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Memoria de las víctimas

Borrar los nombres

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En el contexto de la celebración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y los Represaliados, la ARMH organizó unos actos en León para el día 12 de septiembre, conmemorando al mismo tiempo sus quince años de existencia.

Entre las actividades previstas, el artista leonés, Luis Melón Arroyo, había preparado una teatralización conmemorativa sobre la prisión franquista de San Marcos. Consistía en escribir con tiza en la plaza del monasterio los más de 6.000 nombres de represaliados que sufrieron allí prisión.

Consistía en escribir y en hacerlo con tiza, para que fuesen borrados por las pisadas de la gente, “un símil -decía el autor a la prensa local- de la actual desidia del gobierno y las instituciones sobre los represaliados, las fosas y cualquier cosa que tenga que ver con la memoria histórica”.

A las 8 terminaron de escribir los nombres y a las 12 el camión de la limpieza municipal los borró con un potente chorro de agua. No se pudo cumplir el objetivo: que fuesen borrados por las suelas de los zapatos de la gente.

Dice el alcalde, entre pintorescas disculpas, que atruenan por su hipocresía, que en todos los sitios se limpia. Este alcalde se llama Antonio Silván y durante mucho tiempo fue el Consejero mejor pagado de la Junta de Castilla y León, queriendo dar a entender con esa enorme paga que era un “técnico”, oponiéndolo al concepto de político. Pero en la primera ocasión ha demostrado que es un político de los peores, un político franquista y sin un ápice de capacidad técnica.

Las víctimas del crimen contra la humanidad que cometió el franquismo claman con renovada fuerza desde todos los puntos cardinales y no hay chorro de agua que pueda apagar el grito reclamando justicia. Llegará la Comisión de la Verdad, llegará la condena del franquismo en las leyes, llegará la reparación de las víctimas y los que siguen aparando el olvido borrando los nombres con un chorro de agua terminarán relegados al vertedero de la historia para desprecio eterno de las gentes con las conciencias limpias.

Marcelino Flórez

Historia,Memoria de las víctimas,Política

Nombres de las calles o Comisión de la Verdad

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Casi todos los días después de las elecciones municipales hay alguna noticia de un pueblo o ciudad que dispone cambiar los nombres franquistas de sus calles. Bien está. Pero eso es una cosa insignificante ante el problema de derechos humanos con el que se relaciona. Para entender bien las cosas, es necesario precisar dos aspectos distintos que se suelen juntar bajo el equívoco concepto de memoria histórica.
La memoria es la facultad humana que recuerda y retiene el pasado. La actividad de la memoria tiene, entre otras, una función identitaria: hace posible tener conciencia de sí mismo y del grupo social de pertenencia. La sociología estudió esta función identitaria bajo el nombre de “memoria colectiva” (M. Halbwachs). La Escuela historiográfica de los Annales indagó también sobre ese campo de estudio, al que aplicó de forma imprecisa el nombre de “memoria histórica”, aunque también se usaron otras denominaciones, como “políticas de la memoria”, “lugares de la memoria” o “uso público de la historia”. Ese campo de estudio se ocupaba de los elementos del pasado que constituyen el patrimonio identitario de un “pueblo” o “nación”; uno de esos elementos son los nombres de las calles, que desde el siglo XIX buscaron reflejar grandes hazañas o personajes del Estado-Nación. Los franquistas, desde luego, llenaron calles y edificios con los nombres y estatuas de sus héroes. Ahora que el franquismo ha sido ya reconocido, en la norma y en sede judicial, como un crimen contra la humanidad, lo lógico es retirar de los espacios públicos los recuerdos de aquel crimen y de sus ejecutores. Está bien.
Pero cuando los dirigentes rememoraban el pasado de sus “pueblos”, siempre se olvidaban de las derrotas. No suele haber muchas calles que se llamen, por ejemplo, Pérdida de Cuba y Filipinas. De los vencidos y derrotados nunca se hablaba. Los antiguos, incluso, ordenaban olvidar las desgracias pasadas. Así fue como se relegó al olvido a vencidos y víctimas, hasta que Walter Benjamin, reflexionando sobre ese pasado selectivo para entender la llegada del nazismo, descubrió a las víctimas y las recuperó para el conocimiento del pasado. De esa manera, introdujo el fundamento de un nuevo derecho humano, el derecho a conocer la verdad, que ha sido recogido finalmente por las Naciones Unidas en el Conjunto de principios para la protección de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la impunidad, que la Comisión de Derechos Humanos elaboró el año 2005.
Este segundo elemento, que suele ir oculto o inconsciente bajo el concepto de memoria histórica, es el que a mí me interesa, la rememoración de las víctimas. En lo que al franquismo se refiere, el cambio de nombres en las calles es una acción necesaria pero mínima, porque la tarea importante es forzar que se forme una Comisión de la Verdad, donde personalidades independientes y diversas establezcan la verdad de los crímenes franquistas y también, en capítulo aparte, los crímenes cometidos por los republicanos. Todas y cada una de las masacres en todos y cada uno de los pueblos de España tienen que ser conocidos, con las personas responsables de ordenar, ejecutar y colaborar para cometerlos. Habrá de establecerse también el calificativo que cada uno de esos crímenes merece y el recorrido jurídico, social y político que han seguido.
Establecida la verdad, primer acto reparador para las víctimas, habrán de seguirse los actos legislativos y judiciales que correspondan. Pero la verdad oficial dará fin a la ofensa a la dignidad de las víctimas, que aún hoy hemos de soportar a dirigentes e, incluso, a portavoces políticos; y en la escuela, por fin, se enseñará a la infancia y a la juventud el crimen contra la humanidad que recorrió a España durante buena parte del siglo XX. Esta es la tarea.

