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La losa del senador Peñarrubia, del PP

Para mí, la herencia más injuriosa del Partido Popular es la negación de los crímenes del franquismo, mediante la ocultación de su existencia a través de la anulación de la financiación de las exhumaciones, corroborada esta negación con las palabras explícitas del senador Peñarrubia: “Ya no hay demanda de exhumaciones ni más fosas por descubrir, salvo que se empeñen en buscar a Federico García Lorca en los cuatro puntos cardinales de España”. Quien haya tenido oportunidad de ver y escuchar al senador en su intervención del día 8 de octubre de 2015, justificando la ausencia de presupuesto para exhumaciones y otras reparaciones de crímenes franquistas, no puede haber dejado de sentirse incómodo no sólo por las injuriosas palabras, sino por el tono y la gesticulación, que más parecía chulería y afectación, que sinceridad y veracidad.

Al tiempo que niega, el senador miente, porque no puede desconocer, ya que ha sido fijado en auto judicial, publicado y corroborado por la máxima autoridad, que existen 114.226 casos documentados de personas desaparecidas. ¡La cifra más alta en el mundo, salvo en Camboya! Del mismo modo que no puede desconocer, pues es noticia pública cotidiana, la aparición de restos de personas asesinadas y desaparecidas: en los últimos quince años han sido exhumadas 6.200 de esas personas. Y, como ha recordado Emilio Silva, esa cifra sólo representa el 5 por 100 de las víctimas que, según se estima, siguen desaparecidas.

Cuando el senador dice que ya no hay demanda de exhumaciones, ¿será que desconoce el continuo lamento de familias de las víctimas reclamando su búsqueda? Basta con que eche un vistazo a la página web de la ARMH: “No hay día que no recibamos algún contacto de alguien en relación con este tema”, acaba de decir Emilio Silva, su presidente.

No es necesario razonar más la mentira del senador, porque nos hallamos ante una evidencia. Lo que Peñarrubia quiere es ocultar la realidad, mantenerla sepultada, con los archivos cerrados y la tierra sobre los cadáveres. El negacionismo de Peñarrubia lo corrobora cada día su partido. El día 20 del mismo mes de octubre la diputada Rocío López ha dicho en sede parlamentaria: “Si quieren reabrir heridas, con nosotros no van a contar”. Usa la metáfora “heridas del pasado” para referirse a los crímenes franquistas y dice que eso no se toca.

Constatamos una vez más que en España sigue ocurriendo algo que ya no ocurre en ningún otro país del mundo: la ocultación y la negación de un crimen contra la humanidad. Es casi incomprensible que eso siga ocurriendo, pues el mismísimo Tribunal Supremo ha reconocido que los crímenes de la Dictadura son “delitos contra la humanidad”. Y eso no prescribe, por lo que debe ser investigado y su negación perseguida de oficio. ¿Acaso no existirá en España una fiscalía para cumplir esa misión?

Cuarenta años de un régimen criminal y otros cuarenta de ocultación y negacionismo son como una gran losa que pesa sobre los españoles. Esta es la fosa que el Partido Popular, su diputada y su senador, no quieren que se abra. “Si tiramos todos, ella caerá” y la Dictadura y sus negadores ocuparán el mismo y definitivo lugar en la historia, aquel en el que les sitúe la justicia y la verdad. Por eso, es urgente la creación de una Comisión de la Verdad, a la que nadie debe temer, salvo los delincuentes.

Marcelino Flórez

La responsabilidad de Pemán

Las hijas e hijo de José María Pemán han anunciado una demanda contra la concejal de IU en el Ayuntamiento de Jerez, Ana Fernández, por referirse a su padre como “fascista, misógino y asesino” durante el debate sobre la retirada de un busto de aquel escritor en el teatro Villamarta, busto que había colocado el Partido Popular un año antes. El anuncio ha levantado una polvareda con las reacciones. ¿Cuál es la razón?

