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Historia,Memoria de las víctimas,Política

ETA, Carrero y CC.OO.

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Como expliqué en proceso-1001, la Memoria de la sociedad española en 2013 se fijó el 20 de diciembre en ETA y en Carrero, pero no en las Comisiones Obreras. Eso está lleno de significados y nos sirve, entre otras cosas, para entender la diferencia entre memoria oficial del pasado y rememoración de las víctimas, diferencia que no logramos hacer comprender por mucho que nos empeñamos.

Olvidar a las Comisiones Obreras en 2013 se relaciona enteramente con el acoso que está sufriendo el sindicalismo en la presente crisis por parte del capitalismo global, representado en este caso no sólo por la barbarie del Partido Popular, sino también por ese neoliberalismo blando que domina en los medios “progresistas” y en la socialdemocracia europea.

Me preocupa más, sin embargo, la rememoración del binomio ETA-Carrero. Observemos que si ese hecho se considera prioritario es porque se piensa que son los individuos los que determinan la marcha de la historia y, lo que es lo mismo, el orden social vigente. ¡Cómo se contradice esto con lo que estamos viendo a diario y que lo expresamos como imperio del mercado! Así nos va, con los análisis que hacemos.

Pero mi interés se centra en la otra consecuencia que se deriva de la Memoria Histórica Española en este 20 de diciembre, la que nos llevaría a reconocer que la estrategia de ETA era la correcta. Y no me refiero al terrorismo en tanto que estrategia, que, desde luego, no se puede juzgar lo mismo en democracia que en dictadura: ni políticamente, ni éticamente es lo mismo, aunque a posteriori no pueda justificarse desde ningún punto de vista, conocidas las consecuencias. Me refiero a la estrategia política de eliminar a los individuos y a las organizaciones sociales.

Entiendo que quienes consideran que la historia la deciden los individuos encuentren lógica la decisión de eliminar a Carrero, si se pretendía acabar con el franquismo de esa manera, pero no cabe la misma lógica respecto a las Comisiones Obreras. Y cuando ETA eligió el 20 de diciembre para asesinar a Carrero, sabía que ese día había un juicio contra los sindicalistas, que estaba siendo observado por todo el mundo democrático. Con su acción, logró ocultar el Proceso 1001 en 1973 … y en 2013.

¿Era sólo propaganda lo que buscaba? Podríamos pensar que sí, si no hubiéramos visto caer a tantos sindicalistas de las Comisiones Obreras a manos de ETA, fuesen funcionarios de prisiones, periodistas o meros dirigentes destacados. No tengo la relación de esos asesinatos selectivos, aunque sí conservo en mi mente algunos rostros y nombres, pero no me cabe duda de que un objetivo consciente de ETA, como de otras organizaciones terroristas, eran los movimientos sociales que no controlaba. Recordad a Madre Coraje de Villa El Salvador, en Lima, asesinada por Sendero Luminoso.

A juzgar por la Memoria Histórica Oficial Española, ETA ganó también esa batalla. Por eso, nuestra obligación moral es seguir rememorando a las víctimas olvidadas, de las que ya empiezan a formar parte los sindicalistas. Los del Proceso 1001 se llamaban: Marcelino Camacho, Nicolás Sartorius, Francisco García Salve, (El Cura Paco), Fernado Soto, Luis Fernández Costilla, Pedro Santiesteban, Juan M. Muñiz, Francisco Acosta, Eduardo Saborido y Miguel A. Zamora.

Marcelino Flórez

Política

Proceso 1001

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Acaban de cumplirse 40 años del inicio del juicio por el llamado Proceso 1001, que recibe su nombre del expediente del año 1972 que hizo el Tribunal de Orden Público (TOP) a los dirigentes de Comisiones Obreras detenidos en el mes de junio de ese año. En el mismo instante en que comenzaba el juicio el día 20 de diciembre de 1973, la organización terrorista ETA asesinó al Vicepresidente del gobierno de la Dictadura, Carrero Blanco. De esa manera, aquel día 20 se llenó de acontecimientos históricos relevantes.

