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Valle de los Caídos, 3. Víctimas y muertos

Las víctimas ocupan un lugar central en el Informe. La Comisión justifica su decisión de proponer la conservación del Valle de los Caídos por la presencia de las víctimas allí depositadas. Dicen que su memoria contribuye al progreso moral y sirve a la buena convivencia, porque la memoria es justicia “en el sentido de que recordarlas es hacer presente la injusticia que se cometió con ellas”. Se aprende así a no negar la existencia del otro y, por lo tanto, a mejorar la convivencia ciudadana.

Pero hay un inquietante análisis, que se traduce en la inquietante recomendación de agrupar a todas las víctimas, equiparándolas bajo la denominación de “españoles de distintas ideologías y territorios” o, de forma más universal y también más precisa, cuando escriben: “Toda víctima es víctima, independientemente del campo en que se halle, y en esa condición se encuentran igualadas todas ellas al tiempo que denuncia la violencia política que tuvieron que sufrir”.

Hasta ahí podíamos aceptar alguna equiparación, aunque no sé si resistiría un análisis riguroso, pero a partir de ahí todo son diferencias: casi la mitad de los “más de treinta mil españoles” son víctimas desconocidas y fueron depositadas allí sin mediar la voluntad de los familiares; hay víctimas junto a otros restos que no lo son, aunque sean de personas muertas en la Guerra; y hay una “pluralidad de memorias”, como dice el Informe. Todo esto quiere decir que unas víctimas significan una cosa y otras significan algo diferente. Equiparar a las víctimas es equiparar su significado y eso conduce inmediatamente a revestir de inocencia y de impunidad a los asesinos. Este es el gran defecto del Informe, del que una parte de la Comisión es consciente y, por eso, se esfuerza en proponer con insistencia la resignificación y el estudio e investigación de todo lo relativo a víctimas y asesinos. No dejo por eso de calificar al Informe de excelente, más aún después de haber leído a Nicolás Sánchez-Albornoz, esclavo de Franco en Cuelgamuros además de historiador, que escribe lo mismo.

Para entender bien el conflicto, es bueno hacer una comparación con otras víctimas, las relacionadas con el terrorismo. Es difícil imaginar que las víctimas del terrorismo tengan la voluntad de reposar junto a las víctimas de la tortura policial o de los GAL, que forman parte del bando de sus asesinos. Y al revés: no se ha visto a los que se afanan por homenajear a presos etarras ir a acompañar el llanto de los familiares de las víctimas de etarras. Aun en el caso de conceder a las dos partes la condición de víctimas (de ETA y del antiterrorismo paragubernamental), pertenecen a dos departamentos distintos y así hay que tratarlas, para no caer en  una confusión que sólo conduce a la impunidad de los asesinos y a la humillación de las víctimas.

El Memorial del Valle de los Caídos no es, ni tiene por qué ser, un Memorial de reconciliación. Lo que ocurrió en la Guerra Civil es ya irreconciliable. Las personas responsables han desaparecido o son ancianos decrépitos, de manera que ahí sólo cabe verdad, justicia y reparación. La misión del Memorial habrá de ser desvelar la verdad cuanto sea posible, con la esperanza de que la verdad desvelada termine por construir la justicia. Y si la Judicatura no es capaz de hacer su tarea, tendrá que hacerlo el Parlamento, porque las víctimas han de ser reparadas.

La memoria de las víctimas requiere, a su vez, que, junto a la común inocencia de todas ellas, se establezcan bien diferenciados los distintos significados:

–          Mientras unas han estado siempre visibles, desde el mismo momento de su asesinato, salvo rarísimas excepciones; las otras han permanecido ocultas y humilladas desde su asesinato hasta hoy.

  • La primera tarea inexcusable del Memorial, para poder constituirse como tal, es recuperar todos los nombres de todas las personas asesinadas y  relegadas al olvido .

