La sentencia absolutoria para el juez Garzón en el caso de las víctimas del franquismo es una buena noticia. Es una sentencia de mucha enjundia y afecta a distintos aspectos jurídicos, sociales y políticos. Los elementos jurídicos irán siendo desvelados por los técnicos. Yo voy a fijarme en los aspectos sociales y políticos, de los que entiendo algo.

Lo más importante, desde el punto de vista de la memoria histórica, es la constatación de que los hechos denunciados por las víctimas constituyen, en el lenguaje y en la jurisprudencia moderna, un crimen contra la humanidad. Esta afirmación, que reproduce lo expresado por Garzón en los autos denunciados por los neofranquistas, deja fuera de discusión para siempre la calificación del régimen de Franco: es un régimen nacido, asentado y mantenido sobre un crimen contra la humanidad. La sociedad española ya no puede seguir mirando para otra parte, como venía haciendo. Igual que en Sudáfrica con el apartheid, en América del Norte con el racismo o en Alemania con el nazismo, hay que reconocer socialmente el pasado y disponerse a reparar sus efectos.

Los demás considerandos de carácter político merecen una severa crítica: las afirmaciones y juicios de valor políticos sobre la Transición, para justificar la Ley de Amnistía de 1977, aparte de estar fuera de sitio en la lógica jurídica, desconocen las últimas investigaciones sobre ese periodo, de las que ya no se deduce la calificación política de “modélico” con el que fue calificado políticamente en otro tiempo y que recoge la sentencia.

Aunque la sentencia reconoce alguna diferencia en el trato recibido por las víctimas republicanas y las víctimas franquistas de la Guerra Civil, sitúa a las víctimas en términos de equidistancia entre los dos bandos de la Guerra. El razonamiento tampoco viene al caso, pero, además, no se sostiene con lo que ahora sabemos. No creo que los jueces del Supremo estén en condiciones de demostrar una “acción sistemática” en el caso de los poderes republicanos, menos aún una vez que las milicias pudieron ser controladas. No creo que puedan hablar de desaparecidas en el caso de las víctimas franquistas, salvo muy pocas excepciones que se subsanaron apenas terminada la Guerra, entre ellas, la de Paracuellos. Y, sobre todo, no puede ser que sean desconocedores de la reparación que conocieron las víctimas de la derecha política, incluyendo el enjuiciamiento de los criminales (aunque fuesen, como fueron, juicios ilegítimos). Equiparar a las víctimas, dijo Primo Levi, es una perversión moral y siempre cumple la función de garantizar la impunidad vigente.

La sentencia, como acaba de recordar Amnistía Internacional, pasa por alto lo principal: la denuncia de las víctimas, que originó las actuaciones del juez Garzón. Las víctimas vuelven a ser olvidadas o, lo que es peor, se hace referencia a ellas no para que reciban justicia, sino para “recuperación de los cadáveres para su homenaje y procurar la efectiva reconciliación que la Ley de Amnistía perseguía” (¡Ay!, si analizamos esta frase). No, señores magistrados, las víctimas reclaman, además de verdad y recuperación de cadáveres, justicia: que se designe y se reconozca socialmente a los criminales y que se atestigüe la inocencia de las personas asesinadas. La justicia es el primer acto reparador para las víctimas y aún está pendiente.

No sé cuál será el grado de consistencia de los argumentos jurídicos, pero el voto particular concurrente del magistrado Julián Sánchez Melgar, al insistir en que no hay delito de prevaricación porque falta el elemento subjetivo, que es imprescindible, deja en muy mal lugar al instructor Varela y a todo el Tribunal, que no fue capaz de anular el juicio por defectos de forma hace solo unos días, aunque esta decisión fuese con el Tribunal partido en dos.

El acoso a Garzón ha terminado, por ahora, con su expulsión de la judicatura, pero los razonamientos presentes en esta sentencia acarrean mucha inseguridad para la condena por el caso Gürtel. Veremos cómo termina finalmente. Por el momento, la causa de las víctimas del franquismo ha logrado un gran avance, por hacerse definitivamente visibles y por obtener una condena moral, en sede judicial, del franquismo. No está mal el resultado provisional.

Todas las personas normales, en España y en el extranjero, califican de extraño lo que está ocurriendo con el juez Garzón. Los juristas lo califican de insólito. Para unos y para otros resulta escandaloso. Las diferencias interpretativas aparecen cuando alguien decide fijarse en la forma y despreciar el fondo. Esta distinción ha sido la que ha hecho posible la alianza entra la envidia y el franquismo para acosar a Garzón.

