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Memoria de las víctimas

Borrar los nombres

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En el contexto de la celebración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y los Represaliados, la ARMH organizó unos actos en León para el día 12 de septiembre, conmemorando al mismo tiempo sus quince años de existencia.

Entre las actividades previstas, el artista leonés, Luis Melón Arroyo, había preparado una teatralización conmemorativa sobre la prisión franquista de San Marcos. Consistía en escribir con tiza en la plaza del monasterio los más de 6.000 nombres de represaliados que sufrieron allí prisión.

Consistía en escribir y en hacerlo con tiza, para que fuesen borrados por las pisadas de la gente, “un símil -decía el autor a la prensa local- de la actual desidia del gobierno y las instituciones sobre los represaliados, las fosas y cualquier cosa que tenga que ver con la memoria histórica”.

A las 8 terminaron de escribir los nombres y a las 12 el camión de la limpieza municipal los borró con un potente chorro de agua. No se pudo cumplir el objetivo: que fuesen borrados por las suelas de los zapatos de la gente.

Dice el alcalde, entre pintorescas disculpas, que atruenan por su hipocresía, que en todos los sitios se limpia. Este alcalde se llama Antonio Silván y durante mucho tiempo fue el Consejero mejor pagado de la Junta de Castilla y León, queriendo dar a entender con esa enorme paga que era un “técnico”, oponiéndolo al concepto de político. Pero en la primera ocasión ha demostrado que es un político de los peores, un político franquista y sin un ápice de capacidad técnica.

Las víctimas del crimen contra la humanidad que cometió el franquismo claman con renovada fuerza desde todos los puntos cardinales y no hay chorro de agua que pueda apagar el grito reclamando justicia. Llegará la Comisión de la Verdad, llegará la condena del franquismo en las leyes, llegará la reparación de las víctimas y los que siguen aparando el olvido borrando los nombres con un chorro de agua terminarán relegados al vertedero de la historia para desprecio eterno de las gentes con las conciencias limpias.

Marcelino Flórez

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La responsabilidad de Pemán

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Las hijas e hijo de José María Pemán han anunciado una demanda contra la concejal de IU en el Ayuntamiento de Jerez, Ana Fernández, por referirse a su padre como “fascista, misógino y asesino” durante el debate sobre la retirada de un busto de aquel escritor en el teatro Villamarta, busto que había colocado el Partido Popular un año antes. El anuncio ha levantado una polvareda con las reacciones. ¿Cuál es la razón?

Está tan instalada la justificación del franquismo en nuestra sociedad, que una buena parte de ella considera este escándalo de las hijas e hijo de Pemán, seguramente sincero, como una cosa normal y hasta evidente. Dice la familia que pretende restaurar “el honor y la dignidad, tan gravemente mancillados”. Pero, para que exista falta contra el honor, lo que ha dicho la concejala tiene que ser falso y, por lo tanto, ser un insulto o una calumnia, según el caso. No sé si Pemán era misógino, estando su casa, como estaba, tan llena de mujeres. Lo que sí sé es que era fascista, como manifiestan reiteradamente sus escritos y sus declaraciones. Fue, además, miembro del Consejo Nacional de FET y de las JONS, lo que, sin duda, requiere un buen grado de fascismo. Parece que por ahí no hay insulto, ni ataque a la dignidad, ni falta a la verdad.

La clave del conflicto está en el término “asesino”. Yo no sé si Pemán mató a alguien alguna vez con alevosía y premeditación. Parece que se dedicó más a las arengas, en las que, entre otras cosas, decía: “ La idea de turno o juego político, ha sido sustituida para siempre, por la idea de exterminio y expulsión”. Palabras fuertes y no exentas de responsabilidad en aquellos turbios días de guerra. Sí sé, en cambio, que José María Pemán ocupó cargos de responsabilidad en las instituciones franquistas y que dictó normas que condujeron a la muerte premeditada de muchas personas. En concreto, Pemán fue nombrado por Franco “ministro” en la primera Junta Técnica del Estado, encargándole la “cartera” de Comisión de Cultura y Enseñanza. Desde ese cargo dictó las instrucciones del 7 de diciembre de 1936 a los vocales de las Comisiones Depuradoras del personal docente. Esta norma organizó definitivamente la depuración del magisterio, profesorado de institutos y de universidad, tanto en centro públicos como privados. El resultado de esa depuración en la provincia de Valladolid, por ejemplo, que María Jesús Izquierdo acaba de publicar (“Pizarras vacías”) se resume así: 225 docentes represaliados en la provincia; de ellos, 4 exiliados y 63 con represión física; de éstos, 18 asesinados extrajudicialmente, 4 fusilados, 37 encarcelados, 2 muertos en la cárcel, 1 tal vez suicidado, 1 desaparecido. Alguna criminalidad sí debió resultar de aquella normativa, según parece.

