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Política

Responsabilidades en el fascismo

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Rainer Huhle, jurista y activista alemán de los derechos humanos, explicaba ya en 1997 en un escrito titulado De Núremberg a La Haya, cómo los veredictos de los jueces son el principal criterio de moralidad, al establecer lo que es justo y lo que es injusto. Argumentaba, para explicarlo, que un crimen sin castigo, tarde o temprano, pierde el carácter de crimen. La justicia establece, pues, la moralidad, del mismo modo que la falta de justicia implanta el reinado de la impunidad. Por eso es tan importante el comportamiento de la justicia, porque es modelo de moralidad.

Las iglesias han perdido la hegemonía en lo que se refiere a la moral, pero hay un espacio donde las religiones conservan su autoridad, aquel que sirve para justificar la conciencia, más allá de la moralidad de los actos. Este espacio habitualmente lo comparten las iglesias con los partidos. Lo ha explicado muy bien Bartolomé Clavero en su libro, comentado en este blog, El árbol y la raíz, y es casi un axioma historiográfico la eficaz tarea que ejerció la Iglesia católica en la justificación del franquismo, donde la moralidad nunca existió.

Para los fieles seguidores, iglesias y partidos siguen siendo un modelo de comportamiento, sea éste ético o no. Lo hemos visto y lo vemos cada día en España con el asunto de la corrupción. El partido justifica la corrupción e, incluso, la avala con todo tipo de triquiñuelas jurídicas, como se ha constatado en sede judicial en el caso Bárcenas y su relación con la Gürtel. Así, los corrompidos no tienen que dimitir y en las siguientes elecciones sus votantes les refrendan en su representación. El estado de corrupción adquiere de esa manera carta de naturaleza y se instala en la sociedad, donde se llega a calificar de tonto a quien actúa moralmente.

Las manifestaciones homófobas que han recorrido Francia, con el apoyo de la derecha y de la Iglesia católica, han servido para animar a los fascistas, que se han visto cargados de razón con el enorme apoyo popular que han tenido las marchas. Como ha explicado muy bien Edwy Planel, antiguo redactor de Le Monde y actual director de Mediapart, en una entrevista de Bonzo para El Intermedio, la radicalización derechista del partido de Sarkozy es la causa de lo que estamos contemplando en Francia. No os quiero decir si hablásemos de España.

Ya sé que no existe causalidad directa entre la actitud de la derecha francesa y de la Iglesia católica con el asesinato del joven antifascista francés, Clément Méric, pero el envalentonamiento de los fascismos no sería posible sin el aval de la confluencia en el pensamiento y en la movilización con la derecha y con el integrismo religioso. Por cosas parecidas el Tribunal de Núremberg enjuició en 1945 a Julius Streicher, un anónimo profesor de un colegio de esa misma ciudad, que, con la ascensión de los nazis, se convirtió en un apasionado propagandista antisemita. El Tribunal le inculpó porque su propaganda había servido para preparar la guerra. En todo caso, independientemente de las responsabilidades penales, la responsabilidad política de la derecha radicalizada y del catolicismo integrista no tiene excusa. Las agresiones fascistas que han tenido lugar en Valladolid no se pueden separar, igualmente, de la radicalización de la derecha española y de sus falsarios y constantes ataques al movimiento social, de todo lo cual el alcalde de esa ciudad es un prototipo.

Marcelino Flórez

 

Política

Lección italiana

Si Europa y los Mercados andan tan preocupados con las elecciones italianas, será por algo. Dicen que el resultado conduce a un país ingobernable, pero, digo yo, que será ingobernable según el modelo previsto y, tal vez, deseado por ellos. No ha habido mayorías y eso significa que están obligados a pactar. ¿Es eso malo? A mí me parece mucho peor el autoritarismo que Europa y los Mercados quieren imponer en todas partes.

Pero fijémonos en los resultados. El partido de Monti ha fracasado, es decir, se ha rechazado al gobierno y sus recortes, igual que en todos los países donde ha habido elecciones después de la crisis y de las políticas impuestas para enfrentarla. Europa y los Mercados siguen sin convencer a la inmensa mayoría.

