El día 12 de abril de 2012, Thomas Weber, profesor de Historia Moderna, publicaba en la Cuarta de El País un artículo titulado Tribunales ordinarios y criminales de guerra. Se lamenta allí de que los cazadores de nazis sigan persiguiendo sus objetivos y llevando a los criminales, ya ancianos, ante los tribunales ordinarios. Pone el ejemplo de John Demjanjuk, guarda del campo de Sobibor, que murió el 17 de marzo, poco tiempo después de haber sido condenado a una pena de cinco años de cárcel; o el de Willi B., de ochenta y seis años, que se halla bajo investigación por supuesta participación en la masacre de 642 civiles en la localidad francesa de Oradour-sur-Glane, población de la región francesa de Limousin arrasada en 1944 por la 3ª Compañía “El Führer”, del Regimiento de Infantería Acorazada de las SS.

El lamento de este historiador, como expresamente dice, no se debe a que pretenda relegar al olvido a las víctimas de Oradour-sur-Glane o de Sobibor, ni a ninguna otra. Se debe a que no le parecen adecuados los juicios para llegar a conocer la verdad. Y propone que se sustituyan los juicios por Comisiones de la Verdad, ante las cuales los criminales, garantizada su inmunidad, hablarían con más facilidad. Propone, por lo tanto, buscar la verdad y renunciar a la justicia. De paso, da unos consejos a los españoles y nos invita a sustituir el asociacionismo memorialista por Comisiones de la Verdad, escapando así a la atribución de “intenciones partidarias”, al dar cabida en ellas a testimonios de “las distintas partes enfrentadas”.

Me causa asombro que un historiador, sin duda eminente por el puesto que ocupa en la Universidad escocesa de Aberdeen, escriba sin pudor las cosas que ha escrito en ese artículo; y me causa más asombro que el primer periódico de España eleve esa doctrina a su principal espacio de opinión, por más que El País sea tan reincidente en esa opción ideológica. Hay que decir no, una y mil veces, a estos, si son bienintencionados, errores conceptuales, o a estas perversiones morales, en palabras de Primo levi, si tienen alguna mala intención.

En el laberinto de la confusión conceptual sobre los asuntos memorialistas del que no logramos salir (he explicado esto en un librito, que ahora se puede ver en edición digital: (http://www.librosenred.com/libros/rememoraciondelasvictimasycambiosenelpensamientosocial.html), hay cosas elementales que aclarar. Primero: conocer la verdad y juzgar los crímenes de lesa humanidad son dos cosas diferentes y perfectamente compatibles. Si el historiador quiere conocer la verdad, es decir, aumentar el conocimiento histórico con testimonios de protagonistas, puede hacerlo y existe una ya larga experiencia sobre el uso de esas fuentes orales. Historia y justicia son compatibles, aunque son bien diferentes. La historia construye científicamente la verdad, la justicia certifica los crímenes cometidos y la autoría de los mismos. Frente a la historia y a su verdad, cabe el revisionismo, a veces incluso bienintencionado; frente a la justicia, el negacionismo sólo admite persecución judicial.

Cuando Thomas Weber nos recomienda a los españoles que optemos por conocer la verdad, su buena voluntad está pensando en la reconciliación. Pero cae en un engaño, porque no hay reconciliación posible sin reconocimiento de la verdad y eso no es tarea de ninguna comisión, sino que atañe a las responsabilidades de las personas o de las instituciones. Reconocimiento es distinto de conocimiento. Por otra parte, como ha escrito Rainer Huhle, “si la verdad queda establecida, y si esta verdad es una verdad terrible, una verdad de crímenes atroces, de culpas enormes, la falta de justicia queda aún más visible y más sentida”. Ambos razonamientos conducen a la conclusión de que la verdad reclama justicia. Eso es lo que está ocurriendo en España. A medida que va creciendo el conocimiento de los crímenes del franquismo, la demanda de justicia va convirtiéndose en un clamor social. Recordemos que esos crímenes constituían un tabú del que no se podía hablar hasta hace poco más de diez años. Todavía el 26 de noviembre de 2003 el parlamentario del Partido Popular, Luis de Grandes, se refirió a este asunto con la expresión descalificadora de “revival de naftalina”.

