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Política

La difícil alternativa

En 1986 confluyó un amplio movimiento social en la Plataforma para la salida de España de la OTAN. Era un movimiento heterogéneo, pero con un objetivo preciso: OTAN-NO. Los principales impulsores fueron los dos grandes sindicatos y estuvieron presentes los partidos de la izquierda, donde la predominancia del PCE era indiscutible. El Referendum se perdió, pero la Plataforma sirvió para originar un movimiento político, que terminó formando esa entidad nunca bien definida, que fue Izquierda Unida, algo así como una federación de partidos y de agrupación de personas, aunque socialmente sería identificada pronto con un partido político.

El dominio del PCE en IU siempre fue evidente, pero en el año 1992 el Congreso del PCE ordenó que se “hegemoneizase” el movimiento social y político. Fue el fin definitivo de la relativa autonomía de IU, así como el origen de un conflicto gravísimo en el seno de las Comisiones Obreras. El conflicto sindical terminó en el año 2009, cuando la denominada mayoría sindical fue derrotada por una coalición de “criticcoos”, la corriente sindical creada por el PCE, junto a una aglomeración de personas descontentas, reunidas en torno a algunas “personalidades” sindicales. Los “criticcoos” decidieron entonces disolverse y, como la mayoría sindical no constituía ninguna tendencia organizada, el conflicto sindical interno se extinguió. Pero en IU las cosas discurrieron de otra manera.

En el tiempo prelectoral del año 1993, el PCE en Izquierda Unida desarrolló la teoría de las dos orillas, queriendo dar a entender que el PSOE y el PP estaban en una de ellas e IU en la otra, de donde se deducía que no había posibilidad de pactos con el PSOE. La doctrina fracasó, al volver a ganar el PSOE las elecciones con mayoría relativa, pero triunfó, porque no obtuvo el apoyo de IU para gobernar. Siempre bajo la dirección de Anguita, la doctrina se reforzó, denominándose ahora el sorpasso y asentada en la cantinela de programa, programa, programa; y aún dio un paso más con la táctica de la pinza con el PP, que obtuvo el éxito deseado: el PSOE fue desalojado del poder en 1996. Siguieron ocho años de aznarismo y desmovilización social, que se valoran por sí mismos.

El conflicto dentro de IU se acentuó y algunas personas formaron el PDNI para tratar de reunir fuerzas y contrarrestar el dominio de los hegemónicos. Fue una tarea vana. La Nueva Izquierda no tuvo acceso a la V Asamblea de IU y se desligó de la coalición. Izquierda Unida, después del periodo discurrido entre 1993 y 1996, no recuperaría ya el carácter inicial y los resultados electorales volverían a ser insatisfactorios, a pesar de caminar de refundación en refundación. Ni siquiera en 2011, con un partido socialista completamente abatido, logró recuperar una representatividad significativa. El control que siguió de los diputados elegidos y la marginación de los más reconocidos, como Gaspar Llamazares, dejó claro que ese camino no tiene retorno.

Una vez más, sin embargo, la realidad convoca a transformarse. La crisis económica, que ha derivado inmediatamente en una crisis social y política, está sirviendo para recuperar el fenecido movimiento social. Encabezado nuevamente por los sindicatos, todo lo que se mueve en la izquierda social se ha vuelto a poner en pie: grandes manifestaciones recorren las calles desde que comenzó el año 2012. Esa movilización ha cuajado ya en una plataforma, denominada Cumbre Social y dotada de un objetivo: convocar un referéndum en el que se rechacen los recortes del gobierno. El objetivo se conseguirá o no y el gobierno caerá o no, pero una alternativa política está de nuevo al alcance la mano.

Algunos oportunistas han tratado ya, sin éxito, de arrimar el agua a su molino, aunque, alimentados con la experiencia de los últimos veinticinco años, sabemos muy bien lo que no puede ser la alternativa: no puede ser una coalición de partidos de la izquierda, todos los cuales están en el mismo saco de la desafección social; no puede ser un movimiento controlado por uno o varios partidos; tal vez, no pueda ser siquiera un partido político. Sabemos también algunas cosas que se van a demandar: una reforma de la ley electoral; el fin de los privilegios de los representantes políticos; la democratización de las decisiones políticas relevantes; y, por supuesto, la realización efectiva de los derechos económicos y sociales, mediante la implantación de una renta básica de ciudadanía y de la garantía de los servicios sociales públicos.

