Archivo de la etiqueta: dictadura

Historia

Operación Palace, una broma de mal gusto

Deja un comentario

Comencé a ver el documental después de haber empezado y me atrajeron enseguida las personalidades que hablaban: Iñaki Gabilondo, Federico Mayor Zaragoza, Fernando Ónega, Jorge Verstringe, Iñaki Anasagasti, Felipe Alcaraz, Alejandro Rojas Marcos, Joaquín Leguina. Las imágenes, conocidas y reales, reforzaron mi atracción. Aunque mucho antes de que supiese que Fraga salió porque tenía hambre o que la izquierda se dividió porque Carrillo no se agachó, tardé un rato en advertir la falsedad del documental. No echo la culpa a Garci, ni a Évole, pero sí a Iñaki Gabilondo y a Federico Mayor Zaragoza, en los que confío. Tampoco me culpo por sentirme engañado durante un rato o por no haber afinado mi sentido crítico.

Consciente ya de la falsedad, seguí viendo el documental con verdadero interés. Reconozco que me atrajo y eso ha de ser porque tenía capacidad de atracción. Desde el principio, sin embargo, me disgustó: a las 22,33 le dije a mi amigo Luis en Facebook que era “demasiado serio para tanta broma»; y a las 22,35 a mi amigo Javi que “no me ha gustado nada la broma”. ¿Por qué me desagradó tanto?

Tengo varias razones. Primero, personales. La noche del 23-F se reunió en mi casa en Toro (Zamora) un grupo de amigos, atemorizados por el golpe. Yo aparentaba ser de los más tranquilos, aunque la procesión fuese por dentro. Entre las cosas que recuerdo, hay dos personajes, uno guardia civil y otro militar, retirados ambos, que estaban a la puerta del Ayuntamiento cuando hacia las dos o las tres de la madrugada fui a llevar a Mercedes en mi coche hasta su casa. No dudé de que habían ido allí para ponerse al servicio de la causa. Por eso, en mis sueños de esa corte noche deseaba que fuese a buscarme a casa la Guardia Civil y no los voluntarios ayudantes del golpe. Entonces pensaba yo que los responsables de los crímenes franquistas habían sido las cuadrillas de falangistas, aunque ahora sé que ni un solo asesinado dejó de pasar por el filtro militar. Bueno, pues que se haga mofa de aquello me gusta poco. Reconozco que ni todo el mundo encabezaría la lista, como sería mi caso en Toro, donde sin duda el militante de CC.OO. (léase “ce, cé, ó, ó”) que abría la puerta del portalón-sede sindical y activista de la Asociación Cívico-Cultural ocuparía alguno de los primeros puestos, ni todo el mundo había nacido o tenía uso de razón entonces para poder experimentar lo que yo experimenté. Cosa personal, por lo tanto.

Tampoco me hace mucha gracia el lugar en el que queda la gente que al día siguiente logramos sacar a la calle en Toro, llena de miedo y deseosa de terminar enseguida la manifestación, de modo que tuvieron que ser mis alumnos de COU los que pusiesen orden en la marcha, ataviados con un brazalete para dar sensación de autoridad. Mucha sociedad civil hecha realidad, para que ahora se bromee frívolamente sobre aquel acontecimiento. También es cosa personal.

_____

Pero tengo, además, razones políticas, porque no estoy de acuerdo ni con la visión subliminal de la Transición, ni de la Monarquía, ni del control de los archivos, que subyacen en el falso documental.

Podemos hablar de la Transición, pero también en serio. Lo que importa, además, no es lo que se hizo o cómo se hizo, que eso lo tiene ya muy configurado la historiografía, sino la valoración que ahora se hace de lo que se hizo. Sólo la derecha y un sector, cada vez más pequeño, de la socialdemocracia sigue defendiendo hoy la forma en que se hizo la Transición y sus resultados: bipartidismo, justicia encorsetada, impunidad para los crímenes del franquismo, semiconfesionalismo, clientelismo y corrupción. Yo soy claramente partidario de “reiniciar la democracia”, pero de eso no había nada en el falso documental de Évole.