La otra recomendación que Thomas Weber nos da a los españoles no me produce asombro, sino indignación. De nuevo se vuelve a la equidistancia de las víctimas con la expresión de “las distintas partes enfrentadas”. Es cierto que hay dos “partes enfrentadas”, el gobierno legítimo y los rebeldes, pero ni las dos “partes” ni las víctimas en ellas producidas son equiparables y pueden tratarse en un mismo negociado. Respecto a las víctimas, es sabido que los rebeldes, ganadores de la guerra, repararon los daños producidos. Aunque la reparación se hiciera por la vía de la venganza y no de la justicia, lo cierto es que no existe ninguna víctima que no haya recibido su reparación en el bando de los rebeldes con un castigo inmisericorde para los presuntos culpables, sus nombres han llenado calles e iglesias durante años y, en muchos casos, siguen allí presentes, sus familias fueron beneficiadas económicamente y nunca han sido relegadas al olvido.

Por el contrario, las personas asesinadas, torturadas o perseguidas por los franquistas han permanecido ocultas hasta hace muy pocos años, la mayor parte de las asesinadas continúan desaparecidas dentro de fosas comunes y, sobre todo, no ha sido reparado el crimen. Los criminales, cuyos nombres son ya públicos en muchos casos, tampoco han sufrido condena. Falta, pues, la justicia, que es el primer acto reparador de las víctimas, como dijera en 1995 el entonces fiscal de La Haya, Richard Goldstone, con motivo del cincuenta aniversario del juicio de Núremberg: “La justicia no es solamente una cuestión de castigo de los criminales de guerra y de derechos humanos. Es también una cuestión de reconocimiento del sufrimiento de las víctimas. Y para los afectados, en muchos casos, este reconocimiento es una parte esencial de su proceso de rehabilitación”.

Recurrir a la equiparación de víctimas no ha tenido históricamente más resultado que seguir ocultando el crimen. Querer sustituir la justicia por el mero conocimiento de los hechos es optar por la impunidad de los criminales, lo que no deja de ser una invitación a los poderosos para continuar conculcando los derechos humanos. Por eso, el esfuerzo sigue siendo por la verdad y por la justicia, sin renunciar a ninguna de las dos cosas.

La sentencia absolutoria para el juez Garzón en el caso de las víctimas del franquismo es una buena noticia. Es una sentencia de mucha enjundia y afecta a distintos aspectos jurídicos, sociales y políticos. Los elementos jurídicos irán siendo desvelados por los técnicos. Yo voy a fijarme en los aspectos sociales y políticos, de los que entiendo algo.

Lo más importante, desde el punto de vista de la memoria histórica, es la constatación de que los hechos denunciados por las víctimas constituyen, en el lenguaje y en la jurisprudencia moderna, un crimen contra la humanidad. Esta afirmación, que reproduce lo expresado por Garzón en los autos denunciados por los neofranquistas, deja fuera de discusión para siempre la calificación del régimen de Franco: es un régimen nacido, asentado y mantenido sobre un crimen contra la humanidad. La sociedad española ya no puede seguir mirando para otra parte, como venía haciendo. Igual que en Sudáfrica con el apartheid, en América del Norte con el racismo o en Alemania con el nazismo, hay que reconocer socialmente el pasado y disponerse a reparar sus efectos.

Los demás considerandos de carácter político merecen una severa crítica: las afirmaciones y juicios de valor políticos sobre la Transición, para justificar la Ley de Amnistía de 1977, aparte de estar fuera de sitio en la lógica jurídica, desconocen las últimas investigaciones sobre ese periodo, de las que ya no se deduce la calificación política de “modélico” con el que fue calificado políticamente en otro tiempo y que recoge la sentencia.

Aunque la sentencia reconoce alguna diferencia en el trato recibido por las víctimas republicanas y las víctimas franquistas de la Guerra Civil, sitúa a las víctimas en términos de equidistancia entre los dos bandos de la Guerra. El razonamiento tampoco viene al caso, pero, además, no se sostiene con lo que ahora sabemos. No creo que los jueces del Supremo estén en condiciones de demostrar una “acción sistemática” en el caso de los poderes republicanos, menos aún una vez que las milicias pudieron ser controladas. No creo que puedan hablar de desaparecidas en el caso de las víctimas franquistas, salvo muy pocas excepciones que se subsanaron apenas terminada la Guerra, entre ellas, la de Paracuellos. Y, sobre todo, no puede ser que sean desconocedores de la reparación que conocieron las víctimas de la derecha política, incluyendo el enjuiciamiento de los criminales (aunque fuesen, como fueron, juicios ilegítimos). Equiparar a las víctimas, dijo Primo Levi, es una perversión moral y siempre cumple la función de garantizar la impunidad vigente.