El problema es la dirección del movimiento. Quizá no se pueda ir más allá de una agrupación electoral en todas la provincias de España, que designe, en asambleas abiertas y con métodos que garanticen una efectiva participación, candidatas y candidatos electorales. Las mismas asambleas, con métodos igualmente participativos, serían las responsables de elaborar los programas electorales y un estatuto para candidatas y candidatos. Esto significa cambiar la actual forma de representación política, desligándola de los partidos políticos que ahora la gestionan. A los partidos les correspondería la función cultural: crear doctrina, educar, difundir el pensamiento, organizar a las personas adheridas. Cuantas más personas sean y mejor organizadas estén, más podrán influir en las decisiones que tomen las asambleas de las agrupaciones electorales, pero los viejos partidos, monopolizadores de poder y pretendidas vanguardias intelectuales, han recorrido ya todo su camino.

Está fuera de duda que no formará parte de esa agrupación electoral el ámbito de los socialistas, que dispone de base social para varias décadas. Probablemente tampoco se adhiera el ámbito de los comunistas y otros grupos antisistema, que ya se han desligado de la Cumbre Social con disparatados prejuicios argumentales sobre los dos grandes sindicatos. Todo lo demás que se mueve políticamente en la izquierda debería ser capaz de dejar las siglas en casa y esforzarse por construir una vía alternativa, capaz de aglutinar al conjunto social que trabaja en la solidaridad, en la cooperación, en la defensa de la naturaleza, en la economía alternativa, en derechos humanos y en el buen vivir o negación del crecimiento capitalista, y que ahora no se siente representado. Su futuro estará en manos de los programas que logre elaborar y de las personas encargadas de llevarlos a cabo, si fuesen personas merecedoras de confianza.

 

Política

La ilegitimidad del PP

Walter Benjamin dedicó buena parte de su vida a comprender y explicar por qué había nacido y triunfado el nazismo. La última reflexión la dejó escrita en unos apuntes titulados Sobre el concepto de historia. Benjamin creyó encontrar la razón del éxito de los fascismos en la idea de progreso, a la que la población europea había supeditado todo lo demás. No importaba lo que hubiese que sacrificar en beneficio del progreso, no eran otra cosa que florecillas pisoteadas al borde del camino, como había expresado Hegel. El futuro prometedor, lleno de felicidad, justificaba todos los sacrificios que hubiera que hacer en el presente. Si esos sacrificios afectaban principalmente a los otros, tanto mejor. Así fue como judíos, comunistas, extranjeros, pobres y sus adláteres acumularon esos sacrificios por el bien de la patria, que era el progreso.

Jorge Semprún expresó lo mismo en términos políticos en un artículo que publicó en 1990, Mal y modernidad: el trabajo de la historia, donde decía que cuando “las dictaduras generan el ‘mal radical’ de nuestros días”, lo hacen siempre “bajo la tapadera o justificación del ‘bien absoluto’ del mañana”. Pareciera que Rajoy hubiese bebido en las fuentes de esos pensamientos, criticados por Benjamin y por Sempún, la noche anterior a su toma de posesión del gobierno de España. Sufrid, nos dice Rajoy, porque estamos construyendo la felicidad de vuestros hijos.

Pero Benjamin descubrió también que los sufrimientos del presente, justificados por el futuro venidero, las víctimas reales del presente, eran arrojadas inmediatamente al olvido. Por eso, al resurgir el bienestar daba la impresión de que lo habían logrado los poderosos y no el sacrifico de las víctimas. Olvidados sus asesinatos, Hitler o Franco pasaban a ser grandes benefactores de la patria. Benjamin puso sobre la mesa a las víctimas y ese pensamiento definitivamente ha triunfado desde el final del siglo XX. Convirtió, además, ese descubrimiento en un axioma político, que expresó así: la capacidad liberadora de la clase oprimida que lucha se nutre de la imagen de los abuelos esclavizados, no del ideal de los nietos liberados. Las víctimas de los ajustes (personas paradas, trabajadoras de la empresa privada, funcionarias, pequeñas ahorradoras, pensionistas, pequeñas empresarias) tienen que convertirse en las protagonistas de la política, si desean liberarse y no quedar pisoteadas al borde del camino. Ahí está la línea divisoria y ahí debe forjarse la alternativa política.