El día 20 de diciembre de 2013 no he visto ni una palabra en los periódicos “progresistas” sobre el Proceso 1001, pero he visto reportajes y artículos destacados sobre el asesinato de Carrero. Algunos historiadores se atreven, incluso, con la ciencia ficción y pronostican que aquel asesinato fue importante, si no determinante, en la desaparición de la Dictadura y en la Transición a la democracia. Deberían acompañar ese pronóstico con alguna prueba significativa, como pudieran ser cambios en la organización del ejército o en las decisiones del Dictador o en las leyes o en alguna otra institución del Estado. No encontraréis nada de eso, sólo pronósticos del pasado, que nunca podrán realizarse, o sea, banalidades y juegos de artificio. Se puede ver el mejor ejemplo de esto en el artículo de Ramoneda en El País, que titula Pequeñas historias con importancia, donde eleva a categoría histórica un recuerdo o memoria del Rey Juan Carlos del año 1999 sobre Carrero, que no pasa de ser una opinión indemostrable y nada creíble.

El Proceso 1001, en cambio, representa la represión inmisericorde que el franquismo desató contra las Comisiones Obreras, una organización que logró llenar de huelgas y de movilizaciones los años 1976 y 1977, contribuyendo de manera significativa y consciente a transformar las Cortes legislativas de 1977 en Cortes constituyentes. Aquellas Comisiones Obreras no sólo constituyeron la principal oposición al franquismo, como lo demuestran, entre miles de hechos, el número de miembros procesados por el TOP, sino que contribuyeron de forma eficaz a instaurar la democracia y, con las libertades, llegaron a ser el primer sindicato de España. No hace falta hacer ningún pronóstico para demostrar la trascendencia histórica de esta organización y de aquel proceso, basta con observar la realidad.

El 20 de diciembre de 2013 ha sido un ejemplo perfecto para entender lo que significa Memoria Histórica, esto es, el recuerdo que una sociedad mantiene o desea mantener del pasado. En este caso, los creadores de opinión españoles desean recordar a ETA y a Carrero, no a las Comisiones Obreras.  Explicaremos en un próximo escrito algunos significados de esa memoria, pero la mera descripción del hecho ya nos posibilita juzgar a cada cual.

Marcelino Flórez

Política

Delendus est PP

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El 15 de noviembre de 1930 José Ortega y Gasset escribió un memorable artículo en el diario El Sol, titulado El error Berenguer, que terminaba así: “¡Españoles, vuestro Estado no existe! ¡Reconstruidlo! ¡Delenda est Monarchia!”. Con esta simbólica toma de postura de los intelectuales culminaba un proceso de movilizaciones y de crítica contra la Dictadura, que tampoco iba a ser aceptada en la suave forma de dictablanda encarnada en el general Berenguer. Cinco meses más tarde, la monarquía fue destruída, como aconsejara Ortega.

Dos años de gobierno después y casi veinticinco desde que se refundara el PP, ha llegado el momento de proclamar ¡El PP debe ser destruído! Como siempre nos acecha el olvido, conviene ir anotando la relación de agravios, que son las razones que hacen del PP un partido merecedor de un rechazo formal y de ser arrojado al frío espacio de la indiferencia.

I.

El primer agravio, que, además de razón, se ha convertido en delito, es la justificación del franquismo. El PP no sólo no ha condenado el franquismo, del que procede, sino que avala sistemáticamente las anacrónicas defensas de aquel régimen, al que el Tribunal Supremo nos ha concedido el don de poder llamar criminal sin que eso pueda ser considerado por nadie un insulto. Sea en los actos protagonizados por el alcalde y algunos vecinos de Poyales del Hoyo en el mes de agosto de 2011, cuando, después de profanar una fosa de víctimas del franquismo, un vecino llegó a decir “si Franco levantara la cabeza os cortaba el cuello”, como transcribe El País del día 7 de aquel mes; sean los agravios continuados del alcalde granadino sobre la Tapia del Cementerio de San José; sean las exhibiciones reiteradas de gestos y cantos fascistas de conocidos dirigentes de Nuevas Generaciones; sean las bárbaras declaraciones del alcalde de Barralla en Lugo; sean las actitudes, gestos y dichos del coportavoz popular en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando; todos los protagonistas de la justificación, cuando no exaltación, del franquismo siguen en sus puestos.