Es muy difícil declararse monárquico en el siglo XXI y más para un historiador, que sabe algo de lo que fueron las monarquías antiguas, la realeza feudal, el absolutismo monárquico. Casa mal la monarquía con la soberanía popular. Dicho esto, sin embargo, no estoy dispuesto a gastar un minuto más en disputas sobre la forma de Estado aquí y ahora, que influye poco menos que nada en lo que realmente ocurre (autoritarismo, paro obrero, desigualdad social creciente, retroceso de los derechos humanos). ¿No va a pararse nunca lo que se llama izquierda a pensar por qué algunos medios informativos  y lobbies políticos, dejando aparte a Anguita, claro, tienen tanto interés en señalar a la Monarquía como el origen de los males y dirigir hacia allí el debate? Conmigo que no cuenten.

Y el tercer elemento subliminal, los archivos. Hablemos de archivos, pero no son los del 23-F los que permanecen cerrados ilegalmente, a los que todavía les faltan siete años para reclamar autorizadamente su apertura. Es de los archivos de 1950 o de 1939 o de 1936, sobre los que han pasado 64 o 75 o 78 años y siguen cerrados a cal y canto. El tema de los archivos, por otra parte, hay que tratarlo con un mínimo de cuidado. Que no se conozca todo no significa que todo lo que se conoce es falso y ha de ser sometido a sospecha, que es lo que subyace en este documental. ¡Qué a gusto se habrá sentido Pedro J y qué tristeza habrá sentido Javier Cercas con esta ficción! Tampoco pasaba nada porque en esto hubiese habido un poco más de calidad científica y menos de tertulianismo.

¡Cómo le gustan a un sector de la sociedad española las teorías conspirativas! Todo lo que ocurre ha de tener siempre una razón oculta y organizada, una conspiración; y el protagonista principal ha de ser un rey, un obispo o un banquero, a no ser que esté la CIA por el medio. Pues a mí me parece que todo lo que ocurre en el país se explica mucho más por el voto que cada ciudadano emite o deja de emitir periódicamente. Y de ese voto no tienen la responsabilidad ni Reyes, ni Obispos, ni Banqueros, sino cada una de las personas. ¿O somos todas unas “tontas de los cojones”, como dijo aquel recordado alcalde? También se explica, desde luego, por la capacidad organizativa y movilizadora de esa sociedad, pero de eso tampoco tiene la responsabilidad ningún lobby conspirativo, sino nosotras mismas. Cuánto más le valdría a lo que se sigue llamando izquierda ajustar sus métodos de análisis y dejar de vivir en la inopia.

Así que no me ha gustado nada, pero nada, la broma. Y, si para justificarla, hay que acudir a la presencia  o ausencia de perspectiva analítica, o al carácter sombrío y no chistoso de los españoles, mal vamos.

Marcelino Flórez

Historia,Memoria de las víctimas,Política

Bartolomé Clavero: El árbol y la raíz

Deja un comentario

Me compré este libro porque recordaba uno de los primeros que escribió el autor, Mayorazgo, propiedad feudal de Castilla, creo que se titulaba. Eso y que tenía el subtítulo de “memoria histórica y familiar” y lo publicaba Crítica. Con todo, no estaba muy convencido. No fue hasta el segundo o el tercer capítulo cuando cambié de opinión. Es un libro raro (de hecho, el autor dice que se puede empezar a leer por los últimos capítulos y regresar al principio o leer alternativamente), pero lleno de interés.

Bartolomé Clavero define el libro como “descargo de conciencia”, que lo es personal por no poder ser familiar. Describe a una familia franquista, perteneciente a la “casta”, donde los mayores y algunos descendientes nunca han renunciado a la victoria ni al botín. El mismo Bartolomé confiesa que tardó mucho en tomar conciencia de su pertenencia a la casta franquista y que sólo recientemente ha percibido que en su entorno había víctimas olvidadas. “¿Cómo iba a pensar en descargo ninguno? Ni siquiera era consciente de que hubiera quedado tanto pendiente tras el final de la dictadura” – dice-(166). Hay que añadir que esto no le ha pasado sólo a Bartolomé Clavero, sino a la inmensa mayoría de la gente de su generación y de las adyacentes. Y tiene una explicación: hasta hace muy poco tiempo no existía conciencia del olvido de las víctimas (las del franquismo, las del terrorismo o cualquiera otras de la historia) y de la consecuencia de ese olvido, que es la impunidad.