El proyecto es muy difícil, porque la ideología dominante es la de los victimarios, pero tiene una cosa a favor, que es la ilegitimidad del partido en el poder. La ilegitimidad de su origen no hace falta razonarla mucho: fue creado por los ministros de Franco, que nunca han condenado la Dictadura. Hubo un momento, cuando Alianza Popular cambió el nombre por el de Partido Popular, en el que parecía que este partido comenzaba a adquirir una legitimidad por su ejercicio del poder, pero la última década ha certificado que eso no era así, aunque ya se intuía durante el rectorado de Aznar.

Primero, las dos últimas legislaturas en la oposición pusieron de manifiesto a un partido de la derecha carente absolutamente de lealtad; en la primera de esas legislaturas, se evidenció en el uso inefable que hizo del terrorismo, de la xenofobia y, sobre todo, de la crispación como método político (ver: https://marcelinoflorez.wordpress.com/como-si-el-pp-no-existiera/); en la segunda, con la utilización de la crisis económica, que, mejor que nadie, describió el ministro de Hacienda antes de serlo: dejad que se caiga España, que nosotros la levantaremos.

Y segundo, los meses, que parecen siglos, del gobierno de Rajoy. Nadie mejor que él ha expresado, también en este caso, la ilegitimidad: estoy haciendo lo que no quería hacer, ha dicho. Eso significa que está desarrollando un programa distinto de aquel con el que se presentó a las elecciones. Y a eso se le llama fraude electoral. Es un fraude idéntico al del 10 de mayo de 2010, sólo que mucho más gravoso para la población.

Rajoy podía haber resuelto este fraude mediante diálogo y pacto social, pero ha hecho justamente lo contrario. Ni siquiera se ha reunido con los dos principales sindicatos, convocantes de una huelga general medianamente seguida y de varias manifestaciones de claro, inequívoco y masivo seguimiento. (Debe recordarse que esos dos sindicatos son dos instituciones muy representativas, diga lo que diga la turba mediática. Cada cuatro años se ponen a prueba en elecciones sindicales y reciben en torno al 80 por 100 de los votos de las personas trabajadoras, unas elecciones en las que se vota masivamente, con porcentajes muy superiores a los de cualquier elección política). Ha despreciado, incluso, y quizá sea el mejor símbolo de su ilegitimidad en este ejercicio de gobierno, reunirse con los mineros, que mantienen una huelga absolutamente seguida y unas movilizaciones de pleno apoyo popular. Sólo la policía y el cívico comportamiento de la mayoría social mantienen a este gobierno en el poder.

Del Partido Popular no se puede esperar nada. Lo prueba la chulería que está exhibiendo desde que obtuvo mayoría parlamentaria y ha reforzado esa prueba con los aplausos estruendosos con los que los diputados de la derecha recibieron los recortes en sede parlamentaria. Tres de sus mujeres (¡qué mala suerte tenemos!) han testificado esta ilegitimidad: la ministra de Trabajo, que envía ilegalmente noticia de documentos confidenciales que custodia a la prensa amiga; la presidenta de la Comunidad de Madrid, que se burla de la acogida a los mineros por parte de la población madrileña; y la diputada Fabra, que insulta a la mayoría social al grito de ¡Que se jodan! (¡Cómo nos recuerda aquel lejano comed República!). Lejos de condenar esas tres actitudes, el Partido Popular las ha hecho suyas. No se puede esperar nada.

