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Memoria de las víctimas,Política

Argentina, la ONU, la Memoria y el Franquismo

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Cuando en el año 2006 Entrepueblos organizó unas jornadas con el título de La Memoria contra la Impunidad en el Centro Buendía de la Universidad de Valladolid (con ausencia clamorosa del profesorado de la propia Universidad, que no tuvo a bien acudir a escuchar a expertos en el tema de la talla de Reyes Mate o Francisco Espinosa, eso a pesar de que la inauguración de las jornadas coincidió con la declaración de tregua por parte de ETA, asunto tan directamente relacionado con el título de las jornadas), pudimos tomar conciencia ya de que la Memoria había llegado para quedarse. Esa  conciencia nos ha permitido ir encontrando explicación al sinuoso discurrir de la vida política española en los últimos quince años a  este respecto. Cada vez entendemos mejor la intranquilidad que recorrió al partido único de la derecha española el día que Emilio Silva desenterró a su abuelo junto a los otros doce de Priaranza, era el mes de octubre del año 2000; entendemos también la hiperbólica irritación que le causaba a este partido la tramitación de la conocida como Ley de Memoria Histórica; y entendemos el acoso mediático y jurídico que emprendió contra Garzón a raíz de su Auto de 16 de octubre de 2008.

Lograron terminar con la carrera judicial de Garzón en España, provisionalmente y por otro asunto, pero la autoridad del juez salió reforzada por su planteamiento de fondo en el Auto sobre las víctimas del franquismo, porque, si bien las víctimas quedaban jurídicamente desamparadas, como hizo notar inmediatamente Amnistía Internacional, la condena moral del franquismo resultó definitiva, al reconocer la sentencia absolutoria de Garzón que la Dictadura era responsable de Crímenes contra la Humanidad (“QUINTO.- Los hechos anteriormente descritos, desde la perspectiva de las denuncias formuladas, son de acuerdo a las normas actualmente vigentes, delitos contra la humanidad en la medida en que las personas fallecidas y desaparecidas lo fueron a consecuencia de una acción sistemática dirigida a su eliminación como enemigo político”. -Sentencia 102/2012 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo-). La memoria de las víctimas obtenía aquí, de forma callada y apenas percibida por la mayoría de la población, una victoria frente a los victimarios.

Y la madeja ha continuado desenrollándose. Primero fue la jueza argentina María Servini de Cubria, que aceptó la demanda de dos familiares de personas desaparecidas, en el marco de la justicia universal, a la que se han ido sumando un sinnúmero de querellas y querellantes. Los últimos pasos de esta causa han llevado a la solicitud de detención de algunos conocidos torturadores del tardofranquismo, donde la fiscalía española continúa poniendo obstáculos, que no son sino coces contra el aguijón.

Coincidiendo con estos hechos, han llegado a España los observadores de la ONU para comprobar la situación de las personas desaparecidas, lo que habían solicitado la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y otras asociaciones de Derechos Humanos en el año 2002. En este caso, ya no es que las víctimas se hagan visibles, pues ya lo eran desde hace unos años, es que la visibilidad llega al centro nuclear de los Derechos Humanos. Puede que judicialmente no se avance mucho, pero moralmente se recorre todo el camino: las víctimas del franquismo son universalmente visibles y la impunidad de sus asesinos queda atestiguada. Ya no cabe el negacionismo en este final del recorrido.

Aquí, precisamente, se abre una nueva senda, una senda interior, la senda que afecta a los restos del franquismo dentro de España. Lo de menos es que esos restos se encuentren en los nombres de algunas calles, en los monolitos del algún altozano o, incluso, en las pulseras de algunos mozalbetes y de otros ancianos; lo importante es que esa senda es poderosa, porque está amparada  por el partido único de la derecha española, que, además, gobierna.

Si la autoridad de este gobierno está mermada en el mundo por los catastróficos resultados sobre la población de su gestión, con aumento del desempleo, reducción de los salarios, quiebra de las pequeñas empresas, desmantelamiento de los servicios sociales; si esa merma de autoridad se agudiza por estar enfangado el partido en unos asuntos de corrupción, que son la primera pregunta de cualquier corresponsal extranjero y para la que no encuentra más respuesta que excusas y mentiras; si eso es así, la rememoración de las víctimas del franquismo añade a este gobierno un peso insuperable. O deja de proponerse como continuador del franquismo y condena de una maldita vez, sin equívocos, a la Dictadura y pone los medios para reparar la injusticia, como le acaba de proponer el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU al concluir su visita a España, o no puede quitarse la losa de encima.