Está tan instalada la justificación del franquismo en nuestra sociedad, que una buena parte de ella considera este escándalo de las hijas e hijo de Pemán, seguramente sincero, como una cosa normal y hasta evidente. Dice la familia que pretende restaurar “el honor y la dignidad, tan gravemente mancillados”. Pero, para que exista falta contra el honor, lo que ha dicho la concejala tiene que ser falso y, por lo tanto, ser un insulto o una calumnia, según el caso. No sé si Pemán era misógino, estando su casa, como estaba, tan llena de mujeres. Lo que sí sé es que era fascista, como manifiestan reiteradamente sus escritos y sus declaraciones. Fue, además, miembro del Consejo Nacional de FET y de las JONS, lo que, sin duda, requiere un buen grado de fascismo. Parece que por ahí no hay insulto, ni ataque a la dignidad, ni falta a la verdad.

La clave del conflicto está en el término “asesino”. Yo no sé si Pemán mató a alguien alguna vez con alevosía y premeditación. Parece que se dedicó más a las arengas, en las que, entre otras cosas, decía: “ La idea de turno o juego político, ha sido sustituida para siempre, por la idea de exterminio y expulsión”. Palabras fuertes y no exentas de responsabilidad en aquellos turbios días de guerra. Sí sé, en cambio, que José María Pemán ocupó cargos de responsabilidad en las instituciones franquistas y que dictó normas que condujeron a la muerte premeditada de muchas personas. En concreto, Pemán fue nombrado por Franco “ministro” en la primera Junta Técnica del Estado, encargándole la “cartera” de Comisión de Cultura y Enseñanza. Desde ese cargo dictó las instrucciones del 7 de diciembre de 1936 a los vocales de las Comisiones Depuradoras del personal docente. Esta norma organizó definitivamente la depuración del magisterio, profesorado de institutos y de universidad, tanto en centro públicos como privados. El resultado de esa depuración en la provincia de Valladolid, por ejemplo, que María Jesús Izquierdo acaba de publicar (“Pizarras vacías”) se resume así: 225 docentes represaliados en la provincia; de ellos, 4 exiliados y 63 con represión física; de éstos, 18 asesinados extrajudicialmente, 4 fusilados, 37 encarcelados, 2 muertos en la cárcel, 1 tal vez suicidado, 1 desaparecido. Alguna criminalidad sí debió resultar de aquella normativa, según parece.

“Lo que ocurre en España -escribía Gabriel Jackson en El País el 3 de noviembre de 2008-, una parte importante del problema es que la sociedad española en su conjunto no ha juzgado la dictadura de Franco como régimen criminal, en el mismo sentido en que Alemania condenó el régimen nazi, Suráfrica condenó el apartheid y Estados Unidos condenó la esclavitud y el siglo de segregación que siguió al fin de la esclavitud”.

Eso decía Jackson en 2008 y sigue siendo así, pero hay alguna novedad. Aunque la sociedad española no ha asumido la criminalidad del franquismo, la historiografía viene certificando ésta, nombre a nombre, desde los últimos quince años; y, lo que es más importante, los jueces han calificado finalmente al franquismo como responsable de crímenes contra la humanidad. Lo ha escrito el Tribunal Supremo en el razonamiento quinto de la sentencia 102/2012, por la que absuelve a Garzón de la denuncia por prevaricación: “Los hechos anteriormente descritos, desde la perspectiva de las denuncias formuladas, son de acuerdo a las normas actualmente vigentes, delitos contra la humanidad en la medida en que las personas fallecidas y desaparecidas lo fueron a consecuencia de una acción sistemática dirigida a su eliminación como enemigo político”.

Para que la sociedad española asuma definitivamente la realidad de aquella dictadura, nacida de aquella guerra, provocada conscientemente por un grupo de generales con apoyos civiles e internacionales, es preciso que Las Cortes que nazcan de las próximas elecciones creen una Comisión de la Verdad, que establezca las conclusiones universal y científicamente consensuadas, de manera que se pueda emprender un camino de normalización de la vida política en España.