Sólo hay una salida: que se vayan. Claro, que no se van a ir  por más que las encuestas cambien de opinión. Por ello, hay que desarrollar la movilización con imaginación. Organizar un referéndum a través de la agrupación de todos los sindicatos y del máximo posible de movimiento social solidario podría ser una acción definitiva. Si aún fallase, pero triunfa la coordinación, quedan muchas medidas de desobediencia civil, que se harán irresistibles. Se impone la formación de un gobierno de técnicos, que en el plazo de un año convoque nuevas elecciones. Y aquí las personas perdedoras son las que tienen la palabra, los abuelos de Benjamin y no los nietos de Rajoy.

Memoria de las víctimas,Política

El papel de las víctimas

La entrevista de Consuelo Ordóñez, hermana de Gregorio Ordóñez, dirigente del PP asesinado en 1995, con Valentín Lasarte, condenado por ese asesinato, celebrada el 22 de junio de 2012 en la cárcel de Zaballa (Álava), es una muestra del error en el que se mueve la actividad de algunas asociaciones de víctimas del terrorismo. En rueda de prensa celebrada después de la entrevista Consuelo Ordóñez cuenta que el ex-etarra le pidió perdón; que no se lo concedió porque la víctima estaba muerta y eso es irreversible; y que todo su afán fue indagar si estaba dispuesto a delatar a otros terroristas implicados en delitos aún no resueltos.

Explica muy bien Reyes Mate, recurriendo a la sintaxis latina, donde se diferencia el genitivo posesivo y el genitivo ablativo, que justicia de las víctimas tiene dos significados posibles: uno designa posesión, la justicia pertenece a las víctimas; el otro designa procedencia, la justicia procede de las víctimas. Pero ésta es la confusión en la que se hallan algunas personas.

Ciertas asociaciones de víctimas y personas asociadas consideran que la justicia les pertenece y la conferencia de prensa de Consuelo Ordóñez es una prueba de ello. Descalifica la “vía Nanclares”, porque sus inventores “no son víctimas” y “nunca” han escuchado a las víctimas. Parece que desconociera que el programa del Ministerio del Interior para la reinserción de terroristas (no sólo etarras) nació de una iniciativa parlamentaria apoyada por PP, PSOE, CiU y PNV el 21 de febrero de 2012, además de enmarcarse en el acuerdo sobre terrorismo de los dos partidos mayoritarios. No sé si Consuelo Ordóñez desconocerá, además, que alguno se esos parlamentarios y muchas personas de los partidos citados son víctimas directas del terrorismo. De ahí que una cosa es que no se haya escuchado a las víctimas y otra bien distinta es que no se esté de acuerdo con las decisiones políticas de Las Cortes o del Gobierno. Es un asunto de opinión política, no de víctimas y verdugos.

La justicia no es propiedad de las víctimas, aunque nazca de ellas. Aún más, las víctimas tienen derecho a desear la venganza y bien claro expresan ese deseo las palabras de Consuelo Ordóñez: “ni olvido ni perdono”. Está en su derecho y no seré yo quien lo discuta, pero esa actitud no fundamenta la justicia y no se atiene a las leyes. Si pretendiese desarrollar sus deseos de venganza con actos, resultarían delictivos y la condición de víctima, indirecta en este caso, como ella mismo quiso hacer hincapié al negar el perdón al terrorista arrepentido, no encontraría apoyo en la ley.

Sorprende, por esto, que el Ministerio del Interior haya concertado esta entrevista. Sorprende que no la haya preparado de acuerdo con los fines de reinserción que pretende su programa. Y si el Ministerio ha sido consciente y ha enviado a Consuelo Ordóñez para recabar la delación de terroristas, es una acción deplorable. Da miedo pensar que la proximidad del pensamiento vengador de algunas asociaciones de víctimas y de algunas víctimas, directas o indirectas, al Partido Popular pueda estar influyendo en las decisiones del Ministerio.

Sea como fuere, la rueda de prensa de Consuelo Ordóñez, que narra la entrevista con el etarra arrepentido, Valentín Lasarte, representa un paso atrás, un paso atrás de gigante en el camino hacia la convivencia en Euskadi y en España. Y todo por no haber llegado a comprender aún el papel que les corresponde a las víctimas, que no es el de administrar justicia, ni el de elaborar leyes, tampoco el de dictar sentencias, sino el de mantener la dignidad de las víctimas, que no son propiedad de nadie, y preservarlas del olvido, para que el crimen no quede sin castigo y la ideología criminal no pueda gozar de impunidad. Ni Consuelo Ordóñez, ni su asociación, ni otras asociaciones que piensan lo mismo y actúan igual juegan el papel que corresponde a las víctimas. Mal camino ha elegido el Ministerio del Interior en este caso.

