Casi todos los días después de las elecciones municipales hay alguna noticia de un pueblo o ciudad que dispone cambiar los nombres franquistas de sus calles. Bien está. Pero eso es una cosa insignificante ante el problema de derechos humanos con el que se relaciona. Para entender bien las cosas, es necesario precisar dos aspectos distintos que se suelen juntar bajo el equívoco concepto de memoria histórica.
La memoria es la facultad humana que recuerda y retiene el pasado. La actividad de la memoria tiene, entre otras, una función identitaria: hace posible tener conciencia de sí mismo y del grupo social de pertenencia. La sociología estudió esta función identitaria bajo el nombre de “memoria colectiva” (M. Halbwachs). La Escuela historiográfica de los Annales indagó también sobre ese campo de estudio, al que aplicó de forma imprecisa el nombre de “memoria histórica”, aunque también se usaron otras denominaciones, como “políticas de la memoria”, “lugares de la memoria” o “uso público de la historia”. Ese campo de estudio se ocupaba de los elementos del pasado que constituyen el patrimonio identitario de un “pueblo” o “nación”; uno de esos elementos son los nombres de las calles, que desde el siglo XIX buscaron reflejar grandes hazañas o personajes del Estado-Nación. Los franquistas, desde luego, llenaron calles y edificios con los nombres y estatuas de sus héroes. Ahora que el franquismo ha sido ya reconocido, en la norma y en sede judicial, como un crimen contra la humanidad, lo lógico es retirar de los espacios públicos los recuerdos de aquel crimen y de sus ejecutores. Está bien.
Pero cuando los dirigentes rememoraban el pasado de sus “pueblos”, siempre se olvidaban de las derrotas. No suele haber muchas calles que se llamen, por ejemplo, Pérdida de Cuba y Filipinas. De los vencidos y derrotados nunca se hablaba. Los antiguos, incluso, ordenaban olvidar las desgracias pasadas. Así fue como se relegó al olvido a vencidos y víctimas, hasta que Walter Benjamin, reflexionando sobre ese pasado selectivo para entender la llegada del nazismo, descubrió a las víctimas y las recuperó para el conocimiento del pasado. De esa manera, introdujo el fundamento de un nuevo derecho humano, el derecho a conocer la verdad, que ha sido recogido finalmente por las Naciones Unidas en el Conjunto de principios para la protección de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la impunidad, que la Comisión de Derechos Humanos elaboró el año 2005.
Este segundo elemento, que suele ir oculto o inconsciente bajo el concepto de memoria histórica, es el que a mí me interesa, la rememoración de las víctimas. En lo que al franquismo se refiere, el cambio de nombres en las calles es una acción necesaria pero mínima, porque la tarea importante es forzar que se forme una Comisión de la Verdad, donde personalidades independientes y diversas establezcan la verdad de los crímenes franquistas y también, en capítulo aparte, los crímenes cometidos por los republicanos. Todas y cada una de las masacres en todos y cada uno de los pueblos de España tienen que ser conocidos, con las personas responsables de ordenar, ejecutar y colaborar para cometerlos. Habrá de establecerse también el calificativo que cada uno de esos crímenes merece y el recorrido jurídico, social y político que han seguido.
Establecida la verdad, primer acto reparador para las víctimas, habrán de seguirse los actos legislativos y judiciales que correspondan. Pero la verdad oficial dará fin a la ofensa a la dignidad de las víctimas, que aún hoy hemos de soportar a dirigentes e, incluso, a portavoces políticos; y en la escuela, por fin, se enseñará a la infancia y a la juventud el crimen contra la humanidad que recorrió a España durante buena parte del siglo XX. Esta es la tarea.
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Franquismo y Verdad histórica
El 10 de diciembre de 2014 se votó en el Senado la Moción que el PNV había presentado un mes antes, donde se pedía atender al informe del relator de Naciones Unidas, Pablo de Greiff, que reclama la búsqueda de la verdad en lo relativo a los crímenes del franquismo. La moción solicitaba también reconocer y amparar a las asociaciones de víctimas, dotar presupuestariamente la conocida como Ley de Memoria Histórica, hacer un censo de simbología franquista aún perviviente y abrir los archivos de las cárceles de la Dictadura.
