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Política

Me consta que sí

El argumentario del día siguiente decía que se debía decir “no me consta”. Es una expresión exacta para el ocultamiento. Si quisiesen o pudiesen afirmar que no existen movimientos de dinero negro, el argumentario habría dicho “me consta que no”. Pero consta que sí tiene el que era tesorero del Partido Popular una cuenta repleta de euros en Suiza y consta, porque así lo ha afirmado su abogado y yo lo he oído, que legalizó unos diez millones de su dinero oculto gracias a la amnistía de la Hacienda del ministro Montoro.

Existen ya testimonios publicados que afirman que la tesorería del Partido Popular tenía una contabilidad oficial y otra oficiosa. Dice la inefable Secretaria General que las cuentas están claras y revisadas, pero no nos asegura que le conste que no hay o no hubo una contabilidad B, oculta, desconocida, de donde pudieran haber salido las sumas clandestinas que llegaban a Suiza y, quizá, los sobres como el que se perdió en un bar de Santa Marta de Tormes el día 1 de marzo de 2004, según relataba la Cadena Ser entonces.

Lo que no consta seguirá la vía jurídica que tenga que seguir. Lo que consta que sí tiene, además, una trayectoria política: el Partido Popular incrementa su ilegitimidad (/la-ilegitimidad-del-pp/) con la confirmación pública de las cuentas del tesorero y de sus empresas agrarias en Argentina y pierde toda legitimidad cuando la Hacienda que dirige legaliza unos diez millones de euros del extesorero sin que el ministro sea cesado de forma fulminante.

Hay algunos españoles que están indignados y eso no sorprende, porque lo que resulta insólito es que, constando lo que consta, estos gobernantes se hayan permitido hacer la reforma laboral que han hecho, privatizar, como han privatizado, la educación, privatizar, como están intentando, la sanidad, amenazar, como amenazan, al sistema público de pensiones, eliminar, como están eliminado, la atención a la dependencia, usar el dinero público para pagar la mala gestión de los bancos. Y habiéndose permitido todo eso, lo que sorprende es que quede una sola persona en España que no se indigne, que no se dé de baja, que no manifieste públicamente que le engañaron cuando les votó. Esto es lo que sorprende y lo que intranquiliza, porque lo que sí consta es tan enorme, tan desmedido, tan merecedor de repudio, que sólo admite una respuesta: la cuarentena para un partido sin legitimidad de origen y sin legitimidad de ejercicio.

Marcelino Flórez

 

 

Política

Corrupción y control del dinero público (I)

Uno de los mayores problemas de la política española actual es la corrupción. Numerosos políticos de la mayoría de los partidos, si no de todos, han tenido que pasar por los tribunales a causa de algún asunto relacionado con la corrupción. Hay casos de personas que han terminado ante los jueces a pesar de haber actuado con publicidad y, quizás, con buenas intenciones. Esto quiere decir que corromperse es fácil, pero también que existen mecanismos imprecisos que pueden conducir a caer en delitos de corrupción. Partamos, pues, del utópico principio de que todo el mundo es bueno.

Para evitar hasta los errores, es preciso que existan normas inequívocas y los principios generales deben figurar en la Constitución. Hay que conseguir que los políticos no puedan corromperse ni siquiera cuando lo pretendan. Lo primero, es necesario extraer de las competencias políticas cualquier elemento relacionado con el dinero o con los negocios y pasar esas competencias a los funcionarios. Para ello, hay que recuperar el buen nombre de la función pública, precisar competencias y responsabilidades, eliminar radicalmente los cargos de libre designación y, por supuesto, extremar el rigor en la inspección de la función pública y aplicar castigos ejemplares en los posibles delitos. No es una casualidad la relación entre la degradación social del nombre de los funcionarios, el abuso en la libre designación y el incremento de la corrupción. Esta España ha terminado pareciéndose a aquella otra, restaurada, donde existía una figura social, la cesantía, con un sistema bipartidista, que se repartía caciquilmente las prebendas públicas.