Marcelino Flórez

 

Política

Franquismo y Partido Popular

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Si por algo son importantes los gestos y las actitudes de los líderes sociales, religiosos o políticos es porque constituyen modelos de comportamiento, que son seguidos por los grupos de pertenencia. Si un obispo o toda la Conferencia Episcopal, por ejemplo, hablan permanentemente de aborto o de divorcio, condenándolos, y nunca hablan de la corrupción económica o política, los seguidores estarán a gusto con su conciencia moral siempre que no aborten o se divorcien, sin tener ningún remordimiento por no pagar el IVA o, incluso, por robar a manos llenas cuando se presenta la ocasión. Los gestos y las actitudes de los líderes establecen criterios de moralidad. Esto vale, sobre todo, para las sentencias de los jueces, como hemos dicho repetidamente, pero es aplicable con mucha propiedad a los dirigentes políticos y sociales.

Hoy nos interesa el caso de los líderes políticos, concretamente el Partido Popular y los gestos y actitudes que han proliferado en los últimos meses relacionados con el franquismo, especialmente entre las jóvenes “generaciones”. El asunto ha adquirido tal importancia este verano, que ha merecido todo un reportaje en el diario El País del domingo 25 de agosto, además de muchas noticias y opiniones en la prensa que no forma parte de la caverna.

Los jóvenes valencianos o vallisoletanos que saludan al modo fascista pueden hacer eso porque tienen la autorización moral del partido. Y tienen esa autorización, porque el Partido Popular nunca ha condenado el franquismo ni en términos generales ni en términos concretos. No condenó la barbaridad del alcalde Poyales del Hoyo que profanó una fosa de víctimas del franquismo el pasado verano (ver: https://marcelinoflorez.wordpress.com/2011/08/05/la-profanacion-de-la-fosa/), ni ha condenado la bárbara y reafirmada locución del alcalde Baralla justificando los asesinatos de los golpistas de 1936 (ver: https://marcelinoflorez.wordpress.com/2013/08/06/del-valle-de-los-caidos-a-baralla/). De modo que los jóvenes franquistas del Partido Popular pueden levantar la mano impunemente, porque gozan de la autorización moral del partido; en este caso, avalada casi por los jueces supremos en su rocambolesco tratamiento del “caso Garzón”.

Nada de lo que está ocurriendo me produce extrañeza, sólo me crea indignación, porque es el resultado lógico de los fundamentos de un partido formado por ministros de Franco, que no ha renunciado a su origen y que ha fortalecido sus fundamentos ideológicos con el aval del voto popular. Este es el único argumento que le queda al partido, el voto popular. La proliferación de gestos y actitudes fascistas de las últimas semanas tiene, no obstante, una virtud: expone ante la opinión pública lo que de ordinario se mantiene oculto. Ocurre, sin embargo, que en esta ocasión la derecha española, aglutinada en el Partido Popular, no está pasando el mejor momento en su imagen pública. Por esta y por ninguna otra razón es por lo que la derecha ha notado, por primera vez desde la muerte de Franco, alguna intranquilidad con la apología del franquismo.

Pero estamos muy lejos del reconocimiento de que el franquismo constituye un crimen contra la humanidad, como ha razonado el propio Tribunal Supremo en la sentencia absolutoria de Garzón. Por lo pronto, el portavoz del Partido Popular en Valencia, un tal Maluenda, ha vuelto a calificar los gestos fascistas de actos de juventud, esa forma paternalista de avalar las travesuras de los retoños de papá, y ha introducido una pretendida equidistancia entre banderas pretéritas, la republicana y la franquista. Sólo que aquí la equidistancia no la admite nadie, salvo los que equiparan fascismo y democracia, como parece ser el caso del tal Maluenda. El problema es que éstos son los que nos gobiernan y su aval del franquismo sólo terminará cuando pierdan el único argumento que conservan, los votos, por lo que habrá que empezar a hablar con los vecinos, si vienen a casa a pedir sal un domingo.

