Archivo de la etiqueta: Víctimas

Memoria de las víctimas,Política

Benedicto XVI: laicismo y Guerra Civil

Durante su última visita a España, Benedicto XVI o sus escribidores cometieron un error diplomático, al comparar el laicismo actual con el anticlericalismo del siglo XX. El error, sin embargo, carecía de inocencia y, por eso, escribí entonces lo que sigue:

Las palabras de Benedicto XVI pronunciadas en el avión, camino de España, el día 6 de noviembre de 2010, en las que compara el laicismo en la España actual con el laicismo de los años treinta, han sonado con estruendo en la mayoría de los oídos. Y han sonado tan fuerte, porque la primera parte de las mismas es falsa: “en España ha nacido una laicidad, un anticlericalismo, un secularismo fuerte y agresivo como se vio en la década de los años treinta”. En España no hay anticlericalismo, aunque esté creciendo el laicismo. Yo mismo me encuentro entre los españoles a los que les desagrada ver en la calle a hombres y mujeres vistiendo trajes talares por lo que ese signo significa (quiero recordar aquí que ese mismo desagrado le producía a una gran mayoría de los padres conciliares en el Vaticano II), pero no sólo no les insulto o les entorpezco el paso, sino que les saludo, si son conocidos, les cedo el mejor sitio en la acera o les dejo pasar delante. De anticlericalismo, nada. Podemos aceptar que haya un “secularismo fuerte”, pero calificarlo de “agresivo, como se vio en la década de los años treinta” es mucho más que una exageración. Representa un victimismo que no se corresponde con la realidad. Ahora no se asesina a clérigos, ni se queman iglesias. Es más, la inmensa mayoría de esa parte de la sociedad secularizada ni siquiera ensucia con el polvo de sus zapatos los templos.

 La comparación, por lo tanto, está fuera de lugar, pero está cargada de intención y tiene mucha continuidad con el pensamiento vaticano y jerárquico vigente desde los años ochenta del siglo pasado. Estas palabras del Papa hay que relacionarlas con otro signo paralelo: las beatificaciones de los mártires de la cruzada, que se iniciaron en el papado de Juan Pablo II y continúan en la actualidad. Y las palabras y los signos nos llevan inexorablemente a la Guerra Civil española. De ahí, el revuelo.

 La frase que sigue a ésta expresa una idea parecida en términos no ideológicos, sino filosóficos o teológicos: “Y ese enfrentamiento, disputa entre fe y modernidad, ocurre también hoy de manera muy vivaz”. No podemos establecer, sin embargo, una identidad entre ambas expresiones: la primera se refiere solo a la Iglesia católica española, mientras que la segunda abarca a todas las religiones que puedan existir en España. De manera que son cosas parecidas, pero no idénticas. Con la segunda expresión podemos estar de acuerdo, podemos, incluso, ejemplificarlo con recientes debates habidos en España sobre el hiyab o el burka, signos de una determinada inculturación de la fe islámica. No es lo mismo, pues, fe que Iglesia católica; ni modernidad o razón son sinónimos de anticlericalismo o de secularismo agresivo. Y lo que ha provocado malestar no es la referencia a un diálogo académico sobre fe y razón, sino la rememoración de la Guerra Civil.

 A nadie se le oculta que vivimos un debate caliente ahora mismo en España sobre la Guerra Civil y el franquismo, por eso las palabras del Papa han venido a nombrar la soga en casa del ahorcado. Y en este asunto la Iglesia católica española está implicada de lleno. No se discute la existencia de los 6.836 asesinatos de clérigos y monjas durante la Guerra Civil, aunque historiográficamente habría que matizar mucho el perfil de cada uno de esos asesinatos. El problema es la calificación de esas víctimas y el significado del calificativo. Para la Iglesia católica, desde el 14 de septiembre de 1936, esas víctimas tienen la consideración de mártires, porque así lo estableció Pío XI ese día ante un grupo de peregrinos españoles.

