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Política

Corrupción y control del dinero público (I)

Uno de los mayores problemas de la política española actual es la corrupción. Numerosos políticos de la mayoría de los partidos, si no de todos, han tenido que pasar por los tribunales a causa de algún asunto relacionado con la corrupción. Hay casos de personas que han terminado ante los jueces a pesar de haber actuado con publicidad y, quizás, con buenas intenciones. Esto quiere decir que corromperse es fácil, pero también que existen mecanismos imprecisos que pueden conducir a caer en delitos de corrupción. Partamos, pues, del utópico principio de que todo el mundo es bueno.

Para evitar hasta los errores, es preciso que existan normas inequívocas y los principios generales deben figurar en la Constitución. Hay que conseguir que los políticos no puedan corromperse ni siquiera cuando lo pretendan. Lo primero, es necesario extraer de las competencias políticas cualquier elemento relacionado con el dinero o con los negocios y pasar esas competencias a los funcionarios. Para ello, hay que recuperar el buen nombre de la función pública, precisar competencias y responsabilidades, eliminar radicalmente los cargos de libre designación y, por supuesto, extremar el rigor en la inspección de la función pública y aplicar castigos ejemplares en los posibles delitos. No es una casualidad la relación entre la degradación social del nombre de los funcionarios, el abuso en la libre designación y el incremento de la corrupción. Esta España ha terminado pareciéndose a aquella otra, restaurada, donde existía una figura social, la cesantía, con un sistema bipartidista, que se repartía caciquilmente las prebendas públicas.

Las privatizaciones del patrimonio público, verdaderas desamortizaciones de nuevo tipo, tan queridas por los liberales, tienen que sustraerse de las competencias políticas. Aunque las circunstancias económicas hagan a veces inevitable la enajenación de una parte del patrimonio público, las decisiones al respecto han de tomarse siempre por mayoría cualificada y, si se trata de una cuantía significativa, deben ser ratificadas con referéndum entre las personas directa o indirectamente afectadas. Por supuesto, todo el proceso deberá ser ejecutado por funcionarios públicos.

Muy especialmente hay que legislar con rigor acerca de las ayudas y subvenciones que concede la Administración. Nunca podrán ser éstas una donación a particulares, sino que habrán de revestir el carácter de préstamo con interés, de compra de acciones o de contraprestación de servicios. Cuando se trate de la contraprestación de servicios de salud, de educación o de asistencia social, habrá de hacerse siempre con un carácter subsidiario y, mientras dure el convenio correspondiente, las empresas adjudicatarias deberán ajustarse a los principios de igualdad, mérito y capacidad para la asignación de las personas beneficiarias y para la contratación de las trabajadoras. El abuso de la patronal en la contratación y despido de personas trabajadoras dependientes de fondos públicos debe terminar inmediatamente. El control de todos estos procesos, evidentemente, estará a cargo de personas funcionarias.

Las subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro para realizar actividades de carácter social o cultural estarán sometidas a un riguroso control. Después de establecer el presupuesto y las condiciones para la concurrencia pública, las entidades deberán presentar proyectos, que serán evaluados por personas funcionarias conforme a baremos conocidos. La ejecución de los proyectos aprobados estará sometida a los controles tanto internos como externos que determina la propia Administración Pública.

Además de evitar la corrupción política, el dinero público nunca podrá servir de forma sectaria a intereses particulares. El clientelismo tiene que desaparecer enteramente de la escena pública. Podemos entender que cualquier neoliberal opte por adelgazar la acción económica del Estado. Lo que no podemos aceptar es que ningún neoliberal pretenda transferir la riqueza pública a sus clientes, como viene haciéndose, creándose un vasallaje administrativo. El dinero público es sagrado y su uso tiene que ser transparente e inmaculado. La experiencia de las cuatro últimas décadas enseña que estos principios deben estar debidamente constitucionalizados.