El segundo elemento destacable es el regreso de Berlusconi, la derecha real italiana. Ha estado a punto de ganar de nuevo. Se dirá que el control de los medios de comunicación favorece ese resultado. Sí, pero esta vez la derecha tenía una opción más coherente y ha preferido esta vía segura, la del capital sin careta. Berlusconi es un sinvergüenza, pero consiente el negocio del hotelero, donde yo me hospedé la última vez que estuve en Roma, que aumentaba sus ganancias habilitando cuadras y trasteros para el hospedaje. Ese votante es la derecha y Berlusconi le da lo que pide. Si, además, persigue al inmigrante y asiste a las procesiones, tiene otro voto puro garantizado. Nada extraño, pues, en este resultado.

La izquierda de Bersani tenía todas las previsiones a su favor y ha ganado, pero ha sido una victoria pírrica. Bersani es un tipo serio, consistente en la teoría y se ha sometido a primarias, pero no ha sido capaz de atraer más que el voto siempre fiel. Ha eliminado en su biografía toda referencia al pasado comunista, pero la memoria continúa pasando factura y limitando apoyos. Los viejos partidos tienen un problema, aunque, como en este caso, hayan hecho autocrítica y hayan cambiado sus posiciones de forma inequívoca. Como mínimo, necesitarían otras personas que careciesen de responsabilidades históricas, aunque seguramente eso tampoco sería suficiente.

Otra novedad electoral ha estado en el Movimiento 5 Estrellas, una agrupación política más compleja de la apariencia primaria que le proporciona el cómico que la lidera. Han formado sus listas electorales por medio de un concurso curricular público, por lo que las personas elegidas son nuevas en la política, pero no desconocidas entre la población. Es verdad que el mensaje es ambiguo, tal vez deliberadamente, y va poco más allá del rechazo a lo que existe, pero ya tienen práctica de gobierno, como es el caso de la alcaldía de Parma. Asumen algunas propuestas ecologistas y rechazan signos de los poderosos, como los grandes y costosos coches oficiales. Les toca ahora una importante responsabilidad y será ahí donde se pondrán a prueba. Algo han dejado en claro, de todos modos, que la indignación busca caminos para ser representada.

No es posible la comparación con España, donde el sistema electoral y el sistema de partidos son bien diferentes, aunque sí se desprende alguna lección: la política económica europea es rechazada; la derecha perfecta, como ya ha demostrado la valenciana o la madrileña, tiene asegurado un suelo electoral por encima de corrupciones y de recortes; los viejos partidos y los políticos que los lideraron en la izquierda no sobrepasan un techo electoral bien bajo; lo que ha de venir no está aún construido.

Por suerte, no existen elecciones generales a la vista y las europeas, primero, y regionales y municipales, después, posibilitarán clarificar un poco el panorama, a no ser que los papeles de Bárcenas trastornen la previsible hoja de ruta.

Marcelino Flórez

Política

Estado de la Nación: el Régimen y la reforma constitucional

Como hemos explicado en otra ocasión (http://dictadura-o-regimen-autoritario/), vivimos en un Régimen autoritario. El debate sobre el estado de la Nación ha permitido constatarlo una vez más. El presidente ha sustituido la narración del estado de la Nación por la propaganda, para tener contenta y aunada a su clientela. Según él, su gran capacidad de gestión ha evitado el rescate económico de España y, gracias a la reforma laboral (seis millones de parados) y a los recortes (aniquilación de la sanidad, la educación y la dependencia), España ha sacado “la cabeza del agua”.

El estado real, una Nación parada, desahuciada, despojada de los derechos sociales conquistados, desarticulada territorialmente y emponzoñada de corrupción, ha sido relegado al olvido. Con la ayuda mediática, Rajoy recobrará el liderazgo interno, algo resquebrajado por su apartamiento de la gente, acentuado éste a raíz de los 22 millones aparecidos en Suiza; y eso a pesar de que tuvo la mala suerte de que los autores de su discurso le hicieran citar a un fascista francés de origen argelino, Loui Hubert Gonzalve Lyauty, para justificar la necesidad y urgencia de sus impopulares y, por el momento, ineficaces y perjudiciales reformas. Auguro corta vida a esta imagen recuperada entre la propia clientela.