Política

‘Podemos’, guión, lo demás

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Hace unos días la presentadora de las noticias vespertinas de TV-Castilla y León enunció así una información: “Podemos se entrevista por primera vez con el Rey”. Yo esperaba ver a Pablo Iglesias, pero a quien vi fue a la alcaldesa de Madrid. ¿Cuántas veces tendrá que decir Manuela Carmena que no es de ‘Podemos’? ¿Cuántas veces habrá que explicar lo que es Ahora Madrid? ¿Quedará alguien que no sepa que ‘Podemos’ entró en Ahora Madrid tarde y a empujones o que no hay más de cinco concejales de ‘Podemos’ entre los veinte de la candidatura elegida?

Puede ser que la directora del informativo castellano-leonés sea simplemente ignorante. Muchos periodistas, puede que bienintencionados, desde luego lo son y, por eso, confunden la información. Pero yo quiero ver aquí intenciones. Alguien trata de identificar al movimiento cívico que ha llegado a los Ayuntamientos con ‘Podemos’. Y eso busca alguna rentabilidad. En Valladolid, donde los periodistas no pueden decir ‘Podemos’, dicen Izquierda Unida para referirse a Valladolid Toma La Palabra, donde confluyen, al menos, tres partidos políticos, mucho movimiento social y muchísimas personas. Una cosa está clara: se pretende ocultar la base social que sustenta al nuevo movimiento político. Y lo están consiguiendo, porque algunos amigos, estos sí, bienintencionados no salen del error.

Contribuyen a esta ceremonia de la confusión las encuestas electorales. Por ejemplo, los de Demoscopia han decidido preguntar por ‘Podemos’, Izquierda Unida y “otros más blanco”. Una persona izquierdista, consciente y conocedora de la realidad, que resultase encuestada, tendría que elegir “otros”, si su voto no fuese exactamente para ‘Podemos’ o para IU. Muchas de esas izquierdistas, que ya han decidido prescindir de IU en la respuesta, pueden optar por ‘Podemos’, aunque sólo sea por proximidad. Así, las imprecisas encuestas nos dibujan un panorama político, que puede no coincidir exactamente con la realidad, sino con una construcción muy interesada de la misma.