El Partido Popular, en solitario, votó contra la Moción y encargó al senador Muñoz-Alonso Ledo explicar el voto. Es muy difícil explicar un voto que se resiste a condenar el franquismo, por eso la explicación se basó en excusas y aspectos laterales: que si se rechazaba por las enmiendas introducidas, que si no se habían acercado a ellos para llegar a acuerdos, que si no es obligatoria la resolución de Naciones Unidas. Excusas, no razones.
De la intervención parece deducirse que podía haber habido acuerdo en lo relativo a dotar de presupuestos la Ley de Memoria Histórica y a realizar el censo de simbología franquista. Un acuerdo éste poco creíble, pues ahí están las asociaciones memorialistas que tiene que proceder a exhumar los restos humanos de las fosas comunes con sus propios recursos o con los que proceden de la solidaridad internacional; o ahí está la ciudad de Valladolid con su conocido alcalde, al que una sentencia ha obligado a retirar símbolos y nombres franquistas, pero continúa sin cumplir no sólo la ley, sino la misma sentencia. Poco creíble, pues.
El meollo de la intervención del senador populista, sin embargo, estaba en los desacuerdos: “Nosotros no hemos hecho una comisión de la verdad, y con todo el alma les digo que ni falta que nos hace”. A continuación razonaba que en las democracias no existe verdad oficial y que eso es cosa de los historiadores, los cuales van desvelando la verdad a medida que la descubren. Este aspecto tiene cierta dosis de razón, pero si realmente estuviese diciendo lo que expresa, ¿por qué siguen sin abrir el acceso de los archivos a los historiadores? Esta concesión del partido populista no se corresponde con su actuación real, por lo que, aunque el senador no desease mentir, lo que dice no puede ser creído.
Hay otro matiz en este asunto de la Comisión de la Verdad (aparte de que no está garantizado que el saber histórico alcanzado esté presente en las enseñanzas oficiales primarias y secundarias, ni en los medios de comunicación, con lo que realmente la población española sigue sin conocer la verdad histórica sobre el franquismo). El matiz es que no estamos hablando de verdad histórica frente a verdad política, sino que estamos hablando de verdad jurídica y ese es otro cantar.
No sólo es necesaria una Comisión de la Verdad para que la población española disponga del saber histórico científicamente consensuado y pueda conocer que la Guerra Civil fue originada por un golpe de Estado ilegal e ilegítimo, que dio lugar a la Dictadura franquista, régimen responsable de un enorme crimen contra la humanidad, sino que el conocimiento social de esta verdad histórica tiene consecuencias jurídicas.
Como escribió Rainer Huhle a propósito de las Comisiones de la Verdad latinoamericanas, “si la verdad queda establecida, y si esta verdad es una verdad terrible, una verdad de crímenes atroces, la falta de justicia queda aún más visible y más sentida”. Que estamos ante unos crímenes atroces no sólo lo ha dicho la Historia, sino también los jueces. El razonamiento QUINTO de la sentencia 102/2012 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en la que se absuelve a Garzón de la denuncia por prevaricación, dice: “Los hechos anteriormente descritos, desde la perspectiva de las denuncias formuladas, son de acuerdo a las normas actualmente vigentes, delitos contra la humanidad en la medida en que las personas fallecidas y desaparecidas lo fueron a consecuencia de una acción sistemática dirigida a su eliminación como enemigo político”.
El señor Muñoz-Alonso debería saber, como le ha recordado la ONU, que los delitos contra la humanidad son imprescriptibles y que están reclamando justicia, no sólo para certificar la moralidad pública y para evitar la impunidad, sino para reparar a las víctimas. Así que no sólo necesitamos una Comisión de la Verdad, también se requiere Justicia. Ambas cosas llegarán, no lo duden.
Marcelino Flórez
7.000 nombres en Valladolid
Nunca antes de ayer, 26 de noviembre, habíamos sabido que en Valladolid el franquismo reprimió a 7.000 nombres. Dos mil trescientos treinta y cuatro de ellos, al menos, fueron asesinados, la mayoría de los cuales permanecen desaparecidos en fosas comunes, muchas ni siquiera localizadas. Siete mil son muchos nombres en una provincia donde no hubo guerra y cuya población apenas sobrepasaba los trescientos mil habitantes. “Valladolid 1936. Todos los nombres” es el título del libro que nos lo cuenta.