Las privatizaciones del patrimonio público, verdaderas desamortizaciones de nuevo tipo, tan queridas por los liberales, tienen que sustraerse de las competencias políticas. Aunque las circunstancias económicas hagan a veces inevitable la enajenación de una parte del patrimonio público, las decisiones al respecto han de tomarse siempre por mayoría cualificada y, si se trata de una cuantía significativa, deben ser ratificadas con referéndum entre las personas directa o indirectamente afectadas. Por supuesto, todo el proceso deberá ser ejecutado por funcionarios públicos.

Muy especialmente hay que legislar con rigor acerca de las ayudas y subvenciones que concede la Administración. Nunca podrán ser éstas una donación a particulares, sino que habrán de revestir el carácter de préstamo con interés, de compra de acciones o de contraprestación de servicios. Cuando se trate de la contraprestación de servicios de salud, de educación o de asistencia social, habrá de hacerse siempre con un carácter subsidiario y, mientras dure el convenio correspondiente, las empresas adjudicatarias deberán ajustarse a los principios de igualdad, mérito y capacidad para la asignación de las personas beneficiarias y para la contratación de las trabajadoras. El abuso de la patronal en la contratación y despido de personas trabajadoras dependientes de fondos públicos debe terminar inmediatamente. El control de todos estos procesos, evidentemente, estará a cargo de personas funcionarias.

Las subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro para realizar actividades de carácter social o cultural estarán sometidas a un riguroso control. Después de establecer el presupuesto y las condiciones para la concurrencia pública, las entidades deberán presentar proyectos, que serán evaluados por personas funcionarias conforme a baremos conocidos. La ejecución de los proyectos aprobados estará sometida a los controles tanto internos como externos que determina la propia Administración Pública.

Además de evitar la corrupción política, el dinero público nunca podrá servir de forma sectaria a intereses particulares. El clientelismo tiene que desaparecer enteramente de la escena pública. Podemos entender que cualquier neoliberal opte por adelgazar la acción económica del Estado. Lo que no podemos aceptar es que ningún neoliberal pretenda transferir la riqueza pública a sus clientes, como viene haciéndose, creándose un vasallaje administrativo. El dinero público es sagrado y su uso tiene que ser transparente e inmaculado. La experiencia de las cuatro últimas décadas enseña que estos principios deben estar debidamente constitucionalizados.

Marcelino Flórez

Política

Ruptura del consenso

La derecha española explicará algún día por qué eligió al Partido Popular para ser representada. Tuvo otras posibilidades, la UCD, “la operación Roca”, el CDS, pero eligió a la Alianza que formaron los exministros de Franco. Con la alianza iba su amplia base social, dicen las encuestas que unos cinco millones de españoles. Esa base social, cuyo signo de identificación más preciso es que sigue sin condenar a la Dictadura franquista, ha tomado el poder y actúa con una dosis programada de autoritarismo y de propaganda, gracias a lo cual ha conseguido la hegemonía ideológica en España.

Esta derecha española ha roto el consenso que se consiguió en 1977 con Los Pactos de la Moncloa y que se selló con la Constitución de 1978. Aquel acuerdo alcanzó al movimiento social, además de ser un acuerdo de las fuerzas políticas, y el resultado fue la construcción progresiva del Estado del Bienestar en España, cuyas bases esenciales fueron la sanidad, la educación, las pensiones y los servicios sociales públicos.

En educación se logró un equilibrio, que cedía ya mucho a la empresa privada, casi toda ella confesional católica, pero la práctica política lo ha desbaratado en toda regla, desequilibrando el sistema a favor del sector privado mediante el uso de un apotegma incalificable: la libertad de elección de centro por parte de los padres.

En sanidad viene practicando un proyecto oculto de financiación de la empresa privada, mediante el abandono de la inversión en hospitales públicos y el traspaso paralelo de enfermos a hospitales privados sólo en las tareas que exigen menos inversión y producen más beneficios inmediatos. En  esta labor la derecha española ha contado con una cierta parte del sector médico, que se beneficiaba de un doble trabajo en hospitales públicos y en empresas privadas.