Marcelino Flórez

 

Nombres de las calles o Comisión de la Verdad

Casi todos los días después de las elecciones municipales hay alguna noticia de un pueblo o ciudad que dispone cambiar los nombres franquistas de sus calles. Bien está. Pero eso es una cosa insignificante ante el problema de derechos humanos con el que se relaciona. Para entender bien las cosas, es necesario precisar dos aspectos distintos que se suelen juntar bajo el equívoco concepto de memoria histórica.
La memoria es la facultad humana que recuerda y retiene el pasado. La actividad de la memoria tiene, entre otras, una función identitaria: hace posible tener conciencia de sí mismo y del grupo social de pertenencia. La sociología estudió esta función identitaria bajo el nombre de “memoria colectiva” (M. Halbwachs). La Escuela historiográfica de los Annales indagó también sobre ese campo de estudio, al que aplicó de forma imprecisa el nombre de “memoria histórica”, aunque también se usaron otras denominaciones, como “políticas de la memoria”, “lugares de la memoria” o “uso público de la historia”. Ese campo de estudio se ocupaba de los elementos del pasado que constituyen el patrimonio identitario de un “pueblo” o “nación”; uno de esos elementos son los nombres de las calles, que desde el siglo XIX buscaron reflejar grandes hazañas o personajes del Estado-Nación. Los franquistas, desde luego, llenaron calles y edificios con los nombres y estatuas de sus héroes. Ahora que el franquismo ha sido ya reconocido, en la norma y en sede judicial, como un crimen contra la humanidad, lo lógico es retirar de los espacios públicos los recuerdos de aquel crimen y de sus ejecutores. Está bien.
Pero cuando los dirigentes rememoraban el pasado de sus “pueblos”, siempre se olvidaban de las derrotas. No suele haber muchas calles que se llamen, por ejemplo, Pérdida de Cuba y Filipinas. De los vencidos y derrotados nunca se hablaba. Los antiguos, incluso, ordenaban olvidar las desgracias pasadas. Así fue como se relegó al olvido a vencidos y víctimas, hasta que Walter Benjamin, reflexionando sobre ese pasado selectivo para entender la llegada del nazismo, descubrió a las víctimas y las recuperó para el conocimiento del pasado. De esa manera, introdujo el fundamento de un nuevo derecho humano, el derecho a conocer la verdad, que ha sido recogido finalmente por las Naciones Unidas en el Conjunto de principios para la protección de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la impunidad, que la Comisión de Derechos Humanos elaboró el año 2005.
Este segundo elemento, que suele ir oculto o inconsciente bajo el concepto de memoria histórica, es el que a mí me interesa, la rememoración de las víctimas. En lo que al franquismo se refiere, el cambio de nombres en las calles es una acción necesaria pero mínima, porque la tarea importante es forzar que se forme una Comisión de la Verdad, donde personalidades independientes y diversas establezcan la verdad de los crímenes franquistas y también, en capítulo aparte, los crímenes cometidos por los republicanos. Todas y cada una de las masacres en todos y cada uno de los pueblos de España tienen que ser conocidos, con las personas responsables de ordenar, ejecutar y colaborar para cometerlos. Habrá de establecerse también el calificativo que cada uno de esos crímenes merece y el recorrido jurídico, social y político que han seguido.
Establecida la verdad, primer acto reparador para las víctimas, habrán de seguirse los actos legislativos y judiciales que correspondan. Pero la verdad oficial dará fin a la ofensa a la dignidad de las víctimas, que aún hoy hemos de soportar a dirigentes e, incluso, a portavoces políticos; y en la escuela, por fin, se enseñará a la infancia y a la juventud el crimen contra la humanidad que recorrió a España durante buena parte del siglo XX. Esta es la tarea.

1. Neofranquismo

 (El Partido Popular en el final del Régimen de la Transición)

El Partido Popular tiene su origen en el franquismo, fue creado por un sector de los que dominaban aquel régimen dictatorial. Cuatro ministros de Franco, “los cuatro magníficos”, pusieron cara a aquel partido, que se llamó en su origen Alianza Popular. Uno de ellos, Fraga, lo lideró hasta su muerte, dejando establecido un régimen sucesorio garante de la continuidad ideológica. De hecho, el partido Popular no ha condenado nunca a la Dictadura franquista.

