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Memoria de las víctimas,Política

Una difícil prueba para el Papa Francisco

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La sorpresa inicial que nos causó este Papa se va dilucidando siempre en términos positivos: si va a Brasil, se deja tocar entre las favelas; se acerca a Lampedusa para atestiguar la desvergüenza de la inmigración ahogada; sigue con sus viejos zapatos negros; intenta cambiar el Banco y mente mano, incluso, al gobierno del Estado Vaticano; y hace esas cosas sin reñir a la gente del mundo. Nada hay, hasta ahora, que ponga en duda los nuevos tiempos que ha inaugurado la Iglesia católica en Roma. Hasta los ateos se rinden a esta imagen, que se aproxima a lo que afirma la doctrina.

Dice Hans Küng que aún hay dos deficiencias, sobre las que este contestatario católico manifiesta también esperanza: el papel de la mujer en la Iglesia, que habrá de dejar de ser marginal; y la acogida de los curas casados, lo que pone sobre la mesa el celibato, una antigua norma, que para los más integristas es el centro de su creencia.

A mí me parece que el giro no va ser rápido ni fácil, sino que cada día el Papa Francisco tendrá que dar muestra de coherencia con el cambio que ha iniciado, un cambio de ciento ochenta grados en las prácticas de la Iglesia, aunque en realidad no sea más que regresar al Concilio Vaticano II cincuenta años después.

En España le tienen preparada una prueba para los próximos días: las beatificaciones del 13 de octubre en Tarragona. No es un problema de víctimas inocentes con las que solidarizarse, que lo son, sino de su significado. La Iglesia española, acorde también en ello con los anteriores papados, da a sus muertos de la República y de la Guerra el significado de mártires; y esto no tendría más importancia, si no fuera por la función política que tal significado tiene, un significado para el que conscientemente fue construido, como hemos demostrado en algunos escritos, y cuya función principal fue justificar el apoyo de la Iglesia católica al golpe de Estado y posterior Guerra Civil de 1936. En esto no debemos engañarnos. Si Juan XXIII y Pablo VI no accedieron a la consideración como mártires de las víctimas de la Guerra Civil no fue por desconocimiento de la realidad, sino al contrario. Y si Juan Pablo II y Benedicto XVI impulsaron el significado martirial de esas víctimas, en el contexto del descubrimiento de la enseñanza que aporta la rememoración de las víctimas olvidadas según nos enseñó Walter Benjamin, fue con la clara conciencia de contrarrestar ese movimiento memorialista.

Por eso, lo tiene muy difícil el Papa Francisco con la patata caliente que le ha caído del pasado. Cada gesto será sometido al examen de la crítica: si asiste o no; si envía a alguien más o menos importante; y, sobre todo, si dice algo o si calla. Es, ciertamente, una prueba muy difícil, porque, además, no se puede argüir que el Papa desconozca el problema. Tengamos en cuenta que la única crítica que recibió su nombramiento fue la de haber estado próximo o, al menos, no suficientemente alejado de la criminal dictadura argentina, un asunto muy próximo en significación al que le ha caído para el día 13.

Marcelino Flórez

Memoria de las víctimas,Política

Argentina, la ONU, la Memoria y el Franquismo

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Cuando en el año 2006 Entrepueblos organizó unas jornadas con el título de La Memoria contra la Impunidad en el Centro Buendía de la Universidad de Valladolid (con ausencia clamorosa del profesorado de la propia Universidad, que no tuvo a bien acudir a escuchar a expertos en el tema de la talla de Reyes Mate o Francisco Espinosa, eso a pesar de que la inauguración de las jornadas coincidió con la declaración de tregua por parte de ETA, asunto tan directamente relacionado con el título de las jornadas), pudimos tomar conciencia ya de que la Memoria había llegado para quedarse. Esa  conciencia nos ha permitido ir encontrando explicación al sinuoso discurrir de la vida política española en los últimos quince años a  este respecto. Cada vez entendemos mejor la intranquilidad que recorrió al partido único de la derecha española el día que Emilio Silva desenterró a su abuelo junto a los otros doce de Priaranza, era el mes de octubre del año 2000; entendemos también la hiperbólica irritación que le causaba a este partido la tramitación de la conocida como Ley de Memoria Histórica; y entendemos el acoso mediático y jurídico que emprendió contra Garzón a raíz de su Auto de 16 de octubre de 2008.