“Lo que ocurre en España -escribía Gabriel Jackson en El País el 3 de noviembre de 2008-, una parte importante del problema es que la sociedad española en su conjunto no ha juzgado la dictadura de Franco como régimen criminal, en el mismo sentido en que Alemania condenó el régimen nazi, Suráfrica condenó el apartheid y Estados Unidos condenó la esclavitud y el siglo de segregación que siguió al fin de la esclavitud”.

Eso decía Jackson en 2008 y sigue siendo así, pero hay alguna novedad. Aunque la sociedad española no ha asumido la criminalidad del franquismo, la historiografía viene certificando ésta, nombre a nombre, desde los últimos quince años; y, lo que es más importante, los jueces han calificado finalmente al franquismo como responsable de crímenes contra la humanidad. Lo ha escrito el Tribunal Supremo en el razonamiento quinto de la sentencia 102/2012, por la que absuelve a Garzón de la denuncia por prevaricación: “Los hechos anteriormente descritos, desde la perspectiva de las denuncias formuladas, son de acuerdo a las normas actualmente vigentes, delitos contra la humanidad en la medida en que las personas fallecidas y desaparecidas lo fueron a consecuencia de una acción sistemática dirigida a su eliminación como enemigo político”.

Para que la sociedad española asuma definitivamente la realidad de aquella dictadura, nacida de aquella guerra, provocada conscientemente por un grupo de generales con apoyos civiles e internacionales, es preciso que Las Cortes que nazcan de las próximas elecciones creen una Comisión de la Verdad, que establezca las conclusiones universal y científicamente consensuadas, de manera que se pueda emprender un camino de normalización de la vida política en España.

Marcelino Flórez

 

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Nombres de las calles o Comisión de la Verdad

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Casi todos los días después de las elecciones municipales hay alguna noticia de un pueblo o ciudad que dispone cambiar los nombres franquistas de sus calles. Bien está. Pero eso es una cosa insignificante ante el problema de derechos humanos con el que se relaciona. Para entender bien las cosas, es necesario precisar dos aspectos distintos que se suelen juntar bajo el equívoco concepto de memoria histórica.
La memoria es la facultad humana que recuerda y retiene el pasado. La actividad de la memoria tiene, entre otras, una función identitaria: hace posible tener conciencia de sí mismo y del grupo social de pertenencia. La sociología estudió esta función identitaria bajo el nombre de “memoria colectiva” (M. Halbwachs). La Escuela historiográfica de los Annales indagó también sobre ese campo de estudio, al que aplicó de forma imprecisa el nombre de “memoria histórica”, aunque también se usaron otras denominaciones, como “políticas de la memoria”, “lugares de la memoria” o “uso público de la historia”. Ese campo de estudio se ocupaba de los elementos del pasado que constituyen el patrimonio identitario de un “pueblo” o “nación”; uno de esos elementos son los nombres de las calles, que desde el siglo XIX buscaron reflejar grandes hazañas o personajes del Estado-Nación. Los franquistas, desde luego, llenaron calles y edificios con los nombres y estatuas de sus héroes. Ahora que el franquismo ha sido ya reconocido, en la norma y en sede judicial, como un crimen contra la humanidad, lo lógico es retirar de los espacios públicos los recuerdos de aquel crimen y de sus ejecutores. Está bien.
Pero cuando los dirigentes rememoraban el pasado de sus “pueblos”, siempre se olvidaban de las derrotas. No suele haber muchas calles que se llamen, por ejemplo, Pérdida de Cuba y Filipinas. De los vencidos y derrotados nunca se hablaba. Los antiguos, incluso, ordenaban olvidar las desgracias pasadas. Así fue como se relegó al olvido a vencidos y víctimas, hasta que Walter Benjamin, reflexionando sobre ese pasado selectivo para entender la llegada del nazismo, descubrió a las víctimas y las recuperó para el conocimiento del pasado. De esa manera, introdujo el fundamento de un nuevo derecho humano, el derecho a conocer la verdad, que ha sido recogido finalmente por las Naciones Unidas en el Conjunto de principios para la protección de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la impunidad, que la Comisión de Derechos Humanos elaboró el año 2005.
Este segundo elemento, que suele ir oculto o inconsciente bajo el concepto de memoria histórica, es el que a mí me interesa, la rememoración de las víctimas. En lo que al franquismo se refiere, el cambio de nombres en las calles es una acción necesaria pero mínima, porque la tarea importante es forzar que se forme una Comisión de la Verdad, donde personalidades independientes y diversas establezcan la verdad de los crímenes franquistas y también, en capítulo aparte, los crímenes cometidos por los republicanos. Todas y cada una de las masacres en todos y cada uno de los pueblos de España tienen que ser conocidos, con las personas responsables de ordenar, ejecutar y colaborar para cometerlos. Habrá de establecerse también el calificativo que cada uno de esos crímenes merece y el recorrido jurídico, social y político que han seguido.
Establecida la verdad, primer acto reparador para las víctimas, habrán de seguirse los actos legislativos y judiciales que correspondan. Pero la verdad oficial dará fin a la ofensa a la dignidad de las víctimas, que aún hoy hemos de soportar a dirigentes e, incluso, a portavoces políticos; y en la escuela, por fin, se enseñará a la infancia y a la juventud el crimen contra la humanidad que recorrió a España durante buena parte del siglo XX. Esta es la tarea.