Sigue habiendo mucha gente, familiares de víctimas entre ella, que continúa achacando la represión a los malos quereres. Ayer mismo, un señor del público, cuyos padre y abuelo habían sido condenados a treinta años aseguraba que eso era inexplicable, “porque no militaban en ningún partido ni sindicato”. Decía eso aun conociendo que fueron detenidos el día 19 de julio en la Casa del Pueblo junto a los otros cuatrocientos cuarenta y ocho socialistas de Valladolid, que serían juzgados en la Causa 102/1936. Pero Julio del Olmo, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid, se encargó de aclarar ese aspecto junto a otro paralelo, el que se refiere a la responsabilidad en los crímenes.
La represión fue masiva, pero fue selectiva. Ningún historiador propiamente dicho discute hoy que se ordenó asesinar a los cargos políticos representativos y designados, o sea, alcaldes, concejales, gobernadores, delegados; a los dirigentes de sindicatos y partidos políticos; y, también, a sindicalistas y militantes políticos de la base, pero que se habían significado públicamente. Así se sembró el terror en toda la población, terror que un día tras otro comprobamos que persiste, como ayer mismo pudimos públicamente constatar.
Hasta ayer, sin embargo, no conocíamos sus nombres y no sabíamos que sumaban ¡siete mil!. Estamos ante un crimen contra la humanidad, que es modélico, y que, también en esto modélico, permanece impune.
La otra precisión que hizo Julio del Olmo se refiere a la responsabilidad en el crimen. Aún no tenemos todos los documentos probatorios, porque los archivos que los contienen permanecen cerrados, pero ya hay pruebas suficientes para asegurar que la represión estuvo ideada y ordenada por el alto mando militar que se rebeló contra la República. Nada fue improvisado y todo se rigió por los métodos colonialistas que conocían bien los militares rebeldes africanistas. En Valladolid, cada paso estuvo controlado por el ejército y desde Saliquet, el general golpista, hasta el último guardia civil del último pueblo de la provincia, nada se escapó a la cadena de mando. Las “cuadrillas” de falangistas, que ejecutaban las detenciones y se responsabilizaban de los “paseos”, estuvieron encuadradas en el mando militar desde los primeros días y siempre actuaron bajo la dirección de los cuarteles. Los archivos demuestran que, aunque los juicios fuesen una pantomima, las condenas a muerte respondían a un análisis minucioso de cada persona detenida. Si había contradicción en los informes, se requerían otros nuevos, hasta que la autoridad judicial militar dispusiera de datos precisos.
Nada, pues, de improvisación y nada de malos quereres. Las listas que los pistoleros de las camionetas de la muerte llevaban consigo no las confeccionaban ellos, sino la autoridad competente.
Hoy conocemos los nombres, uno a uno citado por orden alfabético en cada pueblo y en la capital vallisoletana. Se acabó la discusión sobre la enormidad del crimen, que permanece impune. En la presentación del libro, Gustavo Martín Garzo musitó para nuestros oídos el relato del crimen con palabras templadas y corazón cálido; y Manolo Sierra nos contó que la portada del libro resume la experiencia del conocimiento del crimen desde la casa familiar en su Babia natal. Julio del Olmo, coordinador del libro, explicó el método de investigación y las conclusiones: más de siete mil nombres, que siguen reclamando verdad, justicia y reparación. Cuatro mujeres, hijas de las víctimas, dieron testimonio del dolor.
Marcelino Flórez
¿Qué república y que rememoración?
Los republicanos de 1930 buscaban reformar la sociedad en un sentido, más o menos, regeneracionista: modernizar el ejército, actualizar la educación, promocionar la cultura, proporcionar eficacia a la agricultura, terminar con la confesionalidad del estado, reducir las diferencias sociales. Ni socialistas ni anarquistas eran republicanos, espacio que estaba reservado para la “burguesía progresita”. Socialistas y anarquistas eran revolucionarios, tarea que le correspondía “la clase obrera”: terminar con el ejército, socializar la educación y la cultura, colectivizar la tierra, acabar con la religión, implantar la igualdad social. Respecto a la República, se limitaban a discutir si pactar o no con sus partidarios alguna cosa concreta. Los socialistas comenzaron esos pactos en 1910 y los fortalecieron desde 1931; los anarquistas no pactaron nunca.