Lograron terminar con la carrera judicial de Garzón en España, provisionalmente y por otro asunto, pero la autoridad del juez salió reforzada por su planteamiento de fondo en el Auto sobre las víctimas del franquismo, porque, si bien las víctimas quedaban jurídicamente desamparadas, como hizo notar inmediatamente Amnistía Internacional, la condena moral del franquismo resultó definitiva, al reconocer la sentencia absolutoria de Garzón que la Dictadura era responsable de Crímenes contra la Humanidad (“QUINTO.- Los hechos anteriormente descritos, desde la perspectiva de las denuncias formuladas, son de acuerdo a las normas actualmente vigentes, delitos contra la humanidad en la medida en que las personas fallecidas y desaparecidas lo fueron a consecuencia de una acción sistemática dirigida a su eliminación como enemigo político”. -Sentencia 102/2012 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo-). La memoria de las víctimas obtenía aquí, de forma callada y apenas percibida por la mayoría de la población, una victoria frente a los victimarios.

Y la madeja ha continuado desenrollándose. Primero fue la jueza argentina María Servini de Cubria, que aceptó la demanda de dos familiares de personas desaparecidas, en el marco de la justicia universal, a la que se han ido sumando un sinnúmero de querellas y querellantes. Los últimos pasos de esta causa han llevado a la solicitud de detención de algunos conocidos torturadores del tardofranquismo, donde la fiscalía española continúa poniendo obstáculos, que no son sino coces contra el aguijón.

Coincidiendo con estos hechos, han llegado a España los observadores de la ONU para comprobar la situación de las personas desaparecidas, lo que habían solicitado la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y otras asociaciones de Derechos Humanos en el año 2002. En este caso, ya no es que las víctimas se hagan visibles, pues ya lo eran desde hace unos años, es que la visibilidad llega al centro nuclear de los Derechos Humanos. Puede que judicialmente no se avance mucho, pero moralmente se recorre todo el camino: las víctimas del franquismo son universalmente visibles y la impunidad de sus asesinos queda atestiguada. Ya no cabe el negacionismo en este final del recorrido.

Aquí, precisamente, se abre una nueva senda, una senda interior, la senda que afecta a los restos del franquismo dentro de España. Lo de menos es que esos restos se encuentren en los nombres de algunas calles, en los monolitos del algún altozano o, incluso, en las pulseras de algunos mozalbetes y de otros ancianos; lo importante es que esa senda es poderosa, porque está amparada  por el partido único de la derecha española, que, además, gobierna.

Si la autoridad de este gobierno está mermada en el mundo por los catastróficos resultados sobre la población de su gestión, con aumento del desempleo, reducción de los salarios, quiebra de las pequeñas empresas, desmantelamiento de los servicios sociales; si esa merma de autoridad se agudiza por estar enfangado el partido en unos asuntos de corrupción, que son la primera pregunta de cualquier corresponsal extranjero y para la que no encuentra más respuesta que excusas y mentiras; si eso es así, la rememoración de las víctimas del franquismo añade a este gobierno un peso insuperable. O deja de proponerse como continuador del franquismo y condena de una maldita vez, sin equívocos, a la Dictadura y pone los medios para reparar la injusticia, como le acaba de proponer el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU al concluir su visita a España, o no puede quitarse la losa de encima.