Y, paradojas de la vida, las palabras de Consuelo Ordóñez en su rueda de prensa sitúan la rectitud moral en el ex-etarra, que pide perdón, y se la sustrae a las víctimas, de cuya voz se apropia, confirmándose una vez más la afirmación de Primo Levi, que advertía de la ausencia de valor moral en el comportamiento de las víctimas en muchos casos, aunque ello no les privase de su condición de tales. Justamente, éste es un ejemplo.

Memoria de las víctimas,Política

Tres desfiles en Valladolid

El día 2 de junio de 2012 Valladolid ha sido la capital del Memorial de España. Tres desfiles han recorrido sus calles y sus carreteras. El desfile oficial fue el del ejército. ¿Por qué ha venido el ejército español este año a desfilar en Valladolid? ¿Acaso temían que los neofranquistas silbasen al Rey o a Rajoy, como lo habían hecho en años anteriores con Zapatero? ¿O pensaban que este año haría eso mismo la izquierda? Da igual cuáles sean las razones, porque lo que importa es la permanencia de este desfile de primavera y su significado. El origen, no lo olvidemos, es el Desfile de la Victoria. Cuando la sociedad española fue desasiéndose de la tutela política militar, el nombre y el día del desfile comenzaron a cambiar. Algunas veces ha variado también el lugar de celebración, pero nada de ello ha logrado desvincular este desfile de su origen. Por si alguien tenía dudas del significado, el Alcalde de Valladolid, a través de una ofensa protocolaria en presencia del rey, lo que le ha convertido una vez más en protagonista en la prensa nacional, se ha cuidado de recordarlo con ese lenguaje neofascista que privatiza la bandera común mientras mete el dedo en el ojo de los nacionalismos periféricos. Y aquí está el problema, porque es cierto que el ejército español se ha democratizado mucho, pero sigue teniendo un déficit, ya que, como otras instituciones del Estado, no ha reconocido públicamente la responsabilidad enorme que le corresponde por la Guerra Civil y por la Dictadura que ayudó a sostener. Por esto es por lo que este desfile tiene que terminar.

El segundo ha sido un contradesfile de la izquierda, que ha tomado la forma de una manifestación festiva y desenfadada. ¿Cómo se ha justificado esta protesta? Digamos que ha habido un argumento y un signo. El argumento, muy populista, se basa en el gasto que genera el desfile, injustificable en todo caso en este momento de recortes generalizados. El signo ha sido el elefante; es decir, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, se ha hecho un desfile republicano contra el Rey, que presidía el homenaje al ejército en su primera salida pública después de que los elefantes de Bostwana le quebraran la cadera.

Encuentro dos carencias esenciales en esta marcha de la izquierda. Primero, no ha sabido descubrir el significado de este memorial del ejército, que no es otro que la victoria, como hemos dicho; y, segundo, no ha sabido aprovechar el acontecimiento para hacer pedagogía de la paz. Y, si no ha visto esto, es porque la izquierda está mirando hacia otra parte. Ya he advertido en alguna ocasión del enorme error estratégico de poner la bandera tricolor como objetivo de la lucha. Se trata del segundo gran error de Anguita, que antes había logrado quebrar la unidad de la izquierda mediante el llamamiento a la hegemonía de su partido, y, después, ha desorientado definitivamente a la izquierda hegemónica mediante el objetivo de la Tercera República.