La sentencia, como acaba de recordar Amnistía Internacional, pasa por alto lo principal: la denuncia de las víctimas, que originó las actuaciones del juez Garzón. Las víctimas vuelven a ser olvidadas o, lo que es peor, se hace referencia a ellas no para que reciban justicia, sino para “recuperación de los cadáveres para su homenaje y procurar la efectiva reconciliación que la Ley de Amnistía perseguía” (¡Ay!, si analizamos esta frase). No, señores magistrados, las víctimas reclaman, además de verdad y recuperación de cadáveres, justicia: que se designe y se reconozca socialmente a los criminales y que se atestigüe la inocencia de las personas asesinadas. La justicia es el primer acto reparador para las víctimas y aún está pendiente.

No sé cuál será el grado de consistencia de los argumentos jurídicos, pero el voto particular concurrente del magistrado Julián Sánchez Melgar, al insistir en que no hay delito de prevaricación porque falta el elemento subjetivo, que es imprescindible, deja en muy mal lugar al instructor Varela y a todo el Tribunal, que no fue capaz de anular el juicio por defectos de forma hace solo unos días, aunque esta decisión fuese con el Tribunal partido en dos.

El acoso a Garzón ha terminado, por ahora, con su expulsión de la judicatura, pero los razonamientos presentes en esta sentencia acarrean mucha inseguridad para la condena por el caso Gürtel. Veremos cómo termina finalmente. Por el momento, la causa de las víctimas del franquismo ha logrado un gran avance, por hacerse definitivamente visibles y por obtener una condena moral, en sede judicial, del franquismo. No está mal el resultado provisional.

Todas las personas normales, en España y en el extranjero, califican de extraño lo que está ocurriendo con el juez Garzón. Los juristas lo califican de insólito. Para unos y para otros resulta escandaloso. Las diferencias interpretativas aparecen cuando alguien decide fijarse en la forma y despreciar el fondo. Esta distinción ha sido la que ha hecho posible la alianza entra la envidia y el franquismo para acosar a Garzón.

Lo expresan muy bien unas palabras que escuché al finalizar la vista por el caso Gürtel a Miguel Ángel Aguilar, que actúa de tertuliano insoportable en la Cadena SER. Todo el comentario que hizo sobre ese juicio a Garzón fue que no le gustan los jueces estrella. ¡Qué tendrán que ver los gustos de este, por otra parte, egregio periodista para dar una opinión sobre ese concreto juicio a Garzón! Nos hallamos en el espacio de la envidia, del rencor y de otros sentimientos similares que han afluido en el acoso a Garzón.

Normalmente esos sentimientos han encontrado justificación en la forma de los asuntos: en el caso de la Gürtel esquivan el meollo de la corrupción política, que es el delito investigado por el juez, para fijarse en si eran legales o no las escuchas; en el caso de los desaparecidos del franquismo, que es un crimen de lesa humanidad aún no resuelto, se fijan en si el juez sobrepasó o no sus competencias y ahí se enrocan. Sabemos que el fondo es inseparable de la forma y, si lo separan, es porque buscan hacer desaparecer el fondo bajo la apariencia de la forma.

Para acosar a Garzón, se ha impuesto la apariencia o, lo que es lo mismo, la envidia, el rencor, la venganza y otros sentimientos tan malévolos como marginales. Soy de los que piensan que Garzón va a ganar en este asunto de las formas, donde sus acusadores han dejado muchos resquicios abiertos. Va a ganar en primera instancia, porque en los tribunales internacionales, donde el revestimiento maligno de las formas no está presente, no hay duda de su victoria.

Pero es en el fondo, donde Garzón ha ganado ya y de manera definitiva: la corrupción política de la trama Gürtel es un hecho público indiscutible, terminen ajusticiados o no todos los responsables; y los crímenes del franquismo, sacados a la luz para siempre, tienen convertido en axioma la calificación de los mismos: un delito de lesa humanidad imprescriptible.

Se tardará más o se tardará menos, será en España o en un tribunal internacional, pero las víctimas sepultadas bajo las siete llaves del franquismo recibirán justicia: se reconocerá públicamente el crimen, se juzgará el crimen, habrá veredicto y las víctimas serán reparadas.

Desde que las víctimas se hicieron visibles, las de ETA y las del franquismo, ya nunca pueden volver a ser ocultadas. Basta mantener su memoria para obtener la justicia. Aquí no cabe controversia. La disputa política actual sólo se mantiene viva por la resistencia de algunos con mucho poder para aceptar la evidencia. Por eso es tan significativo el acoso a Garzón (no sé por qué El País ha dejado de utilizar este calificativo y ha pasado a hablar de “caso Garzón”), porque saca a la luz no sólo la envidia, sino a los beneficiados del franquismo, que no soportan la claridad.