Marcelino Flórez

 

Política

Mayoría silenciosa

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El mantra de esta legislatura para conjurar las movilizaciones sociales es la mayoría silenciosa. La Vicepresidenta acaba de conjurar la enorme cadena humana catalana con esa cantinela y es que, efectivamente, eran más los catalanes que no unieron sus manos a la cadena. Lo que no sabemos es si se quedaron en casa o tenían otras cosas que hacer, si estaban hospitalizados o de viaje, y tampoco sabemos lo que pensaban. La Vicepresidenta se los apunta a su causa y a callar.

Antes de la Vicepresidenta ya había recurrido al mantra el Ministro del Interior para desviar la atención de las grandes mareas sectoriales que recorren España cada pocos días y de las grandes manifestaciones unitarias del año 2012. Pero, sobre todo, había utilizado ese recurso la lideresa madrileña con motivo de la última marcha a Madrid de los mineros de España. En este caso, Esperanza Aguirre hizo gala de toda su malicia, mofándose de los manifestantes, e hizo gala de una soberbia y chulería sólo alcance del enorme poder que ella misma y su partido disfrutaban y disfrutan.

Además del desprecio a la ciudadanía que se manifiesta (el ministro peor valorado del gobierno ha calificado las manifestaciones de la enseñanza como “fiestas de cumpleaños”, escolares se entiende), además de la exhibición de poder y del mensaje de que ese poder se usa según el libre albedrío de quien lo ostenta, el mantra de la mayoría silenciosa dispone de un argumento irrebatible: donde mejor se constata quién representa a esa mayoría silenciosa es en el voto. Y es aquí donde hay que callar. Cuando la lideresa se rio abiertamente de los mineros españoles, argumentó que para conseguir un solo concejal en Madrid se necesitaban diez veces más de votos que los que sumaban todos los manifestantes pro mineros en aquellos momentos. Ni los enérgicos trabajadores de la mina tuvieron una palabra para responder a esa bien ganada soberbia.

Hay que escoger, por lo tanto, entre el voto o la humillación o la revolución. Como por la revolución hace mucho que no estamos, sólo nos queda la humillación, después de haber renunciado al voto, facilitando esa mayoría absoluta que ahora se nos restriega por el rostro con el mantra de la mayoría silenciosa. Recuerdo las elucubraciones de mucha gente simpatizante de las movilizaciones del 15-M acerca del voto y recuerdo mi incapacidad para hacer comprender el error en el que se navegaba. Ahora, demasiado tarde, la realidad viene en mi auxilio y espero que aquella gente logre ver lo que yo no supe explicar.

En el caso de Cataluña, sin embargo, hay una trampa. Es casi seguro que el Partido Popular perderá, si no todos, la mayoría de los ya escasos votos con que allí cuenta, pues la derecha tiene otros partidos, catalanistas y no, donde poner su confianza y su voto. Pero en el resto de España es más difícil, no sólo porque la derecha no tiene a dónde ir, si le privan de su partido único, sino porque el anticatalanismo tiene muchos adeptos. Podría darse la paradoja de que el Partido Popular, al tiempo que desgaja irremediablemente a Cataluña del resto de España, recuperase intención de voto entre los nacionalistas españoles. Por eso, tenemos que ser constantes para recordar el autoritarismo con el que nos gobiernan y su instrumento propagandístico, del que forma parte el mantra de la mayoría silenciosa, un eslogan que ni Goebbels habría imaginado en sus mejores tiempos.

Marcelino Flórez

 

Política

El sistema autoritario se reafirma

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El gobierno del Partido Popular continúa construyendo un sistema político autoritario en España. No importa que los tribunales vayan, poco a poco, desautorizando sus actuaciones policiales o las insólitas desamortizaciones de los bienes sociales públicos, porque el gobierno dispone de un instrumento extraordinario y lo usa de forma consciente: la mayoría absoluta parlamentaria. Lo acaba de certificar su portavoz en Las Cortes, Alfonso Alonso.