La primera incomodidad para la ideología neofranquista provino de la llamada memoria histórica y el ejemplo más simbólico lo protagonizó el entonces portavoz del partido, Luis de Grandes, cuando rechazó una propuesta de IU en homenaje a las víctimas del franquismo , descalificando en la prensa el 26 de noviembre de 2003 la propuesta por su “olor a naftalina”. Ese insulto a las víctimas mereció alguna respuesta en la opinión publicada, pero la repercusión fue escasa en aquel momento.

El movimiento memorialista, sin embargo, se instaló definitivamente en la sociedad y su ejercicio, con la exhumación de personas asesinadas y hechas desaparecer en fosas comunes como principal acción, rompió definitivamente la argumentación de los franquistas. El mismísimo Tribunal Supremo calificó al régimen franquista de responsable de crímenes contra la humanidad. En este nuevo contexto, otro destacado dirigente populista, Rafael Hernando, profirió un inigualable insulto a las víctimas del franquismo, cuando afirmó el 4 de noviembre de 2013 que los hijos de los asesinados sólo se acordaban de sus padres si había subvenciones públicas. Aunque los tribunales del régimen indultaron ese agravio inconmensurable, situando la libertad de expresión por encima de la ignominia, la opinión de Rafael Hernando pasará a la historia como símbolo perfecto del neofranquismo. El presidente Rajoy, lejos de condenar el insulto, elevó a Rafael Hernando a portavoz del Partido Popular en Las Cortes en diciembre de 2014, para dejar bien claro que el neofranquismo es ideología constitutiva del partido.

La relación de manifestaciones neofranquistas durante el gobierno de Rajoy es muy larga. Dejando a un lado aquellas que han poblado las noticias de la prensa local, enumeramos algunas que han sobrepasado las fronteras locales y han sido noticia en la prensa nacional:

– Profanación en Poyales del Hoyo (Ávila) de una tumba con restos de víctimas del franquismo exhumados. Los vecinos, con el alcalde y los concejales populistas al frente, asediaron a los familiares de las víctimas. Uno de ellos gritaba: “Si franco levantara la cabeza, os cortaba el cuello”. Las palabras son del 6 de agosto de 2001. Alcalde y concejales del PP siguen en sus puestos.

– Manuel González Campo, alcalde del PP en Baralla (Lugo), pronunció estas palabras en un pleno durante el desarrollo de una moción a principios de agosto de 2013: “os que foron condenados a morte será porque o merecían”. El PP impidió su reprobación en el Parlamento Gallego en septiembre de 2013.

– La Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica colocaba por sexta vez el día 5 de octubre de 2012 en la Tapia del Cementerio de Granada una placa, que había sido arrancada cinco veces anteriormente por orden del alcalde populista. En ese lugar están documentados 3.969 asesinatos del franquismo.

El País publicaba un reportaje el día 20 de agosto de 2013 con este título: “La presión social obliga al PP a tomar medidas contra los gestos fascistas”. Ese mes habían proliferado manifestaciones y exhibiciones de emblemas franquistas y fascistas a cargo de miembros jóvenes del Partido Popular. Los dirigentes adultos más osados alcanzaron a emitir alguna leve reprimenda.

– 25 de septiembre de 2013: Acto de exaltación franquista y nazi en un colegio público de Quijorna, Madrid. La alcaldesa, Mercedes García, rindió homenaje a los “caídos por Dios y por España” en el contexto de aquellos actos. Siguió en su puesto.

Los concejales del PP presentaron el día 13 de diciembre de ese año una moción contra los concejales independientes y el concejal socialista “por el daño irreparable que han producido tanto al pueblo como a sus vecinos”. Como reconocería Serrano Súñer en sus memorias, es el mundo al revés, siguiendo el modelo de la justificación del golpe de Estado y de la justicia franquista.

– En los presupuestos para el año 2012 el PP incluyó la cifra de 163.790 euros para financiar el Diccionario biográfico español, subvención que había sido congelada por el Congreso de los Diputados el verano anterior a causa de las polémicas suscitadas entre historiadores por la exaltación del franquismo (y poca calidad científica) en varias entradas de dicho Diccionario.