–          Mientras unas víctimas conocieron la reparación desde los primeros momentos, fueron entronizadas en altares, grabaron en oro sus nombres por calles e iglesias y compensaron con bienes y honores a sus familiares; las otras sólo han conocido el vilipendio y sus familias han continuado siendo presas del terror hasta ayer mismo, si no lo son todavía hoy en muchos casos.

–          Mientras en un caso se trató de un crimen contra la humanidad, premeditado, programado y ejecutado; en el otro el Estado se esforzó por evitar el crimen, del que fueron responsables grupos paramilitares, algunos de los cuales fueron castigados en medio de la misma Guerra por el gobierno legítimo.

Ambas víctimas, por lo tanto, pueden estar al lado, pero no pueden estar juntas, porque no significan lo mismo. Juntarlas sería justificar el crimen de Estado, crimen que aún no ha sido reparado, porque no ha sido reconocido por el Estado democrático español y está lejos de ser reconocido, según parece, ya que hay algunos españoles que no están dispuestos a la “descalificación de un largo periodo de la historia de España”. Sin embargo, cuanto más se tarde, más largo será el periodo que tendrá que ser “descalificado”. Aquí ya no está implicado solo el franquismo, también le afecta a la democracia. Si se quiere hablar de reconciliación, ha de ser para este tiempo presente, una vez establecida la verdad y realizada la justicia.

Finalmente, el Memorial tiene que delimitar y separar claramente a las víctimas de los muertos. Los caídos en el frente de batalla y los ajusticiados por Tribunales legítimos nos son víctimas. Son muertos relacionados con la Guerra Civil y dan lección de la inhumanidad de las guerras, pero no forman parte de las víctimas inocentes. Entre los muertos, se pueden hacer los apartados que cada cual considere, dejando espacios para italianos o alemanes, en un lado, y para brigadistas internacionales, miembros de partidos y sindicatos, en el otro, si así lo demanda el debate social. Pues se trata de memorias particulares y no universales, ya que no son víctimas. Es cierto que también significan dos cosas bien distintas: en un lado, la ideología de los fascismos europeos; en el otro, la pluralidad política que caracteriza a las democracias. Por eso, estas memorias particulares deben estar igualmente separadas.

Valle de los Caídos, 2. Franco

Los informantes han razonado la retirada de los restos de Franco del Valle de los Caídos diciendo que son los únicos allí depositados que no proceden del tiempo de la Guerra. Cualquier excusa vale, pero ninguna va a ser aceptada por los habitantes de la caverna. Franco ha sido también el único motivo de discordia entre los miembros de la Comisión, tres de los cuales han suscrito un voto particular en el Informe.

Fundan éstos su opinión en dos razones: el “respeto a la continuidad de la historia de España” y la “ponderación de concurrentes circunstancias de legalidad y oportunidad”. Explican el respeto histórico con un primer argumento de que no se ha visto nada igual en Europa, exhumar a un Jefe de Estado, pero es un argumento muy débil, aunque sólo fuera por el hecho de que no existe nada parecido en Europa. ¿O es que Hitler, Mussolini, Ceauscescu o Stalin, por ejemplo, presiden lugares públicos en sus respectivos países? Más fuerza tiene el otro razonamiento histórico que aportan. Dicen que la Comisión ha optado por congelar los restos existentes de la dictadura o por acumularlos a los restos de los vencidos, pero ha prescindido de destruirlos. Efectivamente, así lo han expresado en el punto 5 de las Consideraciones. ¿Por qué hacen esta excepción con el enterramiento de Franco? Caben muchas respuestas, no obstante, a este interrogante, incluida la imposibilidad de acumular en este caso un resto paralelo. Pero la respuesta más sencilla es que no se trata de destruir, sino de reubicar, como viene ocurriendo con muchos otros elementos de la Dictadura.

