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Cataluña y España, desde Castilla y león

Siempre ha habido mucha dificultad para definir el concepto “España”. Desde el punto de vista geográfico, por ejemplo, es menos que una Península y ahí está Portugal para demostrarlo, pero también es más que la Península Ibérica y ahí están las islas y costas mediterráneas y atlánticas. Esas fronteras, por otra parte, tienen muy pocos años.

Si nos fijamos en la lengua, el castellano es menos que un Estado, pero también es mucho más. Hay diez veces más de castellano hablantes que de españoles; y, entre los españoles, el castellano es sólo una de las lenguas maternas, a lado del catalán del vasco o del gallego.

Si tenemos en cuenta la identidad, es decir, aquello que se siente ser una persona, España es igualmente más y menos que una Nación. Muchos españoles no se sienten tales, sino que se sienten catalanes, vascos o gallegos exclusivamente. Y yo, por ejemplo, me siento más europeo que español y más cosmopolita que europeo. Como yo, hay otras personas, no se vayan a creer que no, porque esto es una mera cuestión de voluntad, después de haber viajado un poco.

De manera que, si tenemos que buscar un acuerdo para definir a España, hay que ir al artículo primero de la Constitución, donde dice “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho”. Aquí se define España y en esos términos es reconocida por el mundo y participa en las instituciones internacionales. Esto es así desde 1978, aunque no hay duda de que existen razones y antecedentes para que así sea.

Tengo para mí que el antecedente más influyente en lo que jurídicamente es España no va más allá del constitucionalismo y, específicamente, de las constituciones posteriores a 1812, donde van apareciendo dos elementos que identifican lo que ha venido a ser España. El primero, que van dejando de figurar los territorios coloniales de América, adaptándose las fronteras a lo que son hoy; y el segundo, que se establecen las provincias, las mismas que hoy existen.

El artículo 11 de la Constitución de 1812 mandataba el establecimiento de provincias en España y un decreto de Javier de Burgos, de 30 de noviembre de 1833, las estableció. Los liberales organizaron las provincias por razones de eficacia fiscal y de la justicia, de manera que el criterio organizativo dominante fue hacer espacios semejantes en extensión y en población, aunque también contemplaron otros criterios, como la topografía o la tradición histórica. El criterio topográfico se usó para dotar a cada provincia de terrenos de montaña y de llanura, de manera que tuviesen una economía lo más complementaria posible; y la tradición es la que explica que se respetase siempre en la partición provincial la lengua particular, así como la división fronteriza de los reinos del Antiguo Régimen y, por eso, se delimitó Aragón, Cataluña, Valencia o Navarra. En el caso del País Vasco, se discutió mucho si reducirlo a dos provincias, dada su escasa población, pero se optó por mantener tres, como determinaba la costumbre histórica.

La división provincial resultó exitosa a todos los efectos. Le sirvió, por ejemplo, a Prat de la Riva en 1911 para diseñar lo que terminaría siendo la Mancomunidad de Cataluña desde el 6 de abril de 1914, que tendría como objetivos promocionar la lengua y desarrollar las obras públicas. Y nada ha servido más que este hecho para construir una identidad catalana.       (¿ Por qué no será ésta la efemérides constituyente que celebre el nacionalismo catalán, en vez de la derrota de 1714?. ¡Ay, el victimismo!). Por cierto, en muchos lugares es la provincia lo que más identifica a las personas. ¡Cuánta gente se siente, antes que nada, leonés o murciano, es decir, natural de una delimitación a la que le faltan veinte para tener doscientos años! Lo gracioso es que esa mayoría de gente piensa que su identificación proviene de una “unidad de destino en lo universal”, parafraseando a “esa persona”, como diría Rajoy para evitar nombrar a alguien. Algo parecido debían de pensar los constituyentes de 1978, quienes dieron por cosa tan obvia a la provincia, que la establecieron como circunscripción electoral única, un hecho al que le han bastado 35 años para demostrar la equivocación.

Es cierto que, aparte de estos antecedentes, podemos hablar de otras raíces identitarias, aunque sean siempre cambiantes: la romanización, que aportó el cristianismo, además de una lengua común; la dispersión territorial medieval, que originó las variedades lingüísticas, siempre bajo unidad católica; o el Estado Moderno, que desarrolló una pugna permanente entre el afán monárquico de unificación jurídica y la diversidad real de las culturas. Todos son elementos de lo que hoy es España y de sus contradicciones. Pero el hecho que ha determinado verdaderamente la españolidad ha sido el capitalismo, esto es, el mercado.