Marcelino Flórez

Política

Ruptura del consenso

La derecha española explicará algún día por qué eligió al Partido Popular para ser representada. Tuvo otras posibilidades, la UCD, “la operación Roca”, el CDS, pero eligió a la Alianza que formaron los exministros de Franco. Con la alianza iba su amplia base social, dicen las encuestas que unos cinco millones de españoles. Esa base social, cuyo signo de identificación más preciso es que sigue sin condenar a la Dictadura franquista, ha tomado el poder y actúa con una dosis programada de autoritarismo y de propaganda, gracias a lo cual ha conseguido la hegemonía ideológica en España.

Esta derecha española ha roto el consenso que se consiguió en 1977 con Los Pactos de la Moncloa y que se selló con la Constitución de 1978. Aquel acuerdo alcanzó al movimiento social, además de ser un acuerdo de las fuerzas políticas, y el resultado fue la construcción progresiva del Estado del Bienestar en España, cuyas bases esenciales fueron la sanidad, la educación, las pensiones y los servicios sociales públicos.

En educación se logró un equilibrio, que cedía ya mucho a la empresa privada, casi toda ella confesional católica, pero la práctica política lo ha desbaratado en toda regla, desequilibrando el sistema a favor del sector privado mediante el uso de un apotegma incalificable: la libertad de elección de centro por parte de los padres.

En sanidad viene practicando un proyecto oculto de financiación de la empresa privada, mediante el abandono de la inversión en hospitales públicos y el traspaso paralelo de enfermos a hospitales privados sólo en las tareas que exigen menos inversión y producen más beneficios inmediatos. En  esta labor la derecha española ha contado con una cierta parte del sector médico, que se beneficiaba de un doble trabajo en hospitales públicos y en empresas privadas.

En pensiones, aunque la derecha tiene firmado el Pacto de Toledo, el actual gobierno lo ha incumplido unilateralmente, presagiándose un futuro catastrófico en este marco tan delicado del Estado social. Los servicios sociales sencillamente están siendo eliminados de la financiación pública. Hace décadas que no se hace una residencia para personas mayores, mientras se dirige todo el gasto a financiar empresas privadas. Lo mismo ocurre con las situaciones de dependencia. El sector camina aceleradamente hacia la completa privatización, desapareciendo enteramente esa “carga” del Estado.

El abandono del sector público, que constituye el Estado de Bienestar, corre paralelo a la creación de un sistema clientelar, donde se asienta la base electoral que hace posible la reproducción del fenómeno utilizando el medio democrático de las elecciones. Con una clientela sumisa, unos medios de comunicación monopolizados por la derecha económica y una inversión generosa en propaganda, el control del poder político ha alcanzado el perfil de lo que se conoce como un régimen. Por esto, como ya he razonado en otras ocasiones, esta derecha política une a su ilegitimidad de origen la ilegitimidad de ejercicio: todo lo que viene realizando desde el año 2000, al menos, se rige por el desprecio a cualquier otro partido político y a todo el movimiento social, preferentemente al sindicalismo. En el primer año de gobierno de Rajoy, esa derecha no ha dialogado con ninguna otra fuerza política, ni con los sindicatos, ni con parte alguna del movimiento social. Se ha limitado a consolidar un régimen político autoritario y propagandista, dando fin al periodo del consenso, que caracterizó a la Transición democrática.

Romper con este nuevo régimen no será fácil, pero hay una cosa clara, la ruptura ha de ser con el sistema político que ha creado la derecha para ejercer su hegemonía en el momento actual. No sólo hay que cambiar la ley electoral, hay que reformar también la Constitución para garantizar el bienestar de los españoles, por encima de los gobiernos de la derecha, y para blindar los bienes públicos comunes frente a la rapiña privatizadora. No obstante, lo que ha ocurrido en esta última década tiene una virtud, que la derecha nos ha dado permiso para imaginar la alternativa que nos convenga sin tener que atender a sus intereses, o sea, sin contar con ella en su representación política actual.