Contribuye también a la ceremonia de la confusión el mensaje de ‘Podemos’. No se debe olvidar el artículo de Errejón en el número 225 de Le Monde Diplomatique en español. Decía allí, entre otras cosas, que había que prescindir del movimiento social para poder acceder al poder, ya que los destinatarios del mensaje son la gente corriente o “pueblo no representado”. Y es aquí donde la ceremonia juega de forma consciente. En las pasadas elecciones municipales el verdadero triunfo lo consiguieron las plataformas ciudadanas, en las que los movimientos sociales eran protagonistas. Donde ‘Podemos’ no quiso entrar y se enfrentó electoralmente con esas plataformas, como es el caso de Valladolid, ganaron las plataformas. En muchas de ellas, sin embargo, terminó entrando y eso es lo que justifica la confusión informativa, que ‘Podemos’ cultiva con notable éxito. No debemos olvidar tampoco que esta es la segunda columna, después de la “gente indignada” y no representada, en la que se basa la construcción de ‘Podemos’, a decir de Errejón: “la acción en los medios de comunicación para crear el espacio de identificación, conscientes de que la política no depende de ninguna condición social previa”.

No sé cuánto tiene de consciente, pero ‘Podemos’ está escenificando un proyecto para diferenciarse del movimiento social y lo está haciendo a través de la “acción en los medios de comunicación”. Este es el teatro en el que nos hallamos. Esta vez ‘Podemos’ no quiere que la ciudadanía organizada se le adelante, como ocurrió en las elecciones municipales, por eso ha rechazado con prontitud cualquier diálogo con IU y ha propuesto elecciones primarias de distrito único. Ocurre, sin embargo, que ahora la ciudadanía está organizada en sus plataformas y no hay trampa que pueda apresarla. Lo veremos pronto, aunque la gente corriente tardará en percibirlo, que para eso están los medios de comunicación hegemónicos, para ocultar lo que ocurre. Estemos advertidos y no nos dejemos enredar en debates estériles y retardadores, como ocurrió hace un año, consiguiendo que una mayoría de gente no llegase a tiempo de diferenciar las ofertas electorales, sino sólo las marcas.

Marcelino Flórez

Historia,Memoria de las víctimas,Política

7.000 nombres en Valladolid

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Nunca antes de ayer, 26 de noviembre, habíamos sabido que en Valladolid el franquismo reprimió a 7.000 nombres. Dos mil trescientos treinta y cuatro de ellos, al menos, fueron asesinados, la mayoría de los cuales permanecen desaparecidos en fosas comunes, muchas ni siquiera localizadas. Siete mil son muchos nombres en una provincia donde no hubo guerra y cuya población apenas sobrepasaba los trescientos mil habitantes. “Valladolid 1936. Todos los nombres” es el título del libro que nos lo cuenta.

Sigue habiendo mucha gente, familiares de víctimas entre ella, que continúa achacando la represión a los malos quereres. Ayer mismo, un señor del público, cuyos padre y abuelo habían sido condenados a treinta años aseguraba que eso era inexplicable, “porque no militaban en ningún partido ni sindicato”. Decía eso aun conociendo que fueron detenidos el día 19 de julio en la Casa del Pueblo junto a los otros cuatrocientos cuarenta y ocho socialistas de Valladolid, que serían juzgados en la Causa 102/1936. Pero Julio del Olmo, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid, se encargó de aclarar ese aspecto junto a otro paralelo, el que se refiere a la responsabilidad en los crímenes.

La represión fue masiva, pero fue selectiva. Ningún historiador propiamente dicho discute hoy que se ordenó asesinar a los cargos políticos representativos y designados, o sea, alcaldes, concejales, gobernadores, delegados; a los dirigentes de sindicatos y partidos políticos; y, también, a sindicalistas y militantes políticos de la base, pero que se habían significado públicamente. Así se sembró el terror en toda la población, terror que un día tras otro comprobamos que persiste, como ayer mismo pudimos públicamente constatar.

Hasta ayer, sin embargo, no conocíamos sus nombres y no sabíamos que sumaban ¡siete mil!. Estamos ante un crimen contra la humanidad, que es modélico, y que, también en esto modélico, permanece impune.