El tercer acto memorial ha pasado desapercibido para la mayoría de la población. Se trata del Homenaje de Torozos, que se celebra cada año a primeros de junio desde hace seis. Torozos es una gran tumba con muchas fosas aún no localizadas de republicanos. Siempre me decía mi padre que en Torozos habían matado a mucha gente durante la Guerra y, efectivamente, los Montes Torozos eran el destino principal de la camioneta de la muerte que recorría los pueblos de Campos y del Páramo de las provincias de Valladolid, de Palencia, de León y de Zamora todas las noches del verano y del otoño y del invierno de 1936. Torozos es un símbolo principal del crimen contra la humanidad que cometió el franquismo. Por eso, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid convoca allí cada año a rememorar a las víctimas.

Este acto sí que fue un contradesfile. Lo fue con toda la humildad y con todo el silencio que acompaña de ordinario a las cosas más verdaderas, las cosas esenciales. No ocupará las páginas de la prensa, no lo veréis en la televisión. No lo protegerán las fuerzas de orden público. No abrirá accesos para llegar hasta allí la Delegación del Gobierno y tendremos que saltar con los coches, literalmente, en medio de las obras de acceso a la autovía. No habrá ruido, pero el silencio de las víctimas olvidadas es ya un trueno que socaba las conciencias y anuncia el fin de los desfiles, el fin de la impunidad y la aurora de la reparación de un crimen contra la humanidad que en Torozos tuvo lugar.

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No desclasificar documentos, un síntoma de temor

El 4 de diciembre de 2011 el gobierno saliente disponía de un informe favorable a la desclasificación de más de 10.000 documentos clasificados como secretos, pero Carme Chacón prefirió no llevarlo al Consejo de Ministros, quizá el último que celebrase su gobierno. Trataban esos papeles, comprendidos entre los años 1936 y 1968, de campos de concentración, de desertores y desterrados, de la censura, aunque también del protectorado de Marruecos o de los tratados con Estados Unidos. Son papeles de los tres ejércitos y los expertos habían dictaminado que podían desclasificarse. El 29 de mayo de 2012 la Cadena Ser informa que el ministro de Defensa ha decidido mantener secretos esos papeles. El ministro ha aducido una explicación: su conocimiento podía perjudicar las relaciones internacionales de España.

Hay que tomar esta explicación como una excusa. Para verlo de otra manera, el ministro tenía que haber actuado selectivamente y evitar la desclasificación, por ejemplo, del material archivístico relacionado con el protectorado de Marruecos, si los técnicos advirtiesen algún problema ahí antes no observado. Pero ocultar papeles relacionados con la Guerra Civil no puede justificarse con una referencia a las relaciones internacionales. Eso es una excusa.

¿Qué le preocupa, entonces, al ministro Morenés y al Partido Popular, que les lleva a obstaculizar el acceso a los archivos de la Guerra Civil? No es otra cosa que el miedo a la verdad. Ocurre que el Partido Popular no ha sido capaz de condenar al franquismo y sigue preso del apoyo que toda la derecha española de la época dio a aquella criminal dictadura. La investigación histórica, sin embargo, camina implacable y no pasa día sin que añada un conocimiento más de aquellos temibles años, que habían sido enviados a la oscuridad.

La única derecha que existe en España, además de serlo, parece que se siente aún heredera del franquismo. Las posiciones ideológicas de su fuerza política y de sus apoyos sociales, especialmente de la Iglesia católica, han evolucionado hacia un enrocamiento en la ocultación, cuando no en la negación, del pasado. Ocurre así en Las Cortes, ocurre con los medios de comunicación, que monopoliza, y ocurre con los historiadores e “historietógrafos” a los que financia y promociona, de los cuales el último ejemplo es el inefable diccionario. Es un problema, creo yo, que tiene la derecha y que tienen sus apoyos sociales. Ellos sabrán cómo resolverlo.

Pero la ocultación ya no es posible. La verdad ha comenzado a salir de la tumba secreta a la que había sido relegada y hasta en sede judicial ha tomado carta de naturaleza. El franquismo, lo condenen o no, fue un régimen que ha sido jurídicamente calificado de autor de crímenes contra la humanidad. No existe peor calificación posible. La tarea de los historiadores es continuar aportando pruebas y nombres a la tesis ya establecida. Alguna de esas pruebas y muchos nombres es lo quieren mantener secreto. La decisión de Morenés, por lo tanto, es otro paso hacia atrás de una derecha que tiene fecha de caducidad.