Lo expresan muy bien unas palabras que escuché al finalizar la vista por el caso Gürtel a Miguel Ángel Aguilar, que actúa de tertuliano insoportable en la Cadena SER. Todo el comentario que hizo sobre ese juicio a Garzón fue que no le gustan los jueces estrella. ¡Qué tendrán que ver los gustos de este, por otra parte, egregio periodista para dar una opinión sobre ese concreto juicio a Garzón! Nos hallamos en el espacio de la envidia, del rencor y de otros sentimientos similares que han afluido en el acoso a Garzón.

Normalmente esos sentimientos han encontrado justificación en la forma de los asuntos: en el caso de la Gürtel esquivan el meollo de la corrupción política, que es el delito investigado por el juez, para fijarse en si eran legales o no las escuchas; en el caso de los desaparecidos del franquismo, que es un crimen de lesa humanidad aún no resuelto, se fijan en si el juez sobrepasó o no sus competencias y ahí se enrocan. Sabemos que el fondo es inseparable de la forma y, si lo separan, es porque buscan hacer desaparecer el fondo bajo la apariencia de la forma.

Para acosar a Garzón, se ha impuesto la apariencia o, lo que es lo mismo, la envidia, el rencor, la venganza y otros sentimientos tan malévolos como marginales. Soy de los que piensan que Garzón va a ganar en este asunto de las formas, donde sus acusadores han dejado muchos resquicios abiertos. Va a ganar en primera instancia, porque en los tribunales internacionales, donde el revestimiento maligno de las formas no está presente, no hay duda de su victoria.

Pero es en el fondo, donde Garzón ha ganado ya y de manera definitiva: la corrupción política de la trama Gürtel es un hecho público indiscutible, terminen ajusticiados o no todos los responsables; y los crímenes del franquismo, sacados a la luz para siempre, tienen convertido en axioma la calificación de los mismos: un delito de lesa humanidad imprescriptible.

Se tardará más o se tardará menos, será en España o en un tribunal internacional, pero las víctimas sepultadas bajo las siete llaves del franquismo recibirán justicia: se reconocerá públicamente el crimen, se juzgará el crimen, habrá veredicto y las víctimas serán reparadas.

Desde que las víctimas se hicieron visibles, las de ETA y las del franquismo, ya nunca pueden volver a ser ocultadas. Basta mantener su memoria para obtener la justicia. Aquí no cabe controversia. La disputa política actual sólo se mantiene viva por la resistencia de algunos con mucho poder para aceptar la evidencia. Por eso es tan significativo el acoso a Garzón (no sé por qué El País ha dejado de utilizar este calificativo y ha pasado a hablar de “caso Garzón”), porque saca a la luz no sólo la envidia, sino a los beneficiados del franquismo, que no soportan la claridad.

Las víctimas ocupan un lugar central en el Informe. La Comisión justifica su decisión de proponer la conservación del Valle de los Caídos por la presencia de las víctimas allí depositadas. Dicen que su memoria contribuye al progreso moral y sirve a la buena convivencia, porque la memoria es justicia “en el sentido de que recordarlas es hacer presente la injusticia que se cometió con ellas”. Se aprende así a no negar la existencia del otro y, por lo tanto, a mejorar la convivencia ciudadana.

Pero hay un inquietante análisis, que se traduce en la inquietante recomendación de agrupar a todas las víctimas, equiparándolas bajo la denominación de “españoles de distintas ideologías y territorios” o, de forma más universal y también más precisa, cuando escriben: “Toda víctima es víctima, independientemente del campo en que se halle, y en esa condición se encuentran igualadas todas ellas al tiempo que denuncia la violencia política que tuvieron que sufrir”.

Hasta ahí podíamos aceptar alguna equiparación, aunque no sé si resistiría un análisis riguroso, pero a partir de ahí todo son diferencias: casi la mitad de los “más de treinta mil españoles” son víctimas desconocidas y fueron depositadas allí sin mediar la voluntad de los familiares; hay víctimas junto a otros restos que no lo son, aunque sean de personas muertas en la Guerra; y hay una “pluralidad de memorias”, como dice el Informe. Todo esto quiere decir que unas víctimas significan una cosa y otras significan algo diferente. Equiparar a las víctimas es equiparar su significado y eso conduce inmediatamente a revestir de inocencia y de impunidad a los asesinos. Este es el gran defecto del Informe, del que una parte de la Comisión es consciente y, por eso, se esfuerza en proponer con insistencia la resignificación y el estudio e investigación de todo lo relativo a víctimas y asesinos. No dejo por eso de calificar al Informe de excelente, más aún después de haber leído a Nicolás Sánchez-Albornoz, esclavo de Franco en Cuelgamuros además de historiador, que escribe lo mismo.