Otro elemento constitutivo del Régimen, el bipartidismo, ha sido visualizado en el debate como elemento decadente. No sólo es que la ciudadanía se vaya desligando de ese elemento, es que han sido los pequeños partidos lo que han hecho la oposición al gobierno (hay que nombrar al representante de Compromìs-EQUO, Joan Baldoví) y han reclamado unánimemente un cambio de la ley electoral, en la que se fundamenta el bipartidismo. Los socialistas han terminado uniéndose a este reclamo.

Ha habido en el debate otra novedad, que muestra la quiebra del Régimen autoritario: uno de los partidos del sistema, el PSOE, ha expresado públicamente que se ha roto el consenso de 1977, como algunos venimos sosteniendo desde hace tiempo (http://ruptura-del-consenso/).

Es tan clara la conciencia de final de ciclo, que el mismo Rajoy ha tenido que admitir, con la boca pequeña y el ojo izquierdo desorbitado, que se puede pensar en algún cambio constitucional. Para mí, esta concesión es la mayor novedad del debate, porque pone de manifiesto que la sociedad en su conjunto ha comprendido que el periodo iniciado con la muerte de Franco ha terminado.

Y tengo que reconocer finalmente una coincidencia con las palabras de Rajoy: que la sociedad no está madura para acometer la imprescindible reforma constitucional. Hay dos elementos muy desestabilizadores, uno es la propia crisis económica; el otro, la quiebra institucional que está afectando a la monarquía, a la judicatura, a la “política” y a las administraciones del Estado. Sobre todo, hay inmadurez en la representación política: una derecha aglutinada en un partido sin legitimidad (http://la-ilegitimidad-del-pp/) y donde la UPyD ofrece más dudas que esperanzas; el PSOE, sin terminar de resolver el desorden interno y sin desligarse de la imagen del pasado; y, sobre todo, una izquierda multiforme, desarticulada y alejadísima de poder ofrecer un mínimo programa de confluencia. Esta confluencia, si no son capaces de construirla los que vienen del pasado (¡qué poco adecuados aparentar ser  los principales portavoces parlamentarios de esta legislatura!), tendrán que lograrla los que empujan en el presente, aunque está tardando en diferenciarse el trigo de la paja.

Marcelino Flórez

Política

Me consta que sí

El argumentario del día siguiente decía que se debía decir “no me consta”. Es una expresión exacta para el ocultamiento. Si quisiesen o pudiesen afirmar que no existen movimientos de dinero negro, el argumentario habría dicho “me consta que no”. Pero consta que sí tiene el que era tesorero del Partido Popular una cuenta repleta de euros en Suiza y consta, porque así lo ha afirmado su abogado y yo lo he oído, que legalizó unos diez millones de su dinero oculto gracias a la amnistía de la Hacienda del ministro Montoro.

Existen ya testimonios publicados que afirman que la tesorería del Partido Popular tenía una contabilidad oficial y otra oficiosa. Dice la inefable Secretaria General que las cuentas están claras y revisadas, pero no nos asegura que le conste que no hay o no hubo una contabilidad B, oculta, desconocida, de donde pudieran haber salido las sumas clandestinas que llegaban a Suiza y, quizá, los sobres como el que se perdió en un bar de Santa Marta de Tormes el día 1 de marzo de 2004, según relataba la Cadena Ser entonces.

Lo que no consta seguirá la vía jurídica que tenga que seguir. Lo que consta que sí tiene, además, una trayectoria política: el Partido Popular incrementa su ilegitimidad (/la-ilegitimidad-del-pp/) con la confirmación pública de las cuentas del tesorero y de sus empresas agrarias en Argentina y pierde toda legitimidad cuando la Hacienda que dirige legaliza unos diez millones de euros del extesorero sin que el ministro sea cesado de forma fulminante.

Hay algunos españoles que están indignados y eso no sorprende, porque lo que resulta insólito es que, constando lo que consta, estos gobernantes se hayan permitido hacer la reforma laboral que han hecho, privatizar, como han privatizado, la educación, privatizar, como están intentando, la sanidad, amenazar, como amenazan, al sistema público de pensiones, eliminar, como están eliminado, la atención a la dependencia, usar el dinero público para pagar la mala gestión de los bancos. Y habiéndose permitido todo eso, lo que sorprende es que quede una sola persona en España que no se indigne, que no se dé de baja, que no manifieste públicamente que le engañaron cuando les votó. Esto es lo que sorprende y lo que intranquiliza, porque lo que sí consta es tan enorme, tan desmedido, tan merecedor de repudio, que sólo admite una respuesta: la cuarentena para un partido sin legitimidad de origen y sin legitimidad de ejercicio.