Este razonamiento, sin embargo, no pasa de ser otra excusa, porque las razones esenciales están en la legalidad y en la oportunidad. Respecto a la legalidad, aducen las competencias que en este asunto tiene la Iglesia y así es, pero eso no significa más que la responsabilidad de la ejecución o toma en consideración de la propuesta le corresponde a la Iglesia en vez del gobierno. Lo verdaderamente importante es la oportunidad política y ahí está la clave interpretativa de este asunto. Dicen los firmantes del voto particular: “una parte no pequeña de los españoles consideraría que la exhumación supone una descalificación de un largo periodo de la historia de España”. ¡Acabarámos! Pues claro, ¿qué va a suponer, si no? Este es el problema, la adhesión de una buena parte de los españoles a la pasada Dictadura. Ya lo había dicho Gabriel Jackson en El País el día 30 de noviembre de 2008: “Lo que ocurre en España, una parte importante del problema, es que la sociedad española en su conjunto no ha juzgado la dictadura de Franco como régimen criminal, en el mismo sentido en que Alemania condenó el régimen nazi, Suráfrica condenó el apartheid y Estados Unidos condenó la esclavitud y el siglo de segregación que siguió al fin de la esclavitud”.

Y este es el problema que hay que resolver.  Hasta ahora el Parlamento español no ha sido capaz de hacerlo. Sólo formuló una leve y equidistante condena de la violencia en la Guerra en la sesión del día 20 de noviembre de 2002. Pero no ha sido capaz de condenar al franquismo, como lo hizo y le solicitó el Parlamento europeo en la Declaración del 17 de marzo de 2006. Y no digamos la judicatura, a punto de juzgar a Garzón por haber definido al franquismo como un régimen responsable de crímenes contra la humanidad.

Por mucha resistencia que el franquismo residual ofrezca, su causa está perdida. La historiografía está terminando de describir el perfil criminal de la Dictadura; las víctimas se han hecho visibles y nunca van a poder ser ocultadas ni su voz apagada; la humanidad camina, lenta pero inexorablemente, en la defensa de los Derechos Humanos; es sólo cuestión de tiempo para que también España, el Parlamento español dé el paso y reconozca que la Dictadura de Franco ha de ser condenada sin paliativos y sus crímenes plenamente reparados. En esta ocasión, el Partido Popular tiene una buena oportunidad, quizá una de las últimas, para ir homologándose con la derecha europea al abandonar definitivamente a su suerte a la pasada Dictadura. Dudo que pueda ser capaz de hacerlo.

 

 

 

Valle de los Caídos. El Informe

Valle de los Caídos. El Informe

La Comisión creada por el Consejo de Ministros del 28 de mayo de 2011 para decidir “el futuro del Valle de los Caídos”, en cumplimiento del artículo 16 y de la adicional sexta de la Ley 52/2007,  ha concluido su informe. Lo primero que tengo que decir es que se trata de un Informe casi perfecto. Responde efectivamente a la calidad de las personas expertas seleccionadas para realizarlo. Es tal la perfección, que recoge de forma modélica los conflictos esenciales que perviven en nuestra sociedad en lo relativo a ese Valle y a aquella Guerra: la difícil ubicación de las víctimas y el destino del responsable principal, el dictador. Pero de estos dos asuntos trataremos en otros artículos.

El Informe comienza con una Introducción, donde asienta los fundamentos jurídicos e historiográficos que han regido su elaboración. Se cita la legislación que originó el monumento del Valle de Cuelgamuros; se describen los restos de los difuntos allí depositados y la cronología de su depósito, junto a otras características de los mismos, como es el número enorme de restos no identificados, la presencia en lugar preeminente de José Antonio primo de Rivera o la excepcional presencia de Franco.