Marcelino Flórez

Política

Dictadura o Régimen autoritario

En los años sesenta del siglo XX se suscitó entre los historiadores una polémica acerca del concepto político del franquismo. Se discutía si había de definirse como dictadura o como régimen autoritario, después de que el sociólogo J. J. Linz construyera esa segunda definición. Coincidía el debate con el intento del régimen de justificarse por su ejercicio en tanto que autor de paz y de desarrollo. La discusión, vista en perspectiva, fue una discusión vana, detrás de la cual no subyacía más que el intento de justificar al dictador y a su Dictadura. En el día de hoy sólo prestan atención a esa discusión los revisionistas más recalcitrantes. Para la historiografía normal, la franquista fue una Dictadura personal, nacida de una guerra civil y sustentada por el ejército. Punto.

Un Régimen autoritario es otra cosa. Para empezar, el autoritarismo combina con la democracia: se origina democráticamente, funciona sin tener que eliminar los mecanismos democráticos y puede ser desalojado democráticamente. El Régimen autoritario es, de hecho, una opción política en el sistema democrático. Utiliza casi exclusivamente el Decreto-Ley para gobernar y, de esa manera, evita el debate parlamentario y la repercusión social desfavorable que ese debate pueda ocasionar en la ciudadanía. Utiliza la fuerza policial de forma violenta para tratar de acallar la protesta social; recurre, incluso, a tretas feas y de dudoso aval democrático,  como es introducir policías de paisano en las manifestaciones para originar violencias y justificar la represión. Dispone prácticamente de monopolio informativo, llevando hasta el esperpento la manipulación de los medios de comunicación públicos. Se sirve de la fuerza y del poder que proporciona el gobierno para amedrentar a quienes no se someten. Por ejemplo, si queda algún periódico de amplia difusión, que actúa libremente,  y, por un suponer, tiene contraídas deudas con la Hacienda del Estado, el ministro de turno puede recordárselo en voz alta para que sepa a qué atenerse.

En general, el gobierno autoritario identifica al Estado con el partido que le apoya y no ejerce la administración pública en beneficio del común, sino que tiende a instalar fórmulas clientelares a través de las cuales transfiere los cargos y los bienes públicos a los clientes del partido. En algunos casos se llega a situaciones verdaderamente impúdicas, creando empresas específicas para hacer esas transferencias. Estas empresas,  para enmascararse mejor, aunque funcionen en territorios de habla castellana o valenciana, por ejemplo, suelen usar nombres ingleses o de cualquier lengua extranjera, como “market” en lugar de “mercado”.

Es muy frecuente en el Régimen autoritario que exista un partido procedente de antiguas dictaduras y dotado de las mismas bases sociales que apoyaron a las antiguas dictaduras. Una prueba inequívoca en esos casos suele ser la justificación de esas antiguas dictaduras o, como mínimo, la falta de condena de las mismas. A favor del Régimen autoritario juega también la abundancia de esclavos voluntarios que suele haber entre las masas humanas, especialmente en situaciones adversas, sean éstas por causas económicas o de otro tipo.

Además de la Constitución, los obstáculos que encuentra el Régimen autoritario son el sistema judicial, contra el que peleará sin descanso, pero sólo con éxito relativo, y los partidos políticos y sindicatos confederales (antes llamados “de clase”), que se resisten a pactos puntuales con el Régimen autoritario. La descalificación permanente y gratuita de partidos y, sobre todo, de sindicatos es una norma para los regímenes autoritarios, a pesar del carácter institucional que las constituciones les otorgan. Gracias a las libertades constitucionales, no obstante, la ciudadanía puede terminar organizándose y expulsando del poder a los regímenes autoritarios, cosa que es casi imposible con las dictaduras.

Marcelino Flórez

Política

Izquierda Unida: dos discursos

La Asamblea de Izquierda Unida nos ha legado dos discursos, que pueden resultar no sólo diferentes, sino antagónicos. Mientras Cayo Lara ha cerrado la reunión con la afirmación rotunda de “No hay que buscar otra Syriza española. ¡Esta es nuestra Syriza!”, la gente de Izquierda Abierta ha celebrado la unidad interna conseguida como un paso para “la unidad externa”. Así lo ha expresado Luis García Montero en su artículo “Un frente de izquierdas” o Gaspar Llamazares en sendas entrevistas en El Diario y Público.

