Entendemos por régimen autoritario aquel que, sea en un sistema político constitucional o en una dictadura, ejerce un uso desmesurado de la autoridad, o sea, que abusa del poder. En una dictadura, donde el poder es monopolio de una persona o de un grupo, el autoritarismo es un elemento constitutivo, pero en democracia también puede existir. No hay mejor ejemplo que esta última legislatura del Partido Popular.

En el ámbito legislativo, hemos asistido a una imposición autoritaria de las normas, habitualmente mediante la forma de decreto, que la mayoría absoluta convertía en leyes con facilidad, después de haber hurtado el debate parlamentario. No ha existido ningún diálogo, ni se ha prestado la mínima atención a la opinión diferente. Así ha sido con la reforma laboral, por ejemplo, donde no se ha escuchado la opinión de las organizaciones sindicales, que representan a los principales afectados; o con la Ley Wert, en la que ni familias, ni alumnado, ni profesorado han sido llamados al diálogo a través de sus representantes legítimos. Con las otras fuerzas políticas, el desprecio ha sido absoluto, hasta el punto que la forma de ejercer el poder por la mayoría absoluta popular merece el calificativo de sectaria.

Cuando la sociedad organizada ejerció su derecho constitucional a la protesta, la respuesta populista fue la represión, sin reparar en los medios. Al principio, tuvimos que ver a policías de paisano, infiltrados entre los manifestantes para provocar conflictos, que justificasen la disolución violenta de la protesta. Al mismo tiempo, el gobierno recurrió a la fiscalía para criminalizar la protesta, llevando a juicio a decenas de sindicalistas, participantes en los piquetes de las huelgas, y a decenas de personas presentes en las marchas de protesta. Como las vías de la represión policial y de la represión judicial no eran suficientes para imponer su abusiva autoridad, pues los tribunales solían garantizar a posteriori las libertades, el gobierno procedió a cambiar las leyes, culminando con la que se ha llamado Ley Mordaza, donde el autoritarismo sobrepasa los límites de la Constitución, como ha dicho ya la ONU y tendrán que resolver en España los tribunales correspondientes.

El mayor problema que encuentra el autoritarismo en los sistemas democráticos es la división de poderes. Con el legislativo suele resolver más fácilmente los obstáculos, porque la mayoría parlamentaria posibilita o cambiar las normas o hacer un uso de las mismas que, en la práctica, impida el control del ejecutivo. Así ha ocurrido en esta legislatura. Es con el judicial con el que se presentan mayores problemas, dada la notable independencia de los jueces. Por acuerdo bipartidista, esto lo tienen parcialmente resuelto, al poder controlar ideológicamente la composición de los órganos superiores del poder judicial, pero ese control no alcanza a la totalidad de la judicatura. Ha sido en los casos particulares donde se ha puesto de manifiesto el autoritarismo extremo del Partido Popular y el ejemplo perfecto es el del juez Garzón, que sufrió un acoso, bien descrito en la prensa, que terminó con su condena y expulsión de la judicatura. Aún estamos pendientes, y personalmente estoy esperanzado, de que el Tribunal de Estrasburgo haga justicia con Garzón, lo que podría dejar más en evidencia, si cabe, el autoritarismo extremo del gobierno del Partido Popular.

El máximo de autoritarismo en un sistema político democrático se produce cuando se pretende imponer el totalitarismo. Aclaremos también este concepto, antes de razonarlo. Entiendo por totalitarismo el afán político por imponer un comportamiento único a la población, incluso en la vida más privada. En las dictaduras del siglo XX, tanto las de signo fascista, como las de signo comunista, el totalitarismo consistía en la sumisión plena al Estado, al que se identificaba con el pueblo. Mussolini escribía en 1932: “La concepción fascista del Estado lo abarca todo; fuera del Estado no puede existir y, menos aún valer, valores humanos o espirituales”.