Después de utilizar el decreto-ley como un instrumento para evitar el debate legislativo, ahora ha puesto en práctica el desmantelamiento de la otra función constitucional que le corresponde al legislativo, el control del gobierno. Recodemos que el presidente del gobierno sólo acudió al Parlamento (para dar cuenta de un asunto de corrupción que le atañe directamente y que avergüenza, incluso, a algunos votantes del partido) después de haber recibido la amenaza de una moción de censura. ¡Y lo hizo el día 1 de agosto, día universal de las vacaciones! Esto no es más que el inicio de la destrucción de la función de control del ejecutivo que, comenzando por el propio presidente de Las Cortes, está aplicando el gobierno por medio de un uso no constitucional de la mayoría parlamentaria. La oposición se verá obligada a recurrir por vía jurídica esas malas prácticas, pero cuando los jueces les den la razón, el autoritarismo habrá obtenido ya el éxito buscado, que en este momento es la ocultación de los delitos de corrupción que presuntamente afectan al partido que sustenta al gobierno.

El poder ejecutivo actúa en la misma dirección autoritaria. Uno de los últimos ejemplos fue la publicación de los datos del paro del mes de agosto. Este dato, que forma parte del patrimonio público común y que corresponde la función pública de las instituciones difundir, fue privatizado por el Partido Popular y lo dio a conocer su Secretaria General. Es uno de los últimos ejemplos de la apropiación indebida del patrimonio común y del uso clientelar del poder, después de que hubiese chuleado de lo mismo el ministro Montoro con datos privados relativos a los actores cinematográficos o a la prensa libre; y la ministra de Trabajo, difundiendo datos privadísimos sobre regulación del empleo en un sindicato. Las personas que han actuado así continúan en sus puestos.

Conservábamos alguna esperanza con el poder judicial, a pesar de las intromisiones que habíamos conocido, pero la sostenida presencia de Francisco Pérez de los Cobos en la presidencia del Tribunal Constitucional nos arrebata la última esperanza. El control de los máximos órganos del poder judicial deja todo el poder en manos del autoritarismo. Por eso, hay que dar la razón a la juventud que grita en las calles “lo llaman democracia y no lo es”.

Perfecciona este sistema autoritario la utilización de la propaganda como sustituto de la información. Y en esto comienzan a dar sus frutos las concesiones de medios informativos a la propia clientela que hizo, sobre todo, el gobierno de Esperanza Aguirre en Madrid. Acabamos de saber, además, que continúa subvencionándose a esos medios a través de la contratación de anuncios, como ha hecho la ministra de Sanidad con la reciente campaña sobre violencia de género. Como ya sabía Goebbels y han practicado todos los dictadores, una mentira repetida muchas veces llega a parecer una verdad. Los halagos que la prensa cautiva proporciona diariamente, aun siendo tan empalagosos como son, sirven para justificar la mala conciencia de los votantes autoritarios. (Debemos observar que estos votantes no son unos “tontos de los cojones”, como dijo uno de los alcaldes más votados de todas las épocas; “salvo algunos casos”, añadiría yo, parafraseando al presidente del gobierno).

Así se cierra el círculo del autoritarismo, que tiene su base en el voto democrático: son los votantes los que lo sostienen. Ellos lo saben y ya ni se avergüenzan de pregonarlo a todos los vientos: recordad a Camps en Valencia, absuelto en todas las instancias con los votos populares.

Estamos, pues, en un sistema autoritario, que sólo puede combatirse con los votos (aparte de la ley). Eso no justifica nada, pero debería servir para facilitar la reacción de los partidos democráticos, que, de paso, tendrían que aprender a analizar correctamente la realidad, a dotar de coherencia a sus ideas con su práctica y a generar la confianza de los electores. Privar del voto al Partido Popular por medio de la crítica es la primera tarea. La segunda, más difícil, es generar la confianza de los electores y, para ello, además de coherencia demostrada, hacen falta propuestas creíbles.