La dinastía borbónica, esa misma a la que reprueba el nacionalismo catalán en su Diada, unificó el mercado en todos los territorios dinásticos, terminando con el monopolio americano por parte de la Corona de Castilla, cosa que agradó a un buen número de burgueses en el antiguo Condado de Cataluña y que proporcionó un notable impulso al puerto y ciudad de Barcelona; y el liberalismo triunfante consagró el mercado español con fronteras estrictas y aranceles más fuertes que las concertinas de Melilla. Ese mercado nacional, como le denominaron los economistas burgueses, hizo posible el éxito del textil catalán, liberado de la competencia británica y con la garantía de un amplio territorio español de ventas. Ese mismo mercado condujo, durante el franquismo, el ahorro de los cerealistas del interior peninsular hacia la industrialización de la periferia; y, detrás del ahorro, se fueron los explotados por los ahorradores. Así se consumó la diversidad territorial de lo que es España. Ha de quedar muy claro que en esta españolización no tiene ninguna responsabilidad mayor Castilla y León que Cataluña; si acaso, al revés.

Ahora resulta que una ideología de base provinciana, el nacionalismo, plantea la escisión con el resto de España. Está bien, pero habrá que hacer cuentas. Del mismo modo que en una ruptura matrimonial con desavenencia, alguna autoridad neutral tendrá que establecer los términos de la separación. Y el problema no es si Cataluña permanecerá o no en la Unión Europea o si el Barça jugará o no la liga española; el problema es la valoración y pago de los bienes de las personas que quisieran regresar a sus lugares de origen en el resto de España (porque no puedo ni pensar que se esté contemplando la expropiación), así como la compensación entre los territorios españoles de los beneficios obtenidos gracias a la política económica común de los tres últimos siglos, o sea, del periodo de mercado nacional. La valoración de este factor no sería difícil. Bastaría con hallar la renta media española y de cada una de las Comunidades Autónomas, y aportar o detraer a quien le correspondiese la parte que excediera o faltara de esa renta media, por ejemplo. Como en toda ruptura matrimonial, si una parte se queda con la casa, la otra se lleva los bienes muebles, porque en política económica española ha regido el sistema de gananciales, aunque no sea lo habitual en derecho familiar catalán. ¿Conoce alguien las cuentas que hacen los nacionalistas catalanes de estos asuntos? Si no las dan a conocer, ha de ser porque no les parece un buen negocio, pero cuando el juego ideológico de los nacionalismos trasciende de lo que suele tenerlos entretenidos, que no es otra cosa que la disputa de la hegemonía política en los respectivos territorios, hay que poner todas las cartas sobre la mesa. Lo otro es jugar con trampas, las mismas trampas que usan los nacionalistas españoles y que tan buenos resultados les viene dando.

Marcelino Flórez

ETA, Carrero y CC.OO.

 

Como expliqué en proceso-1001, la Memoria de la sociedad española en 2013 se fijó el 20 de diciembre en ETA y en Carrero, pero no en las Comisiones Obreras. Eso está lleno de significados y nos sirve, entre otras cosas, para entender la diferencia entre memoria oficial del pasado y rememoración de las víctimas, diferencia que no logramos hacer comprender por mucho que nos empeñamos.

Olvidar a las Comisiones Obreras en 2013 se relaciona enteramente con el acoso que está sufriendo el sindicalismo en la presente crisis por parte del capitalismo global, representado en este caso no sólo por la barbarie del Partido Popular, sino también por ese neoliberalismo blando que domina en los medios “progresistas” y en la socialdemocracia europea.

Me preocupa más, sin embargo, la rememoración del binomio ETA-Carrero. Observemos que si ese hecho se considera prioritario es porque se piensa que son los individuos los que determinan la marcha de la historia y, lo que es lo mismo, el orden social vigente. ¡Cómo se contradice esto con lo que estamos viendo a diario y que lo expresamos como imperio del mercado! Así nos va, con los análisis que hacemos.