Marcelino Flórez

 

Memoria de las víctimas,Política

Del Valle de los Caídos a Baralla

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El alcalde de Baralla (Lugo) ha formulado en un pleno del Ayuntamiento el día 26 de julio de 2013 el siguiente pensamiento: “Los que fueron condenados a muerte será porque lo merecían”. Se refería a los crímenes del franquismo. Lo dijo en el contexto de una condena de la violencia política practicada por Resistencia Galega, cuando los socialistas le pidieron la misma sensibilidad para condenar la violencia política de la dictadura franquista. Si alguien condena la violencia política de los que no piensan como él, pero no condena la violencia política de los que piensan como él, nos hallamos ante un hipócrita. Sólo por eso, en la vida política debería ser una persona despreciable y debería ser relegada de toda participación en la política democrática. Pero este caso es mucho más que una hipocresía.

El día 30 de noviembre de 2008, Gabriel Jackson escribió esta opinión en El País: : “Lo que ocurre en España, una parte importante del problema, es que la sociedad española en su conjunto no ha juzgado la dictadura de Franco como régimen criminal, en el mismo sentido en que Alemania condenó el régimen nazi, Suráfrica condenó el apartheid y Estados Unidos condenó la esclavitud y el siglo de segregación que siguió al fin de la esclavitud”. Baralla, en Lugo, es una prueba de la certeza de ese pensamiento. Y es mucho más, porque desde 2008 ha continuado ampliándose la verdad sobre los crímenes del franquismo y ahora sabemos no sólo que fueron muchísimos y gravísimos, sino que han recibido en sede judicial el calificativo de crímenes contra la humanidad. Así lo formuló el auto del juez Garzón de 16 de octubre de 2008 y así lo corroboró la sentencia 102/2012 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que absolvía a dicho juez de prevaricación, donde, en el razonamiento QUINTO escribe: “Los hechos anteriormente descritos, desde la perspectiva de las denuncias formuladas, son de acuerdo a las normas actualmente vigentes, delitos contra la humanidad en la medida en que las personas fallecidas y desaparecidas lo fueron a consecuencia de una acción sistemática dirigida a su eliminación como enemigo político”. Esta es la razón, además, por la que la justicia internacional ha abierto una causa contra alguno de esos crímenes en Argentina.

Por eso, lo que acaba de decir el alcalde Baralla un año después de aquella sentencia no sólo es un desprecio a las víctimas, es mucho más. Nos hallamos ante el intento de encubrimiento, si no fuese una apología de un crimen contra la humanidad. Y no estamos hablando de opiniones que necesiten consenso, como pretende el gobierno a propósito de sus despropósitos con el Valle de los Caídos, ni siquiera de opiniones fundamentadas científicamente por la historiografía, estamos hablando de una verdad establecida en la jurisprudencia.

Pero el alcalde de Baralla tiene 8 concejales, de los 11 que forman el Ayuntamiento. Y son esos votantes de Baralla a los que señala Jackson por no haber “juzgado la dictadura de Franco como régimen criminal”. Tienen a su favor no sólo que hay mucha más gente como ellos en España, sino que el mismísimo gobierno está anclado en esa tesis, como acaba de entreverse en el enésimo conflicto habido estos mismos días con el Valle de los Caídos. Al mismo tiempo que no da un duro para abrir fosas ya localizadas de personas desaparecidas, el gobierno gasta 286.845 euros en arreglar el Valle de los Caídos y se mofa de no cumplir la Ley de Memoria Histórica con el indecente argumento de “no reabrir heridas innecesarias”.

El problema es que esa reclamación de olvido ha servido como argumento hasta ayer, pero hoy ya no vale, porque hemos descubierto que existen las víctimas y hemos decidido mantener su recuerdo, para que no desaparezca el crimen con la impunidad de los asesinos. Hemos vuelto a leer a Walter Benjamin y hemos cargado sobre nuestras conciencias el deber para con las víctimas olvidadas. Lo que la gente suele llamar memoria histórica, o sea, la rememoración de las víctimas ha llegado para quedarse. Por eso, pronto o tarde, el alcalde de Baralla tendrá que irse de la vida política democrática, acompañado de todos sus partidarios. Se van acumulando argumentos que prueban la ilegitimidad del Partido Popular, pero la falta de condena del crimen contra la humanidad que fue el franquismo supera todo razonamiento imaginable. El Valle de los Caídos y el alcalde de Baralla representan mucho más que una indecencia. Son el peligro de la humanidad.

Marcelino Flórez

 

Política

Responsabilidades en el fascismo

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Rainer Huhle, jurista y activista alemán de los derechos humanos, explicaba ya en 1997 en un escrito titulado De Núremberg a La Haya, cómo los veredictos de los jueces son el principal criterio de moralidad, al establecer lo que es justo y lo que es injusto. Argumentaba, para explicarlo, que un crimen sin castigo, tarde o temprano, pierde el carácter de crimen. La justicia establece, pues, la moralidad, del mismo modo que la falta de justicia implanta el reinado de la impunidad. Por eso es tan importante el comportamiento de la justicia, porque es modelo de moralidad.