Es una Introducción bien hecha. Sólo tengo que poner aquí un matiz interpretativo, que me parece relevante: la idea de crear el mausoleo del Valle de Cuelgamuros es de 1 de abril de 1940, primer aniversario de la Victoria, y se inscribe en la interpretación de la Guerra como Cruzada: “perpetuar la memoria de los cayeron en nuestra gloriosa Cruzada”, pero la inauguración del Valle de los Caídos es de 1 de abril de 1959, momento en el que estaba cambiando sustancialmente el mensaje sobre la Guerra. El franquismo no hablaba entonces de cruzada y de victoria,  sino de guerra entre hermanos, una guerra inevitable y necesaria, una guerra donde “todos fuimos culpables”, pero que condujo a una paz duradera por obra de Franco. Era la nueva justificación, por su ejercicio, del franquismo, en el nuevo contexto internacional y de cambio económico interno. Este mensaje, que llegaría intacto y universalizado a la Transición, es clave para la interpretación del Valle de los Caídos y para la comprensión de su pervivencia simbólica; explica también la interrogante presencia de víctimas republicanas, algo sobre lo que la Comisión ha pasado por alto. Pero de eso hablaremos en otro momento, cuando tratemos de las víctimas.

El segundo apartado del Informe son las “Consideraciones”, donde se recoge el resumen de la investigación realizada. Cuentan cómo, después de planteárselo expresamente, optaron por no dejar a merced de los elementos erosivos el futuro del complejo monumental de los Caídos, sino por estudiar la forma de mantenerlo, convirtiéndolo en un centro memorial “de víctimas y de muertos” de la Guerra Civil, aunque para ello habrá que elaborar una explicación. Resignificar el Valle de los Caídos será, pues, la tarea. Debo decir que el análisis está bien ajustado, que tiene en cuenta la historiografía más reciente y que no ahorra calificativos para la Dictadura, por más descalificadores que ellos sean. Y hay que añadir que todo ese contenido ha sido aprobado unánimemente por la Comisión. Reconocen también que hay cosas aún sin investigar, en particular los 12.410 restos de personas desconocidas, todas ellas republicanas.

Finalmente, hacen una Recomendaciones. Comienzan advirtiendo que iniciar cualquier acción requiere la búsqueda de un amplio consenso entre las fuerzas políticas, lo que no podrá hacerse sin un debate social y esto exige, a su vez, la “pacificación social y política del Valle de los Caídos”. Cualquiera, al leer eso, pudiera considerar exagerada la apreciación, pero la reacción de la derechona nada más conocer el Informe es la prueba de que la “pacificación” está lejana. Incluso el actor que el Partido Popular ha tenido durante toda la legislatura para soltar los exabruptos contra el gobierno ha dejado a un lado la cara virginal que le regalaron las pasadas gloriosas elecciones y se ha apresurado a decir que “el problema de los españoles hoy no es Franco, sino el paro”, dejando claro lo que piensan hacer con el Informe.

Entre las recomendaciones, yo destaco el sentido que los informantes quieren dar a la resignificación del Valle de los Caídos, en la que aparece nítida la mano de Reyes Mate: “El objetivo de la resignificación integral no es otro que el de expresar la centralidad de las víctimas mostrando documentalmente y evocando simbólicamente el vacío ético que generó la Guerra Civil con la muerte”. Esto no lo puede digerir el franquismo, pero también le cuesta mucho trabajo al republicanismo acrítico. Y eso explica las reacciones que hemos visto, perfecto retrato de dónde está cada cual.

Pero el conflicto principal se ha generado con una recomendación insignificante dentro del conjunto, la que está en el número 31 del Informe, que propone la reubicación de los restos de José Antonio junto a los demás restos y no en lugar preeminente, y el traslado de los restos de Franco fuera del edificio. Esto último es lo único que ha provocado el voto particular de tres miembros de la Comisión. Es también lo único que ha leído la caverna y a la explicación de su desaforada reacción dedicaremos otro escrito.

El veredicto de Otegui

Un tribunal acaba de condenar a Otegui, a Díez Usabiaga y a otras personas por pertenencia a banda armada. Ese es el veredicto. Sobre esta sentencia se han formulado muchas opiniones, pero observo que la inmensa mayoría de esas opiniones no tratan del veredicto, sino de la oportunidad política de la sentencia. Son dos cosas distintas.