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Franquismo y Verdad histórica

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El 10 de diciembre de 2014 se votó en el Senado la Moción que el PNV había presentado un mes antes, donde se pedía atender al informe del relator de Naciones Unidas, Pablo de Greiff, que reclama la búsqueda de la verdad en lo relativo a los crímenes del franquismo. La moción solicitaba también reconocer y amparar a las asociaciones de víctimas, dotar presupuestariamente la conocida como Ley de Memoria Histórica, hacer un censo de simbología franquista aún perviviente y abrir los archivos de las cárceles de la Dictadura.

El Partido Popular, en solitario, votó contra la Moción y encargó al senador Muñoz-Alonso Ledo explicar el voto. Es muy difícil explicar un voto que se resiste a condenar el franquismo, por eso la explicación se basó en excusas y aspectos laterales: que si se rechazaba por las enmiendas introducidas, que si no se habían acercado a ellos para llegar a acuerdos, que si no es obligatoria la resolución de Naciones Unidas. Excusas, no razones.

De la intervención parece deducirse que podía haber habido acuerdo en lo relativo a dotar de presupuestos la Ley de Memoria Histórica y a realizar el censo de simbología franquista. Un acuerdo éste poco creíble, pues ahí están las asociaciones memorialistas que tiene que proceder a exhumar los restos humanos de las fosas comunes con sus propios recursos o con los que proceden de la solidaridad internacional; o ahí está la ciudad de Valladolid con su conocido alcalde, al que una sentencia ha obligado a retirar símbolos y nombres franquistas, pero continúa sin cumplir no sólo la ley, sino la misma sentencia. Poco creíble, pues.

El meollo de la intervención del senador populista, sin embargo, estaba en los desacuerdos: “Nosotros no hemos hecho una comisión de la verdad, y con todo el alma les digo que ni falta que nos hace”. A continuación razonaba que en las democracias no existe verdad oficial y que eso es cosa de los historiadores, los cuales van desvelando la verdad a medida que la descubren. Este aspecto tiene cierta dosis de razón, pero si realmente estuviese diciendo lo que expresa, ¿por qué siguen sin abrir el acceso de los archivos a los historiadores? Esta concesión del partido populista no se corresponde con su actuación real, por lo que, aunque el senador no desease mentir, lo que dice no puede ser creído.

Hay otro matiz en este asunto de la Comisión de la Verdad (aparte de que no está garantizado que el saber histórico alcanzado esté presente en las enseñanzas oficiales primarias y secundarias, ni en los medios de comunicación, con lo que realmente la población española sigue sin conocer la verdad histórica sobre el franquismo). El matiz es que no estamos hablando de verdad histórica frente a verdad política, sino que estamos hablando de verdad jurídica y ese es otro cantar.

No sólo es necesaria una Comisión de la Verdad para que la población española disponga del saber histórico científicamente consensuado y pueda conocer que la Guerra Civil fue originada por un golpe de Estado ilegal e ilegítimo, que dio lugar a la Dictadura franquista, régimen responsable de un enorme crimen contra la humanidad, sino que el conocimiento social de esta verdad histórica tiene consecuencias jurídicas.

Como escribió Rainer Huhle a propósito de las Comisiones de la Verdad latinoamericanas, “si la verdad queda establecida, y si esta verdad es una verdad terrible, una verdad de crímenes atroces, la falta de justicia queda aún más visible y más sentida”. Que estamos ante unos crímenes atroces no sólo lo ha dicho la Historia, sino también los jueces. El razonamiento QUINTO de la sentencia 102/2012 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en la que se absuelve a Garzón de la denuncia por prevaricación, dice: “Los hechos anteriormente descritos, desde la perspectiva de las denuncias formuladas, son de acuerdo a las normas actualmente vigentes, delitos contra la humanidad en la medida en que las personas fallecidas y desaparecidas lo fueron a consecuencia de una acción sistemática dirigida a su eliminación como enemigo político”.