– La Sentencia 29/2014, de 20 de enero, obligaba al alcalde del Ayuntamiento de Valladolid a cumplir con la llamada Ley de Memoria Histórica y quitar del callejero los nombres relacionados con el franquismo, así como diversos símbolos. Los querellantes se vieron obligados a elevar un escrito al juzgado en septiembre de 2014, porque la sentencia seguía sin cumplirse en varias de sus partes. Este alcalde, que reúne otros muchos y similares méritos, sigue en su puesto y ha sido designado por Rajoy como candidato para las siguientes elecciones. Todo un modelo para el memorialismo franquista que sigue inundando España.

Podríamos hacer una lista interminable, pero esta es suficiente para afirmar sin ningún género de dudas que el Partido Popular defiende una ideología franquista y eso significa que avala a un régimen al que el mismo Tribunal Supremo ha calificado de responsable de crímenes contra la humanidad. Nadie en los países de nuestro entorno es capaz de entender estas cosas. En España, cada poco tiempo, el Partido Popular solicita a la población que le refrende sus ideas y un número elevado de españoles continúa haciéndolo. Está próximo el día en que muchos ciudadanos comprenderán que no pueden cargar sobre sus espaldas una carga tan pesada.

El Partido Popular en el final del Régimen de la Transición

Más que analizar al Partido popular y tratar de conocer mejor las razones de su decadencia, lo que no me interesa nada, tengo interés en ayudar a no olvidar lo que ha sido y lo que es el Partido Popular, para que lo podamos explicar cada vez que sea oportuno. Lo he repetido hasta la saciedad en este blog, a propósito de su cotidiana actuación: Delendus est PP, La ilegitimidad del PP, Como si el PP no existiera; o he insistido en aspectos particulares de su actuar: el franquismo, la crispación, la corrupción. Ahora, cuando el ciclo electoral iniciado parece anunciar el final de la hegemonía del PP, quiero recordar lo tantas veces repetido y destacar que podemos estar en vías de una nueva transición, en este caso el final de dos etapas históricas sucesivas y continuadoras: la Dictadura franquista y el régimen político de la Transición.

Es verdad que aún no se ha socializado suficientemente, pero la ciencia histórica ya ha consensuado el significado de la Dictadura franquista: fue un sistema político que entra en la categoría de los crímenes contra la humanidad. Sus efectos no han sido reparados, pero están creadas las bases para poder hacerlo. Respecto a la Transición, se va estableciendo la tesis de que una característica dominante ha sido el monopolio bipartidista del poder, determinado por la ley electoral, que ha logrado estrangular los buenos efectos democráticos que auguraba la Constitución de 1978. El mayor daño del bipartidismo ha sido la institucionalización de la corrupción, como elemento del régimen político, y el abuso del poder, que en manos del Partido Popular ha dado lugar a un régimen autoritario.

Los dos partidos que se han turnado en el poder tienen parecida responsabilidad en la perversión del régimen de la Transición; también le toca su parte de responsabilidad a los nacionalismos, más a los catalanes que a los vascos; y la misma Izquierda Unida está afectada, tanto en lo que se refiere a la corrupción, como en el modelo poco democrático de partido. Sin embargo, la suma de varios elementos de la vida política confieren al Partido Popular un protagonismo inigualable a la hora de caracterizar la desnaturalización del sistema constitucional de 1978. El resultado de la quiebra de ese sistema ha sido la conformación de una democracia de muy baja calidad, con algunas características bien definidas: neofranquismo, crispación, desprecio de los valores humanistas, corrupción, clientelismo, disenso y propaganda.

Las dos veces que el Partido Popular ha gobernado con mayoría absoluta ha exhibido un autoritarismo extremo, que en esta última etapa ha alcanzado cotas desconocidas. Si, como parece, la gente se ha hartado de autoritarismo, la derrota del PP podría ser definitiva. Analizaremos por capítulos estos elementos y concluiremos con la descripción del régimen autoritario popular.

Marcelino Flórez