De estas cosas, con otros criterios, trata Santos Juliá en su artículo en El País del día 19 de junio de 1914, que titula “Una tradición inventada”. La tesis de Santos Juliá es que eso de la República es una invención de los comunistas en algún momento posterior a 1978. Su tesis y su artículo, rigurosa y estrictamente correctos en lectura historiográfica, necesitan ser leídos también en clave presentista, es decir, en su significado el día 19 de junio de 2014, fecha de la toma de posesión del nuevo Rey de España, Felipe VI.
La invención de la tradición republicana por parte de los comunistas tiene una fecha, que pueden indagar los periodistas de investigación, si es que quedan. Fue algún día en el tránsito del siglo XX al XXI y el autor del invento se llama Julio Anguita. Quizá ya no tenía cargo político relevante, pero sí la autoridad suficiente para proponer símbolos. No puedo precisar si la propuesta la hizo en sede del PCE o de Izquierda Unida, aunque eso es poco relevante, porque tanto unos como otros han convertido la enseña tricolor en su bandera, a la que se han adherido muchos compañeros de viaje, entre los cuales se puede nombrar a no pocos socialistas y, ¡ay!, algunos anarquistas. Qué pueda significar para todos esos usuarios la bandera tricolor, distinto de elegir o no la presidencia gubernativa del Estado, no lo sabemos. Veremos aparecer el significado el día que la República llegue a ser y haya que sacar las banderas propias, sean rojas, rojas y negras o multicolores.
Conocemos, pues, al autor y a los seguidores de la bandera republicana, pero también conocemos el contexto, que no es otro sino la irrupción en la sociedad de lo que ha venido a llamarse “memoria histórica”, concepto impreciso y polisémico donde los haya. Para entendernos aquí, podríamos acordar que “memoria histórica” hace referencia a la rememoración del pasado. Rememorar el pasado es lo que han hecho siempre los gobiernos o la clase dominante, que ponían nombres a las calles, levantaban estatuas en las plazas o adaptaban museos. Es la memoria identitaria que acompañó a los Estados modernos y a su ideología más consistente, los nacionalismos. Como la Transición no fue capaz de rememorar a la República y el régimen bipartidista la sepultó en un arca con siete llaves, la oposición marginada del poder retomó la bandera republicana como signo identitario y diferenciador.
Yo me encuentro aquí con dos problemas: el primero, definir qué República se rememora y el segundo, combatir el concepto de “memoria histórica” en tanto que rememoración identitaria. Porque repúblicas había muchas en 1931 o en 1936, incluso en 1939: había una república socialista, otra anarquista, otra comunista, estaba la república de Azaña y la de Alcalá Zamora, según en qué momento los accidentalistas de la CEDA podían reclamar la suya y no digamos los falangistas. No olvidemos que monárquicos sólo eran los carlistas y los alfonsinos, o sea, la Comunión Tradicionalista y Renovación Española. ¿O es otra cosa lo que se reclama, o no es más que la jefatura del Estado, o es meramente el derecho a decidir? Observando lo que se mueve en torno a las banderas, parece que es eso, el derecho a decidir, lo que se reclama. Pero, entonces, ¿por qué tanto empeño con la jefatura del Estado, donde se decide tan poco, y tanto olvido de los gobiernos y de los poderes fácticos, donde se decide todo? Vuelvo a decir lo que dije hace un mes y que cada día escucho a más gente: esto es una distracción, que sólo está favoreciendo al enemigo. Salvo Podemos, que ha pasado por aquí de puntillas, el resto de la izquierda anda por la luna.
Lo que me molesta, sin embargo, no es eso, sino la perversión del concepto de rememoración, que privilegia el sentido identitario y vuelve a echar al olvido el sentido benjaminiano, es decir, la rememoración de las víctimas. Lo que puso de actualidad la cultura de la memoria no fue la reclamación de la República, sino el recuerdo de las víctimas olvidadas. Fueron la fosa de Priaranza del Bierzo y Emilio Silva los que subieron a la mesa a las 150.000 personas desaparecidas de la Guerra Civil, todas ellas republicanas, sí, pero reivindicadas no por esa condición, sino por ser víctimas inocentes y olvidadas, es decir, como un derecho humano universal.