Que ETA tiene dos estructuras, una política y otra militar, está fuera de dudas. Que ambas estructuras están, por decirlo de la forma más neutra posible, coordinadas, también está fuera de dudas. Que pertenecer a cualquiera de las dos estructuras es pertenecer a ETA no debería resultar dudoso. Que ETA sigue existiendo también es cierto. El veredicto, por lo tanto, parece responder a su etimología: dicho con verdad.

Por otra parte, Otegui no suele decir que no pertenecía a la estructura de ETA. Es más, si leemos con cuidado los argumentos del abogado defensor de Díez Usabiaga, Íñigo Iruin, observamos que habla del esfuerzo de los ahora condenados para romper “la estrategia político militar” desde el año 2008, lo que provocó un “enfrentamiento de posiciones”, ya que el sector militar era partidario de incrementar los atentados terroristas, a los que Iruin llama, claro está, lucha armada. Ocurre lo mismo con los comentaristas que simpatizan con el Movimiento Vasco de Liberación, como Ramón Zallo, catedrático de la Universidad de País Vasco, que el domingo 18 de septiembre de 2011 escribía lo siguiente en Deia: “Lo real es que chocaron dos estrategias distintas (la una, político-armada; la otra, solo política), atribuibles a dos sujetos DISTINTOS -aunque disimularan públicamente el choque de trenes- y que es un choque aún no culminado, aunque sí canalizado con un balance crítico, una nueva línea, un nuevo liderazgo y un Grupo Internacional de Contacto”. Vaya, que aquí, sea por activa o por pasiva, nadie niega que los condenados formasen parte de la estructura etarra.

El mismo Otegui basó en la oportunidad política su defensa en este juicio, no en la pertenencia o no a ETA, con aquel famoso discurso en su turno de palabra, donde explicó que el fin de la violencia es “irreversible”, porque “sobra y estorba”. Y añadía que se sentía orgulloso de haber hecho “virar el trasatlántico de la izquierda abertzale” hacia una estrategia en la que “no aparece la m por ningún lado”. Según esas palabras, Otegui no sólo era dirigente de ETA durante los hechos que se juzgaban, sino dirigente principal.

La pertenencia, por lo tanto, no entra en la discusión. De lo que se habla es de la oportunidad política: si la sentencia favorece o no “el proceso de paz”. A mí, sin embargo, me interesa otra cosa. Quiero elegir la mirada de las víctimas inocentes. Digo inocentes y excluyo así cualquier mirada de cualquier asociación a quien no le preocupe la inocencia, sino otros asuntos.

Desde la mirada de las víctimas, existe un peligro grande con lo que está ocurriendo en Euskadi, donde lo único que campea es la búsqueda del olvido. Los que hablan del fin de la violencia, desde el interior de la misma, quieren que esa etapa, la etapa político-militar, quede atrás, olvidada, nuevamente amnistiada, para que con el olvido desparezca el crimen. Por eso, no quieren ni nombrar a ETA en sus discursos, de manera que vaya quedando en penumbra hasta evanescerse.

Pero aquí ha habido un crimen de lesa humanidad, que eso es el terrorismo, y hay unas víctimas inocentes y hay unos culpables. Esto no puede remitirse al olvido, sino que es precisamente el punto de partida. Mientras no se reconozca el delito y se asuma la responsabilidad, no hay avance alguno, como ocurrió con el franquismo y ahora experimentamos. No hay avance en la justicia y no hay posibilidad de reconciliación social. El abandono de la violencia no resuelve el problema, porque, en la mirada de las víctimas y de quienes se compadecen con ellas, los responsables de la violencia siguen teniendo rostro de asesinos y de cómplices. Y las víctimas ya no van a desaparecer, una vez que hemos experimentado la enorme injusticia histórica cometida con las víctimas olvidadas. Hemos aprendido que el olvido es la principal causa de la repetición del crimen; y hemos aprendido que la nueva política no puede cimentarse sobre cadáveres de personas inocentes.