En pensiones, aunque la derecha tiene firmado el Pacto de Toledo, el actual gobierno lo ha incumplido unilateralmente, presagiándose un futuro catastrófico en este marco tan delicado del Estado social. Los servicios sociales sencillamente están siendo eliminados de la financiación pública. Hace décadas que no se hace una residencia para personas mayores, mientras se dirige todo el gasto a financiar empresas privadas. Lo mismo ocurre con las situaciones de dependencia. El sector camina aceleradamente hacia la completa privatización, desapareciendo enteramente esa “carga” del Estado.

El abandono del sector público, que constituye el Estado de Bienestar, corre paralelo a la creación de un sistema clientelar, donde se asienta la base electoral que hace posible la reproducción del fenómeno utilizando el medio democrático de las elecciones. Con una clientela sumisa, unos medios de comunicación monopolizados por la derecha económica y una inversión generosa en propaganda, el control del poder político ha alcanzado el perfil de lo que se conoce como un régimen. Por esto, como ya he razonado en otras ocasiones, esta derecha política une a su ilegitimidad de origen la ilegitimidad de ejercicio: todo lo que viene realizando desde el año 2000, al menos, se rige por el desprecio a cualquier otro partido político y a todo el movimiento social, preferentemente al sindicalismo. En el primer año de gobierno de Rajoy, esa derecha no ha dialogado con ninguna otra fuerza política, ni con los sindicatos, ni con parte alguna del movimiento social. Se ha limitado a consolidar un régimen político autoritario y propagandista, dando fin al periodo del consenso, que caracterizó a la Transición democrática.

Romper con este nuevo régimen no será fácil, pero hay una cosa clara, la ruptura ha de ser con el sistema político que ha creado la derecha para ejercer su hegemonía en el momento actual. No sólo hay que cambiar la ley electoral, hay que reformar también la Constitución para garantizar el bienestar de los españoles, por encima de los gobiernos de la derecha, y para blindar los bienes públicos comunes frente a la rapiña privatizadora. No obstante, lo que ha ocurrido en esta última década tiene una virtud, que la derecha nos ha dado permiso para imaginar la alternativa que nos convenga sin tener que atender a sus intereses, o sea, sin contar con ella en su representación política actual.

Marcelino Flórez

Política

Dictadura o Régimen autoritario

En los años sesenta del siglo XX se suscitó entre los historiadores una polémica acerca del concepto político del franquismo. Se discutía si había de definirse como dictadura o como régimen autoritario, después de que el sociólogo J. J. Linz construyera esa segunda definición. Coincidía el debate con el intento del régimen de justificarse por su ejercicio en tanto que autor de paz y de desarrollo. La discusión, vista en perspectiva, fue una discusión vana, detrás de la cual no subyacía más que el intento de justificar al dictador y a su Dictadura. En el día de hoy sólo prestan atención a esa discusión los revisionistas más recalcitrantes. Para la historiografía normal, la franquista fue una Dictadura personal, nacida de una guerra civil y sustentada por el ejército. Punto.

Un Régimen autoritario es otra cosa. Para empezar, el autoritarismo combina con la democracia: se origina democráticamente, funciona sin tener que eliminar los mecanismos democráticos y puede ser desalojado democráticamente. El Régimen autoritario es, de hecho, una opción política en el sistema democrático. Utiliza casi exclusivamente el Decreto-Ley para gobernar y, de esa manera, evita el debate parlamentario y la repercusión social desfavorable que ese debate pueda ocasionar en la ciudadanía. Utiliza la fuerza policial de forma violenta para tratar de acallar la protesta social; recurre, incluso, a tretas feas y de dudoso aval democrático,  como es introducir policías de paisano en las manifestaciones para originar violencias y justificar la represión. Dispone prácticamente de monopolio informativo, llevando hasta el esperpento la manipulación de los medios de comunicación públicos. Se sirve de la fuerza y del poder que proporciona el gobierno para amedrentar a quienes no se someten. Por ejemplo, si queda algún periódico de amplia difusión, que actúa libremente,  y, por un suponer, tiene contraídas deudas con la Hacienda del Estado, el ministro de turno puede recordárselo en voz alta para que sepa a qué atenerse.