Todo ello se relaciona con la idea de memoria histórica, un concepto que ha invadido todos los rincones y que cada cual usa con un significado. A Bartolomé Clavero le ocurre también. Unas veces lo identifica con historia oral, otras con historia del presente; lo contrapone a “historia falsa” y a “contramemoria”; y nunca lo define, aunque, instintivamente, se aproxima al concepto benjaminiano de memoria, esto es, a la rememoración de las víctimas. Sigo preguntándome por qué hay tanta resistencia entre historiadores a reflexionar sobre ese concepto, cuando hay tanto escrito. Las cosas que yo he publicado, por ejemplo, sea en revistas o sea mi libro sobre el tema, sólo las he visto citadas o comentadas por filósofos o juristas, pero nunca por historiadores. Eso debe tener alguna explicación y, quizá, se relacione con la severa crítica que Clavero hace a la “historiografía profesional (que reproduce) desmemoria” (160).

El descargo de conciencia está muy relacionado con la política de reconciliación nacional y, por lo tanto, con la Transición. Al hablar de esto, es muy crítico con Laín o con Ridruejo: “Ambos descargos de conciencia, el de Laín y el de Ridruejo, tienen en común la inconsciencia para con las víctimas”. (…) Laín y Ridruejo ignoraron lo que no quisieron saber” (145). Aunque les concede el beneficio del derecho constitucional a no declarar contra sí mismo, especialmente cuando, como en el caso de los franquistas, “es mucha la carga de conciencia para hacerse cargo y hacer descargo” (144). Esa inconsciencia, que, como ya hemos dicho, el mismo Clavero se asigna, tiene relación con la adhesión a alguna causa que ayude al negacionismo, sea la familia, la iglesia, el partido o la patria. Dos de esas instituciones han jugado un papel más relevante en el caso del franquismo, la iglesia, de la que nunca entenderemos suficientemente el papel negacionista que ha jugado y sigue jugando, y el partido. En este caso el partido, o sea, el PCE y su política de reconciliación nacional, “de una reconciliación que sólo bastante más tarde advertí que entrañaba la consagración de la impunidad de los vencedores y del despojo de los vencidos” (148).

Enlaza entonces el razonamiento con la Transición y con la conocida como Ley de Memoria Histórica, de la que hace una crítica que da en la diana. El déficit de esa norma es la exclusión de la ley de amnistía de 1977 en la cláusula derogatoria. Eso es lo que ha seguido posibilitando la impunidad y el desamparo de las víctimas. Y da una explicación interesantísima: “la transición trató a la dictadura como si hubiese sido no un régimen de hecho, sino un régimen de derecho, un régimen no constitucional, pero de derecho. El resultado en cuanto al bloqueo persistente de posibilidades abiertas por la Constitución de 1978 está descrito. Se tiene a la vista para quien quiera mirar sin anteojeras” (199).

Hay muchas cosas de interés en este libro, que aparentaba ser una mera historia de vida familiar y resultó ser una mina de sugerencias. Interesa mucho la definición del franquismo como sociedad de castas; la explicación de la función cohesionadora que ejerce la Iglesia católica; o el botín del que se apropiaron los vencedores, respecto a lo que sugiere que “en el ámbito patrimonial, no por supuesto en el penal, la responsabilidad puede alcanzar a los descendientes de genocidas” (184). Estas apropiaciones, que ya han dado lugar a demandas no atendidas, son otro capítulo no cerrado de la (pos)guerra y del (pos)franquismo, y probablemente sean la causa fundamental de los déficits de la Ley de Memora Histórica y del acoso a Garzón.

También he encontrado un leve error historiográfico: la asignación de la muerte de Onésimo Redondo a sus correligionarios falangistas. Es cierto que esa leyenda urbana circuló en algún momento, pero, como pudimos reconstruir en un taller de historia este mismo curso en La Aldea de San Miguel, la muerte de Onésimo fue enteramente fortuita y casual. Así lo testimonió Laura, una de las hijas del conductor del coche en el que viajaba el líder de las JONS cuando toparon en Labajos con unos milicianos de la FAI, pertenecientes a la Columna Mangada; y así lo constata la historiografía regional reciente. No hay heroicidad, pero tampoco traición en la muerte del protomártir.