Pero mi interés se centra en la otra consecuencia que se deriva de la Memoria Histórica Española en este 20 de diciembre, la que nos llevaría a reconocer que la estrategia de ETA era la correcta. Y no me refiero al terrorismo en tanto que estrategia, que, desde luego, no se puede juzgar lo mismo en democracia que en dictadura: ni políticamente, ni éticamente es lo mismo, aunque a posteriori no pueda justificarse desde ningún punto de vista, conocidas las consecuencias. Me refiero a la estrategia política de eliminar a los individuos y a las organizaciones sociales.

Entiendo que quienes consideran que la historia la deciden los individuos encuentren lógica la decisión de eliminar a Carrero, si se pretendía acabar con el franquismo de esa manera, pero no cabe la misma lógica respecto a las Comisiones Obreras. Y cuando ETA eligió el 20 de diciembre para asesinar a Carrero, sabía que ese día había un juicio contra los sindicalistas, que estaba siendo observado por todo el mundo democrático. Con su acción, logró ocultar el Proceso 1001 en 1973 … y en 2013.

¿Era sólo propaganda lo que buscaba? Podríamos pensar que sí, si no hubiéramos visto caer a tantos sindicalistas de las Comisiones Obreras a manos de ETA, fuesen funcionarios de prisiones, periodistas o meros dirigentes destacados. No tengo la relación de esos asesinatos selectivos, aunque sí conservo en mi mente algunos rostros y nombres, pero no me cabe duda de que un objetivo consciente de ETA, como de otras organizaciones terroristas, eran los movimientos sociales que no controlaba. Recordad a Madre Coraje de Villa El Salvador, en Lima, asesinada por Sendero Luminoso.

A juzgar por la Memoria Histórica Oficial Española, ETA ganó también esa batalla. Por eso, nuestra obligación moral es seguir rememorando a las víctimas olvidadas, de las que ya empiezan a formar parte los sindicalistas. Los del Proceso 1001 se llamaban: Marcelino Camacho, Nicolás Sartorius, Francisco García Salve, (El Cura Paco), Fernado Soto, Luis Fernández Costilla, Pedro Santiesteban, Juan M. Muñiz, Francisco Acosta, Eduardo Saborido y Miguel A. Zamora.

Marcelino Flórez

Memorias de Cataluña (y de España)

El Congreso celebrado en Barcelona con el título España contra Cataluña: una mirada histórica (1714-2014) ha provocado un conflicto político y otro historiográfico. Pero no se trata de conflictos a causa del nombre, a lo que algunos se adhieren como excusa, ni tampoco ha surgido el conflicto porque su comienzo haya coincidido con el acuerdo de CIU y ERC sobre la pregunta del referéndum independentista. Creo que nos hallamos ante un conflicto que expresa el estado de una ideología, el nacionalismo. Lo que está ocurriendo en Cataluña (y en España) me recuerda mucho aquel comentario de Marx referido al Imperio de Luis Napoleón Bonaparte, del que decía que remedaba la tragedia del primer imperio bajo la forma de comedia.

Bajo esta comedia se oculta, además, uno de los errores conceptuales que más tozudamente viene reproduciendo la mayoría de los historiadores españoles con el concepto de memoria. Cuando esos historiadores hablan de memoria, aparte de confundirlo a veces con las autobiografías o memorias, se refieren generalmente a la rememoración identitaria del pasado, rememoración que los gobernantes tienen encargada desde siempre a la historiografía. Esta función rememoradora es inherente al nacionalismo: para construir su identidad, el Estado-Nación recurrió a la narración de los hechos heroicos del “pueblo” que formó tal Estado o Nación, tanto o más que al cuidado de la lengua dominante.

Sabemos, desde que Eric Hobsbawm lo razonara así, que la memoria identitaria es una “invención”. Se trata, efectivamente, de una construcción ideológica, imaginada por los partidarios de trazar determinadas fronteras para determinada población, caracterizada ésta por algunos rasgos semejantes, denominados hoy rasgos étnicos: color de la piel u otros aspectos antropológicos, lengua, religión u otros aspectos culturales. Esos rasgos formaban lo que la ideología nacionalista denominó un pueblo, que los más osados llegaban a denominar una raza o categoría taxonómica de subespecie de la especie humana. Para estos nacionalistas decimonónicos, el pueblo o la raza se trasmitía genéticamente. Aunque el Congreso Internacional de Botánica del año 1905 determinó que no existían razas o subespecies en la especie humana, el nacionalismo siguió aferrado a esa idea de pueblo y ya conocemos el camino que ese concepto recorrió en los primeros cuarenta años del siglo veinte.