Haber entendido o no esto es lo que diferencia los proyectos políticos, porque, como dijo Adorno, comentando a Walter Benjamin, “Hitler ha impuesto a los hombres un nuevo imperativo categórico para su actual estado de ausencia de libertad: el de reorientar su pensamiento y su acción de modo que Auschwitz no se repita, que no vuelva a ocurrir nada semejante”. Y Walter Benjamin había indicado el camino con la tesis número 12 de su “concepto de la historia”, donde dice que la capacidad liberadora de “la clase oprimida que lucha” se nutre “de la imagen de los abuelos esclavizados, no del ideal de los nietos liberados”. Eso significa que la conciencia y la capacidad de lucha no proceden de ninguna “vanguardia” o de ningún “tribuno” y que las propuestas no se alimentan de imaginarios paraísos futuros, sino que el sujeto revolucionario es “la clase oprimida que lucha”, cuya conciencia procede de la contemplación del sufrimiento en el pasado, de los abuelos, el mismo sufrimiento que se sufre en el presente.
Esta es la razón por la que ese ondear de banderas primaverales me ha parecido, primeramente y como decían los antiguos, oportunista y, además, un enorme error, no sólo por distraer del objetivo principal, sino por desdibujar hasta hacer desaparecer el proyecto político que necesita “la clase oprimida que lucha”. Espero que la izquierda olvide pronto la rememoración identitaria y sepa buscar nuevos caminos junto a las víctimas, cuyo recuerdo alimenta las respuestas que se precisan.
Marcelino Flórez
La Guerra Civil explicada por J. Casanova -Comentario de texto-
Julián Casanova ha publicado un artículo en El País el día 1 de abril, conmemorando el 75 aniversario del final de la Guerra Civil, con el título de La Guerra Civil que nunca se aprendió en las escuelas, donde intenta explicar “cinco cosas básicas que todo ciudadano informado debería saber”. Comenzaré por la primera, que es la más importante: “¿Por qué hubo una Guerra Civil en España?”.
1. ¿Por qué hubo una Guerra Civil en España?
En 1936 había en España una República, cuyas leyes y actuaciones habían abierto la posibilidad histórica de solucionar problemas irresueltos, pero habían encontrado también, y provocado, importantes factores de inestabilidad, frente a los que sus gobiernos no supieron, o no pudieron, poner en marcha los recursos apropiados para contrarrestarlos.
La amenaza al orden social y la subversión de las relaciones de clase se percibían con mayor intensidad en 1936 que en los primeros años de la República. La estabilidad política del régimen también corría mayor peligro. El lenguaje de clase, con su retórica sobre las divisiones sociales y sus incitaciones a atacar al contrario, había impregnado gradualmente la atmósfera española. La República intentó transformar demasiadas cosas a la vez: la tierra, la Iglesia, el Ejército, la educación, las relaciones laborales. Suscitó grandes expectativas, que no pudo satisfacer, y se creó pronto muchos y poderosos enemigos.
La sociedad española se fragmentó, con la convivencia bastante deteriorada, y como pasaba en todos los países europeos, posiblemente con la excepción de Gran Bretaña, el rechazo de la democracia liberal a favor del autoritarismo avanzaba a pasos agigantados. Nada de eso conducía necesariamente a una guerra civil. Ésta empezó porque un golpe de Estado militar no consiguió de entrada su objetivo fundamental, apoderarse del poder y derribar al régimen republicano, y porque, al contrario de lo que ocurrió con otras repúblicas del período, hubo una resistencia importante y amplia, militar y civil, frente al intento de imponer un sistema autoritario. Sin esa combinación de golpe de Estado, división de las fuerzas armadas y resistencia, nunca se habría producido una guerra civil.
Vista la historia de Europa de esos años, y la de las otras República que no pudieron mantenerse como regímenes democráticos, lo normal es que la República española tampoco hubiera podido sobrevivir. Pero eso no lo sabremos nunca porque la sublevación militar tuvo la peculiaridad de provocar una fractura dentro del Ejército y de las fuerzas de seguridad. Y al hacerlo, abrió la posibilidad de que diferentes grupos armados compitieran por mantener el poder o por conquistarlo. El Estado republicano se tambaleó, el orden quebró y una revolución radical y destructora se extendió como la lava de un volcán por las ciudades donde la sublevación había fracasado. Allí donde triunfó, los militares pusieron en marcha un sistema de terror que aniquiló físicamente a sus enemigos políticos e ideológicos.