Marcelino Flórez

 

Memoria de las víctimas,Política

Condenar el franquismo

Condenar el franquismo

La propuesta de Izquierda Plural para declarar el 18 de julio “como día oficial de condena de la dictadura franquista”, publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el día 27 de julio de 2012 y debatida el día 21 de mayo de 2013 en el Congreso de los Diputados, deja mucho que desear en sus planteamientos, pero ejerce perfectamente la provocación de los simpatizantes del franquismo.

El interés del debate de este martes, 21 de mayo de 2013, no está en la propuesta, sino en las respuestas del PP y de UPyD. Ambos coincidieron en reclamar el olvido del franquismo: “echarle doble llave” a la tumba de Franco, recomendó Gómez de la Serna desde el PP, y regresar a la amnistía de 1977, reclamó Carlos Gorriarán, de UPyD, citando palabras textuales de Marcelino Camacho. Por supuesto, ambos manifestaron distanciamiento del franquismo, si no condena, pero lo querían olvidar para no “condenar a las nuevas generaciones (sic, aunque con minúscula) al peso insoportable de la Guerra Civil”, como dijo el portavoz del PP.

Los dos partidos de la derecha utilizaron también el argumento de la equidistancia de las víctimas para oponerse a la proposición. Lo hizo de forma retórica el popular –“Yo no voy a hablar de los 100 millones de muertos que dejó su ideología, no lo voy a hacer”- y de forma directa Gorriarán –“el estalinismo fue un régimen genocida (…) que también provocó víctimas en España durante la propia guerra civil”-. Zanjemos esta cuestión de la equidistancia de las víctimas de forma inmediata: es una perversión moral, como dejó dicho Primo Levi, porque pretende identificar a víctimas con verdugos para garantizar así la impunidad de los asesinos. Punto y aparte. Si hay que tratar de las víctimas ocasionadas por los distintos grupos republicanos, que se trate en el departamento correspondiente, pero sin mezclar. A que está de acuerdo Carlos Gorriarán en que se trate aparte a las víctimas vascas de torturas o del GAL, sin mezclarlas con las víctimas de ETA. Pues claro, son cosas distintas. Mezclarlas sólo busca la impunidad de los asesinos y quien actúa así se está denunciando a sí mismo. Eso es lo que ha hecho tanto el PP, como la UPyD.

Volvamos al olvido, a la reclamación del olvido de 1977 en la fecha actual, 21 de mayo de 2013. A diferencia de la amnistía de 1977, hoy no es posible el olvido, porque hay un hecho epistemológico nuevo, un hecho que no existía en la conciencia española en 1977. Ese hecho es la memoria de las víctimas, la presencia rememorada de las víctimas. El día 14 de febrero de 1996, cuando un asesino de ETA terminó con la vida de Francisco Tomás y Valiente y los estudiantes madrileños se atrevieron a salir a la calle con las manos pintadas de blanco en señal de la inocencia de la víctima, ese día las víctimas se hicieron presentes para siempre. Las del franquismo tomaron la calle el 20 de noviembre del año 2000, cuando la revista Interviú difundió la noticia de la exhumación de los trece de Priaranza, que había llevado a cabo Emilio Silva, nieto de uno de ellos, y que había creado la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Y las víctimas han llegado para quedarse. Por eso, ya no es posible el olvido. Esto es lo que no ha entendido la derecha española (y una parte de los nacionalistas vascos).

La derecha tiene un problema añadido. No puede desligarse del olvido porque es heredera del franquismo. El partido dominante nació en los ministerios de la Dictadura franquista y no ha reconocido nunca su origen, aunque tampoco haya renunciado al mismo. Renunciar no puede, porque el sustrato en que se apoya sigue allí anclado: tanto los católicos oficialistas, como los otros poderes fácticos, especialmente los económicos, son la base organizativa y electoral del partido y su supervivencia está ligada a esos grupos. Pero la realidad es muy tozuda y, si seguimos “pendientes del franquismo 80 años después”, es porque “ni siquiera la transición entre dictadura y constitución ha servido para superar la posguerra cuyo prefijo nunca ha regido del todo al sustantivo”, en palabras de Bartolomé Clavero en un último libro autobiográfico, cuya reseña os prometo para muy pronto. El debate de este martes de mayo lo ha vuelto a certificar.