Las iglesias han perdido la hegemonía en lo que se refiere a la moral, pero hay un espacio donde las religiones conservan su autoridad, aquel que sirve para justificar la conciencia, más allá de la moralidad de los actos. Este espacio habitualmente lo comparten las iglesias con los partidos. Lo ha explicado muy bien Bartolomé Clavero en su libro, comentado en este blog, El árbol y la raíz, y es casi un axioma historiográfico la eficaz tarea que ejerció la Iglesia católica en la justificación del franquismo, donde la moralidad nunca existió.

Para los fieles seguidores, iglesias y partidos siguen siendo un modelo de comportamiento, sea éste ético o no. Lo hemos visto y lo vemos cada día en España con el asunto de la corrupción. El partido justifica la corrupción e, incluso, la avala con todo tipo de triquiñuelas jurídicas, como se ha constatado en sede judicial en el caso Bárcenas y su relación con la Gürtel. Así, los corrompidos no tienen que dimitir y en las siguientes elecciones sus votantes les refrendan en su representación. El estado de corrupción adquiere de esa manera carta de naturaleza y se instala en la sociedad, donde se llega a calificar de tonto a quien actúa moralmente.

Las manifestaciones homófobas que han recorrido Francia, con el apoyo de la derecha y de la Iglesia católica, han servido para animar a los fascistas, que se han visto cargados de razón con el enorme apoyo popular que han tenido las marchas. Como ha explicado muy bien Edwy Planel, antiguo redactor de Le Monde y actual director de Mediapart, en una entrevista de Bonzo para El Intermedio, la radicalización derechista del partido de Sarkozy es la causa de lo que estamos contemplando en Francia. No os quiero decir si hablásemos de España.

Ya sé que no existe causalidad directa entre la actitud de la derecha francesa y de la Iglesia católica con el asesinato del joven antifascista francés, Clément Méric, pero el envalentonamiento de los fascismos no sería posible sin el aval de la confluencia en el pensamiento y en la movilización con la derecha y con el integrismo religioso. Por cosas parecidas el Tribunal de Núremberg enjuició en 1945 a Julius Streicher, un anónimo profesor de un colegio de esa misma ciudad, que, con la ascensión de los nazis, se convirtió en un apasionado propagandista antisemita. El Tribunal le inculpó porque su propaganda había servido para preparar la guerra. En todo caso, independientemente de las responsabilidades penales, la responsabilidad política de la derecha radicalizada y del catolicismo integrista no tiene excusa. Las agresiones fascistas que han tenido lugar en Valladolid no se pueden separar, igualmente, de la radicalización de la derecha española y de sus falsarios y constantes ataques al movimiento social, de todo lo cual el alcalde de esa ciudad es un prototipo.

Marcelino Flórez

 

Historia,Memoria de las víctimas,Política

Bartolomé Clavero: El árbol y la raíz

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Me compré este libro porque recordaba uno de los primeros que escribió el autor, Mayorazgo, propiedad feudal de Castilla, creo que se titulaba. Eso y que tenía el subtítulo de “memoria histórica y familiar” y lo publicaba Crítica. Con todo, no estaba muy convencido. No fue hasta el segundo o el tercer capítulo cuando cambié de opinión. Es un libro raro (de hecho, el autor dice que se puede empezar a leer por los últimos capítulos y regresar al principio o leer alternativamente), pero lleno de interés.

Bartolomé Clavero define el libro como “descargo de conciencia”, que lo es personal por no poder ser familiar. Describe a una familia franquista, perteneciente a la “casta”, donde los mayores y algunos descendientes nunca han renunciado a la victoria ni al botín. El mismo Bartolomé confiesa que tardó mucho en tomar conciencia de su pertenencia a la casta franquista y que sólo recientemente ha percibido que en su entorno había víctimas olvidadas. “¿Cómo iba a pensar en descargo ninguno? Ni siquiera era consciente de que hubiera quedado tanto pendiente tras el final de la dictadura” – dice-(166). Hay que añadir que esto no le ha pasado sólo a Bartolomé Clavero, sino a la inmensa mayoría de la gente de su generación y de las adyacentes. Y tiene una explicación: hasta hace muy poco tiempo no existía conciencia del olvido de las víctimas (las del franquismo, las del terrorismo o cualquiera otras de la historia) y de la consecuencia de ese olvido, que es la impunidad.