Yo recibo con mucho pesimismo las noticias de esta Asamblea de Izquierda Unida, porque los dominadores de la Asamblea no han entendido nada. Me alegro de la unidad interna, lo celebro incluso como un avance, pero me parece que “la unidad externa” está más difícil que antes de que llegara la crisis económica. Es una paradoja, pero ocurre así algunas veces, cuando la dimensión del árbol no deja ver el bosque. El crecimiento electoral de IU puede cegar al observador apasionado, que no logra ver los estrechos límites de ese avance electoral y la ingente suma de organizaciones y personas que se resisten a entrar en esa pretendida casa común. No hay Syriza que valga, si se sigue por ese camino.

Me encuentro entre los que votan ocasionalmente a Izquierda Unida, de la que fui activo fundador y de la que me separé aprovechando el empujón que recibí en la época gloriosa de El Califa. He llegado a participar en el proceso abierto (y modélico) que hizo Izquierda Unida en Valladolid; sigo con atención el buen hacer de sus concejales y de su concejala en el Ayuntamiento; acompaño alguna (pocas) reunión. Pero no soy de Izquierda Unida ni lo voy a ser nunca más y cada vez veo más difícil que pueda seguir votando esas siglas. Si de lo único que se trata es de cortar el paso al PP, hay otros votos posibles y la más cómoda de las opciones, que es quedarse en casa los días de elecciones y seguir saliendo a la calle a protestar todos los demás días.

Felizmente, antes de que tengamos que construir una oferta electoral para el municipio, la Comunidad Autónoma o el Estado, vamos a tener unas elecciones europeas. Sin duda habrá una triple oferta de izquierdas en ese momento: IU, Anticapitalistas y Equo, sin contar los múltiples pequeños partidos de las distintas versiones comunistas. Constataremos entonces, cuando no es necesario ningún voto útil, y por enésima vez, que Izquierda Unida no es la Syriza española. Ya que no se logra ver antes, la única esperanza es que abran los ojos al día siguiente de las elecciones europeas. Mientras tanto, seguiremos trabajando por otra forma de hacer política, por otras formas electorales y por otros partidos que no nos ofrezcan más de lo mismo, porque ya se ha rebasado la copa. Y seguiremos en la calle con el movimiento social.

Marcelino Flórez

Política

Un gobierno entre Maquiavelo y Goebbels

Me llega un correo electrónico desde una dirección de mucha confianza, que dice recibirlo de fuentes bien informadas de confianza, sobre una conversación en whathsap sustraída a varios ministros del Gobierno. Lo releo y observo que tiene todos los visos de ser falso, pero es tan verosímil que puede perfectamente pasar por verdadero. Veamos.

La coordinadora de la conversación es Soraya, la vicepresidenta, que actúa con el desparpajo que le caracteriza, dando órdenes al mismísimo Rajoy del tipo de “Mejor ni toques el tema (de la huelga). Céntrate en los desahucios”. Y, efectivamente, Rajoy  abandona el Congreso de los Diputados “sin hacer valoraciones sobre la huelga general, pese a que los periodistas han intentado hasta en tres ocasiones recabar su opinión”, decía el diario Público.es aquella tarde. La coordinadora determina que el único portavoz sobre la huelga será Luis (de Guindos), como efectivamente fue, eliminando enteramente la presencia de Fátima Báñez; y encarga otras valoraciones a Jorge (Fernández Díaz), “previendo el jaleo”. El diálogo sustraído, sea verdadero o falso, le lleva a preguntar: “¿A qué hora empiezan los palos, Jorge?”, siendo las 19:52.