Dicen los demoscópicos que todo eso lo hacen para tener satisfecha a su base social. Pues bien, con todo lo que sabemos hoy, cualquiera que no sea esa base social o les abandona o pasa a formar parte de la misma base con todas las consecuencias.

II.

La segunda razón es la implantación de un régimen autoritario. Al uso despótico de la mayoría absoluta; al abuso del decreto-ley, que evita el debate parlamentario e impide la información ciudadana; a la utilización con violencia extralimitada de las fuerzas policiales; a la conversión de la realidad en propaganda, donde los eufemismos que dictan los argumentarios encuentran un auxilio en los medios de comunicación de masas, prácticamente monopolizados; a todo ello, el PP ha sumado finalmente el cambio de las leyes que afectan a los derechos humanos esenciales; y ha sumado el control de la justicia, único poder que se le escapaba hasta ahora.

Es cierto que muchos de esos pasos van siendo recurridos ante el Tribunal Constitucional y más de uno ha sido rechazado ya por ese Tribunal después de ser aplicado, pero eso no evita que el gobierno del PP haya puesto de manifiesto su ideología, un autoritarismo que choca con la democracia y camina por los bordes de la Constitución. Sin dudarlo y amparados en la experiencia histórica, esa ideología debe ser rechazada para garantizar la salud democrática.

III.

La tercera razón es la justificación de la corrupción. Que el caso Gürtel es un asunto de corrupción política que afecta al PP no es discutible, sea cual sea el resultado de los procesos judiciales que le atañen. Pero los principales responsables de esa corrupción, sobre todo en la Comunidad Valenciana, han seguido al frente de las instituciones públicas y el PP no los ha destituído. El rocambolesco asunto de Bárcenas y la contabilidad “B” tampoco ha podido ocultarse. Quizá los jueces tengan dificultades para desentrañar todos los pormenores, pero nunca se podrá negar que ingentes cantidades de dinero circularon por las cloacas del partido. Tales debieron ser esas cantidades, que el tesorero del partido, él solito, puso sustraer decenas de millones de euros clandestinos y colocarlos en paraísos fiscales. Cuando un micrófono descubre lo que realmente piensan los dirigentes o cuando se tiene acceso a los correos electrónicos de esos dirigentes, el grado de corrupción que se observa merece el calificativo de aterrador. Todo eso, en el ámbito político, independientemente de lo que dictaminen los jueces.

Los dirigentes del PP han dicho repetidas veces que esos asuntos políticos se sustancian en las urnas. Y así ha venido siendo, de manera que la persistencia del voto al PP le ha liberado de la responsabilidad política por la corrupción. Pero con esta acción, la responsabilidad política ha sido trasladada al votante. En términos éticos, esta forma de justificar la corrupción ha de ser rechazada sin atenuantes.

IV.

La cuarta razón es la negación del consenso. Nunca antes de ahora en la democracia habíamos observado un desprecio tan clamoroso a la opinión diferente. En el Parlamento no se escucha a la oposición ni en lo que tiene derecho. Hemos visto actitudes de algunas presidencias de comisiones tan abusadoras, que han tenido que ser desautorizadas por los propios compañeros de partido. Lo mismo pasa con la oposición en la calle: las huelgas y las enormes manifestaciones celebradas han sido despreciadas de forma explícita sin atender a ninguna de sus demandas. Ni la reforma laboral, ni la reforma de las pensiones, ni los múltiples recortes en educación, sanidad, servicios sociales han sido negociados con nadie. Pero es la Ley Wert la que ejemplifica de forma perfecta la ausencia de consenso. Y aquí también sólo hay un culpable, no vale el manido recurso al “todos son iguales”, porque esta abominable ley estuvo precedida del proyecto que hizo el ministro Gabilondo en el anterior periodo legislativo, proyecto al que fue convocado todo el mundo y que recogía la inmensa mayoría de las propuestas de la derecha. El PP se retiró del pacto sin poder aportar ninguna excusa, poniendo de manifiesto que su ideología, el autoritarismo, es incompatible con el consenso. El ministro Wert, con su soberbia avalada en Rajoy, ha dejado claro que la ruptura del consenso es cosa exclusiva de su partido. También por esto, delendus est.