Este es el argumento: La República existente en 1936 había legislado para tratar de resolver problemas antiguos, pero también había generado inestabilidad, que los gobiernos no supieron resolver.
Los problemas que enfrentó -la tierra, la Iglesia, la educación, el Ejército, las relaciones sociales- le crearon poderosos enemigos a la república. Por otra parte, el orden social estaba amenazado y la subversión aparecía como inminente, con un lenguaje clasista que convocaba a la violencia social.
El resultado fue la fragmentación de la sociedad y la opción por soluciones políticas autoritarias.
En ese contexto hubo un golpe de Estado, que fracasó por la división del ejército y por la resistencia obrera. España se dividió en dos: una, donde quebró el orden y se extendió “como la lava de un volcán” la revolución social; otra, donde los militares impusieron el terror, que aniquiló a los enemigos políticos e ideológicos.
¿Por qué hubo, pues, una Guerra Civil en España? (o idea principal, que diría mi alumnado). Por la incapacidad de los gobiernos para resolver los problemas, bien fuesen generados por los poderosos enemigos de las reformas, bien por el ambiente revolucionario y de clase dominante, todo lo cual fragmentó a la sociedad, como se puso de manifiesto tras el fracaso del golpe de Estado.
En medio de esa argumentación, el autor introduce una frase aislada, que contradice el razonamiento: “Nada de eso conducía necesariamente a la Guerra Civil”. Pero continúa inmutable el silogismo planteado, pues hace al golpe responsable del inicio de la Guerra, pero no la causa de la misma. Esa frase podía ser analizada como una idea secundaria, aunque renuncio a esa tarea.
Uno, que ha estudiado la Guerra Civil y la ha enseñado en el bachillerato durante cuarenta años, haya logrado o no que haya sido aprendida, no logra identificar el argumento de Casanova con lo que sabe que ocurrió en España en la primavera de 1936. El 16 de febrero hubo elecciones, las ganó un Frente Popular, donde se aglutinaban partidos obreros y burgueses de fuertes convicciones republicanas, pero un sector de la derecha social y política no aceptó el resultado y se organizó en torno a un grupo de generales golpistas. Estos intentaron evitar que los vencedores de las elecciones llegasen a gobernar, aunque no lo consiguieron. Por el contrario, fueron alejados de Madrid por el nuevo gobierno para evitar que continuasen amenazando al Estado. En la comida de despedida, que esos mandos militares celebraron el 9 de marzo en Madrid, decidieron organizar eficazmente el golpe de Estado y encargaron de su dirección al general Mola. Este, con el aval de la UME, fue juntando apoyos civiles y militares. Aunque habían pensado en el 20 de abril, las dificultades preparatorias retrasaron la fecha de la sublevación hasta el 18 de julio. Para preparar el ambiente, los aliados civiles tuvieron el encargo de llevar a cabo una estrategia de violencia callejera, concretamente los monárquicos alfonsinos fueron los encargados de financiarla y los falangistas de activarla. Esta estrategia resultó tan eficaz, que todavía hoy hay quien sigue achacando la Guerra al asesinato de Calvo Sotelo, ocurrido cuando el avión que había de trasladar a Franco ya había llegado a las islas o, como dice Viñas en la misma entrevista, cuando “los conspiradores monárquicos estaban negociando el suministro de armamento con los fascistas italianos antes del 18 de julio y que lo firmaron el 1 de julio”, todo lo cual demuestra que la fecha del levantamiento llevaba días o semanas señalada, cuando, en respuesta al asesinato del teniente Castillo por los falangistas, sus compañeros policías asesinaron a Calvo Sotelo.
A pesar de los preparativos, el día 18 de julio una parte del ejército no secundó a los rebeldes y en las grandes ciudades, aunque hubiesen sido secundados, los trabajadores organizados se enfrentaron a la rebelión, consiguieron armas y lograron derrotar a los golpistas. A los pocos días, sólo la España más rural y menos poblada había quedado en manos de los rebeldes, aunque terminarían ganado la guerra.