Bildu no es ETA, aunque alguno de sus dirigentes sí lo sea o lo haya sido, pero Bildu no ha aprendido la nueva vía política que nos enseñaron Walter Benjamin y los otros “avisadores del fuego” del nazismo. Los dirigentes de Bildu usan el mismo lenguaje ocultador que usó siempre la rama política del terrorismo; ponen en primer plano de su estrategia a los presos, que sí son ETA, es decir, los responsables del crimen de lesa humanidad; utilizan, incluso, los argumentos contra la sentencia de Bateragune con un tono que recuerda la amenaza del regreso a la violencia. En ningún momento se les ha escuchado reconocer el crimen contra la humanidad largamente sostenido en el tiempo. Y éste es el punto de partida, el reconocimiento del crimen y la aceptación de la justicia, que constituye, además, el primer y principal acto reparador para las víctimas. Mientras no se de ese paso, es que alguno quiere seguir recogiendo nueces del nogal que cimbreaban los muchachotes aquellos.

Benedicto XVI: laicismo y Guerra Civil

Durante su última visita a España, Benedicto XVI o sus escribidores cometieron un error diplomático, al comparar el laicismo actual con el anticlericalismo del siglo XX. El error, sin embargo, carecía de inocencia y, por eso, escribí entonces lo que sigue:

Las palabras de Benedicto XVI pronunciadas en el avión, camino de España, el día 6 de noviembre de 2010, en las que compara el laicismo en la España actual con el laicismo de los años treinta, han sonado con estruendo en la mayoría de los oídos. Y han sonado tan fuerte, porque la primera parte de las mismas es falsa: “en España ha nacido una laicidad, un anticlericalismo, un secularismo fuerte y agresivo como se vio en la década de los años treinta”. En España no hay anticlericalismo, aunque esté creciendo el laicismo. Yo mismo me encuentro entre los españoles a los que les desagrada ver en la calle a hombres y mujeres vistiendo trajes talares por lo que ese signo significa (quiero recordar aquí que ese mismo desagrado le producía a una gran mayoría de los padres conciliares en el Vaticano II), pero no sólo no les insulto o les entorpezco el paso, sino que les saludo, si son conocidos, les cedo el mejor sitio en la acera o les dejo pasar delante. De anticlericalismo, nada. Podemos aceptar que haya un “secularismo fuerte”, pero calificarlo de “agresivo, como se vio en la década de los años treinta” es mucho más que una exageración. Representa un victimismo que no se corresponde con la realidad. Ahora no se asesina a clérigos, ni se queman iglesias. Es más, la inmensa mayoría de esa parte de la sociedad secularizada ni siquiera ensucia con el polvo de sus zapatos los templos.

 La comparación, por lo tanto, está fuera de lugar, pero está cargada de intención y tiene mucha continuidad con el pensamiento vaticano y jerárquico vigente desde los años ochenta del siglo pasado. Estas palabras del Papa hay que relacionarlas con otro signo paralelo: las beatificaciones de los mártires de la cruzada, que se iniciaron en el papado de Juan Pablo II y continúan en la actualidad. Y las palabras y los signos nos llevan inexorablemente a la Guerra Civil española. De ahí, el revuelo.

 La frase que sigue a ésta expresa una idea parecida en términos no ideológicos, sino filosóficos o teológicos: “Y ese enfrentamiento, disputa entre fe y modernidad, ocurre también hoy de manera muy vivaz”. No podemos establecer, sin embargo, una identidad entre ambas expresiones: la primera se refiere solo a la Iglesia católica española, mientras que la segunda abarca a todas las religiones que puedan existir en España. De manera que son cosas parecidas, pero no idénticas. Con la segunda expresión podemos estar de acuerdo, podemos, incluso, ejemplificarlo con recientes debates habidos en España sobre el hiyab o el burka, signos de una determinada inculturación de la fe islámica. No es lo mismo, pues, fe que Iglesia católica; ni modernidad o razón son sinónimos de anticlericalismo o de secularismo agresivo. Y lo que ha provocado malestar no es la referencia a un diálogo académico sobre fe y razón, sino la rememoración de la Guerra Civil.