Todo ello se relaciona con la idea de memoria histórica, un concepto que ha invadido todos los rincones y que cada cual usa con un significado. A Bartolomé Clavero le ocurre también. Unas veces lo identifica con historia oral, otras con historia del presente; lo contrapone a “historia falsa” y a “contramemoria”; y nunca lo define, aunque, instintivamente, se aproxima al concepto benjaminiano de memoria, esto es, a la rememoración de las víctimas. Sigo preguntándome por qué hay tanta resistencia entre historiadores a reflexionar sobre ese concepto, cuando hay tanto escrito. Las cosas que yo he publicado, por ejemplo, sea en revistas o sea mi libro sobre el tema, sólo las he visto citadas o comentadas por filósofos o juristas, pero nunca por historiadores. Eso debe tener alguna explicación y, quizá, se relacione con la severa crítica que Clavero hace a la “historiografía profesional (que reproduce) desmemoria” (160).

El descargo de conciencia está muy relacionado con la política de reconciliación nacional y, por lo tanto, con la Transición. Al hablar de esto, es muy crítico con Laín o con Ridruejo: “Ambos descargos de conciencia, el de Laín y el de Ridruejo, tienen en común la inconsciencia para con las víctimas”. (…) Laín y Ridruejo ignoraron lo que no quisieron saber” (145). Aunque les concede el beneficio del derecho constitucional a no declarar contra sí mismo, especialmente cuando, como en el caso de los franquistas, “es mucha la carga de conciencia para hacerse cargo y hacer descargo” (144). Esa inconsciencia, que, como ya hemos dicho, el mismo Clavero se asigna, tiene relación con la adhesión a alguna causa que ayude al negacionismo, sea la familia, la iglesia, el partido o la patria. Dos de esas instituciones han jugado un papel más relevante en el caso del franquismo, la iglesia, de la que nunca entenderemos suficientemente el papel negacionista que ha jugado y sigue jugando, y el partido. En este caso el partido, o sea, el PCE y su política de reconciliación nacional, “de una reconciliación que sólo bastante más tarde advertí que entrañaba la consagración de la impunidad de los vencedores y del despojo de los vencidos” (148).

Enlaza entonces el razonamiento con la Transición y con la conocida como Ley de Memoria Histórica, de la que hace una crítica que da en la diana. El déficit de esa norma es la exclusión de la ley de amnistía de 1977 en la cláusula derogatoria. Eso es lo que ha seguido posibilitando la impunidad y el desamparo de las víctimas. Y da una explicación interesantísima: “la transición trató a la dictadura como si hubiese sido no un régimen de hecho, sino un régimen de derecho, un régimen no constitucional, pero de derecho. El resultado en cuanto al bloqueo persistente de posibilidades abiertas por la Constitución de 1978 está descrito. Se tiene a la vista para quien quiera mirar sin anteojeras” (199).

Hay muchas cosas de interés en este libro, que aparentaba ser una mera historia de vida familiar y resultó ser una mina de sugerencias. Interesa mucho la definición del franquismo como sociedad de castas; la explicación de la función cohesionadora que ejerce la Iglesia católica; o el botín del que se apropiaron los vencedores, respecto a lo que sugiere que “en el ámbito patrimonial, no por supuesto en el penal, la responsabilidad puede alcanzar a los descendientes de genocidas” (184). Estas apropiaciones, que ya han dado lugar a demandas no atendidas, son otro capítulo no cerrado de la (pos)guerra y del (pos)franquismo, y probablemente sean la causa fundamental de los déficits de la Ley de Memora Histórica y del acoso a Garzón.

También he encontrado un leve error historiográfico: la asignación de la muerte de Onésimo Redondo a sus correligionarios falangistas. Es cierto que esa leyenda urbana circuló en algún momento, pero, como pudimos reconstruir en un taller de historia este mismo curso en La Aldea de San Miguel, la muerte de Onésimo fue enteramente fortuita y casual. Así lo testimonió Laura, una de las hijas del conductor del coche en el que viajaba el líder de las JONS cuando toparon en Labajos con unos milicianos de la FAI, pertenecientes a la Columna Mangada; y así lo constata la historiografía regional reciente. No hay heroicidad, pero tampoco traición en la muerte del protomártir.

Marcelino Flórez