Marcelino Flórez

 

Política

Dictadura o Régimen autoritario

En los años sesenta del siglo XX se suscitó entre los historiadores una polémica acerca del concepto político del franquismo. Se discutía si había de definirse como dictadura o como régimen autoritario, después de que el sociólogo J. J. Linz construyera esa segunda definición. Coincidía el debate con el intento del régimen de justificarse por su ejercicio en tanto que autor de paz y de desarrollo. La discusión, vista en perspectiva, fue una discusión vana, detrás de la cual no subyacía más que el intento de justificar al dictador y a su Dictadura. En el día de hoy sólo prestan atención a esa discusión los revisionistas más recalcitrantes. Para la historiografía normal, la franquista fue una Dictadura personal, nacida de una guerra civil y sustentada por el ejército. Punto.

Un Régimen autoritario es otra cosa. Para empezar, el autoritarismo combina con la democracia: se origina democráticamente, funciona sin tener que eliminar los mecanismos democráticos y puede ser desalojado democráticamente. El Régimen autoritario es, de hecho, una opción política en el sistema democrático. Utiliza casi exclusivamente el Decreto-Ley para gobernar y, de esa manera, evita el debate parlamentario y la repercusión social desfavorable que ese debate pueda ocasionar en la ciudadanía. Utiliza la fuerza policial de forma violenta para tratar de acallar la protesta social; recurre, incluso, a tretas feas y de dudoso aval democrático,  como es introducir policías de paisano en las manifestaciones para originar violencias y justificar la represión. Dispone prácticamente de monopolio informativo, llevando hasta el esperpento la manipulación de los medios de comunicación públicos. Se sirve de la fuerza y del poder que proporciona el gobierno para amedrentar a quienes no se someten. Por ejemplo, si queda algún periódico de amplia difusión, que actúa libremente,  y, por un suponer, tiene contraídas deudas con la Hacienda del Estado, el ministro de turno puede recordárselo en voz alta para que sepa a qué atenerse.

En general, el gobierno autoritario identifica al Estado con el partido que le apoya y no ejerce la administración pública en beneficio del común, sino que tiende a instalar fórmulas clientelares a través de las cuales transfiere los cargos y los bienes públicos a los clientes del partido. En algunos casos se llega a situaciones verdaderamente impúdicas, creando empresas específicas para hacer esas transferencias. Estas empresas,  para enmascararse mejor, aunque funcionen en territorios de habla castellana o valenciana, por ejemplo, suelen usar nombres ingleses o de cualquier lengua extranjera, como “market” en lugar de “mercado”.

Es muy frecuente en el Régimen autoritario que exista un partido procedente de antiguas dictaduras y dotado de las mismas bases sociales que apoyaron a las antiguas dictaduras. Una prueba inequívoca en esos casos suele ser la justificación de esas antiguas dictaduras o, como mínimo, la falta de condena de las mismas. A favor del Régimen autoritario juega también la abundancia de esclavos voluntarios que suele haber entre las masas humanas, especialmente en situaciones adversas, sean éstas por causas económicas o de otro tipo.

Además de la Constitución, los obstáculos que encuentra el Régimen autoritario son el sistema judicial, contra el que peleará sin descanso, pero sólo con éxito relativo, y los partidos políticos y sindicatos confederales (antes llamados “de clase”), que se resisten a pactos puntuales con el Régimen autoritario. La descalificación permanente y gratuita de partidos y, sobre todo, de sindicatos es una norma para los regímenes autoritarios, a pesar del carácter institucional que las constituciones les otorgan. Gracias a las libertades constitucionales, no obstante, la ciudadanía puede terminar organizándose y expulsando del poder a los regímenes autoritarios, cosa que es casi imposible con las dictaduras.

Marcelino Flórez