Racionalmente, esta idea ha caducado; pero pasionalmente, conserva toda la energía inicial. Bien es verdad que cada vez resulta más cómico ver a gente imaginando fronteras en un mundo que las rompe por doquier, aunque les coloquen concertinas en la raya. Si no nos produjese otros males, podríamos dejarles con su juego, pero los resultados suelen ser tan dañinos, que no hay más remedio que combatir esa comedia que recrea el siglo XIX en pleno siglo XXI.

Cuando el nacionalismo decimonónico forjo la memoria identitaria, tomó una decisión determinante: las hazañas del pueblo se limitaban a narrar las gestas de los vencedores, todos héroes, arrojando al olvido a los menesterosos. Las historias nacionales fueron historias de la clase dominante y de sus ocupaciones políticas. Siempre estuvieron ausentes las gentes comunes y sus ocupaciones cotidianas, incluída la principal de éstas, el trabajo. Por supuesto, fue una historia de hombres, donde no existían las mujeres. Y siempre se narró el éxito, nunca la desgracia. En nombre del progreso y del éxito nacional, cualquier desgracia particular resultó soportable. Hegel lo expresó de forma perfecta. “Es inevitable que el Espíritu del Mundo pise algunas florecillas situadas al borde del camino”. Y la humanidad aprendió a soportar tanto las desgracias, que recibió con naturalidad a los fascismos, adornados con el mismo mensaje.

Walter Benjamin nos enseñó que eso había ocurrido porque habíamos olvidado a las víctimas y nos recomendó rememorar a las víctimas olvidadas. Por cierto, esta es la rememoración que tanto intranquiliza hoy a los verdugos y a sus herederos, no la rememoración identitaria de los nacionalismos. Nos advirtió, no obstante, Benjamin que la rememoración de las víctimas sólo era posible si éramos capaces de mirar por sus ojos. Cuando observo lo que está pasando en Cataluña (y en España), constato que no son los ojos de los inmigrantes africanos o asiáticos ni los ojos de los parados descendientes de los obreros emigrados desde las Castillas o de las Extremaduras o de Andalucía ni los de los obreros catalanes textiles o metalúrgicos que conocimos en la historia, los ojos que están mirando, sino los de los acomodados y poderosos. Por eso, me enoja que ese juego lo jueguen partidos y sindicatos que dicen estar del lado de los oprimidos. Catalanes: podéis imaginaros lo que os espera en la independencia, nada diferente a los que nos ofrecen los nacionalistas españoles, como acaba de decir Juan Marsé.

¡Ah!, por si no os habíais dado cuenta, en 1702 y hasta 1714 había en Cataluña (y en Aragón y en Valencia y en Mallorca, o sea, en toda la Corona) unos catalanes que eran partidarios de los aliados de La Haya y otros que preferían a los borbones, además de muchos, muchísimos a los que les daba igual un bando que el otro, pues su condición de perdedores no se jugaba en aquel juego. Por cierto, está por dilucidar si eso que hoy llamamos España era la misma cosa en 1700; en lo que se refiere a Cataluña no sé si estaba ya dilucidado o lo habrá aclarado el simposio.

Marcelino Flórez

Bartolomé Clavero: El árbol y la raíz

Me compré este libro porque recordaba uno de los primeros que escribió el autor, Mayorazgo, propiedad feudal de Castilla, creo que se titulaba. Eso y que tenía el subtítulo de “memoria histórica y familiar” y lo publicaba Crítica. Con todo, no estaba muy convencido. No fue hasta el segundo o el tercer capítulo cuando cambié de opinión. Es un libro raro (de hecho, el autor dice que se puede empezar a leer por los últimos capítulos y regresar al principio o leer alternativamente), pero lleno de interés.

Bartolomé Clavero define el libro como “descargo de conciencia”, que lo es personal por no poder ser familiar. Describe a una familia franquista, perteneciente a la “casta”, donde los mayores y algunos descendientes nunca han renunciado a la victoria ni al botín. El mismo Bartolomé confiesa que tardó mucho en tomar conciencia de su pertenencia a la casta franquista y que sólo recientemente ha percibido que en su entorno había víctimas olvidadas. “¿Cómo iba a pensar en descargo ninguno? Ni siquiera era consciente de que hubiera quedado tanto pendiente tras el final de la dictadura” – dice-(166). Hay que añadir que esto no le ha pasado sólo a Bartolomé Clavero, sino a la inmensa mayoría de la gente de su generación y de las adyacentes. Y tiene una explicación: hasta hace muy poco tiempo no existía conciencia del olvido de las víctimas (las del franquismo, las del terrorismo o cualquiera otras de la historia) y de la consecuencia de ese olvido, que es la impunidad.