Los sistema políticos confesionales son totalitarios, por definición. Es el caso de los sistemas políticos musulmanes actuales, donde rige la sharía o ley coránica y, por lo tanto, está excluído todo pensamiento (y toda persona) que no sea creyente, esto es, musulmán. Fue el caso también del nacional-catolicismo en España, mientras pudo mantenerse hegemónico, o sea, hasta el Concilio Vaticano II. Recuerdo perfectamente, siendo yo monaguillo, la lista que hacía el cura de mi pueblo de los que “cumplían con Pascua”. Los que no aparecían en la lista, estaban excluídos, como mi tío Julián, que había sido guardia de asalto, había pasado por la cárcel, seguía siendo republicano y tenía el valor de no “cumplir con Pascua”, mientras eso fue obligatorio. Era de los pocos del pueblo con ese valor. Yo no tuve el mismo valor unos días después del 20 de noviembre de 1975, cuando hube de asistir a la misa-funeral por Franco, para aliviar el temor de mi madre. En su descargo (y en el mío) diré que, justo dos meses antes, habían venido a buscarme los guardias a casa y estuvieron una mañana entera interrogándome sobre unas flechas dobladas a la entrada del pueblo y, de paso, sobre la Junta Democrática. Aquel día era el siguiente al 27 de septiembre, en que habían sido ejecutados los últimos cinco opositores a la Dictadura, ilegítimamente, como todos. Eso era el nacional-catolicismo, un ejemplo de totalitarismo.

El tema del aborto se inserta en esta categoría hoy mismo. Bajo el razonamiento sobre si el aborto es un derecho o no (independientemente de otras valoraciones que sobre el hecho de abortar hayan de hacerse), subyace determinado punto de partida en el pensamiento lógico. Si se parte de una creencia, para la cual es Dios quien da la vida y se interpreta que hace esa donación en el instante en que un espermatozoide fecunda a un óvulo, no hay aborto posible sin pecado o, como dicen los más osados, sin crimen. Este razonamiento sólo vale para los creyentes con esa interpretación de la norma. Ni siquiera estarían incluídos aquí todos los católicos: uno puede aceptar, por fe, no por ciencia, que la vida es un don de Dios (ese sería el dogma), pero puede interpretar, al mismo tiempo, que ese don se recibe cuando la persona nace o, al menos, como ha hecho la Iglesia católica en otros momentos, cuando el feto puede vivir autonomamente. Si un gobierno legisla sobre el aborto desde el criterio integrista católico, está ejerciendo un totalitarismo, porque excluye a toda la ciudadanía no creyente e, incluso, a los católicos con distinto criterio interpretativo del dogma. Aunque sea por razones de estrategia electoral, el Partido Popular está metido en este fango.

Para finalizar, recordamos que en los regímenes autoritarios suele proliferar la corrupción, de lo que en España tenemos buen ejemplo; suele utilizarse la estrategia de la crispación para desanimar a los opositores, de lo que sabemos mucho aquí; no se practica el consenso, como ocurre entre nosotros; se envalentonan las ideología dictatoriales, como comprobamos con el neofranquismo; o hay un control casi completo de los medios de comunicación, lo que ocurre también en España, donde el recambio casi simultáneo de los dos directores de los principales diarios escritos tiene mucho que ver con ello.

En conclusión, lo que acabo de relatar es lo que viene diciendo la gente bajo la forma de “democracia real ya” o “no nos representan” o con los mil razonamientos que científicos y publicistas hacen sobre la “democracia imperfecta” en este final del régimen de la Transición. El Partido Popular, con el ejercicio autoritario del poder, dentro del ya de por sí deficiente régimen del bipartidismo, característico de la Transición, ha llevado a una cima el desgaste de la Constitución de 1978 y eso no tiene marcha atrás, sino que exige cambio, reforma. Por eso, viene los malos augurios para quien se resiste a los cambios que trae el tiempo.