En general, el gobierno autoritario identifica al Estado con el partido que le apoya y no ejerce la administración pública en beneficio del común, sino que tiende a instalar fórmulas clientelares a través de las cuales transfiere los cargos y los bienes públicos a los clientes del partido. En algunos casos se llega a situaciones verdaderamente impúdicas, creando empresas específicas para hacer esas transferencias. Estas empresas,  para enmascararse mejor, aunque funcionen en territorios de habla castellana o valenciana, por ejemplo, suelen usar nombres ingleses o de cualquier lengua extranjera, como “market” en lugar de “mercado”.

Es muy frecuente en el Régimen autoritario que exista un partido procedente de antiguas dictaduras y dotado de las mismas bases sociales que apoyaron a las antiguas dictaduras. Una prueba inequívoca en esos casos suele ser la justificación de esas antiguas dictaduras o, como mínimo, la falta de condena de las mismas. A favor del Régimen autoritario juega también la abundancia de esclavos voluntarios que suele haber entre las masas humanas, especialmente en situaciones adversas, sean éstas por causas económicas o de otro tipo.

Además de la Constitución, los obstáculos que encuentra el Régimen autoritario son el sistema judicial, contra el que peleará sin descanso, pero sólo con éxito relativo, y los partidos políticos y sindicatos confederales (antes llamados “de clase”), que se resisten a pactos puntuales con el Régimen autoritario. La descalificación permanente y gratuita de partidos y, sobre todo, de sindicatos es una norma para los regímenes autoritarios, a pesar del carácter institucional que las constituciones les otorgan. Gracias a las libertades constitucionales, no obstante, la ciudadanía puede terminar organizándose y expulsando del poder a los regímenes autoritarios, cosa que es casi imposible con las dictaduras.

Marcelino Flórez

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Para pensar la alternativa

Queridas gentes que seguís esto:

Después de ocho años de oposición política, después de un año de jercicio del poder y después de toda una historia de negrura, el Partido Popular necesita que no sea nunca olvidado: no olvidar su origen, no olvidar lo que realmente hace, las «florecillas» que aquí y ahora son pisotedas al borde del camino, los millones de personas paradas y abandonadas, el terror laboral impuesto, la educación vendida a los amigos, la sanidad vendida a los amigos, la dependencia relegada a la exclusión. Nos pide, a cambio, un voto de confianza por un futuro mejor que vendrá. Es la historia repetida, cuya trama fue desvelada por Walter Benjamin. Mañana nos pedirán que olvidemos el pasado y construyamos juntos el futuro. El presente, la realidad, será siempre reservada para ellos, los dueños del capital, los que entienden de economía, nuestros salvadores.

Creo que el Partido Popular ha recorrido todo su camino. Este último año, en el que ha instalado un régimen autoritario, le convierte en un enemigo de todos los demás partidos políticos y de todo el movimiento social. Que hagan lo que quieran y que lo sigan haciendo solos. Las demás personas estamos convocadas en las calles para decir que no y y estamos interpeladas para analizar adecuadamente lo que ocurre, para construir propuestas alternativas y para hacer posible otra forma de gobernar, porque «las cosas no son así; están así y podemos cambiarlas», como decía Paulo Freire.

Voy a seguir reflexionando sobre esto. Hoy publicaré un escrito sobre el concepto de dictadura y el concepto de sistema político autoritario, algo sobre lo que divagaron los primeros revisionistas del franquismo. Después publicaré otro escrito sobre la ruptura del consenso con el que se construyó la Transición, ruptura completada durante el primer año de gobierno de esta derecha. Aunque ya escribí sobre estas cosas en «La ilegitimidad del PP», estos dos artículos son el punto de partida de una serie. Seguiré a continuación ideando propuestas concretas para una alternativa, la primera de ellas tratará sobre el uso del dinero público, o sea, sobre la corrupción. Vendrán otras, aunque habrá que repasar también lo que ya está escrito, especialmente «Syriza en gallego significa esperanza».

El objetivo es contribuir a mantener elevado el ánimo de las personas amigas y de aquellas a quienes se lo quieran transmitir, porque un buen ánimo es el primer instrumento para evitar la derrota y la sumisión a lo «inevitable» en la que nos quieren situar, porque»las cosas no son así». Ánimo, pues.

Marcelino