¿Por qué hubo, entonces, una Guerra Civil? No fue porque había una Reforma Agraria en marcha, no fue por el laicismo constitucional, no fue por la reformas en el ejército, no fue por las leyes laborales sobre la jornada de 8 horas en el campo o de laboreo forzoso o de jurados mixtos, no fue porque los socialistas se negaran a formar gobierno con los republicanos de izquierdas, no fue porque hubiese partidos fascistas, no fue por ninguna revolución comunista, no fue por la agresividad del sindicalismo anarquista, no fue por la Revolución de 1934, fue porque hubo un levantamiento militar organizado y poco exitoso. Cuáles fuesen las motivaciones que impulsaban a los golpistas, las fuentes documentales en las que bebían, los intereses de clase, económicos o ideológicos, las pasiones diversas, las creencias, es un asunto diferente. Todo eso puede ayudar a comprender lo que ocurrió, pero no es la causa de lo que ocurrió. La Guerra tuvo una sola causa, la rebelión militar y su acompañamiento civil.
¿Qué importancia tiene el razonamiento de Casanova y por qué ha de ser combatido sin tregua? La respuesta es sencilla: porque se trata de una justificación indirecta del golpe de Estado. Aunque esta forma de razonar ya había sido denunciada, entre otros, por Antonio Elorza en 1997, historiadores afamados de progresistas siguen sin desasirse de esa falacia. Decía Elorza en El País el 4 de enero de 1997 “ciertamente resulta difícil y poco elegante alabar la sublevación militar, pero basta con tomar como punto de partida la supuesta situación caótica de la España republicana para proporcionar una justificación indirecta al alzamiento”. Ángel Viñas el mismo día 1 de abril en el diario digital Público respondía lo siguiente a una pregunta sobre la anarquía republicana en tanto que causa de la Guerra: “ En la medida en la que se presenta el golpe y la sublevación militar del 18 de julio como una respuesta inevitable a un estado de descomposición y de anarquía, de desenfreno, están justificando la sublevación”. Exactamente eso hace Julián Casanova ¡en 2014!
Lo grave de este error historiográfico es el origen del mismo: la justificación que el franquismo hizo de su delito de rebelión. Los juristas del régimen comenzaron muy pronto esta tarea falseadora de la realidad: el 24 de junio de 1938 la Auditoría de Guerra envió a los Juzgados de 1ª Instrucción un escrito reclamando información sobre “los hechos ocurridos desde el 16 de febrero al 18 de julio de 1936”, que es el antecedente oficial, aunque hay otros de carácter local, de la Comisión sobre la ilegitimidad de los Poderes Actuantes el 18 de julio de 1936, que se formó el 21 de diciembre de 1938 y emitió su Dictamen el 14 de febrero de 1939. Las conclusiones, además de afirmar la ilegitimidad de todas las instituciones republicanas por convocar de forma ilegítima aquellas elecciones o por fraude en los resultados electorales, insistían en la ineptitud del gobierno, puesto “al servicio de la violencia y el crimen” (conclusión cuarta) , como lo demuestra el asesinato de Calvo Sotelo (conclusión quinta). El documento termina, claro está, con la afirmación de que el glorioso Alzamiento Nacional no puede ser calificado de rebeldía, sino de “restablecimiento de la moral y del derecho”, mientras que el Frente Popular ha de ser apartado “de todo comercio moral” y hay que “cancelar su inscripción en el consorcio del mundo civilizado”.
Julián Casanova no suscribiría, evidentemente, esas conclusiones del Dictamen, pero su argumentación es una perfecta justificación indirecta del Alzamiento, como razonó hace ya muchos años Antonio Elorza. Por mi parte, llevo unos años combatiendo este error historiográfico, que se relaciona directamente con la falta de comprensión de lo que significa la memoria benjaminiana, que es memoria de las víctimas. El error es causa, a su vez, de la pervivencia del revisionismo, como he explicado aquí en otros escritos. Hoy, sin embargo, me limito a hacer lo que haría cualquier alumna o alumno míos en su comentario de texto: análisis del contenido, idea principal y explicaciones fundamentadas historiográficamente.
Marcelino Flórez
REMEMORACIÓN 
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