Hace unos años, en el cementerio de un pueblo de la Tierra de Campos cercano al mío, una cuadrilla de preadolescentes profanó alguna tumba del cementerio. Fue un delito al que se aplicaría el artículo 526 del Código Penal y punto. Eso mismo ha ocurrido otras veces. Sin embargo, la profanación de la tumba de Poyales del Hoyo, en Ávila, por parte del alcalde del Partido Popular, Antonio Carro, y de la jueza de paz es mucho más que una violación de un sepulcro. Las cuestiones formales, aquí, son insignificantes.

La fosa de Poyales del Hoyo contenía los restos de diez personas asesinadas por los golpistas de 1936. Se conoce, incluso, a uno de los asesinos, “el falangista apodado 501, un siniestro pistolero que, según los vecinos de la zona se jactaba de haber asesinado a tantas personas como decía su mote” (Público, 4-8-2011). Los restos de esas diez víctimas estaban allí depositados, porque les había colocado la ARMH después de exhumarlos de unas fosas comunes clandestinas. Se trataba, pues, de un testimonio del crimen contra la humanidad cometido por los franquistas, al desarrollar su proyecto de exterminio de “los rojos”.

La chulería de este alcalde de un pequeño pueblo abulense sobrepasa con mucho el delito de profanación de una fosa, porque es un acto directamente relacionado con el crimen contra la humanidad del franquismo. No se trata, por lo tanto, de aplicar el artículo 526, que también, sino de dar noticia a la fiscalía por si pudiéramos estar en presencia de un gravísimo delito afectado por leyes nacionales e internacionales y relacionado con la esencia de los derechos humanos.

El delito de este alcalde se sustenta en la persistente invitación al olvido del crimen, a la que nos convoca cada día el Partido Popular. Si hace unos días lo hacía el alcalde de Valladolid, el mismo día en que se publicaba la noticia de Poyales del Hoyo lo hacía, con gruesas palabras,  la coordinadora del partido Popular en Granada, que salía en defensa de su alcalde, enlodado con unas declaraciones en torno a la Tapia del Cementerio de San José, de donde ordenó retirar por cuarto año consecutivo una lápida memorialista de las víctimas del franquismo, Tapia que la Junta de Andalucía acaba de proponer como “Lugar de la Memoria”.

Las ignominiosas declaraciones del alcalde y de la coordinadora del PP de Granada, que ofenden a la memoria de los 3.968 fusilados, hasta ahora documentados, en la tapia del cementerio, son difícilmente perseguibles por la justicia, al tratarse de opiniones, aunque el Tribunal de Núremberg sentó un importante antecedente con la condena al profesor de la misma localidad, Julius Streicher, por incitación al genocidio, como destacó Hannah Arendt. Pero la destrucción del testimonio de veracidad del crimen, recogido en el cementerio de Poyales del Hoyo, no son palabras.

Marcelino Flórez