revoluciones o desórdenes sociales imperantes, como explicó de forma perfecta Antonio Elorza en El País el día 4 de enero de 1997: “Ciertamente resulta difícil y poco elegante alabar la sublevación militar, pero basta con tomar como punto de partida la supuesta situación caótica de la España republicana para proporcionar una justificación indirecta al alzamiento”. Pues, eso. Y debo añadir que para tener una postura revisionista no hace falta ser consciente de ello, basta con participar de esa mayoría que actúa conforme a “lo políticamente correcto”, como decía Elorza en ese mismo escrito.

La primera cosa que prueba la postura revisionista de Fernando del Rey se encuentra en la nota 13, donde cita a Ángel Viñas para identificarse con la propuesta teórica que hace éste de estudiar la Guerra Civil en los libros no como apéndice de la República, sino como prolegómeno del Franquismo. Pero después de la cita, nuestro historiador dice: “Lo cual, añado yo, no debe llevarnos a negar líneas de continuidad entre la República, sus problemas, sus diferentes actores –el basamento ideológico de éstos- y la guerra, principio metodológico muy diferente a la inaceptable extrapolación  de querer entender la historia de la primera (la República) por lo que vino después, tanto el conflicto bélico como la dictadura”. Así pues, dice justo lo contrario de Viñas. Éste dice que la Guerra trajo el Franquismo y Fernando del Rey dice que la República trajo la Guerra. Lo dice con suavidad –“líneas de continuidad”-, pero lo dice. ¿Qué otra cosa se puede deducir del contexto en el que están escritas la palabras (el afán de los antifranquistas de presentarse como demócratas, cosa que “nunca fueron”), además de la propia literalidad de las mismas? El punto de partida de Fernando del Rey es, efectivamente, que las palabras como puños están en el origen de la Guerra, con lo que ésta queda explicada, es decir, justificada. Porque aquí hay una confusión entre causa y antecedente, en la que no entraré y me limito a recomendar la lectura del capitulo 2, “La confusión en el origen”, del libro de Alberto Reig Tapia, Memoria de la Guerra Civil. Los mitos de la tribu.

La segunda cosa a la que voy a referirme es un lamento por las acusaciones que se hace “a los historiadores no militantes”, por expresar “sus dudas, cuando no su abierto rechazo, ante la aplicación a la represión franquista de conceptos tales como ‘plan de exterminio’, ‘fascismo’, ‘genocidio’ u ‘holocausto’”. Pues bien, en este asunto se ha acabado la discusión y ya no hay que hacer un mero reproche, sino una denuncia política contundente: eso es negacionismo de la criminalidad del franquismo. Lo acaba de decir el Tribunal Supremo español en la sentencia absolutoria del juez Garzón en la causa seguida contra él por haber atendido a la demanda de las víctimas del franquismo. En sede judicial suprema acaba de afirmarse que el franquismo es responsable de un “crimen contra la humanidad”. No se trata, por lo tanto, de opiniones diversas entre historiadores, sino de veredicto jurídico. A veces, como se ve, sale el tiro por la culata.

En definitiva, la letra pequeña del artículo que comentamos demuestra que nos hallamos ante una tendencia historiográfica revisionista, denunciada ya por Amnistía Internacional y por una parte de la historiografía, pero avalada ahora definitivamente por el Tribunal Supremo. Como dijo también Antonio Elorza en El País el día 1 de noviembre de 2008, “de los crímenes nazis a Karadzic, una calificación (jurídica) adecuada de los crímenes vale más que una cascada de libros”. Ha terminado la discusión, en este caso con sentencia.