Estas referencias al “jaleo” y a “los palos” están cargadas de verosimilitud, porque en verdad la inserción de policías de paisano entre los manifestantes está directamente relacionada con las escasas violencias que suceden el día 14 (y que magnifican los medios paragubernamentales), como se han encargado de certificar las innumerables imágenes de los móviles de los manifestantes subidas a la red. Incluso en algún piquete de las Comisiones Obreras fueron descubiertos estos policías enviados a delinquir. Si la conversación que ha llegado “a la luz gracias a un fallo tecnológico”, como dice el correo de mi informante, fuese cierta, no sé a qué estaría esperando la oposición parlamentaria para llevar al juzgado a ese ministro, que ordena la maquiavélica actuación de sus policías, y a esa vicepresidenta, que coordina todo el proceso.

Hay otros dos datos en el desvelamiento de la conversación en la nube de los ministros que también adquieren plena verosimilitud. Uno es el de las luces. Dice Jorge: “Sí, tengo la idónea. Déjalo en mis manos. He cerrado lo que te dije de hacerlo sólo a través de los datos de energía. Los alcaldes ya lo saben, encenderán las farolas”. Y es que las redes sociales se poblaron aquel 14-N de fotos con farolas encendidas en Murcia, en Madrid, en pueblos y capitales gobernadas por el Partido Popular. No sólo farolas, yo mismo pude ver las luces navideñas encendidas en Valladolid en una calle bien lateral, el Camino de la Esperanza, donde seguían luciendo cuando volvía de la manifestación hacia las 10 de la noche. ¿Será que estaba previsto por lo que insistieron tanto en esa referencia al consumo eléctrico, en otros momentos un dato irrebatible para conocer el alcance de una huelga general?

El otro elemento verosímil del diálogo es el de las cifras. Se desarrolla así:

“Mato:

Oye, se ve mucha gente por la calle, ¿no? 19:40

Soraya:

Sí, lo estoy viendo en el móvil.

Jorge, ¿has hablado con Cristina? ¿Cuántos va a decir? 19:42

Jorge:

No hemos hablado de eso.

¿Quieres que la incluya en el grupo? 19:42

Soraya:

Ni de coña. Pero dile que no se pase. 19:43

Jorge:

Me ha dicho que 35.000 . 19:48

Soraya:

¡¡¿¿35.000??!! Una cosa es la guerra de cifras y otra… 19:50

Alberto:

Y otra que la alumna de Esperanza haga el ridículo diciendo eso. 19:50”.

 

El diálogo es poco creíble, pero el caso es que eso es lo que dijo Cristina, 35.000, y esa fue la versión oficial del gobierno, que, a pesar del absurdo, sirvió para que los mensajeros aúlicos despreciasen al enorme número de manifestantes que recorrió decenas y, quizá, más de un centenar de poblaciones por toda España. Encontré, ante estas barbaridades, una pequeña esperanza en el muro de Facebook, donde mi prima Henar escribió: “No importa lo que digan mañana sobre cuántos han sido. Lo importante es que ellos saben cuántos han sido”.

Me resisto a conceder veracidad al whathsap encontrado  por “un periodista”, a pesar de la abrumadora verosimilitud que encierra. Pero no hace falta que sea cierto para que verdaderamente constatemos con la tozudez de los hechos que este gobierno obedece por mitades a Maquiavelo y a Goebbels. Como aquel, ampara en la razón de Estado, con soberbio desprecio de las formas democráticas, su arbitraria actuación: ha incumplido radicalmente su programa y sustenta sólo en la fuerza esa actitud prevaricadora. No ha consultado a la población, ni lo hará probablemente, porque le queda un plazo de tres años antes de someterse al juicio ciudadano.

Como Goebbels, hace de la propaganda con la mentira la base de toda su comunicación. Al gozar de práctico monopolio informativo para la inmensa mayoría de la ciudadanía, logra hacer realidad aquella máxima que tanto gustaba al gobernante nazi: “Una mentira mil veces repetida se transforma en verdad”. Repetir, repite sin descanso una tras otra falacia y todavía sigue sin perder el respaldo de esa  inmensa mayoría. A nosotros nos queda la protesta en la calle y mantener la firmeza para la descalificación democrática de estos gobernantes, aunque sólo tengamos a nuestro alcance la fortaleza de las cuatro personas amigas que siguen nuestros cuadernos en la nube.

Marcelino Flórez