 Afirmar que los asesinatos de clérigos en el fragor de la Guerra eran martirios exigió entonces una demostración, porque podría tratarse igualmente de represalias, de venganzas, de ajustes de cuentas, en definitiva, de otro tipo de asesinatos. Para ser mártires debían de haber muerto a causa de la fe. (Vamos a dejar a un lado los matices e identifiquemos, como lo hace ella tan confiadamente, fe en Jesucristo con Iglesia católica, de manera que para nuestro razonamiento ahora sean la misma cosa, independientemente del debate teológico que esa afirmación merecería). Esa fue la tarea desde el 14 de septiembre de 1936 para el colegio de los obispos españoles, demostrar que los asesinatos eran el resultado de una persecución de la Iglesia católica y, por lo tanto, que se trataba de mártires. La demostración quedó fijada en la Pastoral Colectiva del 1 de julio de 1937 en estos términos: la legislación laicista de la República vino a ser el inicio de la persecución, porque el mal gobierno y las malas leyes abrieron paso al ascenso del comunismo, que pasó a ser el responsable de la persecución, lo que se demostraba por la revolución que pensaban hacer los comunistas, según “documentos secretos” incautados por los franquistas, en los cuales figuraban los obispos entre los primeros que debían ser eliminados por su presencia en ciertas “listas negras”.

 El problema es que ahora, y desde hace bastantes años, sabemos que todo ese argumento es falso: los “documentos secretos” fueron elaborados por los golpistas con el fin de ganar adeptos para el golpe; la presencia de obispos en las “listas negras” de los supuestos documentos es un falso añadido de la Pastoral Colectiva para poder ajustar el razonamiento de la persecución, como he demostrado yo mismo en otros escritos. Sabemos también que toda esa construcción argumental se hizo por encargo expreso de Franco para contrarrestar la mala prensa que los bombardeos de Durango y de Guernica le causó en Europa, de manera que formaba parte de la propaganda de guerra. La demostración del martirio, por lo tanto, queda invalidada y el concepto no pasa de ser un instrumento propagandístico. Obsérvese que la cifra de víctimas, los 6.836 consagrados que contabiliza el obispo Montero, no se pone en cuestión. Lo que es falsa es la construcción del concepto de martirio. Que el Papa, los obispos y muchos católicos españoles deseen seguir considerando mártires a esas víctimas no añade ninguna veracidad al argumento. Es un pensamiento respetable, pero es erróneo de hecho, no se corresponde con la realidad. Que el error se deba a la ignorancia de los hechos y no sea producto de la mala fe tampoco avala la falsedad de la argumentación. La demostración racional y verídica del martirio, por lo tanto, está sin construir; por ahora, es una mera afirmación doctrinal.

 A este error conceptual se suma la responsabilidad derivada del uso de la referida argumentación, pues la Iglesia católica española inventó el concepto de persecución religiosa para demostrar el martirio, porque tenía necesidad de justificar su postura en la Guerra Civil ante los católicos del mundo y ante la ciudadanía española. Desde el primer día de la Guerra la Iglesia católica se situó al lado de los rebeldes y, además de aportaciones económicas, logísticas y milicianas, aportó la justificación ideológica de la Guerra Civil, calificándola de cruzada contra el comunismo. Para que ese calificativo tuviese verosimilitud era preciso que existiese un martirio provocado por una persecución anterior a la Guerra, porque, de lo contrario, las víctimas serían resultado de la Guerra y no aval del levantamiento. Esta justificación fue uno de los apoyos principales de los golpistas en su origen y del franquismo en su desarrollo. Si, como afirmó el Tribunal de Nuremberg en 1945 en la causa seguida contra los jueces del nazismo, “el puñal de los asesinos se ocultaba debajo de la toga de los jueces”, las sotanas de los obispos españoles ocultaban una daga crudelísima.

 Con motivo de las palabras del Papa, que comentamos, he oído decir a Gaspar Llamazares que la Iglesia tenía que pedir perdón por su participación en la Guerra Civil y en el Franquismo. Pero el tiempo del perdón ha pasado. La Iglesia tuvo esa oportunidad en 1971, durante la celebración de la Asamblea Conjunta de obispos y sacerdotes, y la rechazó en una votación que exigía mayoría cualificada. Ahora es el tiempo de la responsabilidad y de la justicia