Marcelino Flórez

 

Política

Franquismo y Partido Popular

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Si por algo son importantes los gestos y las actitudes de los líderes sociales, religiosos o políticos es porque constituyen modelos de comportamiento, que son seguidos por los grupos de pertenencia. Si un obispo o toda la Conferencia Episcopal, por ejemplo, hablan permanentemente de aborto o de divorcio, condenándolos, y nunca hablan de la corrupción económica o política, los seguidores estarán a gusto con su conciencia moral siempre que no aborten o se divorcien, sin tener ningún remordimiento por no pagar el IVA o, incluso, por robar a manos llenas cuando se presenta la ocasión. Los gestos y las actitudes de los líderes establecen criterios de moralidad. Esto vale, sobre todo, para las sentencias de los jueces, como hemos dicho repetidamente, pero es aplicable con mucha propiedad a los dirigentes políticos y sociales.

Hoy nos interesa el caso de los líderes políticos, concretamente el Partido Popular y los gestos y actitudes que han proliferado en los últimos meses relacionados con el franquismo, especialmente entre las jóvenes “generaciones”. El asunto ha adquirido tal importancia este verano, que ha merecido todo un reportaje en el diario El País del domingo 25 de agosto, además de muchas noticias y opiniones en la prensa que no forma parte de la caverna.

Los jóvenes valencianos o vallisoletanos que saludan al modo fascista pueden hacer eso porque tienen la autorización moral del partido. Y tienen esa autorización, porque el Partido Popular nunca ha condenado el franquismo ni en términos generales ni en términos concretos. No condenó la barbaridad del alcalde Poyales del Hoyo que profanó una fosa de víctimas del franquismo el pasado verano (ver: https://marcelinoflorez.wordpress.com/2011/08/05/la-profanacion-de-la-fosa/), ni ha condenado la bárbara y reafirmada locución del alcalde Baralla justificando los asesinatos de los golpistas de 1936 (ver: https://marcelinoflorez.wordpress.com/2013/08/06/del-valle-de-los-caidos-a-baralla/). De modo que los jóvenes franquistas del Partido Popular pueden levantar la mano impunemente, porque gozan de la autorización moral del partido; en este caso, avalada casi por los jueces supremos en su rocambolesco tratamiento del “caso Garzón”.

Nada de lo que está ocurriendo me produce extrañeza, sólo me crea indignación, porque es el resultado lógico de los fundamentos de un partido formado por ministros de Franco, que no ha renunciado a su origen y que ha fortalecido sus fundamentos ideológicos con el aval del voto popular. Este es el único argumento que le queda al partido, el voto popular. La proliferación de gestos y actitudes fascistas de las últimas semanas tiene, no obstante, una virtud: expone ante la opinión pública lo que de ordinario se mantiene oculto. Ocurre, sin embargo, que en esta ocasión la derecha española, aglutinada en el Partido Popular, no está pasando el mejor momento en su imagen pública. Por esta y por ninguna otra razón es por lo que la derecha ha notado, por primera vez desde la muerte de Franco, alguna intranquilidad con la apología del franquismo.

Pero estamos muy lejos del reconocimiento de que el franquismo constituye un crimen contra la humanidad, como ha razonado el propio Tribunal Supremo en la sentencia absolutoria de Garzón. Por lo pronto, el portavoz del Partido Popular en Valencia, un tal Maluenda, ha vuelto a calificar los gestos fascistas de actos de juventud, esa forma paternalista de avalar las travesuras de los retoños de papá, y ha introducido una pretendida equidistancia entre banderas pretéritas, la republicana y la franquista. Sólo que aquí la equidistancia no la admite nadie, salvo los que equiparan fascismo y democracia, como parece ser el caso del tal Maluenda. El problema es que éstos son los que nos gobiernan y su aval del franquismo sólo terminará cuando pierdan el único argumento que conservan, los votos, por lo que habrá que empezar a hablar con los vecinos, si vienen a casa a pedir sal un domingo.

Marcelino Flórez