Todo ello se relaciona con la idea de memoria histórica, un concepto que ha invadido todos los rincones y que cada cual usa con un significado. A Bartolomé Clavero le ocurre también. Unas veces lo identifica con historia oral, otras con historia del presente; lo contrapone a “historia falsa” y a “contramemoria”; y nunca lo define, aunque, instintivamente, se aproxima al concepto benjaminiano de memoria, esto es, a la rememoración de las víctimas. Sigo preguntándome por qué hay tanta resistencia entre historiadores a reflexionar sobre ese concepto, cuando hay tanto escrito. Las cosas que yo he publicado, por ejemplo, sea en revistas o sea mi libro sobre el tema, sólo las he visto citadas o comentadas por filósofos o juristas, pero nunca por historiadores. Eso debe tener alguna explicación y, quizá, se relacione con la severa crítica que Clavero hace a la “historiografía profesional (que reproduce) desmemoria” (160).

El descargo de conciencia está muy relacionado con la política de reconciliación nacional y, por lo tanto, con la Transición. Al hablar de esto, es muy crítico con Laín o con Ridruejo: “Ambos descargos de conciencia, el de Laín y el de Ridruejo, tienen en común la inconsciencia para con las víctimas”. (…) Laín y Ridruejo ignoraron lo que no quisieron saber” (145). Aunque les concede el beneficio del derecho constitucional a no declarar contra sí mismo, especialmente cuando, como en el caso de los franquistas, “es mucha la carga de conciencia para hacerse cargo y hacer descargo” (144). Esa inconsciencia, que, como ya hemos dicho, el mismo Clavero se asigna, tiene relación con la adhesión a alguna causa que ayude al negacionismo, sea la familia, la iglesia, el partido o la patria. Dos de esas instituciones han jugado un papel más relevante en el caso del franquismo, la iglesia, de la que nunca entenderemos suficientemente el papel negacionista que ha jugado y sigue jugando, y el partido. En este caso el partido, o sea, el PCE y su política de reconciliación nacional, “de una reconciliación que sólo bastante más tarde advertí que entrañaba la consagración de la impunidad de los vencedores y del despojo de los vencidos (148).

Enlaza entonces el razonamiento con la Transición y con la conocida como Ley de Memoria Histórica, de la que hace una crítica que da en la diana. El déficit de esa norma es la exclusión de la ley de amnistía de 1977 en la cláusula derogatoria. Eso es lo que ha seguido posibilitando la impunidad y el desamparo de las víctimas. Y da una explicación interesantísima: “la transición trató a la dictadura como si hubiese sido no un régimen de hecho, sino un régimen de derecho, un régimen no constitucional, pero de derecho. El resultado en cuanto al bloqueo persistente de posibilidades abiertas por la Constitución de 1978 está descrito. Se tiene a la vista para quien quiera mirar sin anteojeras” (199).

Hay muchas cosas de interés en este libro, que aparentaba ser una mera historia de vida familiar y resultó ser una mina de sugerencias. Interesa mucho la definición del franquismo como sociedad de castas; la explicación de la función cohesionadora que ejerce la Iglesia católica; o el botín del que se apropiaron los vencedores, respecto a lo que sugiere que “en el ámbito patrimonial, no por supuesto en el penal, la responsabilidad puede alcanzar a los descendientes de genocidas” (184). Estas apropiaciones, que ya han dado lugar a demandas no atendidas, son otro capítulo no cerrado de la (pos)guerra y del (pos)franquismo, y probablemente sean la causa fundamental de los déficits de la Ley de Memora Histórica y del acoso a Garzón.

También he encontrado un leve error historiográfico: la asignación de la muerte de Onésimo Redondo a sus correligionarios falangistas. Es cierto que esa leyenda urbana circuló en algún momento, pero, como pudimos reconstruir en un taller de historia este mismo curso en La Aldea de San Miguel, la muerte de Onésimo fue enteramente fortuita y casual. Así lo testimonió Laura, una de las hijas del conductor del coche en el que viajaba el líder de las JONS cuando toparon en Labajos con unos milicianos de la FAI, pertenecientes a la Columna Mangada; y así lo constata la historiografía regional reciente. No hay heroicidad, pero tampoco traición en la muerte del protomártir.