V.

La quinta razón es el ejercicio de la oposición que ha practicado el PP desde que existe con ese nombre. Ha sido siempre una oposición agresiva, a la que los medios dieron el calificativo de crispación; una oposición que convocaba al odio a los diferentes; una oposición completamente desleal, incluso en los asuntos de Estado. Recordemos el uso que hizo del terrorismo, tanto en el Parlamento como en la calle; recordemos el recurso a la xenofobia, fuese en Melilla o en Badalona, donde Albiol reconoció, ante el juez que le absolvía, haber usado expresiones “inadecuadas” sobre los gitanos rumanos; recordemos que el mismísimo presidente del gobierno fue insultado en sede parlamentaria con el calificativo de “tonto solemne”; recordemos, en fin, la actitud ante la crisis económica, reflejada de forma perfecta en aquella expresión de Montoro: “dejad que se caiga España, que nosotros la levantaremos”. También por esto, el PP ha de ser arrojado a la indiferencia.

Al acercarse periodos electorales y eso va a ocurrir de forma continua desde los primeros meses de 2014, el argumentario insistirá en presentar una imagen bondadosa del partido, procurando que se olvide lo que realmente ha ocurrido y cómo se ha actuado realmente. Oiremos repetir insistentemente que la reforma laboral crea empleo, que el PP es el único que combate la corrupción, que la reforma de las pensiones es para hacerlas sostenibles, que mejora la educación, que es el gobierno más solidario, que ya hemos salido de la crisis. Y la voz nos llegará desde rostros sonrientes. El objetivo es que la gente moderada, esa que gusta llamarse de centro, vuelva a votar al PP. Ese voto, que se suma a las “bases sociales” es el que sostiene al partido y, por lo tanto, al que le corresponde la plena responsabilidad por lo que ocurre: franquismo, autoritarismo, corrupción, intolerancia y crispación. Por eso, es una obligación moral mantener vivo el recuerdo, para que no nos llamen a engaño.

Cuando digo que el PP debe ser destruido, no pienso en ninguna acción represiva, por supuesto. Sólo pienso en el único aval de que dispone el PP, el voto. Mientras la ciudadanía de derechas moderadas siga fiel al PP está cerrado el camino para avanzar en España: no se podrá terminar con el franquismo; se fortalecerá el régimen autoritario y decaerán las libertades; no terminará la corrupción con su secuela de desamortización de los bienes públicos y su entrega a una casta de amiguetes; será imposible recuperar el consenso y, por lo tanto, cambiar la Constitución; y estaremos condenados a la crispación política. ¿O es que alguien piensa que el PP va a reconocer alguna vez esta relación de agravios?

El final del camino es un país dividido, sin derechos sociales, con desigualdad rampante y pobreza extendida, desconocedor de lo que significa cultura, un país, triste, atrasado, envejecido, decadente. Y el camino está apunto de terminar. Si el voto moderado reacciona, el PP se destruirá inexorablemente. Estamos invitados a observar lo que nos anuncia el nuevo año, pero también a decidir la dirección.