La otra precisión que hizo Julio del Olmo se refiere a la responsabilidad en el crimen. Aún no tenemos todos los documentos probatorios, porque los archivos que los contienen permanecen cerrados, pero ya hay pruebas suficientes para asegurar que la represión estuvo ideada y ordenada por el alto mando militar que se rebeló contra la República. Nada fue improvisado y todo se rigió por los métodos colonialistas que conocían bien los militares rebeldes africanistas. En Valladolid, cada paso estuvo controlado por el ejército y desde Saliquet, el general golpista, hasta el último guardia civil del último pueblo de la provincia, nada se escapó a la cadena de mando. Las “cuadrillas” de falangistas, que ejecutaban las detenciones y se responsabilizaban de los “paseos”, estuvieron encuadradas en el mando militar desde los primeros días y siempre actuaron bajo la dirección de los cuarteles. Los archivos demuestran que, aunque los juicios fuesen una pantomima, las condenas a muerte respondían a un análisis minucioso de cada persona detenida. Si había contradicción en los informes, se requerían otros nuevos, hasta que la autoridad judicial militar dispusiera de datos precisos.

Nada, pues, de improvisación y nada de malos quereres. Las listas que los pistoleros de las camionetas de la muerte llevaban consigo no las confeccionaban ellos, sino la autoridad competente.

Hoy conocemos los nombres, uno a uno citado por orden alfabético en cada pueblo y en la capital vallisoletana. Se acabó la discusión sobre la enormidad del crimen, que permanece impune. En la presentación del libro, Gustavo Martín Garzo musitó para nuestros oídos el relato del crimen con palabras templadas y corazón cálido; y Manolo Sierra nos contó que la portada del libro resume la experiencia del conocimiento del crimen desde la casa familiar en su Babia natal. Julio del Olmo, coordinador del libro, explicó el método de investigación y las conclusiones: más de siete mil nombres, que siguen reclamando verdad, justicia y reparación. Cuatro mujeres, hijas de las víctimas, dieron testimonio del dolor.

Marcelino Flórez

Memoria de las víctimas

Víctimas del franquismo y «estabilidad del orden democrático»

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El empeño de las asociaciones de derechos humanos ha logrado hacer llegar a las Naciones Unidas la queja de las víctimas del franquismo por el olvido y el abandono en que se hallan a causa del mal gobierno y de la mala justicia españolas. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha ido recabando información y, finalmente, ha elaborado dos importantes informes a cargo de Pablo de Greif y de Ariel Dulitzky, que han sido expuestos en la sesión del día 10 de septiembre de 2014.

Los dos informes son contundentes. Ordenan al gobierno español fijar medidas concretas para atender a las víctimas, en particular para ayudar a esclarecer la verdad y para buscar y desenterrar a las decenas de miles de personas asesinadas que aún permanecen ocultas, a parte de otras recomendaciones específicas, como la que hacen acerca del Valle de Los Caídos.

Valoremos lo que la mera existencia de estos informes significa. Primero, dan fin al tiempo del negacionismo y del olvido. Las palabras con las que el todavía diputado europeo del PP, Luis de Grandes, respondió a Gaspar Llamazares el día 26 de noviembre de 2003, diciendo que la propuesta de Izquierda Unida sobre las víctimas del franquismo olía a naftalina, han sido condenadas definitivamente y en sede internacional. Además, se ha terminado la discusión sobre la definición del franquismo: es un régimen responsable de un crimen contra la humanidad y punto. Esto ya lo dijo el Supremo en la sentencia absolutoria de Garzón, pero ahora lo han refrendado las Naciones Unidas. En la práctica, casi no es nada, porque todo sigue igual en España y los historiadores revisionistas siguen existiendo, pero, al mismo tiempo, es mucho, porque ya no es necesario seguir discutiendo con negacionistas y beneficiarios del régimen, pudiendo dedicarnos a otras cosas. (Todo esto lo había escrito yo en el libro que cito al margen de este blog y que regalo, pero una sola palabra del Supremo o de Naciones Unidas vale más que todos mis razonamientos).

La representante de España en Naciones Unidas, Ana María Menéndez, se ha defendido de lo expuesto en los informes con argumentos carentes de todo valor, porque esgrimen precisamente como defensa lo que los informes establecen como falta. Uno de los argumentos ha sido reclamar la amnistía postfranquista y particularmente la Ley de 1977 para afirmar que la sociedad española se reconcilió mediante la “renuncia a la justicia penal”, pero es justamente ese reconocimiento lo que el informe denuncia desde la perspectiva de la justicia universal. Hay otro argumento, en este caso de carácter político, carente igualmente de fuerza argumental: la reivindicación de “la consolidación de la democracia” como moneda de cambio aceptada por la sociedad española para olvidarse de la Dictadura. El problema es que este argumento político, válido durante el régimen de la Transición, ha caducado. Ya no vale, porque la espada de Damocles ya no pende sobre nuestras cabezas como en 1978, obligándonos a comulgar con ruedas de molino. Ni la Iglesia, con sus penas de infierno, ni el ejército, con sus pistolas, son una autoridad para lograr que la sociedad camine por la senda que marca el Partido Popular.