Marcelino Flórez

 

Quintos Centenarios

Juan Ponce de León fue un conquistador. En 1508 dirigió la ocupación de Puerto Rico y en 1513 arribó a La Florida, de la que es considerado descubridor. Juan Ponce de León nació en Santervás de Campos, de la provincia de Valladolid, en 1460 y murió en Cuba en 1521. Si algo hay que destacar en su biografía es el cargo de Gobernador de Puerto Rico, donde adquirió una importante fortuna. Y hay un hecho sobresaliente en su gobierno: la dominación de las rebeliones indígenas en la isla a la muerte del cacique y aliado de los castellanos, Agüeybaná. No queda memoria de la represión, salvo las imprecisas referencias de los cronistas, porque en la isla desaparecieron poco a poco todos los indígenas.

En el año 2011 se celebró en Santervás de Campos el Quinto Centenario de la Gobernación de Puerto Rico. Los protagonistas fueron el gobernador de aquel Estado, Luis Fortuño, y la Universidad de Valladolid, que aprovechó el nombre del río que adorna a la ciudad para celebrar actos académicos de conmemoración de las conquistas. Para el año 2013, el Ayuntamiento de Santervás, con la complicidad de la Diputación Provincial, prepara nuevas conmemoraciones centenarias sobre el presunto descubrimiento de La Florida.

Al escribir el Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte, Carlos Marx comenzaba recordando que Hegel solía decir que los grandes hechos y personajes de la historia se repiten dos veces, pero –añadía Marx- la primera vez como tragedia y la segunda como comedia. Estas conmemoraciones de Santervás de Campos son, efectivamente, la comedia repetida de los grandes eventos de 1992. Hace mucho tiempo que se apagó el rescoldo de aquel funesto Quinto Centenario, que, por otra parte, hubo de derivar, a causa de la presión popular e intelectual, desde una pretendida conmemoración imperialista a un sobrio “encuentro de los pueblos”. Aquella lucha ideológica la ganamos los seguidores de la solidaridad y de la coherencia racional. El final del siglo XX había dejado de ser el tiempo de los ufanos imperialismos, que ahora se presentaban ya edulcorados.

Si no lo era el final del siglo XX, mucho menos lo ha de ser el siglo XXI, cuando las víctimas de la historia van saliendo del olvido y ocupando un lugar en la conciencia de las personas. La comedia de Santervás repugna, por esto, mucho más al pensamiento racional. Al alcalde de Santervás y a sus vecinos y votantes les podemos perdonar que no hayan reparado en la trascendencia de los actos que organizan. Fueron capaces, incluso, da intentar nuclearizar la desertizada, pero libre y natural, Tierra de Campos, así que cualquier cosa se les puede ocurrir. Pero la Universidad de Valladolid y la Diputación Provincial o la Junta de Castilla y León no pueden pecar de inconscientes. ¡Cómo pueden estar ciegas ante la repercusión que los actos de conmemoración imperialista tienen en las poblaciones indígenas y mestizas de América Latina, que son casi la totalidad de aquellas poblaciones!

De nada sirve enviar al Rey, como ha hecho estos días el Gobierno para tratar de restaurar la quebrada diplomacia en América y evitar así el fracaso de la conmemoración de la Constitución de Cádiz, al tiempo que se auxilia al negocio de las empresas trasnacionales españolas, si los que pueden evitarlo consienten a unos comediantes difundir a bombo y platillo el recuerdo de la conquista de aquellas tierras, de la mortandad de sus poblaciones, de la repoblación con esclavos africanos, de la explotación inmisericorde que hacía exclamar al oidor de la Audiencia de Nueva España, Alonso de Zurita: “Halos consumido el hacerlos hacer gran suma de estancias de ovejas, vacas, puercos y cercas para ellos, fuera de su natural de su paso y modo de trabajar y de su ordinario, ocupándolos en ellos muchos días y aun semanas …”. Que los comediantes hagan su comedia, pero las instituciones, la Universidad, la Diputación, la Junta, que conserven, por favor, un ápice de lucidez.

(El autor de este escrito lo es también del libro Ambición y muerte en la conquista de América, Editorial Ámbito, Valladolid, 1992).