 Y es un nuevo tiempo porque, desde que las víctimas pasaron a ocupar un espacio en la vida pública haciéndose visibles, su testimonio ha transformado el conocimiento. Después de que Emilio Silva exhumase a su abuelo con los trece de Priaranza, ya no se pudo ocultar por más tiempo la enormidad de los crímenes franquistas, hasta el punto de haber recibido el calificativo jurídico de crímenes contra la humanidad, un tipo de delito, como es sabido, imprescriptible. Fue precisamente la Iglesia católica la primera encargada de ocultar ese crimen contra la humanidad. Lo hizo de forma muy consciente y precisa en la Pastoral Colectiva del 1 de julio de 1937, el mismo documento en el que sancionaron el argumento de la persecución religiosa. Además de muchas referencias indirectas, escribieron allí lo siguiente: “se imputan a los dirigentes del movimiento nacional crímenes semejantes a los cometidos por el Frente Popular. (…) El respetable articulista está malísimamente informado”. Ya demostramos en otra ocasión que también en esta afirmación la Iglesia mentía conscientemente, pues conocían de forma directa los asesinatos que se estaban produciendo, hasta el punto de hallarse presentes los clérigos durante la ejecución en muchos casos, para administrar los sacramentos de la Confesión o de la Extremaunción a las víctimas. Georges Bernanos, el novelista católico francés, que pasó la Guerra en Mallorca y que simpatizaba inicialmente con los rebeldes, no se cansó de denunciar en Los grandes cementerios bajo la luna el silencio culpable del obispo de la isla, como cuando relatando el asesinato de doscientos vecinos en Porto Santo, un pueblo cercano a Manacor, dice que “el personaje a quien las conveniencias me obligan a llamar obispo-arzobispo había mandado al lugar a uno de sus curas que, chapoteando entre la sangre, impartía absoluciones entre descarga y descarga”. Estas actuaciones provocaron, incluso, un problema moral entre los clérigos acerca de la licitud del sacramento de la Extremaunción, que el jesuita Eduardo F. Regatillo resolvió en el número de enero de 1937 de la revista Sal Terrae afirmando que el sacramento se podía aplicar “después de la primera descarga, antes del tiro de gracia”. Sabían, pues, lo que estaba pasando, aunque negasen públicamente lo que ocurría en el referido documento propagandístico.

 La responsabilidad de la Iglesia católica en la ocultación del crimen franquista contra la humanidad es evidente. Por eso, es más que una casualidad el paralelismo entre la presencia pública de las víctimas del franquismo y la revitalización de las beatificaciones martiriales por parte de la Iglesia católica. Y también es por eso, por lo que han escandalizado tanto las palabras del Papa del día 6 de noviembre. Si el Papa desconoce la realidad española, alguien debería contárselo, porque la responsabilidad de la Iglesia católica en la construcción del franquismo es enorme y la justicia llegará más pronto o más tarde. Mal camino han elegido los autores de los informes papales empecinándose en esa tozudez como vía para reevangelizar a España.

 Marcelino Flórez Miguel

Memoria de las víctimas,Política

Lo que oculta la fosa de Poyales del Hoyo

La profanación de la fosa de Poyales del Hoyo va, poco a poco, desvelando su significado. Los sucesos del domingo, día 7 de agosto, cuando unos vecinos acosaron a los manifestantes que defendían a las víctimas y, entre otros gritos, invocaban a Franco para que terminase con los partidarios de la memoria, aporta un elemento relevante para la comprensión de los hechos. Pero también sirven para conocerlos mejor las declaraciones de algunos políticos: Ignacio Cosidó, portavoz del PP en la Comisión de Interior de las Cortes, condenaba que se “abrieran las heridas”; y Marcelino Iglesias, en nombre del PSOE, reclamaba calma al tiempo que reconocía el derecho a “recuperar a los muertos”.

Las dos argumentaciones de los representantes de las principales fuerzas políticas manifiestan una insuficiencia inquietante. En primer lugar, exhumar a las víctimas no debe ser nunca un asunto privado, aunque también sea un derecho de las familias recuperar los restos de los seres queridos, sino que ha de ser un asunto público, porque se trata de conocer la verdad, de buscar la reparación y de administrar justicia para dar fin a la impunidad, como han reflexionado Pau Pérez-Salas y Susana Navarro García en el análisis comparado de las exhumaciones en América Latina. Por otra parte, la reclamación del olvido que propone Cosidó es lo que Jorge Semprún calificaría de  indignidad moral, porque es una invitación a que permanezca la impunidad de los verdugos, mientras se mantiene ocultas a sus víctimas y reducido a la insignificancia su pensamiento.

Debe establecerse socialmente que la memoria de las víctimas tiene como primera misión el conocimiento de la verdad, saber cuántas personas fueron asesinadas, dónde fueron ocultadas, cuál era su nombre y cómo era su pensamiento. Porque estas víctimas, como ha ocurrido siempre en los crímenes contra la humanidad, tuvieron dos muertes, la muerte física y la muerte de sus ideas. Ambas cosas fueron hechas desaparecer y ambas han de regresar al conocimiento de la verdad.