 A nadie se le oculta que vivimos un debate caliente ahora mismo en España sobre la Guerra Civil y el franquismo, por eso las palabras del Papa han venido a nombrar la soga en casa del ahorcado. Y en este asunto la Iglesia católica española está implicada de lleno. No se discute la existencia de los 6.836 asesinatos de clérigos y monjas durante la Guerra Civil, aunque historiográficamente habría que matizar mucho el perfil de cada uno de esos asesinatos. El problema es la calificación de esas víctimas y el significado del calificativo. Para la Iglesia católica, desde el 14 de septiembre de 1936, esas víctimas tienen la consideración de mártires, porque así lo estableció Pío XI ese día ante un grupo de peregrinos españoles.

 Afirmar que los asesinatos de clérigos en el fragor de la Guerra eran martirios exigió entonces una demostración, porque podría tratarse igualmente de represalias, de venganzas, de ajustes de cuentas, en definitiva, de otro tipo de asesinatos. Para ser mártires debían de haber muerto a causa de la fe. (Vamos a dejar a un lado los matices e identifiquemos, como lo hace ella tan confiadamente, fe en Jesucristo con Iglesia católica, de manera que para nuestro razonamiento ahora sean la misma cosa, independientemente del debate teológico que esa afirmación merecería). Esa fue la tarea desde el 14 de septiembre de 1936 para el colegio de los obispos españoles, demostrar que los asesinatos eran el resultado de una persecución de la Iglesia católica y, por lo tanto, que se trataba de mártires. La demostración quedó fijada en la Pastoral Colectiva del 1 de julio de 1937 en estos términos: la legislación laicista de la República vino a ser el inicio de la persecución, porque el mal gobierno y las malas leyes abrieron paso al ascenso del comunismo, que pasó a ser el responsable de la persecución, lo que se demostraba por la revolución que pensaban hacer los comunistas, según “documentos secretos” incautados por los franquistas, en los cuales figuraban los obispos entre los primeros que debían ser eliminados por su presencia en ciertas “listas negras”.

 El problema es que ahora, y desde hace bastantes años, sabemos que todo ese argumento es falso: los “documentos secretos” fueron elaborados por los golpistas con el fin de ganar adeptos para el golpe; la presencia de obispos en las “listas negras” de los supuestos documentos es un falso añadido de la Pastoral Colectiva para poder ajustar el razonamiento de la persecución, como he demostrado yo mismo en otros escritos. Sabemos también que toda esa construcción argumental se hizo por encargo expreso de Franco para contrarrestar la mala prensa que los bombardeos de Durango y de Guernica le causó en Europa, de manera que formaba parte de la propaganda de guerra. La demostración del martirio, por lo tanto, queda invalidada y el concepto no pasa de ser un instrumento propagandístico. Obsérvese que la cifra de víctimas, los 6.836 consagrados que contabiliza el obispo Montero, no se pone en cuestión. Lo que es falsa es la construcción del concepto de martirio. Que el Papa, los obispos y muchos católicos españoles deseen seguir considerando mártires a esas víctimas no añade ninguna veracidad al argumento. Es un pensamiento respetable, pero es erróneo de hecho, no se corresponde con la realidad. Que el error se deba a la ignorancia de los hechos y no sea producto de la mala fe tampoco avala la falsedad de la argumentación. La demostración racional y verídica del martirio, por lo tanto, está sin construir; por ahora, es una mera afirmación doctrinal.

 A este error conceptual se suma la responsabilidad derivada del uso de la referida argumentación, pues la Iglesia católica española inventó el concepto de persecución religiosa para demostrar el martirio, porque tenía necesidad de justificar su postura en la Guerra Civil ante los católicos del mundo y ante la ciudadanía española. Desde el primer día de la Guerra la Iglesia católica se situó al lado de los rebeldes y, además de aportaciones económicas, logísticas y milicianas, aportó la justificación ideológica de la Guerra Civil, calificándola de cruzada contra el comunismo. Para que ese calificativo tuviese verosimilitud era preciso que existiese un martirio provocado por una persecución anterior a la Guerra, porque, de lo contrario, las víctimas serían resultado de la Guerra y no aval del levantamiento. Esta justificación fue uno de los apoyos principales de los golpistas en su origen y del franquismo en su desarrollo. Si, como afirmó el Tribunal de Nuremberg en 1945 en la causa seguida contra los jueces del nazismo, “el puñal de los asesinos se ocultaba debajo de la toga de los jueces”, las sotanas de los obispos españoles ocultaban una daga crudelísima.

