El presidente de la CRUE Universidades Españolas, José Carlos Villamandos, reclama el El País del día 10 de julio de 2019 que se cree un Ministerio exclusivo para los asuntos universitarios, de manera que se separe de la enseñanza obligatoria para poder dedicar todo su tiempo a la Ciencia y a la Universidad.

Un mes antes se celebraron las pruebas de acceso a la Universidad, que estuvieron rodeadas de una importante polémica. La protesta había comenzado hace un año y la había protagonizado el Consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, quien reclamaba una prueba única de acceso para toda España, de manera que se evitasen exámenes y resultados diferentes, con la consiguiente desigualdad entre los territorios. A esta protesta se ha unido este año una rebelión específica en la Universidad de Valencia a causa de un examen incorrecto de Matemáticas. El resultado ha sido una ampliación y casi unánime demanda de una prueba única o, al menos, de una revisión de la prueba de acceso a la Universidad.

Estos dos hechos que enuncio no tienen apariencia de estar relacionados, sin embargo demostraré que tienen una relación completa, porque la Universidad está presente en la prueba de acceso, cuya preparación corresponde en exclusiva a la Educación Secundaria Postobligatoria. Aquí está la clave del conflicto que afecta a la selectividad. Para entenderlo mejor, vayamos al origen del asunto.

El origen real de la selectividad como prueba necesaria para acceder a la Universidad, es la Ley de Reforma Universitaria (LRU) de 1983, donde se instituyó dicha prueba. Bien es verdad que tiene unos antecedentes: La Ley para la Reforma Educativa, de Villar Palasí, del año 1969, y, más concretamente, la prueba de selectividad que legisló Cruz Martínez Esteruelas en 1974. Estas dos leyes y estas fechas son esenciales para comprender el fenómeno.

El contexto es el final del franquismo, donde uno de los elementos desestabilizadores, además del movimiento obrero que dirigían las Comisiones Obreras, era el movimiento estudiantil, hegemoneizado por el PCE, aunque con presencia de los partidos comunistas minoritarios y donde empezaba a aparecer el PSOE. Uno de los elementos movilizadores de estudiantes era la selectividad que entonces se practicaba y que se hacía en el primer curso de las carreras universitarias. Al masificarse la Universidad en los primeros años sesenta, la selectividad empezó a notarse también masivamente y la protesta se hizo imparable. El gobierno decadente de Arias Navarro, además de cerrar las universidades, tuvo que imaginar una alternativa a la selectividad universitaria y así se inventó la prueba de acceso, que seguiría al nuevo Curso de Orientación Universitaria (COU).

1975 fue el primer año de implantación de la prueba, aunque hasta el curso de 1983 no fue obligatoria para acceder a la Universidad. Desde entonces, ha sufrido muchas variaciones, en parte como consecuencia de los cambios de leyes educativas, que han sido constantes, y, en parte, para mejorar su propio reglamento, pero la esencia sigue siendo la misma: Las Universidades hacen una prueba selectiva al alumnado de Bachillerato, de la que obtienen unas notas, a través de las cuales dan acceso al alumnado a la Facultades universitarias de toda España.

Toda mi vida docente la he pasado luchando contra esa selectividad por dos razones: la primera, por lo desajustada, ineficaz e injusta que siempre ha sido la prueba; la segunda, por la humillación que representaba para el profesorado de Bachillerato, que era examinado cada año a través de su alumnado, sin posibilidad alguna de intervenir, ni siquiera para protestar.

Ahora, cuando ya llevo casi diez años jubilado, comienzan a generalizarse las protestas contra la prueba, que es objetivamente injusta para todo el alumnado y discriminatoria para algunos territorios. Se da la circunstancia de que la prueba ha de cambiar en el inmediato futuro, porque así lo exige la vigente ley educativa, la LOMCE del ministro Wert, una ley que ya debería estar derogada, por otra parte.

Es el momento de dar fin a la selectividad. Primero, porque fue una mala solución académica para un problema político del franquismo (a ver si, de paso, vamos dando definitivamente fin al franquismo). Segundo, porque es una mala solución organizativa para la Universidad. Tercero, porque no respeta la dignidad del Profesorado de Educación Secundaria, a quienes que rebaja de su condición de funcionarios a la de profesores privados de academia. Y, sobre todo, porque no sirve para mejorar el sistema educativo.

Así que cuando vi al presidente de la Conferencia de Rectores reclamar un Ministerio para incrementar la autonomía universitaria, me puse muy contento. Que la Universidad incremente su autonomía, también para seleccionar a su alumnado; y que se recupere la autonomía del sistema educativo no universitario para organizar la enseñanza con criterios pedagógicos, democráticos y sociales, éstos últimos en la medida en que seamos capaces de ir restaurándolos, después del deterioro que vienen sufriendo.

Marcelino Flórez