Conocer la verdad intranquiliza, ya lo sabemos. Nos lo había contado György Konrád, nacido en Hungría el año de la llegada al poder de Hitler y el mes de la quema de libros, a quien su madre informó que el jefe de un Estado vecino quería matarlo. Él no murió, pero fue uno de los solos siete niños, entre los doscientos niños judíos de su pueblo, que lograron sobrevivir al nazismo. Muchos años después, Konrád seguía sintiéndose intranquilo ante la mirada de la gente y daba una explicación en un texto titulado En presencia de Dios: “Los que lograron salir con vida representaban una vejación. Regresar de la muerte es una impertinencia. Resulta desagradable que los testigos salgan de repente de las fosas comunes”.

Esto mismo es lo que pasa con la fosa de Poyales del Hoyo, que intranquiliza. Y lo hace porque gran parte de la sociedad española no termina de reconocer al franquismo cono un régimen responsable de crímenes contra la humanidad. Ya nos lo había advertido Gabriel Jackson en El País el 30 de noviembre de 2008: “Lo que ocurre en España, una parte importante del problema, es que la sociedad española en su conjunto no ha juzgado la dictadura de Franco como régimen criminal, en el mismo sentido en que Alemania condenó el régimen nazi, Suráfrica condenó el apartheid y Estados Unidos condenó la esclavitud y el siglo de segregación que siguió al fin de la esclavitud”. La intranquilidad sigue y no cesará hasta que se reconozca la verdad, se haga justicia y se repare la injusticia. Así de claro.

 

Memoria de las víctimas,Política

La profanación de la fosa

Hace unos años, en el cementerio de un pueblo de la Tierra de Campos cercano al mío, una cuadrilla de preadolescentes profanó alguna tumba del cementerio. Fue un delito al que se aplicaría el artículo 526 del Código Penal y punto. Eso mismo ha ocurrido otras veces. Sin embargo, la profanación de la tumba de Poyales del Hoyo, en Ávila, por parte del alcalde del Partido Popular, Antonio Carro, y de la jueza de paz es mucho más que una violación de un sepulcro. Las cuestiones formales, aquí, son insignificantes.

La fosa de Poyales del Hoyo contenía los restos de diez personas asesinadas por los golpistas de 1936. Se conoce, incluso, a uno de los asesinos, “el falangista apodado 501, un siniestro pistolero que, según los vecinos de la zona se jactaba de haber asesinado a tantas personas como decía su mote” (Público, 4-8-2011). Los restos de esas diez víctimas estaban allí depositados, porque les había colocado la ARMH después de exhumarlos de unas fosas comunes clandestinas. Se trataba, pues, de un testimonio del crimen contra la humanidad cometido por los franquistas, al desarrollar su proyecto de exterminio de “los rojos”.

La chulería de este alcalde de un pequeño pueblo abulense sobrepasa con mucho el delito de profanación de una fosa, porque es un acto directamente relacionado con el crimen contra la humanidad del franquismo. No se trata, por lo tanto, de aplicar el artículo 526, que también, sino de dar noticia a la fiscalía por si pudiéramos estar en presencia de un gravísimo delito afectado por leyes nacionales e internacionales y relacionado con la esencia de los derechos humanos.

El delito de este alcalde se sustenta en la persistente invitación al olvido del crimen, a la que nos convoca cada día el Partido Popular. Si hace unos días lo hacía el alcalde de Valladolid, el mismo día en que se publicaba la noticia de Poyales del Hoyo lo hacía, con gruesas palabras,  la coordinadora del partido Popular en Granada, que salía en defensa de su alcalde, enlodado con unas declaraciones en torno a la Tapia del Cementerio de San José, de donde ordenó retirar por cuarto año consecutivo una lápida memorialista de las víctimas del franquismo, Tapia que la Junta de Andalucía acaba de proponer como “Lugar de la Memoria”.

Las ignominiosas declaraciones del alcalde y de la coordinadora del PP de Granada, que ofenden a la memoria de los 3.968 fusilados, hasta ahora documentados, en la tapia del cementerio, son difícilmente perseguibles por la justicia, al tratarse de opiniones, aunque el Tribunal de Núremberg sentó un importante antecedente con la condena al profesor de la misma localidad, Julius Streicher, por incitación al genocidio, como destacó Hannah Arendt. Pero la destrucción del testimonio de veracidad del crimen, recogido en el cementerio de Poyales del Hoyo, no son palabras.

Marcelino Flórez