Para entender bien el conflicto, es bueno hacer una comparación con otras víctimas, las relacionadas con el terrorismo. Es difícil imaginar que las víctimas del terrorismo tengan la voluntad de reposar junto a las víctimas de la tortura policial o de los GAL, que forman parte del bando de sus asesinos. Y al revés: no se ha visto a los que se afanan por homenajear a presos etarras ir a acompañar el llanto de los familiares de las víctimas de etarras. Aun en el caso de conceder a las dos partes la condición de víctimas (de ETA y del antiterrorismo paragubernamental), pertenecen a dos departamentos distintos y así hay que tratarlas, para no caer en  una confusión que sólo conduce a la impunidad de los asesinos y a la humillación de las víctimas.

El Memorial del Valle de los Caídos no es, ni tiene por qué ser, un Memorial de reconciliación. Lo que ocurrió en la Guerra Civil es ya irreconciliable. Las personas responsables han desaparecido o son ancianos decrépitos, de manera que ahí sólo cabe verdad, justicia y reparación. La misión del Memorial habrá de ser desvelar la verdad cuanto sea posible, con la esperanza de que la verdad desvelada termine por construir la justicia. Y si la Judicatura no es capaz de hacer su tarea, tendrá que hacerlo el Parlamento, porque las víctimas han de ser reparadas.

La memoria de las víctimas requiere, a su vez, que, junto a la común inocencia de todas ellas, se establezcan bien diferenciados los distintos significados:

–          Mientras unas han estado siempre visibles, desde el mismo momento de su asesinato, salvo rarísimas excepciones; las otras han permanecido ocultas y humilladas desde su asesinato hasta hoy.

• La primera tarea inexcusable del Memorial, para poder constituirse como tal, es recuperar todos los nombres de todas las personas asesinadas y  relegadas al olvido .

–          Mientras unas víctimas conocieron la reparación desde los primeros momentos, fueron entronizadas en altares, grabaron en oro sus nombres por calles e iglesias y compensaron con bienes y honores a sus familiares; las otras sólo han conocido el vilipendio y sus familias han continuado siendo presas del terror hasta ayer mismo, si no lo son todavía hoy en muchos casos.

–          Mientras en un caso se trató de un crimen contra la humanidad, premeditado, programado y ejecutado; en el otro el Estado se esforzó por evitar el crimen, del que fueron responsables grupos paramilitares, algunos de los cuales fueron castigados en medio de la misma Guerra por el gobierno legítimo.

Ambas víctimas, por lo tanto, pueden estar al lado, pero no pueden estar juntas, porque no significan lo mismo. Juntarlas sería justificar el crimen de Estado, crimen que aún no ha sido reparado, porque no ha sido reconocido por el Estado democrático español y está lejos de ser reconocido, según parece, ya que hay algunos españoles que no están dispuestos a la “descalificación de un largo periodo de la historia de España”. Sin embargo, cuanto más se tarde, más largo será el periodo que tendrá que ser “descalificado”. Aquí ya no está implicado solo el franquismo, también le afecta a la democracia. Si se quiere hablar de reconciliación, ha de ser para este tiempo presente, una vez establecida la verdad y realizada la justicia.

Finalmente, el Memorial tiene que delimitar y separar claramente a las víctimas de los muertos. Los caídos en el frente de batalla y los ajusticiados por Tribunales legítimos nos son víctimas. Son muertos relacionados con la Guerra Civil y dan lección de la inhumanidad de las guerras, pero no forman parte de las víctimas inocentes. Entre los muertos, se pueden hacer los apartados que cada cual considere, dejando espacios para italianos o alemanes, en un lado, y para brigadistas internacionales, miembros de partidos y sindicatos, en el otro, si así lo demanda el debate social. Pues se trata de memorias particulares y no universales, ya que no son víctimas. Es cierto que también significan dos cosas bien distintas: en un lado, la ideología de los fascismos europeos; en el otro, la pluralidad política que caracteriza a las democracias. Por eso, estas memorias particulares deben estar igualmente separadas.