Marcelino Flórez

 

 

Política

Corrupción y control del dinero público (I)

Uno de los mayores problemas de la política española actual es la corrupción. Numerosos políticos de la mayoría de los partidos, si no de todos, han tenido que pasar por los tribunales a causa de algún asunto relacionado con la corrupción. Hay casos de personas que han terminado ante los jueces a pesar de haber actuado con publicidad y, quizás, con buenas intenciones. Esto quiere decir que corromperse es fácil, pero también que existen mecanismos imprecisos que pueden conducir a caer en delitos de corrupción. Partamos, pues, del utópico principio de que todo el mundo es bueno.

Para evitar hasta los errores, es preciso que existan normas inequívocas y los principios generales deben figurar en la Constitución. Hay que conseguir que los políticos no puedan corromperse ni siquiera cuando lo pretendan. Lo primero, es necesario extraer de las competencias políticas cualquier elemento relacionado con el dinero o con los negocios y pasar esas competencias a los funcionarios. Para ello, hay que recuperar el buen nombre de la función pública, precisar competencias y responsabilidades, eliminar radicalmente los cargos de libre designación y, por supuesto, extremar el rigor en la inspección de la función pública y aplicar castigos ejemplares en los posibles delitos. No es una casualidad la relación entre la degradación social del nombre de los funcionarios, el abuso en la libre designación y el incremento de la corrupción. Esta España ha terminado pareciéndose a aquella otra, restaurada, donde existía una figura social, la cesantía, con un sistema bipartidista, que se repartía caciquilmente las prebendas públicas.

Las privatizaciones del patrimonio público, verdaderas desamortizaciones de nuevo tipo, tan queridas por los liberales, tienen que sustraerse de las competencias políticas. Aunque las circunstancias económicas hagan a veces inevitable la enajenación de una parte del patrimonio público, las decisiones al respecto han de tomarse siempre por mayoría cualificada y, si se trata de una cuantía significativa, deben ser ratificadas con referéndum entre las personas directa o indirectamente afectadas. Por supuesto, todo el proceso deberá ser ejecutado por funcionarios públicos.

Muy especialmente hay que legislar con rigor acerca de las ayudas y subvenciones que concede la Administración. Nunca podrán ser éstas una donación a particulares, sino que habrán de revestir el carácter de préstamo con interés, de compra de acciones o de contraprestación de servicios. Cuando se trate de la contraprestación de servicios de salud, de educación o de asistencia social, habrá de hacerse siempre con un carácter subsidiario y, mientras dure el convenio correspondiente, las empresas adjudicatarias deberán ajustarse a los principios de igualdad, mérito y capacidad para la asignación de las personas beneficiarias y para la contratación de las trabajadoras. El abuso de la patronal en la contratación y despido de personas trabajadoras dependientes de fondos públicos debe terminar inmediatamente. El control de todos estos procesos, evidentemente, estará a cargo de personas funcionarias.

Las subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro para realizar actividades de carácter social o cultural estarán sometidas a un riguroso control. Después de establecer el presupuesto y las condiciones para la concurrencia pública, las entidades deberán presentar proyectos, que serán evaluados por personas funcionarias conforme a baremos conocidos. La ejecución de los proyectos aprobados estará sometida a los controles tanto internos como externos que determina la propia Administración Pública.

Además de evitar la corrupción política, el dinero público nunca podrá servir de forma sectaria a intereses particulares. El clientelismo tiene que desaparecer enteramente de la escena pública. Podemos entender que cualquier neoliberal opte por adelgazar la acción económica del Estado. Lo que no podemos aceptar es que ningún neoliberal pretenda transferir la riqueza pública a sus clientes, como viene haciéndose, creándose un vasallaje administrativo. El dinero público es sagrado y su uso tiene que ser transparente e inmaculado. La experiencia de las cuatro últimas décadas enseña que estos principios deben estar debidamente constitucionalizados.

Marcelino Flórez