Marcelino Flórez

Política

Pregunta tramposa

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Después de una o dos décadas jugando con el equívoco concepto del “derecho a decidir”, los nacionalistas catalanes han construído un nuevo mantra, aunque este no tiene visos de lograr tan largo recorrido. No debe de quedar nadie que discuta el derecho a decidir, ya que es el fundamento mismo del sistema democrático. Generalmente, ese derecho se ejerce mediante el sufragio y a través de la representación política. El derecho existe y disponen de él todas las personas en España por igual. Algunos partidos nacionalistas catalanes conocen bien ese derecho y lo han ejercido, de hecho, en alianza con la derecha centralista, cuando ésta hablaba catalán en la intimidad, contribuyendo a crear graves perjuicios a la mayoría de los españoles. Pero reclamar el derecho a decidir no significa nada y el concepto se usa conscientemente de forma equívoca. Lo que realmente quieren decir los nacionalistas catalanes y sus compañeros de viaje es “derecho a la independencia” de Cataluña respecto a España. La falacia no da más juego y, por eso, han dado este nuevo paso, el referéndum, que es una forma concreta de tomar decisiones.

 

 

Todas las tendencias nacionalistas catalanas se han puesto de acuerdo en la pregunta que desean hacer para acceder a la independencia. Pero todo el mundo puede ver la trampa; no proponen una pregunta, sino dos. Primero, si los catalanes quiere “ser un Estado”; segundo, si quieren que ese Estado “sea independiente”. Con lo fácil que hubiera sido preguntar a la gente si desean “un Estado catalán independiente” o, con más claridad aún, si quieren “la independencia de Cataluña”. ¿Por qué dos y no una sola pregunta? Para seguir haciendo trampas, como hicieron con el “derecho a decidir”.

 

 

Un componente insustituible en los nacionalismos es el irredentismo. El nacionalismo sólo puede existir mientras sea irredimible. Si consiguiese su objetivo, la independencia en este caso, la ideología nacionalista desparecería; y, en el mundo actual, donde las posibilidades imperialistas son escasas, no le quedaría nada que hacer. ¿Cómo justificar, entonces, las políticas cotidianas sin nacionalismo, la apropiación de la riqueza, la exclusión social, la represión de las libertades, el nepotismo? Sin el señuelo nacionalista, las derechas catalanas, como las españolas, quedan desnudas. Por eso, es incomprensible que nada de lo que se autodenomina izquierda caiga en la trampa. Si usa señuelo, no es izquierda, porque estamos ya en el día en el que la ética es un componente indisociable de lo que hemos convenido en llamar izquierda.

 

 

Marcelino Flórez

 

 

Historia,Memoria de las víctimas,Política

Memorias de Cataluña (y de España)

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El Congreso celebrado en Barcelona con el título España contra Cataluña: una mirada histórica (1714-2014) ha provocado un conflicto político y otro historiográfico. Pero no se trata de conflictos a causa del nombre, a lo que algunos se adhieren como excusa, ni tampoco ha surgido el conflicto porque su comienzo haya coincidido con el acuerdo de CIU y ERC sobre la pregunta del referéndum independentista. Creo que nos hallamos ante un conflicto que expresa el estado de una ideología, el nacionalismo. Lo que está ocurriendo en Cataluña (y en España) me recuerda mucho aquel comentario de Marx referido al Imperio de Luis Napoleón Bonaparte, del que decía que remedaba la tragedia del primer imperio bajo la forma de comedia.

Bajo esta comedia se oculta, además, uno de los errores conceptuales que más tozudamente viene reproduciendo la mayoría de los historiadores españoles con el concepto de memoria. Cuando esos historiadores hablan de memoria, aparte de confundirlo a veces con las autobiografías o memorias, se refieren generalmente a la rememoración identitaria del pasado, rememoración que los gobernantes tienen encargada desde siempre a la historiografía. Esta función rememoradora es inherente al nacionalismo: para construir su identidad, el Estado-Nación recurrió a la narración de los hechos heroicos del “pueblo” que formó tal Estado o Nación, tanto o más que al cuidado de la lengua dominante.