El señor Muñoz-Alonso debería saber, como le ha recordado la ONU, que los delitos contra la humanidad son imprescriptibles y que están reclamando justicia, no sólo para certificar la moralidad pública y para evitar la impunidad, sino para reparar a las víctimas. Así que no sólo necesitamos una Comisión de la Verdad, también se requiere Justicia. Ambas cosas llegarán, no lo duden.

Marcelino Flórez

 

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7.000 nombres en Valladolid

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Nunca antes de ayer, 26 de noviembre, habíamos sabido que en Valladolid el franquismo reprimió a 7.000 nombres. Dos mil trescientos treinta y cuatro de ellos, al menos, fueron asesinados, la mayoría de los cuales permanecen desaparecidos en fosas comunes, muchas ni siquiera localizadas. Siete mil son muchos nombres en una provincia donde no hubo guerra y cuya población apenas sobrepasaba los trescientos mil habitantes. “Valladolid 1936. Todos los nombres” es el título del libro que nos lo cuenta.

Sigue habiendo mucha gente, familiares de víctimas entre ella, que continúa achacando la represión a los malos quereres. Ayer mismo, un señor del público, cuyos padre y abuelo habían sido condenados a treinta años aseguraba que eso era inexplicable, “porque no militaban en ningún partido ni sindicato”. Decía eso aun conociendo que fueron detenidos el día 19 de julio en la Casa del Pueblo junto a los otros cuatrocientos cuarenta y ocho socialistas de Valladolid, que serían juzgados en la Causa 102/1936. Pero Julio del Olmo, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid, se encargó de aclarar ese aspecto junto a otro paralelo, el que se refiere a la responsabilidad en los crímenes.

La represión fue masiva, pero fue selectiva. Ningún historiador propiamente dicho discute hoy que se ordenó asesinar a los cargos políticos representativos y designados, o sea, alcaldes, concejales, gobernadores, delegados; a los dirigentes de sindicatos y partidos políticos; y, también, a sindicalistas y militantes políticos de la base, pero que se habían significado públicamente. Así se sembró el terror en toda la población, terror que un día tras otro comprobamos que persiste, como ayer mismo pudimos públicamente constatar.

Hasta ayer, sin embargo, no conocíamos sus nombres y no sabíamos que sumaban ¡siete mil!. Estamos ante un crimen contra la humanidad, que es modélico, y que, también en esto modélico, permanece impune.

La otra precisión que hizo Julio del Olmo se refiere a la responsabilidad en el crimen. Aún no tenemos todos los documentos probatorios, porque los archivos que los contienen permanecen cerrados, pero ya hay pruebas suficientes para asegurar que la represión estuvo ideada y ordenada por el alto mando militar que se rebeló contra la República. Nada fue improvisado y todo se rigió por los métodos colonialistas que conocían bien los militares rebeldes africanistas. En Valladolid, cada paso estuvo controlado por el ejército y desde Saliquet, el general golpista, hasta el último guardia civil del último pueblo de la provincia, nada se escapó a la cadena de mando. Las “cuadrillas” de falangistas, que ejecutaban las detenciones y se responsabilizaban de los “paseos”, estuvieron encuadradas en el mando militar desde los primeros días y siempre actuaron bajo la dirección de los cuarteles. Los archivos demuestran que, aunque los juicios fuesen una pantomima, las condenas a muerte respondían a un análisis minucioso de cada persona detenida. Si había contradicción en los informes, se requerían otros nuevos, hasta que la autoridad judicial militar dispusiera de datos precisos.

Nada, pues, de improvisación y nada de malos quereres. Las listas que los pistoleros de las camionetas de la muerte llevaban consigo no las confeccionaban ellos, sino la autoridad competente.

Hoy conocemos los nombres, uno a uno citado por orden alfabético en cada pueblo y en la capital vallisoletana. Se acabó la discusión sobre la enormidad del crimen, que permanece impune. En la presentación del libro, Gustavo Martín Garzo musitó para nuestros oídos el relato del crimen con palabras templadas y corazón cálido; y Manolo Sierra nos contó que la portada del libro resume la experiencia del conocimiento del crimen desde la casa familiar en su Babia natal. Julio del Olmo, coordinador del libro, explicó el método de investigación y las conclusiones: más de siete mil nombres, que siguen reclamando verdad, justicia y reparación. Cuatro mujeres, hijas de las víctimas, dieron testimonio del dolor.

Marcelino Flórez