Lo verdaderamente cínico, sin embargo, ha sido el recurso a la Ley de Memoria Histórica, que ha utilizado Ana María Menéndez para justificar que España ha hecho algo en atención a las víctimas. No es el momento de analizar la Ley, tampoco de la amortización de la misma que ha hecho este gobierno, pero sí de proclamar la desvergüenza de un Partido Popular que combatió sin límites aquella Ley y prometió derogarla tan pronto como llegase al poder, al que vemos ahora invocar esa misma Ley para justificar su gestión al frente del gobierno del Estado. ¡Qué bueno es que “dios nos conserve la vista” y el recuerdo del pasado! Bendita sea la memoria que nos permite poder afirmar que el Partido Popular es un impostor y que no nos representa ante Naciones Unidas.

Aún le quedaba a este partido un recurso en las Cortes españolas para incrementar su oprobio, el recurso a la equidistancia de las víctimas, lo que Primo Levi, superviviente de Auschwitz, calificó de enfermedad moral. Y se lo hemos oído formular al mismísimo ministro de Justicia: «Este Gobierno nunca se sentirá tranquilo mientras exista una persona enterrada en una cuneta, da igual de qué bando sea en la guerra más incivil de las guerras que es la Guerra Civil, y sus familiares demanden su localización y entierro». No, señor Gallardón, no hablamos de todas las víctimas. Sólo de las olvidadas, de las desaparecidas, de las que permanecen ocultas en fosas, de las no reparadas, de las que no han conocido la justicia. Esas sólo son unas, aunque sumen ciento cincuenta mil, son las víctimas del franquismo.

Cuando el relator especial de naciones Unidas, Pablo de Greif, se entrevistó con los ministros del gobierno, se sorprendió, según relata Natalia Junquera en El País, del argumentario que repetían uno tras otro: “O concluimos que ya estamos totalmente reconciliados, o la única alternativa es el resurgir de odios subyacentes, lo cual implicaría un riesgo demasiado alto”. Dejemos aun lado la amenaza velada que esas palabras encierran, pero el argumento no sólo puede sorprender, sino que debe indignar.

Primero, las víctimas tienen todo el derecho a odiar a sus verdugos, incluso es conveniente que conserven ese odio para poder subsistir, como dice la psiquiatría. Lo que las víctimas no pueden hacer es cometer cualquier acto delictivo relacionado con ese odio. Pero ¿alguien puede nombrar un solo delito cometido por las víctimas del franquismo después de la muerte del dictador? Por el contrario, podemos enumerar decenas de actos, que en cualquier país democrático serían considerados delitos, realizados por los verdugos o sus seguidores. Cito de memoria: la profanación de las fosas de víctimas franquistas en Poyales del Hoyo, Ávila; los agravios del alcalde de Granada sobre la Tapia del Cementerio de San José; las bárbaras declaraciones del alcalde de Baralla, en Lugo; las ofensas directas emitidas por el coportavoz del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando; el doble atentado contra el monumento memorialista que la ARMH-VA tiene levantado en los Montes Torozos. Salvo para fiscalía y tribunales españoles, estos actos y decenas de otros similares que se suceden en pueblos y ciudades de España, serían actos relacionados con “delitos contra la humanidad”, como razona el punto QUINTO de la Sentencia 102/2012 de la Sala de lo Penal del tribunal Supremo, que absuelve a Baltasar Garzón de la denuncia por prevaricación.

No son, por lo tanto, las víctimas del franquismo, olvidadas y no reparadas, las que ponen en riesgo “la estabilidad del orden democrático”, sino el Partido Popular, que se resiste a aceptar los mandatos de Naciones Unidas y que ampara a sus militantes en las exhibiciones franquistas que se suceden a diario. Eso sí es un riesgo para el orden democrático.

Marcelino Flórez