Sabemos, desde que Eric Hobsbawm lo razonara así, que la memoria identitaria es una “invención”. Se trata, efectivamente, de una construcción ideológica, imaginada por los partidarios de trazar determinadas fronteras para determinada población, caracterizada ésta por algunos rasgos semejantes, denominados hoy rasgos étnicos: color de la piel u otros aspectos antropológicos, lengua, religión u otros aspectos culturales. Esos rasgos formaban lo que la ideología nacionalista denominó un pueblo, que los más osados llegaban a denominar una raza o categoría taxonómica de subespecie de la especie humana. Para estos nacionalistas decimonónicos, el pueblo o la raza se trasmitía genéticamente. Aunque el Congreso Internacional de Botánica del año 1905 determinó que no existían razas o subespecies en la especie humana, el nacionalismo siguió aferrado a esa idea de pueblo y ya conocemos el camino que ese concepto recorrió en los primeros cuarenta años del siglo veinte.

Racionalmente, esta idea ha caducado; pero pasionalmente, conserva toda la energía inicial. Bien es verdad que cada vez resulta más cómico ver a gente imaginando fronteras en un mundo que las rompe por doquier, aunque les coloquen concertinas en la raya. Si no nos produjese otros males, podríamos dejarles con su juego, pero los resultados suelen ser tan dañinos, que no hay más remedio que combatir esa comedia que recrea el siglo XIX en pleno siglo XXI.

Cuando el nacionalismo decimonónico forjo la memoria identitaria, tomó una decisión determinante: las hazañas del pueblo se limitaban a narrar las gestas de los vencedores, todos héroes, arrojando al olvido a los menesterosos. Las historias nacionales fueron historias de la clase dominante y de sus ocupaciones políticas. Siempre estuvieron ausentes las gentes comunes y sus ocupaciones cotidianas, incluída la principal de éstas, el trabajo. Por supuesto, fue una historia de hombres, donde no existían las mujeres. Y siempre se narró el éxito, nunca la desgracia. En nombre del progreso y del éxito nacional, cualquier desgracia particular resultó soportable. Hegel lo expresó de forma perfecta. “Es inevitable que el Espíritu del Mundo pise algunas florecillas situadas al borde del camino”. Y la humanidad aprendió a soportar tanto las desgracias, que recibió con naturalidad a los fascismos, adornados con el mismo mensaje.

Walter Benjamin nos enseñó que eso había ocurrido porque habíamos olvidado a las víctimas y nos recomendó rememorar a las víctimas olvidadas. Por cierto, esta es la rememoración que tanto intranquiliza hoy a los verdugos y a sus herederos, no la rememoración identitaria de los nacionalismos. Nos advirtió, no obstante, Benjamin que la rememoración de las víctimas sólo era posible si éramos capaces de mirar por sus ojos. Cuando observo lo que está pasando en Cataluña (y en España), constato que no son los ojos de los inmigrantes africanos o asiáticos ni los ojos de los parados descendientes de los obreros emigrados desde las Castillas o de las Extremaduras o de Andalucía ni los de los obreros catalanes textiles o metalúrgicos que conocimos en la historia, los ojos que están mirando, sino los de los acomodados y poderosos. Por eso, me enoja que ese juego lo jueguen partidos y sindicatos que dicen estar del lado de los oprimidos. Catalanes: podéis imaginaros lo que os espera en la independencia, nada diferente a los que nos ofrecen los nacionalistas españoles, como acaba de decir Juan Marsé.

¡Ah!, por si no os habíais dado cuenta, en 1702 y hasta 1714 había en Cataluña (y en Aragón y en Valencia y en Mallorca, o sea, en toda la Corona) unos catalanes que eran partidarios de los aliados de La Haya y otros que preferían a los borbones, además de muchos, muchísimos a los que les daba igual un bando que el otro, pues su condición de perdedores no se jugaba en aquel juego. Por cierto, está por dilucidar si eso que hoy llamamos España era la misma cosa en 1700; en lo que se refiere a Cataluña no sé si estaba ya dilucidado o lo habrá aclarado el simposio.

Marcelino Flórez