 Con motivo de las palabras del Papa, que comentamos, he oído decir a Gaspar Llamazares que la Iglesia tenía que pedir perdón por su participación en la Guerra Civil y en el Franquismo. Pero el tiempo del perdón ha pasado. La Iglesia tuvo esa oportunidad en 1971, durante la celebración de la Asamblea Conjunta de obispos y sacerdotes, y la rechazó en una votación que exigía mayoría cualificada. Ahora es el tiempo de la responsabilidad y de la justicia

 Y es un nuevo tiempo porque, desde que las víctimas pasaron a ocupar un espacio en la vida pública haciéndose visibles, su testimonio ha transformado el conocimiento. Después de que Emilio Silva exhumase a su abuelo con los trece de Priaranza, ya no se pudo ocultar por más tiempo la enormidad de los crímenes franquistas, hasta el punto de haber recibido el calificativo jurídico de crímenes contra la humanidad, un tipo de delito, como es sabido, imprescriptible. Fue precisamente la Iglesia católica la primera encargada de ocultar ese crimen contra la humanidad. Lo hizo de forma muy consciente y precisa en la Pastoral Colectiva del 1 de julio de 1937, el mismo documento en el que sancionaron el argumento de la persecución religiosa. Además de muchas referencias indirectas, escribieron allí lo siguiente: “se imputan a los dirigentes del movimiento nacional crímenes semejantes a los cometidos por el Frente Popular. (…) El respetable articulista está malísimamente informado”. Ya demostramos en otra ocasión que también en esta afirmación la Iglesia mentía conscientemente, pues conocían de forma directa los asesinatos que se estaban produciendo, hasta el punto de hallarse presentes los clérigos durante la ejecución en muchos casos, para administrar los sacramentos de la Confesión o de la Extremaunción a las víctimas. Georges Bernanos, el novelista católico francés, que pasó la Guerra en Mallorca y que simpatizaba inicialmente con los rebeldes, no se cansó de denunciar en Los grandes cementerios bajo la luna el silencio culpable del obispo de la isla, como cuando relatando el asesinato de doscientos vecinos en Porto Santo, un pueblo cercano a Manacor, dice que “el personaje a quien las conveniencias me obligan a llamar obispo-arzobispo había mandado al lugar a uno de sus curas que, chapoteando entre la sangre, impartía absoluciones entre descarga y descarga”. Estas actuaciones provocaron, incluso, un problema moral entre los clérigos acerca de la licitud del sacramento de la Extremaunción, que el jesuita Eduardo F. Regatillo resolvió en el número de enero de 1937 de la revista Sal Terrae afirmando que el sacramento se podía aplicar “después de la primera descarga, antes del tiro de gracia”. Sabían, pues, lo que estaba pasando, aunque negasen públicamente lo que ocurría en el referido documento propagandístico.

 La responsabilidad de la Iglesia católica en la ocultación del crimen franquista contra la humanidad es evidente. Por eso, es más que una casualidad el paralelismo entre la presencia pública de las víctimas del franquismo y la revitalización de las beatificaciones martiriales por parte de la Iglesia católica. Y también es por eso, por lo que han escandalizado tanto las palabras del Papa del día 6 de noviembre. Si el Papa desconoce la realidad española, alguien debería contárselo, porque la responsabilidad de la Iglesia católica en la construcción del franquismo es enorme y la justicia llegará más pronto o más tarde. Mal camino han elegido los autores de los informes papales empecinándose en esa tozudez como vía para reevangelizar a España.

 Marcelino Flórez Miguel